El Presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro y el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, recibieron a la diputada Federal, Raquel Bonilla Herrera, quien presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para proponer la remuneración a los agentes y subagentes municipales de Veracruz.

Lo anterior, en concordancia a los criterios emitidos por el Tribunal Electoral de Veracruz y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organismos que les han reconocido a estos representantes municipales el carácter de servidores públicos.

La propuesta de la legisladora federal por el Distrito V (Poza Rica), contempla la modificación del párrafo segundo del Artículo 21 y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 61 y segundo párrafo del Artículo 108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

“Es fundamental armonizar nuestro marco jurídico con las sentencias que han pronunciado los Tribunales Electorales”, indicó Bonilla Herrera.

El diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, se pronunció durante la séptima sesión ordinaria de la LXV legislatura, respecto a las cuatro denuncias interpuestas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado, ante la Fiscalía General de la República (FGE) delegación Veracruz, referente a las anomalías en el manejo de recursos del orden público de los ejercicios fiscales 2017-2018, efectuadas por gobierno estatal anterior.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena, dijo que con estas acciones por parte del Orfis, se evidenciaron las acciones de corrupción del “bienio Yunista”, el cual –a su consideración- manejaba un doble discurso, “donde no sólo hubo simulación y opacidad sino también engaño y corrupción”, agregó.

El legislador Gómez Sánchez, enumeró las denuncias interpuestas, entre ellas la compra por mil 116 millones de pesos por concepto de la adquisición de 6 mil 473 cámaras de video vigilancia; así como la manipulación y simulación de los registros contables, en la Cuenta Pública 2017.

Asimismo, se refirió a la reclasificación de los fondos de reserva y de los fideicomisos de créditos liquidados por el refinanciamiento de la Deuda Pública del Gobierno del Estado, por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a cuentas de orden, derivado de que presentaban cantidades diferentes.

En tercer término, Gómez Sánchez, se refirió a otra reclasificación que hizo Sefiplan la cual generó un saldo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 en la cuenta 11295-5000-0000 “Deudores Sujetos a Resolución Judicial por Cuentas Bancarias” por un monto de 62 mil 662 millones 292 mil 684.87 pesos.

En cuanto a la cuarta denuncia, el diputado se refirió a la presunta manipulación de registros contables y que fueron detectadas por el Orfis, a través de cancelaciones en la cuenta “7119-0000-0000 Operaciones en Proceso de Aprobación”, subcuenta “719-0002-0000 Cuentas por Liquidar”, por la cantidad de 18 mil 650 millones 565 mil 080.04 pesos.

“En el Grupo Legislativo de Morena estaremos atentos al curso que sigan las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República, queremos que se llegue hasta el fondo y se esclarezcan los hechos y así, quien o quienes resulten responsables, enfrenten las consecuencias legales de sus actos u omisiones y sean juzgados conforme a derecho”, finalizó.

No podemos separar de la vida pública y política del gobierno, los principios que estarán en el trasfondo del quehacer nuestro, expresó el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Rodrigo García Escalante, quien agregó que el humanismo fundado en el amor y la libertad llevará siempre a cumplir el sentimiento patriótico de beneficiar al pueblo con acciones.

Durante su intervención, señaló que las actitudes groseras, prepotentes, indiferentes o abusivas deben ser excluidas del comportamiento de quienes ejercen un cargo público; que hoy no basta desempeñar este con eficiente formalidad; y que el trato a la gente debe ser acompañado de cortesía y amabilidad en esta nueva República que fue calificada como “amorosa”, en alguna ocasión por el Presidente de México.

México necesita de todos y Veracruz igual, abundó el legislador, y que se deben dejar de lado las diferencias políticas y trabajar a favor de quienes más lo necesitan; “que nuestro Estado nos necesita a todos y en ello trabajan los integrantes de su bancada, porque tienen claro el llamado a la construcción de una cultura democrática donde impere el estado de derecho y no la visión centralizada de un solo hombre”.

Por lo que, se pronunció a exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que instruya a todos los integrantes de su Gabinete a que se conduzcan con la ética y el respeto que el pueblo de Veracruz y los medios de comunicación se merecen y no contradecir lo señalado en el Plan Veracruzano de Desarrollo, los principios de la Cuarta Transformación y el discurso propio del Presidente de la República.

