El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la
iniciativa, presentada el pasado 19 de marzo por el diputado Henri Christophe
Gómez Sánchez, con la que se reforma el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y se establece que
las obras, además de atender la debida planeación, considerará medidas de
protección civil, indispensables para resguardar a la población.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por
las Comisiones Permanentes Unidas de Comunicaciones y de Protección Civil,
registró 41 votos a favor. Sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera, el artículo 72 de la citada ley
refiere que el contratista será responsable de la ejecución de los trabajos y
deberá sujetarse a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección civil,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal,
estatal o municipal.

Así como a las instrucciones que al efecto le señale
el ente público. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren
por su inobservancia serán a cargo del contratista.

La exposición de motivos del Dictamen concluye que
esta modificación busca evitar riesgos a la población, con obras mal planeadas
y sin los estudios técnicos necesarios.

Señala que en materia de Protección Civil debe
existir la corresponsabilidad de todos y por eso debe impulsarse la
planificación de obra pública, planificación territorial, así como la educación
de la población en materia de prevención; con el propósito de salvaguardar la vida
y el patrimonio de los ciudadanos, la infraestructura y minimizar los daños al
medio ambiente.

Tras haberse aprobado, el presidente de la Mesa
Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro instruyó remitir este Decreto al
Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

El
Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz de la diputada
María de Jesús Martínez Díaz, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado, con la finalidad de otorgar
atribuciones a la Contraloría General del Estado (CGE) y a los Órganos Internos
de Control (OIC) para la supervisión del Padrón de proveedores de cada ente
público.

Asimismo,
con esta reforma podría otorgarle a cada OIC la atribución para proceder a la
cancelación del registro de algún proveedor, pues el objetivo de esta
iniciativa es resolver el conflicto de intereses en el que pudiera encontrarse
el servidor público al integrar el padrón de proveedores, y quien a su vez es
el encargado de la unidad de realizar las compras o contrataciones.

Además,
continuó la legisladora, se prevé que los proponentes de bienes o servicios que
vayan a participar en algún procedimiento, proporcionen, no sólo el Domicilio
Fiscal tal y como ya lo establece la Ley, sino que además de ello, el domicilio
exacto de sus oficinas centrales, matrices, sucursales, establecimientos, bodegas,
talleres o cualquier otra instalación inmobiliaria vinculada con la empresa o
negocio, lo anterior, a fin de estar en condiciones de corroborar la veracidad
de la información.

“La
intención es que se incorpore a dicha Ley, Inspecciones Domiciliarias, mismas
que estarán a cargo del Órgano Interno de Control del Ente Público y deberán
constar por escrito, asentando la ubicación georeferenciada de los domicilios
verificados, junto con un registro gráfico y fotográfico de estas”, puntualizó
Martínez Díaz.

Además,
en consecuencia, continuó la diputada, se propone señalar que la Contraloría
General u Órgano Interno de Control, tendrían la responsabilidad de verificar
la existencia física de las empresas, contribuyendo a trabajar en una reforma a
los Artículos 49, 56 y 59 para armonizar el texto vigente con dicha propuesta,
no sólo incorporando nuevos requisitos a proveedores y candados en la Ley, sino
perfeccionando la norma a través del
incremento de las sanciones, ya establecidas en la misma.

En lo
que se refiere a las responsabilidades se propone incorporar la obligación a los
servidores públicos, de informar sobre las infracciones al Órgano Interno de
Control o Contraloría General, además de adicionar una Fracción para señalar
que dicha falta será también considerada una infracción a la Ley, el hecho de
que el proveedor llegara a impedir, evitar o dificulte la verificación o
inspección domiciliaria correspondiente.

Además,
afirmó la también presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se propone
incrementar el monto de la multa que actualmente establece la Ley de hasta mil
UMAS, para ir de las 300 a las mil 500 UMA´s.

