El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la iniciativa,
presentada el pasado 31 de enero por la diputada María de Jesús Martínez Díaz,
con lo que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado con lo que garantizará que los constructores entreguen obras
con materiales de buena calidad y con una vida útil razonable.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la
Comisión Permanente de Comunicaciones durante la novena sesión ordinaria, registró
41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera, queda establecido en el artículo 68
de la citada ley que los trabajos se garantizarán durante un plazo de 24 meses,
para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, por lo que
previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, deberán constituir fianza por el equivalente al diez
por ciento del monto total ejercido de los trabajos.

O en su caso, podrá extenderse por un plazo de 12
meses la vigencia de la fianza-cumplimiento para garantizar la calidad de la
obra, con respecto a los vicios ocultos.

El texto del Dictamen destaca lo expuesto por la
autora de la iniciativa, en relación a la importancia de que la obra pública
sea de calidad y por ende vigilar que se ofrezca la mejor opción, no solo en
precio, sino en calidad.

También que cada obra licitada o adjudicada contenga
una serie de especificaciones técnicas generales y particulares apegadas a las
normas de calidad vigentes que correspondan.

En los posicionamientos, la diputada del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Martínez Díaz,
autora de la iniciativa, agradeció el compromiso y disposición de la Comisión
de Comunicaciones y –aseguró- que el combate a la corrupción, no solo desde la
tribuna, sino con mejores leyes que respondan a las expectativas de los
veracruzanos.

Tras haberse aprobado el presidente de la Mesa
Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, instruyó remitir el decreto al
Ejecutivo estatal para la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

La
diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de MORENA,
presentó una Iniciativa de Decreto que adicionaría diversas disposiciones al
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en un capítulo
único denominado “Juicio sumario para Divorcio Incausado”.

La
iniciativa presentada por la diputada, presidenta de la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales, prioriza la necesidad de actualizar la
legislación procesal civil, considerando las experiencias existentes en las
entidades federativas que consagran el juicio sumario, asegurando así la observancia
de las garantías de prontitud, eficacia y expedites contenidas en el segundo
párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Dijo
que el procedimiento sumario de divorcio que se propone, es un procedimiento
civil tramitado ante la autoridad judicial, en el que se privilegia la voluntad
de los cónyuges, pues basta con que uno de ellos solicite el divorcio para que
se decrete, lo que se debe hacer en sentencia definitiva una vez que conteste
la solicitud de divorcio o precluya el plazo para hacerlo, ya que tal decisión
no puede postergarse o bien obstaculizarse, esto es, la intención es ponderar
el libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges.

“Esta
propuesta garantiza el pleno acceso de los menores a la totalidad de sus
derechos como lo son los alimentos, derecho a la familia, convivencia,
educación y otros tantos tutelados por la legislación en la materia”, subrayó
la diputada Mónica Robles.

Agregó
que la iniciativa faculta al juez para tomar las medidas y decisiones para
prever garantías a los menores, mientras se tramita la vía incidental que
resuelva de fondo, las pretensiones que son adicionales al divorcio.

La
iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.

El
diputado José Andrés Castellanos Velázquez, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado, con el
objeto de fijar en ella que las políticas públicas instrumentadas por el
Gobierno estatal y los Gobiernos Municipales tengan concordancia con lo
establecido en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo,
garantizando la colaboración mutua entre los tres niveles de gobierno, para
lograr las metas establecidas en dichos documentos rectores.

Durante
la novena sesión, el legislador Castellanos Velázquez, presidente de la
Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional, subrayó que se trata de
convertir esta ley en una herramienta eficiente para el progreso de la sociedad
veracruzana.

Aseguró
que desde la formulación de la ley solo se ha tenido un par de reformas, las
cuales no han sido suficientes para lograr el bienestar que el Estado busca
para su sociedad.

Asimismo,
destacó que las políticas públicas encargadas de generar bienestar social deben
dirigirse a toda la población en especial a las más vulnerables, lo que estas
acciones deben ser aplicadas en las
zonas de mayor marginación y pobreza.