En México, el Estado está comprometido en abatir las
carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas y en
Veracruz se cuenta con la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, reglamentaria
del artículo 5 de la Constitución Política del Estado, que establece la
composición pluricultural y multiétnica de Veracruz, señaló el diputado Ricardo
Arturo Serna Barajas, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), durante su intervención en Tribuna.

Esto, al presentar, a nombre de la bancada del PAN la
iniciativa de Decreto que adiciona diversas fracciones al artículo 101 de la
Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado, con la finalidad de impulsar
el desarrollo regional de las zonas indígenas y fortalecer sus economías
locales y mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades
indígenas.

Lo anterior, señaló el legislador, mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, destacando la importancia de la
intervención del nivel municipal; para que promuevan y protejan los derechos
indígenas, en el ámbito de sus respectivas competencias, además de promover el
desarrollo, de las zonas indígenas, de manera equitativa y sustentable, evitando
toda forma de discriminación.

La propuesta legislativa plantea que las autoridades
municipales, en beneficio de los pueblos y las comunidades indígenas, promuevan
el acceso a programas para su desarrollo económico; impulsen el acceso a cargos
públicos y de gestión administrativa dentro del ayuntamiento e implementen una
política pública de equidad de género, a fin de buscar condiciones de igualdad
entre mujeres y hombres indígenas.

De igual manera, se propone que el gobierno
municipal apoye su capacitación para la proyección de sus productos
agropecuarios o artesanales, generando una cadena productiva que repercuta en una
mejora en su economía.

Además de abatir el rezago y contribuir a garantizar
la suficiencia de sus ingresos, mediante la aplicación de políticas públicas y
privadas que propicien la generación de empleos y la incorporación de
tecnologías que permitan incrementar su capacidad productiva, tendiente a
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

El diputado
Arturo Serna Barajas destacó que se deben crear las políticas públicas
que sean necesarias para la aplicación de programas y proyectos encaminados al
desarrollo integral de las comunidades indígenas de la entidad.

Esta Iniciativa de Decreto fue turnada, para su
estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas.

Considerada por la Ley como discapacidad sensorial,
la pérdida de la vista afecta a más de un millón y medio de mexicanos de
acuerdo a cifras del INEGI, afirmó la diputada del Grupo Legislativo de Morena, María
Candelas Francisco Doce, al poner a consideración del Pleno su Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 32 y adiciona una
fracción a los artículos 4, 11 y 45 de la Ley para la
Integración de las Personas con Discapacidad del Estado.

Reconoció que si bien esta situación es atendida por
instituciones y programas de ayuda, puede ser mejorada como es el caso del apoyo
mediante perros guías. Agregó, que no se puede aspirar a que cada persona con
discapacidad visual pueda contar con uno, pero que sí es posible intentar un
esfuerzo para que se prevea mediante la Ley y después con políticas públicas, la
creación de un programa dedicado a este segmento de la población veracruzana.

Dijo que al momento en Veracruz no cuenta con un
centro de crianza y adiestramiento especializado, ni médicos veterinarios
dedicados a su atención; que con patrocinio estatal, operen programas de apoyo
para personas con discapacidad visual y les permitan inclusión hacia actividades propias del resto de la
población, especialmente cuando se trata de menores.

Otro aspecto a cubrir, destacó la legisladora Francisco
Doce, es la capacitación para familias de posibles beneficiarios de este programa, que dará
lugar a mayor movilidad e independencia dentro y fuera de sus hogares; por lo
que se hace necesario establecer el o los centros de crianza para perros guía
que, por ahora, sólo están al alcance de quienes con recursos propios o
aportados por terceros, acuden a alguna institución privada fuera del Estado o
del país.

Por lo anterior -subrayó- debe promoverse la
formación de profesionales en la cría y adiestramiento de perros guía, así como
su adaptación a las personas con discapacidad visual a las que sean destinados;
y que el Estado adopte medidas para asegurar el acceso de la población con discapacidad
a estos servicios.

