En seguimiento a los trabajos para mejorar la Ley
que respalda la actividad cafetalera de la entidad, este viernes se celebró en
el Congreso una reunión de trabajo con productores, en la que participaron
también funcionarios de diversas dependencias que impulsan este importante
sector.

En atención a las instrucciones de la diputada Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, presidenta de la Comisión Especial para la Atención y
Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del
Café Veracruzano, Juan José Rivera Castellanos y Lizbeth Morales Castro,
coordinaron esta sesión de trabajo.

De esta manera, a las y los productores asistentes
fueron presentados los avances legislativos en la materia, así como las nuevas
disposiciones federales y estatales enfocadas al fortalecimiento, promoción e
inversión del sector caficultor en la entidad.

Al hacer uso de la voz durante la sesión de trabajo,
productores, investigadores y representantes de las asociaciones cafetaleras
plantearon sus propuestas y solicitaron sean
tomadas en cuenta al mejorar las leyes que atienden al sector. Ya
que es necesario incentivar la
producción en las fincas, promover su calidad derivada de las características
especiales de las diversas zonas productoras
y contar con capacitación que les permita mejorar y proteger las
condiciones económicas, sociales y ambientales desde el comienzo de la cadena
productiva del café.

A la reunión asistió personal de las Secretarías de
Desarrollo Social (Sedesol); De Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(Sedarpa) y de Medio Ambiente (Sedema).

La diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó un anteproyecto con
punto de acuerdo por el cual se prevé la creación de la Comisión Especial para
la Atención, Fomento, Producción, Industrialización y Comercialización del
Cultivo del Hule Veracruzano, instancia que apoyaría a los productores en sus
actividades para el comercio nacional e internacional.

Durante la octava sesión ordinaria, del primer año
de labores, la legisladora de la región de Acayucan, señaló que los productores
y cultivadores de hule han manifestado la necesidad de tener el respaldo del
Gobierno del Estado y se comprometen con el cuidado y sanidad de la planta.
Asimismo que las autoridades ejidales han manifestado que, además de la falta
de infraestructura carretera, se añade la necesidad de regular el precio del
hule y el apoyo en asistencia técnica.

Agregó que las condiciones del sector dedicado al
cultivo del hule podrán registrar una significativa mejoría, ya que no solo se
trata de plantear un problema, sino que se elaboraría un diagnóstico en el cual
se incluyan las acciones a emprenderse para dar respuesta a las principales
demandas de las familias que se dedican a esta actividad.

La también presidenta de la Comisión Permanente de
Agua Potable y Saneamiento refirió que frente a las condiciones de desempleo,
la única solución es la generación de oportunidades de desarrollo para la
población, a través de la puesta en marcha de programas de inversión, y la
consecuente creación de empleos.

Detalló que la zona hulera se inicia en el centro-poniente
del estado de Veracruz, continuando hacia el sureste pasando por los límites de
Veracruz y Oaxaca, atravesando el estado de Tabasco hasta Chiapas.

Los principales municipios veracruzanos donde se
produce hule son: Uxpanapa (36.2%), Las Choapas (24%), Hidalgotitlán (18.1%), Tezonapa
(7.2%), Playa Vicente (4.6%), Jesús Carranza (3.6 %), Minatitlán (2.5 %),
Santiago Sochiapan (1.7 %), Agua Dulce(0.9 % ) , José Azueta (0.6%) y Moloacán
(0.6 %), abundó.

La diputada consideró necesario y prioritario poner
en marcha un Plan Integral de Crecimiento en el Cultivo del Hule, ya que el
caucho o hule natural forma parte de las materias primas estratégicas cuyas
características sobresalientes son la elasticidad, repelencia al agua y a la
electricidad.