“En
Acción Nacional, estamos convencidos que el combate a la corrupción debe darse
de forma pragmática y real, además de impulsar cambios al derecho vigente que
beneficien a quienes integran de forma real el sector empresarial, comercial y
de servicios, a aquellos que buscan salir adelante generando empleos e
inversión”, dijo la legisladora.

Finalmente,
aseguró que se debe favorecer a la iniciativa privada que le apuesta al
desarrollo económico del Estado, que ve en los órganos de Gobierno un cliente
potencial, a quien puede ofrecerle, bajo las mejores condiciones del mercado,
bienes y/o servicios; participando de forma libre y competitiva en
procedimientos reales contra sus iguales y no contra Empresas Fantasmas.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes de Unidas de Hacienda del
Estado y Vigilancia.

Con el objetivo de dar respuesta a una protección civil
como fuerza preventiva y se apliquen rigurosas acciones para evitar riesgos, la
diputada Ana Miriam Ferráez Centeno presentó un anteproyecto de Punto de
Acuerdo por el cual exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a
realizar las acciones para evitar
el represamiento de las aguas que desbordan de los ríos Nautla y Chapachapa y de
los arroyos Colorado y La Bacinica, con el objetivo de salvaguardar la vida,
integridad y el patrimonio de los habitantes de la comunidad Felipe Carrillo
Puerto, del municipio de Martínez de la Torre.

Asimismo, se exhorta al Gobierno del Estado a que se
coordine con las instituciones federales, a fin de implementar las medidas necesarias
y evitar poner en riesgo a la población de esa comunidad.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena
subrayó que la autopista Cardel-Poza Rica es una gran obra que acortará tiempos de desplazamiento,
dando mayor seguridad en los traslados entre el centro y norte del Estado.
Agregó que será una vía carretera que tendrá una longitud de 129.5 kilómetros,
con una sección transversal de dos carriles y acotamiento.

Abundó que esta obra otorgará un gran potencial a las empresas veracruzanas
de la región “con el Gobierno Federal debemos seguir caminando juntos para
poner manos a la obra y hacer realidad proyectos estratégicos como estos, para
el desarrollo de nuestro Estado”, manifestó.

Este anteproyecto de Punto de Acuerdo, se turnó a la
Junta de Coordinación Política, del Congreso del Estado.

El diputado del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, José Magdaleno Rosales Torres,
presentó una iniciativa de decreto por el que se reformaría el artículo 32 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre, cuyo propósito es establecer la obligación
de los Ayuntamientos para que graben y transmitan públicamente sus sesiones de
Cabildo.

El legislador del Distrito
XVII, de Medellín, aseguró que las grabaciones deberán realizarse en un formato
de video, sin cortes y sin edición y, dependiendo de sus condiciones
socioeconómicas y técnicas, transmitirlo en vivo o ponerlo a disposición
pública a través de su Unidad de Transparencia.

Lo anterior con excepción
a lo relativo a las sesiones secretas, dejándose de considerar de éste tipo las sesiones en las que
deban tratarse asuntos relativos a la hacienda pública municipal.

Rosales Torres agregó que referente a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, propone se
adicionen dos incisos a la fracción II del artículo 16, donde se sumen a los
requisitos de información para los Ayuntamientos, las versiones estenográficas
y las grabaciones en video de las sesiones públicas, coadyuvando con ello la
participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos, convirtiéndose
en actores dentro de las diferentes formas de toma de decisiones en los
Ayuntamientos.

“En nuestro carácter de legisladores,
representantes de la voluntad del Pueblo, es nuestra obligación proveer los
mecanismos que coadyuven al desarrollo del Estado de Veracruz”, expuso el
diputado, quien agregó que este tipo de iniciativas dan certeza y la máxima
transparencia a las y los veracruzanos respecto a las acciones para la
erradicación y prevención de la corrupción.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.

-Pide diputado cumplir con la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad
Piloncillera-

Asimismo,
durante la sesión, el diputado José Magdaleno Rosales, presentó un Anteproyecto
con Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz,
para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca (Sedarpa), dé cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la Ley para el Fomento,
Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una
actividad agrícola, artesanal y tradicional en la entidad y expida el Reglamento
correspondiente.