Detalló que la Secretaría de Salud, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y, en su caso, los
Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben implementar la
creación, mantenimiento, desarrollo y permanencia de un centro de cría y
entrenamiento para perros guía, como parte de un programa de apoyo destinado a
las personas con discapacidad visual.

En los transitorios de la Iniciativa, establece que
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado realizará las previsiones necesarias
para incluir en su presupuesto el programa de apoyo a personas con discapacidad
visual, incluida la creación y funcionamiento del centro de crianza y
entrenamiento de perros guía.

También, que la Secretaría de Salud, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia y en su caso los Ayuntamientos, efectuarán
en un plazo de 120 días naturales, las adecuaciones necesarias a sus
respectivos reglamentos para implementar el programa de perros guía y la
creación y funcionamiento de un centro de crianza y entrenamiento para este
tipo de apoyo.

Esta Iniciativa fue turnada, para su estudio y
análisis, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables.

Mediante exhortos dirigidos a las secretarías de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el diputado Wenceslao González
Martínez propuso la actualización de las tarifas eléctricas para Veracruz.

El integrante del Grupo Legislativo de MORENA
presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo durante la Séptima Sesión
Ordinaria del Segundo Período del Primer Año de Ejercicio Constitucional, donde
explicó que la aplicación de dichas tarifas se define o clasifica de acuerdo
con la temperatura mínima promedio de verano.

En su exposición, detalló que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) atiende en Veracruz a unos tres millones de usuarios de tipo
doméstico y, según las temperaturas de cada región, aplica las tarifas 01, 1A,
1B, 1C, 1D y Doméstica de Alto Consumo (DAC).

En su propuesta, el legislador exhorta a SHCP a que,
en ejercicio de sus facultades, gestione los mecanismos necesarios para
determinar la tarifa doméstica de energía eléctrica acorde con las temperaturas
que prevalecen en el estado de Veracruz.

El exhorto se dirige también a la SHCP y a la CRE
para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, modifiquen la normativa
vigente, en la que se considere la sensación térmica como factor determinante
para el establecimiento de las tarifas eléctricas, y se proceda a su
reclasificación.

Señaló también que las estaciones de monitoreo no
están ubicadas en la mayoría de las áreas de influencia, sino cerca de las
cuencas hidrológicas. Por lo que las tarifas no necesariamente corresponden a
la sensación de calor que los usuarios perciben, perjudicándolos al pagar mayor
cuota por el servicio que reciben; lo que provoca una indebida medición de las
temperaturas sin tomar en consideración la sensación térmica.

Por esto último, el anteproyecto incluye un exhorto
a la SEMARNAT a que replantee la ubicación de las estaciones de monitoreo
meteorológico existentes en Veracruz y, en su caso, se instalen las necesarias,
con el propósito de eficientar las mediciones de las temperaturas que son base
para la clasificación tarifaria.

El legislador concluyó enfatizando que, “es
sumamente importante trabajar en la cultura del ahorro de energía y hacer
conciencia en torno al uso eficiente y racional de la energía eléctrica”.

El legislador concluyó enfatizando que, “es
sumamente importante trabajar en la cultura del ahorro de la electricidad y
hacer conciencia en torno al uso eficiente y racional de la energía eléctrica”.
La propuesta, a la que se adhirieron los grupos legislativos de MORENA, Acción
Nacional y PRI-PVEM, se turnó a la Junta de Coordinación Política.

La
diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por
el cual se prevé exhortar al Director
de Petróleos Mexicanos (Pemex), a implementar las acciones y medidas
presupuestales necesarias, que le permita a Pemex Exploración y Producción,
disponer de forma inmediata de fondos para el pago de facturación, ingresada al
primer trimestre de 2019, para cumplir con los adeudos a proveedores y
contratistas, a fin de evitar gastos financieros no recuperables.

En su
exposición de motivos, la legisladora dijo que Pemex es la principal empresa comercializadora de
petrolíferos en México y el mayor contribuyente del Gobierno federal, además
aseguró que tras el anuncio de la
construcción de la refinería de Dos Bocas, preocupa el que aún existan deudas
para proveedores de la zona sur-sureste del país.