Para su estudio y análisis este anteproyecto fue
turnado a la Junta de Coordinación Política.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura
aprobaron la iniciativa, presentada el pasado 30 de mayo por el diputado
Wenceslao González Martínez, con lo que se instaura en Veracruz la medalla
“Heberto Castillo Martínez”, con la que se reconocerá, anualmente, al ciudadano
o ciudadana que se distinga por su aportación a la investigación, divulgación o
aplicación de la ciencia y que haya contribuido con el desarrollo del Estado o
del país.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la
Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, registró 41 votos a favor. Sin
votos en contra o abstenciones.

De esta manera, el otorgamiento de la Medalla
“Heberto Castillo Martínez” se sujetará
al procedimiento siguiente: en el mes de junio, la Comisión Permanente de
Ciencia y Tecnología emitirá la convocatoria para que se proponga a las
ciudadanas o ciudadanos veracruzanos que se consideren merecedores de la
distinción.

Concluido el plazo de la convocatoria, la Comisión
seleccionará de entre los ciudadanos propuestos a tres, que a su juicio sean
los de mayores méritos para recibir la
distinción, fundando y motivando su decisión en el dictamen que elabore al
respecto. Las propuestas que contenga la terna se acompañarán de una semblanza
y exposición de motivos.

El Dictamen de la Comisión se someterá a la
consideración del Pleno, el cual decidirá a quien se otorgará la Medalla por el
voto de la mayoría de sus integrantes.

La medalla “Heberto Castillo Martínez” y un diploma
alusivo al acto serán entregados, cada año, en sesión solemne del Congreso del
Estado, celebrada el día 23 de agosto, con la presencia del titular del
Ejecutivo Estatal y del presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.

De igual forma, se establecen las características
que deberá contener esta medalla en el anverso y el reverso.

Las consideraciones del Dictamen detallan que este
premio encuentra su motivación en los talentos veracruzanos que han demostrado
que sus aportaciones pueden lograr una mejor calidad de vida o en su caso
facilitar la cotidianidad y en otros han logrado cambiar la forma en la que
vivimos tal y como lo hizo en su momento el Ingeniero Heberto Castillo
Martínez.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado José
Manuel Pozos Castro, instruyó remitir este Decreto al Ejecutivo estatal para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La
diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Mixto
“Movimiento Ciudadano – PRD”, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por
el que se exhortaría al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a trabajar
coordinadamente con los representantes populares que integran el Poder
Legislativo.

El
Punto de Acuerdo precisa en el primer punto: se exhorta al titular del
Ejecutivo del Estado, para que en las actividades que se realice al interior
del Estado, haga extensiva la invitación para que la o el diputado del distrito
al que acudirá, pueda acompañarlo para trabajar coordinadamente y cerrar esfuerzos
en las acciones que se realicen para el bien de los veracruzanos.

Como
segundo punto, establece: se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado para
que conmine a los diversos secretarios de despacho de la Administración Pública
Estatal para que, en el ejercicio de sus funciones, tengan una mayor apertura
con la ciudadanía a la que le sirven y permitan que las y los diputados, como representantes
de la ciudadanía, tengan la oportunidad de poder ser escuchados y recoger las
necesidades de los ciudadanos del distrito al que pertenecen.

En
sus consideraciones, la representante del Distrito IX de Perote, puntualizó que
los diputados son producto de la voluntad popular expresada a través del
sufragio, encargados de recoger las necesidades de los ciudadanos del distrito
al que pertenecen, para luego, llevarlas al centro de la vida pública, donde se
deben de tomar decisiones a favor de la comunidad.

Además,
puntualizó, son responsables de defender los derechos sociales, buscar y
proponer soluciones a los problemas que aquejan a las personas del distrito que
representan, debiendo ser el enlace entre los tres niveles del Gobierno, para
gestionar los recursos, las obras y las acciones necesarios para mejorar las
condiciones de vida de las personas.

“Como
Representantes Populares somos la voz de las personas que conforman el distrito
al que pertenecemos, al que representamos, sin distingo de corrientes
ideológicas o políticas”, resaltó la legisladora.

El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su
análisis y dictamen.