Recordó que el 29 de noviembre de 2018 fue
publicada en la Gaceta Oficial del Estado la Ley para el Fomento, Desarrollo y
Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad
agrícola, artesanal y tradicional en el Estado, misma que en su transitorio
tercero ordena que en 90 días naturales se deberá expedir el respectivo
Reglamento, y que correspondería a la Sedarpa, llevarla a cabo por ser la
dependencia competente en la materia.

Aseguró
que a casi seis meses de haberse publicado la Ley –a su consideración- se
encuentran en el mismo escenario de corrupción en la elaboración y venta del
piloncillo, pues el Reglamento que se ordena en el transitorio tercero de la
Ley aún no ha sido elaborado, lo cual viene en detrimento de los verdaderos
piloncilleros.

“El
comercio desleal no sólo afecta a Veracruz, sino a los productores de otros
Estados, pues esta labor constituye su única fuente de ingresos y sustento
familiar”, detalló.

Si bien
el reglamento no resuelve al cien por ciento la problemática, sí contribuye a
alinear a los productores desleales, apoyando el crecimiento económico de este
sector en Veracruz, concluyó.

Por fortuna y más allá del debate y la discusión,
todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Veracruz coinciden
en respaldar, apoyar y respetar la libre expresión de ideas, aseguró el
diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura, durante el convivio con representantes de los medios de
comunicación de la entidad, con motivo del Día de la Libertad de Expresión
(conmemorado en México cada 7 de junio).

En el evento y con la presencia del presidente de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín y de los coordinadores
de los Grupos Legislativos, del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández
Hernández y de los Partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de
México (PRI-PVEM), Erika Ayala Ríos, el legislador Pozos Castro dijo que las y
los diputados reconocen la labor de las personas que, con responsabilidad y
compromiso, mantienen informados a los veracruzanos del acontecer diario.

Subrayó que hoy más que nunca debe fortalecerse el
respaldo y respeto a la libre expresión de ideas y que el Congreso de Veracruz
siempre ha sido una institución de “puertas abiertas”, en la que hay
disposición al diálogo y apertura a la crítica.

De igual forma reiteró su reconocimiento a la labor
que realizan los comunicadores de la entidad, toda vez que –destacó- esta
actividad es fundamental en la consolidación democrática del Estado y del país.

Asimismo, recordó que la libertad es de suma
importancia para los seres humanos y señaló que en Veracruz está garantizada
esta libertad, en cual sea de las formas.

A este encuentro asistieron las diputadas Adriana
Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam Ferráez Centeno, Cristina Alarcón Gutiérrez,
Jessica Ramírez Cisneros, Magaly Armenta Oliveros y Deysi Juan Antonio.

También los diputados Jorge Moreno Salinas, Rodrigo
García Escalante, Wenceslao González Martínez, Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Raymundo Andrade Rivera, así como
el Secretario General del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá y el
Coordinador de Comunicación Social, Aldo Adrián Valerio Zamudio.

El diputado Juan Carlos Molina Palacios, vocal de la
Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
del Congreso del Estado, presentó la iniciativa que reformaría el artículo 54
de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado cuyo propósito es
instaurar un desarrollo integral que logre una auténtica política pública y que
se vea reflejado en convertir “un campo verde veracruzano”.

La iniciativa del legislador independiente plantea
que respecto a la restauración de los predios con actividad agropecuaria, los
productores estarían obligados a destinar el 10 por ciento de su superficie
para realizar trabajos de reforestación, preferentemente en forma compacta o en
cortinas de árboles de usos múltiples, que pueden colocar alrededor de sus
linderos.