Enfatizó
que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), el 62.2 por ciento de los veracruzanos se encuentra en
situación de pobreza, colocando a Veracruz en el cuarto lugar nacional en Grado
de Rezago Social, por lo que resulta
necesario que, desde este Poder Legislativo, se realicen iniciativas que tengan
como finalidad el bienestar de todos los veracruzanos.

Añadió
que “el desafío de la política social estatal debe ser la disminución de los
índices de rezago social, marginación, erradicación de la pobreza y eliminar
las restricciones a las oportunidades que ciertos sectores de la población
afrontan”.

La
propuesta legislativa prevé señalar en la Ley que la planeación del desarrollo
social y la seguridad humana incluirá los programas que guardan relación con la materia, así como los planes de desarrollo de
los tres niveles de gobierno.

Son
zonas de atención prioritaria, las
zonas rurales o urbanas cuya población se encuentre en situación de pobreza o
presenten muy alto y alto índice de
rezago social y marginación.

De igual forma se define al Desarrollo Social como
el proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad
última el progreso permanente de la región y de cada individuo residente en
ella.

Para
su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa fue turnada a la Comisión
Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional y se remitió copia a la
Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó
la iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado que prevé la
transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento de
las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios
físicos de los planteles educativos.

El también secretario de la Comisión de Educación y
Cultura dijo que esta propuesta plantea fijar en el Código Financiero estatal
la obligatoriedad de que las licitaciones para las concesiones de tiendas para
la venta de alimentos en escuelas se apegarán a lo dispuesto en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado.

Con ello –agregó- se determinará la atribución de la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para fijar los lineamientos y
parámetros para llevar a cabo tal procedimiento.

Asimismo, se propone la instauración de un Comité de
Licitaciones que deberá emitir la convocatoria, en términos de los criterios
propuestos, y será el encargado de emitir el fallo correspondiente en el
respectivo proceso.

De acuerdo a la iniciativa, el Comité de
Licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación; subsecretario de
Educación Básica; subsecretario de Educación Media Superior y Superior; del
Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la sociedad de
padres de familia y un representante del Consejo Estatal de Participación
Social.

De esta manera se establece que los ingresos obtenidos por concepto de concesiones
de tiendas para la venta de alimentos, en las escuelas del sistema público del
Estado, se destinarán al mantenimiento y conservación de la infraestructura
física de los mismos y servicios correlacionados, así como para las
consecuentes tareas de supervisión educativa, apoyo a la gestión docente y
programas que se determinen en los Lineamientos que dicte la autoridad
educativa local.

La SEV será la que reciba, administre y realice la
comprobación de los recursos a los que se refiere el presente numeral, para
estos efectos el 90 por ciento de los recursos obtenidos se aplicará al
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles
educativos públicos, el 20 por ciento se
aplicarán a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en
los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas y el 10
por ciento de los recursos restantes serán aplicados en programas que se
determinen en los Lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

En su intervención en tribuna, durante la novena
sesión ordinaria, el legislador Vargas Barrientos manifestó que la educación
debe ser una política pública de la mayor importancia y que cualquier esfuerzo
emprendido no será suficiente si no representa una vía para conseguir una
educación de calidad para todas las niñas, niños y jóvenes, tanto de Veracruz
como del país.

La iniciativa, que reforma el artículo 230
bis del Código Financiero, fue turnada para su estudio y dictamen a la
Comisión Permanente de Educación y Cultura.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del
Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución Democrática
(MC-PRD), puso a consideración del Pleno de la LXV Legislatura del Estado,
durante su novena Sesión Ordinaria, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por
la que se reforman los artículos 4 y 33, de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado.

En la Ley, señala la legisladora, se observa que la
definición de “igualdad sustantiva” no es acorde con la teoría de los derechos
humanos y el principio de “igualdad sustantiva” conforme a la definición del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas
en inglés), y porque se limita a establecer el trato idéntico.