Diputados
integrantes del Grupo Legislativo de Morena, en voz de la diputada Adriana
Esther Martínez Sánchez, emitieron un pronunciamiento, relativo a las
obligaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, para la pronta
atención en el tema de violencia contra las mujeres.

A
nombre de sus compañeros de bancada, externó su preocupación ante la creciente
oleada de feminicidios en el Estado, oleada a la que este fin de semana se
sumaron nueve mujeres asesinadas.

“Cada
mujer asesinada, pone en evidencia la forma en que sistemáticamente es posible
violentar sus derechos, sin importar si son adultas mayores, mujeres en
plenitud, adolescentes o niñas pero más
aún, se desnuda la violencia institucional que envuelve en un velo de impunidad
cada caso y que hace que sea posible matar mujeres, porque no hay justicia que
valga ni poder público que lo impida”, expresó la legisladora.

Dijo
que los feminicidios que a diario se cometen en el país, son, más que cifras,
el rostro de la discriminación, la inequidad, la vulneración por género, la
violencia en contra de quienes se considera débiles, inferiores, víctimas y
culpables.

Refirió
que a nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en su más reciente informe, señala que de diciembre de 2018
a abril de 2019, se cometieron 392 feminicidios, lo que quiere decir que en ese
período se cometieron tres diarios.

“En
el estado de Veracruz, este mismo informe revela que hubo 85 asesinatos de
mujeres por razón de género de diciembre a abril, lo que coloca a nuestra
entidad en el vergonzoso primer lugar nacional por la comisión de estos
delitos”, subrayó.

Consideró
lamentable que esta situación se utilice más para hacer escarnio político, que
para tomar acciones efectivas que permitan disminuir las cifras. “Con una vida
que se salve, con un feminicidio que se esclarezca, podríamos decir que se está
logrando hacer algo, y sin embargo ello no ocurre”.

Recordó
que el pasado 25 de enero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, puso en
marcha la estrategia de coordinación estatal Cero Tolerancia de la Violencia
contra las Mujeres, dando a conocer una serie de acciones específicas a
realizar por parte de todas las instancias de gobierno, fundamentadas cada una
en las recomendaciones contenidas en la Alerta de Violencia de Género por
Feminicidio, declarada en noviembre de 2016.

“Por
ello y a partir de ello es que vengo ante ustedes, compañeras y compañeros
diputados, a invitarles a que nos preguntemos ¿Qué hemos hecho cada uno y cada
una, desde la representación que detentamos, para actuar en consecuencia y
contribuir a disminuir la violencia de género que da lugar a la comisión del
delito del feminicidio? ¿Hemos supervisado que cada secretaría de despacho, que
cada instancia de gobierno, que cada municipio de los distritos que
representamos, estén adoptando las medidas necesarias para detener estos
crímenes?”.

“De
igual manera, hacemos un enérgico llamado al Fiscal, quien, en sus recientes
declaraciones a los medios de comunicación expuso cifras no oficiales con las
cuales busca deslindarse de su responsabilidad, siendo alarmante que él mismo
diga que del 100% de los casos, sólo el 40 por ciento ha sido resuelto, tarea
que forma parte de sus competencias. Estas declaraciones, además de no
corresponderse con la alta responsabilidad pública que ocupa, reflejan
insensibilidad e incapacidad en el tema”.

Finalmente,
la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, subrayó que es tarea de todas y
todos promover una cultura de paz, de respeto y de dignificación en el trabajo,
en las escuelas y en el espacio público para erradicar las prácticas de
discriminación y violencia en contra de las mujeres y las niñas veracruzanas.

La
diputada Rosalinda Galindo Silva, integrante del Grupo Legislativo de Morena en
el Congreso de Veracruz, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta a que la Secretaría de
Salud (SSA) y la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del
Estado (CGCS), en coordinación con los Ayuntamientos de la entidad, promuevan y
promocionen acciones para prevenir, combatir y erradicar, los mortíferos
efectos de la enfermedad de Chagas, que provoca la mordedura de la “chinche
besucona”.