La representante del Distrito XIV, Veracruz
I, dijo que al primer bimestre de 2019,
Pemex Exploración y Producción ha dejado de pagar a por lo menos 162
proveedores entre ellos a empresas nacionales y extranjeras, establecidas en territorio
mexicano.

Agregó que “al día
de hoy no pueden cobrar alrededor de 6 mil 200 millones de pesos, sin
considerar los adeudos a la primera quincena de marzo, situación que sin duda
afecta sus finanzas, de su plantilla laboral y por su puesto la derrama
económica que implicaría la dispersión de dichos recursos”, puntualizó Gamboa
Torales.

Asimismo, destacó
que esta es una situación de toda la zona sur-sureste del país y que ha
afectado directamente a los ciudadanos, ya
que retener el pago a las empresas, demorar la liquidación de estas deudas, repercute
a que éstas a su vez retrasen pagos a sus proveedores, generando una cadena que
pone en problemas financieros a los más vulnerables.

El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

Por
unanimidad, la LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen de
las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Derechos de la
Niñez y la Familia, a favor de la reforma al artículo 18 de la Ley de
Educación, presentada por la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante
del Grupo Legislativo mixto Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.

Con
47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, fue aprobado el Decreto
que reforma el párrafo segundo de la Fracción VI del artículo 18 de la Ley de
Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo
18. Son atribuciones de las autoridades educativas estatales:

VI.
Promover en los docentes el conocimiento de los derechos humanos. En la
impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren
al estudiante la protección y el cuidado necesarios para preservar su
integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad
y derechos humanos. En caso de que las autoridades de educación tengan
conocimiento de que algún educando sea víctima del maltrato infantil o de
cualquier delito que ponga en riesgo su vida e integridad física o psicológica
deberán de inmediato hacerlo del conocimiento de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad en el protocolo de actuación de
la Secretaría de Educación. De igual forma, cuando noten la prolongada o
reiterada ausencia de un estudiante, deberá notificarlo, con la finalidad de
descartar o detectar posibles situaciones de maltrato infantil.

Para
la discusión en lo general y en lo particular, la propia diputada Brianda
Kristel, se registró como oradora para solicitar el voto a favor de la
iniciativa, destacando que la violencia familiar es un problema social de
grandes dimensiones que al producirse dentro del entorno más íntimo, es difícil
de detectar. “Los daños que se ocasionan a los que padecen una situación de
violencia familiar pueden ser múltiples, deteriorando su salud física y mental,
problemas de conducta, aislamiento, dificultad para aprender, agresividad,
lesiones y en casos más graves, la violencia puede conducir hasta a la muerte”,
refirió.

De
acuerdo con la Gaceta Legislativa número 40, los integrantes de las Comisiones
Unidas Dictaminadoras, coincidieron con la propuesta de la legisladora Brianda
Kristel Hernández, pues consideraron necesario que la Ley de Educación establezca
el mecanismo de atención por parte del personal educativo para casos de
maltrato a niñas, niños y adolescentes, y sea obligación de la Secretaría de
Educación de Veracruz, elaborar para las y los trabajadores de la educación un
protocolo de atención para prevenir el maltrato infantil.

El
Presidente de la Mesa Directiva, ordenó emitir el Decreto correspondiente y
turnarlo al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en
la Gaceta Oficial del Estado.

El diputado Alexis Sánchez García, vicepresidente de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó un anteproyecto con Punto
de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
del Gobierno Federal para que reubique la caseta 045 de Fortín de las Flores al
kilómetro 258 de la zona de Nogales-Maltrata.

En la séptima sesión ordinaria, del segundo periodo,
el integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano-PRD dijo que si bien
esta medida impactará los ingresos de Caminos y Puentes Federales (Capufe),
será de beneficio para la región, para el Estado y el país, en términos del
impulso a la economía de la zona.

En su intervención en tribuna, el representante del
Distrito XXII de Zongolica explicó que se trata de una Caseta, ubicada en el
medio de la zona urbana del corredor Córdoba-Orizaba, “sin ninguna
consideración, la empresa puso la caseta en este lugar, porque es donde obtiene
más ingresos, pero causa daño a la vida social y productiva de esta región”.