Esto, advierte Trujillo Ortiz, puede significar discriminación material y de
resultados, por lo que propone reformar la definición, para proteger los
derechos de las niñas, y señala que la “igualdad sustantiva” no es otra cosa que
la idéntica titularidad, protección y garantía de los mismos derechos
fundamentales independientemente del hecho, y por el hecho, de que los y las
titulares son entre sí diferentes.

Desde este punto de vista, agrega la legisladora
Ivonne Trujillo, la “igualdad sustantiva” incluye tanto la igualdad de jure
como la igualdad de facto, concibiéndose a la primera, como un medio para
lograr la realización práctica del principio de “igualdad sustantiva”.

Dado lo anterior, “Igualdad Sustantiva”, se definirá
en la Ley como el “acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, buscando, en todo momento que niñas, niños y adolescentes
reciban un trato igualitario, tomando en cuenta sus diferencias biológicas y de
género a fin de que éstas no sean determinantes o limitantes en el ejercicio y
goce de sus derechos”.

Asimismo, propone reformar el párrafo primero del
artículo 33 para señalar que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al
acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El Estado adoptará las medidas necesarias para
brindar un trato igualitario, respetando, en todo momento que las diferencias
biológicas o de género no limiten el acceso a los derechos o que existiendo
igualdad de condiciones, el resultado afecte el goce de los mismos para las
niñas.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada
a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y para
la Igualdad de Género.

A la misma se adhirieron los integrantes de los
Grupos Legislativos de Morena, PAN, PRI-VERDE, MC-PRD y el legislador
independiente Juan Carlos Molina Palacios

El
Presidente del H. Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, compartió un
desayuno con todos los padres trabajadores de la LXV Legislatura y dijo que la
celebración del “Día del Padre” es una oportunidad para rendir un
reconocimiento a quienes los formaron como ciudadanos dignos para servir a
Veracruz y a México.

El
legislador Pozos Castro dijo que él y el presidente de la Junta de Coordinación
Política (JUCOPO), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, se suman a las
felicitaciones hacia sus compañeros y destacó que hablar de un buen padre, es
hablar de responsabilidad y que todos los invitados al evento, no encuentran
mejor motivación para cumplir con su trabajo, que volver a casa y convivir con
sus hijos.

Tomando
como referencia la reciente aprobación de las reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad de Género, las
cuales celebra, el legislador indicó que como parte de esa paridad entre
hombres y mujeres, el Congreso del Estado decidió organizar un festejo también
para los padres de familia que pertenecen al personal, sindicalizado y
confianza.

El
secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder
Legislativo, José de Jesús Rodríguez Hernández, dirigió un mensaje a la
concurrencia y se congratuló de tener a su padre con vida, un hombre que el año
pasado resistió cinco infartos y que demuestra que son “fuertes de corazón”.

Al
desayuno acudieron también el secretario general del Congreso del Estado,
Domingo Bahena Corbalá y el coordinador de Comunicación Social, Aldo Adrián
Valerio Zamudio.

La diputada Magaly Armenta Oliveros, presidenta de
la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad del Congreso de
Veracruz, sostuvo una reunión con dirigentes e integrantes de diversas
organizaciones de concesionarios de Transporte Público, en su Modalidad de
Taxi, y autoridades de Transporte Público, dependientes de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), en la que dialogaron sobre las acciones para
actualizar el padrón de quienes detentan una concesión de este tipo.

En la reunión, celebrada en la Sala Jesús Reyes
Heroles del Palacio Legislativo, acudieron -a petición de la legisladora- el Subdirector
de Transporte Público, Marco Antonio Dupuy Vidal, y el Delegado de Tránsito,
Miguel Ángel López Ortega, quienes escucharon a los transportistas y conocieron
sus dudas e inquietudes, sobre las acciones que realizan las dependencias de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP),en el municipio de Minatitlán, en torno
al cumplimento de sus obligaciones como trabajadores del volante.

Asimismo se acordó, con los integrantes del Frente
Único de Dirigentes de Organizaciones de Taxistas de Minatitlán A.C., que
aglutina a 24 de ellos y representan dos mil concesiones, en los municipios de
Minatitlán, Jáltipan, Chinameca, Cosoleacaque, Zaragoza, Oteapan, y
Coatzacoalcos, como otros puntos de la región, que acudirán a la Dirección de
Transporte Público para conocer el estado que guardan sus concesiones, como
para dar el trámite correspondiente y legal a cada caso, en lo específico.