Lo
anterior, aseguró Galindo Silva, a través
de campañas de salud en los diversos medios de comunicación que
concienticen a la ciudanía, principalmente las zonas rurales, iniciando por su
mayor incidencia en la Huasteca y que den a conocer las recomendaciones para
prevenir la propagación de la “chinche besucona”, que en más de un caso culmina
con la muerte.

En su
exposición de motivos, la legisladora del Distrito X de Xalapa I, destacó que entre
los principales mensajes de promoción y difusión se debe detallar: la
identificación de insecto denominado “chinche Besucona”, picuda u hocicona; la toma
de muestra sanguínea en las Instituciones del Sector Salud. Además de promover
las medidas de limpieza en su propia vivienda y en sus patios, para prevenir el
incremento de éste insecto, procurando con ello que la sociedad tenga conocimiento
de esta enfermedad.

Agregó
que el derecho a la salud se encuentra plasmado en el artículo 4° de
la Carta Magna, donde asegura que “toda persona tiene derecho a la protección
de la salud”.

Puntualizó que actualmente existen enfermedades
que se han visto postergadas de las prioridades de salud pública y afectan a
cerca de mil millones de personas en el mundo, particularmente en poblaciones
pobres de clima tropical; tal es el caso de la enfermedad de Chagas, producida
por un parásito transmitido por las heces de la “chinche besucona”.

Indicó que un actor primordial en el combate a
esta enfermedad es la propia sociedad con acciones de prevención, es por ello
la importancia de realizar estas campañas de difusión para crear conciencia
respecto a esta enfermedad a todos los ciudadanos.

La legisladora subrayó que tres de cada diez
personas que contraen la infección desarrolla la enfermedad y sus síntomas
pasan desapercibidos hasta por 20 años, pues se trata de una enfermedad
silenciosa que provoca consecuencias graves, ya que durante este periodo no
muestra ningún síntoma.

Veracruz, es la entidad con mayor número de casos
de esta enfermedad a nivel nacional, como lo reporta el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, ya que de 2007 al 2017, se reportaron mil 299 casos. De éstos –puntualizó- ha habido 55 defunciones a
consecuencia de este padecimiento.

Este Anteproyecto fue turnado a Junta de
Coordinación Política (Jucopo) para su análisis y dictamen.

Durante la octava sesión de la LXV Legislatura del
Estado, la diputada Judith Pineda Andrade, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), presentó un proyecto de Punto de Acuerdo
mediante el cual realiza un exhorto a los diversos niveles de Gobierno para que
se atienda la situación de deterioro en la que se encuentran los más de 20 mil
kilómetros de carreteras y caminos con
que cuenta Veracruz.

En éste, solicita que la Federación haga un manejo
óptimo de los recursos del Fondo Nacional para la Infraestructura (FONADIN),
así como que el Gobierno estatal, proyecte a la zona norte de Veracruz como
sector prioritario para la inversión de los recursos que se le transfieren de
las Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como Ramo General 023.

La legisladora Pineda Andrade señala que con la
finalidad de que se tenga certeza de las acciones proyectadas en el Plan
Nacional de Infraestructura Carretera 2019-2024, se publique el documento y “se
deje de jugar con las esperanzas de la gente que vive en zonas con vías de
comunicaciones destrozadas”, e igual se agilice el proceso de aprobación y
publicación del Programa Sectorial en Comunicaciones para el Estado de Veracruz.

Desde Tribuna, exhortó al Ejecutivo Estatal para que
a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), sean aplicados
mayores recursos de las Provisiones Salariales y Económicas, Ramo General 023,
en la rehabilitación de las carreteras estatales del Distrito II de Tantoyuca.

Además para que, a través de los titulares de la SIOP
y de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se apruebe y publique el
Programa Estatal de Comunicaciones para el periodo 2019-2024.