Podrán incluirse bancos forrajeros con leguminosas,
así como la superficie reforestada alrededor de las ollas de agua, arroyos,
manantiales o cualquier cuerpo de agua existente dentro del predio. Las
responsables de verificar que esto se cumpla serán las Secretarías de Medio
Ambiente (Sedema) y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa)

La propuesta legislativa refiere que cuando se
presenten procesos de degradación, desertificación o graves desequilibrios
ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales, agropecuarios,
la Sedema y la Sedarpa, con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor), formularán y ejecutarán, en coordinación con los propietarios,
programas de restauración ecológica con
el propósito de que se lleven a cabo las acciones para la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propicien la continuidad de los
procesos naturales que en ellos se desarrollaban.

En su intervención en tribuna, el diputado Molina
Palacios dijo que de aprobarse esta iniciativa los beneficios serán:
mantenimiento de la fertilidad y propiedades físicas del suelo; control de
erosión y protección de cuerpos de agua; incremento de la biodiversidad,
recuperación paulatina de especies nativas, restauración del paisaje y aumento
en la cantidad y calidad de la producción agropecuaria con visión sustentable.

Agregó que los árboles a usarse en la reforestación
puedan ser frutales, maderables
forrajeras y dendroenergéticos (leña) y se propone que,
preferentemente, el 10 por ciento de la
superficie sea compacta y continua, para que -si el productor agropecuario lo
considera- pueda ser un área privada de conservación.

El legislador manifestó que Veracruz es uno de los
tres Estados de la República más ricos en biodiversidad. “Somos el Estado por donde
pasa el 35 por ciento de las escorrentías de agua y la entidad con el mayor
hato ganadero, somos también el mayor productor de azúcar, de cítricos, en
resumen somos un Estado con gran potencial agropecuario”, abundó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y
se instruyó remitir copia a la Comisión Especial para el Seguimiento a la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El diputado Jorge Moreno Salinas, en representación,
y como integrante del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y
del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), puso a consideración del Pleno de la
LXV Legislatura del Estado, una Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en
materia de comisiones municipales o edilicias.

Por ello, con la finalidad de fortalecer la
autonomía municipal y el orden jurídico respectivo, expone el legislador en su
Iniciativa, es necesario se reduzca el número de comisiones señaladas en la
Ley, y se dé su reagrupación, cuando existan materias afines.

Lo anterior, agrega, sin menoscabo de que los
ayuntamientos establezcan, en su caso, las demás comisiones que consideren,
acordes con las características propias de cada municipalidad.

La reducción de comisiones edilicias no implica en
modo alguno la eliminación de atribuciones de los integrantes de los
ayuntamientos, afirmó Moreno Salinas en su intervención, en contrario, se
pretende con ello propiciar mayor funcionalidad en sus labores.

Esto, apuntó, al ajustarse a la realidad social y
económica de los municipios y a la conformación de la mayoría de los órganos de
gobierno, en el que el número de ediles es el mínimo, todo ello, siempre sobre
la base del respeto a su autonomía, enfatizó el legislador del PRI.

Dijo que fortalecer a la institución municipal es
fortalecer al Estado, al representar la base de su división política y
territorial. Además se pronunció por dejar de regular en exceso el marco normativo
municipal y contribuir, con hechos, a su pleno desarrollo.

Esta Iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión
Permanente de Gobernación.

El
Congreso del Estado dio entrada a la Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada
por la diputada federal Raquel Bonilla Herrera, que propone reformar los
artículos 22, 61 y 108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, en materia de remuneración de agentes y subagentes municipales.

En
la Iniciativa, difundida en el Anexo A de la Gaceta Legislativa número 41, la
legisladora refiere que La Ley Orgánica del Municipio Libre, le otorga la
calidad de servidor público al agente y subagente municipal, para tal efecto,
es de mencionar que los artículos 19 y 61, del ordenamiento antes mencionado,
determinan que “las congregaciones estarán a cargo de un servidor público
denominado agente municipal y, dependiendo de su demarcación territorial y de
los centros de población que comprenda, contarán con uno o más subagentes
municipales, quienes serán electos conforme a lo dispuesto por esta ley”, y
“los agentes y subagentes municipales son servidores públicos que funcionarán
en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de los ayuntamientos”, respectivamente.