Por su parte, la diputada del Distrito XXVI, de Cosoleacaque,
Magaly Armenta, ofreció dar seguimiento puntual para solucionar cada uno de los
casos planteados y continuar apoyando a los taxistas en sus gestiones ante las
dependencias del Gobierno estatal, al igual que la disposición de sus
compañeros de Comisión, los diputados Wenceslao González Martínez y Ricardo
Arturo Serna Barajas, secretario y vocal respectivamente, para ello.

Asistieron, también, Felipe Zúñiga González e Ismael
Suárez Martínez, representantes del Gobierno de Estado en la Zona Sur y de
Tránsito del Estado respectivamente.

Determinan las diputadas que las entrevistas y la
reunión para la elección de las integrantes del Sistema sean transmitidas en
vivo por las plataformas del Congreso del Estado.

En cumplimiento a la fracción VII del artículo 15 de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado,
este miércoles 19 de junio las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables emitieron la convocatoria
pública para la elección de las integrantes del “Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres”, órgano que
tendrá por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas y
acciones institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres.

En la reunión las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz y
Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta y secretaria, respectivamente, de la
Comisión para la Igualdad de Género, así como las legisladoras Brianda Kristel
Hernández Topete, Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidenta,
secretaria y vocal, de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables, firmaron el dictamen por el cual se emite la convocatoria antes
señalada.

La convocatoria está dirigida a organizaciones de la
sociedad civil de mujeres, así como a las instituciones académicas y de
investigación especializadas en los derechos humanos de las mujeres, para que
presenten sus propuestas de quien, a su juicio, deba ser designada como Integrante
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres, para un período de tres años.

Cabe destacar que este Sistema Estatal estará
integrado por tres mujeres representantes de organizaciones civiles
especializadas y de dos mujeres, representantes de instituciones académicas y
de investigación.

El plazo para presentar las propuestas es del 24 al
28 de este mes, en horario de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas en
las oficinas de las diputadas Ivonne Trujillo y Brianda Kristel Hernández,
ubicadas al interior del Congreso del Estado de Veracruz.

De igual forma, se establece que las Comisiones
Unidas analizarán, del 1 al 5 de julio próximo, las propuestas registradas a
efecto de verificar que las personas propuestas reúnan todos y cada uno de los
requisitos señalados en la convocatoria. Asimismo determinar cuáles son las
propuestas que podrán seguir a la siguiente fase del proceso de selección.

Esta relación será publicada el 8 de julio en la
página oficial del Congreso del Estado de Veracruz.

El 10 de julio de este año las Comisiones llevarán a
cabo la entrevista -misma que será transmitida en vivo a través de las
plataformas digitales del Congreso- con cada una de las participantes y cuyo
objeto es conocer un poco más de su trayectoria, experiencia en derechos
humanos y su plan de trabajo.

El 12 de julio las diputadas de las comisiones
unidas celebrarán una reunión, misma que será transmitida en vivo por la página
del Congreso del Estado, en la cual procederán a la selección de las personas
que serán propuestas al Sistema Estatal, en la que analizarán el perfil
académico, propuesta de trabajo, experiencia en derechos humanos y trayectoria.

La convocatoria establece los requisitos que debe
presentar para el caso de instituciones o de asociaciones, así como el proceso
que implementarán las legisladoras para la elección de las personas, así como
las disposiciones relativas a la toma de protesta, entre otros.

El documento completo de la convocatoria puede
consultarse a partir de este 19 de junio en la página www.legisver.gob.mx

El Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la iniciativa de decreto presentada por el Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional (PRI) – Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”, con la que se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Veracruz, para ampliar el listado de circunstancias agravantes de la penalidad en casos de violación y pederastia.