De igual forma, al Ejecutivo Federal para que, a
través del Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), en Veracruz, se destinen y apliquen mayores recursos del FONADIN,
en el estado de Veracruz, especialmente en la zona norte; y para que a la
brevedad se publique, en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional
de Infraestructura Carretera para el periodo 2019-2024.

Este proyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la
Junta de Coordinación Política.

El presidente de la Comisión Permanente de Hacienda
Municipal del Congreso de Veracruz, diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico
presentó ante el Pleno la iniciativa, ante el Congreso de la Unión, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación
Fiscal, cuyo objetivo es permitir que los ayuntamientos puedan disponer de
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), para el
pago de las sentencias a consecuencia de laudos laborales.

El diputado, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, subrayó que esta modificación buscar apoyar a los municipios que
cuentan con laudos laborales y que les ha generado una obligación financiera
por mandato judicial y que no cuentan con los recursos para el cumplimiento de
las sentencias.

Subrayó que esta propuesta no solo apoyará a los 212
Ayuntamientos del estado de Veracruz, sino a los dos mil 457 municipios que
comprende los Estados Unidos Mexicanos para que, conforme a la legislación que
rige a dicho fondo, se lleve a cabo el saneamiento de sus finanzas, sin caer en
observaciones en las auditorías al Fondo Federal.

Además, agregó el legislador, se evitaría que los
integrantes de los Cabildos de la entidad lleguen a situaciones de desacato por
incumplimiento de las sentencias. Asimismo ejemplificó los casos donde la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la destitución y
presentación ante un juez en los municipios de Coacalco de Berriozábal, en el
Estado de México; Tlacotepec de Benito Juárez en Puebla; el delegado de
Venustiano Carranza en la Ciudad de México y Paraíso en Tabasco.

No solo se trata de la protección a los ediles,
detalló el diputado Álvarez Pellico, quien añadió que se busca que los derechos
laborales de los ciudadanos se vean garantizados.

La iniciativa está encaminada a buscar el
saneamiento de los adeudos generados por laudos laborales, manifestó el
legislador, quien dijo “nuestro compromiso con los municipios del Estado nos
lleva a buscar mecanismos que contribuyan a que estos tengan las herramientas
necesarias y apegadas a la normatividad para que realicen las acciones
tendientes al pago de las sentencias”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

Durante la octava sesión ordinaria, el Pleno de la
LXV Legislatura aprobó cuatro Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), relacionados con exhortos a ayuntamientos de la entidad a fin que
efectúen la regularización y escrituración de los predios escolares; a
garantizar los derechos humanos de la población migrante; para la instauración
de Institutos Municipales de las Mujeres y a la expedición de disposiciones
reglamentarias de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión
de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado.

De esta manera se aprobó el Acuerdo, resultado del
anteproyecto que presentó el pasado 29 de enero por el diputado Víctor Emmanuel
Vargas Barrientos, por el que se exhorta a 95 ayuntamientos a trabajar para regularizar y escriturar los predios escolares de todos los niveles
educativos, asentados en sus respectivas zonas.

El documento enlista los ayuntamientos, que son: Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Álamo
Temapache, Amatlán de los Reyes, Atzalan, Camarón de Tejeda, Camerino Z.
Mendoza, Chumatlán, Citlaltépetl, Coahuitlán, Comapa, Cosoleacaque, Emiliano
Zapata, Hidalgotitlán, Jilotepec, La Perla, Martínez de la Torre, Mecatlán,
Misantla, Paso del Macho, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo,
Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco,
Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista,
San Rafael, Santiago Tuxtla, Sayula de
Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa y Soledad de Doblado.

Así como
Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de
Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán,
Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacan,
Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan,
Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan,
Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla,
Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa,
Xico, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zongolica, Zontecomatlán y
Zozocolco de Hidalgo.

Asimismo, fue aprobado el Acuerdo, resultado del
anteproyecto que presentó el 17 de enero pasado por el diputado Juan Manuel de
Unánue Abascal, por el cual se exhorta a las autoridades estatales competentes
y a los Ayuntamientos del Estado de Veracruz a implementar acciones tendientes
a proteger y garantizar los derechos humanos de la población migrante en su
recorrido por el territorio veracruzano.