Sin
embargo, apunta el documento, actualmente la labor que desempeñan los agentes y
subagentes municipales veracruzanos, a favor del desarrollo municipal, aún no
es reconocida en su totalidad. Esta situación refleja que persiste la
vulneración de sus derechos.

El
documento destaca que los agentes municipales son la voz de los pobladores ante
la autoridad municipal, por tal motivo, es indispensable reformar la Ley
Orgánica del Municipio Libre, para establecer el pleno reconocimiento a este
tipo de servidores públicos, así como en concordancia con las recientes
sentencias emitidas tanto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación como por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

La
iniciativa explica que con el cumplimiento a las resoluciones pronunciadas por
los poderes judiciales federal y local, y con la aprobación de las
modificaciones propuestas en la presente iniciativa, se estará acatando lo que
establece tanto la Constitución federal como local, en materia de las remuneraciones
que perciben los servidores públicos municipales.

De
aprobarse la iniciativa, el párrafo 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
quedaría como sigue:

El
desempeño de los cargos de Presidente municipal, Síndico, Regidor, Agentes y
Subagentes, será obligatorio y su remuneración se fijará en el presupuesto de
egresos de municipio, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y
disciplina del gasto público.

En
el artículo 61 quedaría estipulado que los cargos de agentes y subagentes son
obligatorios y su remuneración se fijará en el presupuesto de egresos
correspondiente, así mismo, para cumplir con sus fines recibirán de los
ayuntamientos los recursos provenientes de sus participaciones en los términos
y porcentajes que por ley les correspondan. Estas autoridades auxiliares no
podrán administrar más recursos que los recibidos para los gastos de
administración y funcionamiento de sus oficinas.

Finalmente,
el artículo 108 precisaría que el Presupuesto de Egresos regulará el gasto público
municipal y se formulará con base en los principios constitucionales de
austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez. Los ayuntamientos revisarán, evaluarán y aprobarán las remuneraciones
para sus integrantes, tomando en consideración la eficiencia en el gasto
administrativo, presupuesto de ingresos, extensión territorial, nómina y
tabuladores salariales.

La
Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su análisis
y dictamen.

Diputados integrantes del Grupo Legislativo de Morena, en voz de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, emitieron un pronunciamiento, relativo a las obligaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, para la pronta atención en el tema de violencia contra las mujeres.

A nombre de sus compañeros de bancada, externó su preocupación ante la creciente oleada de feminicidios en el Estado, oleada a la que este fin de semana se sumaron nueve mujeres asesinadas.

“Cada mujer asesinada, pone en evidencia la forma en que sistemáticamente es posible violentar sus derechos, sin importar si son adultas mayores, mujeres en plenitud, adolescentes o niñas pero más aún, se desnuda la violencia institucional que envuelve en un velo de impunidad cada caso y que hace que sea posible matar mujeres, porque no hay justicia que valga ni poder público que lo impida”, expresó la legisladora.

Dijo que los feminicidios que a diario se cometen en el país, son, más que cifras, el rostro de la discriminación, la inequidad, la vulneración por género, la violencia en contra de quienes se considera débiles, inferiores, víctimas y culpables.

Refirió que a nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su más reciente informe, señala que de diciembre de 2018 a abril de 2019, se cometieron 392 feminicidios, lo que quiere decir que en ese período se cometieron tres diarios.

“En el estado de Veracruz, este mismo informe revela que hubo 85 asesinatos de mujeres por razón de género de diciembre a abril, lo que coloca a nuestra entidad en el vergonzoso primer lugar nacional por la comisión de estos delitos”, subrayó.

Consideró lamentable que esta situación se utilice más para hacer escarnio político, que para tomar acciones efectivas que permitan disminuir las cifras. “Con una vida que se salve, con un feminicidio que se esclarezca, podríamos decir que se está logrando hacer algo, y sin embargo ello no ocurre”.