Con 41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

De acuerdo con las consideraciones del dictamen, publicado en la Gaceta Legislativa número 42, esta reforma contribuirá a disminuir y erradicar conductas lesivas para el conjunto social, a través de fijar sanciones más severas para los que cometan los mencionados delitos de naturaleza sexual.

El 6 de junio pasado, a nombre de su Grupo Legislativo, la diputada Erika Ayala Ríos, presentó la iniciativa que, en sus palabras, responde a la justa demanda ciudadana de castigar ejemplarmente a quienes atentan contra la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física de todas las personas, y más aún, cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, sin importar también la edad de mujeres adultas y jóvenes.

A partir de la entrada en vigencia de este Decreto se considerarán agravantes de la pena, si dichos delitos se realizan en vehículos de transporte público de pasajeros o en otros que presten un servicio similar; en lugares despoblados o solitarios; derivado del allanamiento de la morada de la víctima; y al interior de instituciones educativas o en establecimientos públicos o privados en los que se preste el servicio de auxilio o refugio o tratamiento de personas, si dichos delitos son cometidos por personal de las mismas.

El Pleno del Congreso del Estado, durante su novena Sesión Ordinaria, dio entrada a una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que signan los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXV Legislatura del Estado.

La reforma integral de la Constitución Política del Estado, realizada en el año 2000, significó una transformación del marco normativo local, al establecer nuevas instituciones jurídicas, como el juicio para la protección de los derechos humanos y los medios de control constitucional, y con mayor sistematicidad, que en su texto anterior, las atribuciones de los órganos depositarios del Poder Público, los organismos autónomos del Estado y los ayuntamientos, entre otros aspectos.

El texto de la propuesta legislativa refiere que las nuevas disposiciones constitucionales motivaron, en consecuencia, la adecuación de la legislación ordinaria o secundaria, a fin de hacerla corresponder con lo aprobado por el Poder Reformador Constitucional Local; y en ese contexto se expidieron, principalmente, en las Legislaturas LVIII y LIX, diversos ordenamientos, entre ellos los que regulan la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y del Municipio Libre.

Añade que la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado fue publicada en la Gaceta Oficial el 6 de octubre del año 2000, y que de conformidad con su Transitorio inició su vigencia hasta el 5 de noviembre de ese año e introdujo, entre otras innovaciones, agregó, la figura de la Junta de Coordinación Política, como órgano de gobierno del Congreso; creó la Junta de Trabajos Legislativos, como instancia de programación de las labores plenarias y estableció que la duración en las funciones de la Mesa Directiva sería de un año legislativo y ya no sólo de un mes como antes se establecía.

Del mismo modo, se destaca, en semejanza a lo señalado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el ordenamiento que regula al Poder Legislativo local determinó la estructura administrativa de éste, encabezada por una Secretaría General, al igual que sus atribuciones. Asimismo, en su artículo 18, replicó las atribuciones del Congreso del Estado plasmadas en el artículo 33 constitucional y, en el numeral 42, fijó las relativas a las de la Diputación Permanente, en concordancia con lo que al efecto dispone el artículo 41 de la Ley Fundamental.

Sobre la base de que todo ordenamiento jurídico es susceptible de modificaciones, se agrega, para adecuar su contenido a una realidad en constante evolución, la Constitución Política Local ha registrado múltiples reformas y adiciones —81 decretos, hasta la fecha, para tales efectos, aunque algunos de éstos aún no se encuentran publicados—, entre ellas a los artículos que establecen expresamente las atribuciones del Congreso y de la Diputación Permanente, o a los que se relacionan directamente con el ejercicio de estas.

Sin embargo, no en todos los casos, se han realizado las adecuaciones en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de lo modificado, incorporado o suprimido del texto constitucional en los 19 años que han transcurrido desde la reforma integral señalada, lo que ha provocado la existencia de algunas antinomias entre ambos ordenamientos, abunda.

Si bien es cierto que, por jerarquía normativa, lo establecido en la Constitución es lo aplicable aún cuando la legislación secundaria disponga otra cosa, se estima necesario, apunta la JUCOPO, a fin de evitar esas contradicciones y posibles conflictos interpretativos, efectuar la armonización correspondiente.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.