También fue aprobado el Acuerdo, resultado de la propuesta
presentada el pasado 9 de abril por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, por el
que se exhorta a los 212 ayuntamientos a que constituyan sus Institutos
Municipales de las Mujeres y los operen conforme a lo establecido en el
artículo 81 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

De igual forma para que instruyan a sus Tesorerías
Municipales para que, en sus respectivos proyectos de Presupuestos de Egresos,
incluyan una partida presupuestal para la operación de dichos institutos e
implementen el Plan Municipal para la Igualdad y a fin de que consideren la
profesionalización de las titulares de estos Institutos, con capacitación
especializada en la materia.

Por último, fue aprobado el Acuerdo, resultado de
los anteproyectos, presentados el 4 de abril de este año por las diputadas
Erika Ayala Ríos y María Josefina Gamboa Torales, así como el legislador
Gonzalo Guízar Valladares y mediante el cual se exhorta al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz a expedir las disposiciones reglamentarias de
la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas
con Trastorno del Espectro Autista para el Estado.

Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
a asignar los recursos presupuestales necesarios para que las Secretarías de
Salud y de Educación de la entidad den cumplimiento a las obligaciones que les
impone la Ley invocada en el Resolutivo Primero.

En el
marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil (12 de Junio), la diputada
Nora Jessica Lagunes Jáuregui, aseguró que desde el Poder Legislativo estatal y
federal se tiene el compromiso de fortalecer las leyes y llamar a la
coordinación y concienciación, para
trabajar de manera coordinada con las y los presidentes municipales,
procuradores de justicia, autoridades encargadas de velar por el respeto de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

La
legisladora del Distrito XVIII, de Huatusco, recordó que desde el año 2002 la
Organización Internacional del Trabajo se instituyó el «Día Mundial Contra el Trabajo
Infantil» con el objetivo de hacer visible esta situación, y así sumar
esfuerzos y coordinación para erradicar la desigualdad que afecta la vida de
millones de niñas, niños y adolescentes que se ven obligados a trabajar.

Durante
su pronunciamiento la también vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad
de Género aseguró que son 98 mil 343 niñas, niños y adolescentes veracruzanos
los que se encuentran realizando una jornada de trabajo, en muchos casos, sin
remuneración y en condiciones de riesgo.

Destacó
que el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
reconoce el derecho de todas las niñas y los niños a estar protegidos contra la
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

La
legisladora condenó el hecho de que
menores de edad en situación de trabajo vean afectado el ejercicio pleno de sus
derechos. Como ejemplo señaló que en este sector vulnerable es alto el número
de deserción escolar y no tienen garantías de su derecho al libre
esparcimiento.

Puntualizó
que el problema se torna aún más delicado cuando existe situación de calle, ya
que los menores quedan totalmente vulnerables a la discriminación social, a
afectaciones de la salud, agresiones físicas y sexuales, poniendo su integridad
física en riesgo.

“En
cualquier municipio de Veracruz vemos a niñas, niños y adolescentes, que
enfrentan la carencia alimentaria, la falta de acceso a servicios de educación,
salud y vivienda, y la pobreza que los rodea, y desafortunadamente estos
comienzan a ser normalizadas y olvidadas”, detalló.

La
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional manifestó que este
sector vulnerable está en las calles trabajando por el contexto de pobreza en
el que viven, “porque como sociedad y desde el gobierno, hacen falta mayores
esfuerzos por atender esta situación”.

Por lo
anterior, convocó a sus compañeros legisladores hacer efectivo el marco jurídico
y los Tratados Internacionales de los que México es parte, y sumar esfuerzos
para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Es
oportuno hacer un reconocimiento público al trabajo realizado por asociaciones
civiles, colectivos y voluntarios que procuran el bienestar de la infancia y la
adolescencia veracruzanas”, finalizó.