Detalló que esta autopista en mención fue
privatizada en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari y en la
administración del mandatario Ernesto Zedillo fue rescatada con recursos
públicos del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas
(FARAC), ante lo cual abundó “a la fecha los mexicanos seguimos pagando”.

Dijo que la caseta prácticamente es un muro que
divide a dos de las ciudades más importantes de la entidad, “divide a
transportistas, estudiantes, taxistas y comerciantes que mueven sus productos
en esta zona; divide a prestadores de servicios turísticos y sus clientes
potenciales”.

Expuso que ésta afecta el quehacer cotidiano del
corredor industrial Orizaba-Córdoba-Amatlán de los Reyes, que es la zona más
importante del centro del Estado.

Ejemplificó que ambulancias, autobuses, vehículos particulares,
camiones de carga, deben esperar hasta dos horas en las filas que han llegado
hasta 5 kilómetros tan sólo para cruzar
la caseta, causando pérdidas económicas y retrasos que perjudican a las y los
ciudadanos en general y empresarios.

Por otra parte, el legislador subrayó que en los
últimos meses el costo del peaje ha aumentado significativamente y a esto se le
debe sumar el incremento del tráfico que ha crecido en la misma proporción que
el movimiento de carga entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, propuso no solo reubicar la
Caseta sino también ampliarla para atender de mejor manera a los usuarios de
esta vía.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y
dictamen correspondiente.

El
diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del
Lado Correcto de la Historia”, presentó el Anteproyecto de Punto de Acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del Estado de
Veracruz, a elaborar un proyecto ejecutivo y manifiesto de impacto ambiental
sobre la viabilidad de crear rellenos sanitarios regionales de residuos sólidos
no peligrosos.

Al
exponer los antecedentes y consideraciones, el diputado por el distrito XXX de
Coatzacoalcos II, reconoció que uno de los principales problemas en materia
ambiental, es el aumento en la generación y disposición final de residuos
sólidos urbanos.

Mencionó
que el numeral 115, Base III de la Constitución Federal, señala que es
responsabilidad de los municipios ofrecer el servicio público de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos; lo
cierto es que, al ser un tema que impacta directamente en el goce y disfrute de
los derechos humanos de las personas, debe ser del conocimiento de las demás
autoridades estatales competentes para que, en coadyuvancia con los
ayuntamientos, se implementen programas o se tomen las medidas necesarias para
su tratamiento.

Dijo
que Veracruz enfrenta grandes retos en el manejo de sus residuos sólidos
urbanos, ya que factores como el crecimiento de la población y de la actividad
industrial, los patrones actuales de producción y consumo, el proceso de
urbanización, entre otros, han modificado de manera importante la cantidad,
composición y destino de la basura; a tal grado que en el Estado se generan más
de 7 mil toneladas de basura al día.

Mencionó
que municipios como Teocelo, Cosautlán de Carvajal, Xico y Coatepec, ya han
sufrido esta problemática, pues recientemente manifestaron que no tienen lugar
donde depositar la basura, generando eventualmente una serie de dificultades en
materia de salud; pero esta demanda no es exclusiva de esa zona, sino de todo
lo largo y ancho del territorio veracruzano. De ahí, la necesidad de realizar
acciones a corto, mediano y largo plazo para lograr una solución,

Recordó
que el 20 de octubre de 2004 se publicó la Norma Oficial Mexicana
NOM-083-SEMARNAT-2003 que se encarga de regular la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un
sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Bajo
el panorama descrito, propuso que la Secretaría de Medio Ambiente elabore un
proyecto ejecutivo y manifiesto de impacto ambiental sobre la viabilidad de
crear rellenos sanitarios regionales de residuos sólidos no peligrosos que
permitan una mejor eliminación, disposición o conversión de la basura; cuya
finalidad también radica en que los Municipios tengan, en todo momento, un
lugar donde depositar sus desechos.

La
medida –explicó- a corto plazo, beneficiaría a los municipios de la entidad
para hacerle frente al problema del destino final de la basura, sin que ello
signifique que este Congreso se conforme con dicha propuesta; sino al
contrario, se deberá actualizar o construir un marco normativo a partir de
políticas públicas de concientización, prohibición de ciertos materiales y el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la generación de energía.