Recordó que el pasado 25 de enero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, puso en marcha la estrategia de coordinación estatal Cero Tolerancia de la Violencia contra las Mujeres, dando a conocer una serie de acciones específicas a realizar por parte de todas las instancias de gobierno, fundamentadas cada una en las recomendaciones contenidas en la Alerta de Violencia de Género por Feminicidio, declarada en noviembre de 2016.

“Por ello y a partir de ello es que vengo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, a invitarles a que nos preguntemos ¿Qué hemos hecho cada uno y cada una, desde la representación que detentamos, para actuar en consecuencia y contribuir a disminuir la violencia de género que da lugar a la comisión del delito del feminicidio? ¿Hemos supervisado que cada secretaría de despacho, que cada instancia de gobierno, que cada municipio de los distritos que representamos, estén adoptando las medidas necesarias para detener estos crímenes?”.

“De igual manera, hacemos un enérgico llamado al Fiscal, quien, en sus recientes declaraciones a los medios de comunicación expuso cifras no oficiales con las cuales busca deslindarse de su responsabilidad, siendo alarmante que él mismo diga que del 100% de los casos, sólo el 40 por ciento ha sido resuelto, tarea que forma parte de sus competencias. Estas declaraciones, además de no corresponderse con la alta responsabilidad pública que ocupa, reflejan insensibilidad e incapacidad en el tema”.

Finalmente, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, subrayó que es tarea de todas y todos promover una cultura de paz, de respeto y de dignificación en el trabajo, en las escuelas y en el espacio público para erradicar las prácticas de discriminación y violencia en contra de las mujeres y las niñas veracruzanas.

En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil (12 de Junio), la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, aseguró que desde el Poder Legislativo estatal y federal se tiene el compromiso de fortalecer las leyes y llamar a la coordinación y concienciación, para trabajar de manera coordinada con las y los presidentes municipales, procuradores de justicia, autoridades encargadas de velar por el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora del Distrito XVIII, de Huatusco, recordó que desde el año 2002 la Organización Internacional del Trabajo se instituyó el «Día Mundial Contra el Trabajo Infantil» con el objetivo de hacer visible esta situación, y así sumar esfuerzos y coordinación para erradicar la desigualdad que afecta la vida de millones de niñas, niños y adolescentes que se ven obligados a trabajar.

Durante su pronunciamiento la también vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género aseguró que son 98 mil 343 niñas, niños y adolescentes veracruzanos los que se encuentran realizando una jornada de trabajo, en muchos casos, sin remuneración y en condiciones de riesgo.

Destacó que el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, reconoce el derecho de todas las niñas y los niños a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

La legisladora condenó el hecho de que menores de edad en situación de trabajo vean afectado el ejercicio pleno de sus derechos. Como ejemplo señaló que en este sector vulnerable es alto el número de deserción escolar y no tienen garantías de su derecho al libre esparcimiento.

Puntualizó que el problema se torna aún más delicado cuando existe situación de calle, ya que los menores quedan totalmente vulnerables a la discriminación social, a afectaciones de la salud, agresiones físicas y sexuales, poniendo su integridad física en riesgo.

“En cualquier municipio de Veracruz vemos a niñas, niños y adolescentes, que enfrentan la carencia alimentaria, la falta de acceso a servicios de educación, salud y vivienda, y la pobreza que los rodea, y desafortunadamente estos comienzan a ser normalizadas y olvidadas”, detalló.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional manifestó que este sector vulnerable está en las calles trabajando por el contexto de pobreza en el que viven, “porque como sociedad y desde el gobierno, hacen falta mayores esfuerzos por atender esta situación”.

Por lo anterior, convocó a sus compañeros legisladores hacer efectivo el marco jurídico y los Tratados Internacionales de los que México es parte, y sumar esfuerzos para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Es oportuno hacer un reconocimiento público al trabajo realizado por asociaciones civiles, colectivos y voluntarios que procuran el bienestar de la infancia y la adolescencia veracruzanas”, finalizó.