El
Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la iniciativa de
decreto presentada por el Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario
Institucional (PRI) – Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”, con la que se
reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de
Veracruz, para ampliar el listado de circunstancias agravantes de la penalidad
en casos de violación y pederastia.

Con
41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen
emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

De
acuerdo con las consideraciones del dictamen, publicado en la Gaceta
Legislativa número 42, esta reforma contribuirá a disminuir y erradicar
conductas lesivas para el conjunto social, a través de fijar sanciones más
severas para los que cometan los mencionados delitos de naturaleza sexual.

El
6 de junio pasado, a nombre de su Grupo Legislativo, la diputada Erika Ayala
Ríos, presentó la iniciativa que, en sus palabras, responde a la justa demanda
ciudadana de castigar ejemplarmente a quienes atentan contra la libertad
sexual, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física de todas
las personas, y más aún, cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes,
sin importar también la edad de mujeres adultas y jóvenes.

A
partir de la entrada en vigencia de este Decreto se considerarán agravantes de
la pena, si dichos delitos se realizan en vehículos de transporte público de
pasajeros o en otros que presten un servicio similar; en lugares despoblados o
solitarios; derivado del allanamiento de la morada de la víctima; y al interior
de instituciones educativas o en establecimientos públicos o privados en los que
se preste el servicio de auxilio o refugio o tratamiento de personas, si dichos
delitos son cometidos por personal de las mismas.

El diputado Enrique Cambranis Torres, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó la iniciativa de reforma al artículo 74 de la Constitución Política de
Estado para establecer la prohibición de discriminación en la contratación de
cualquier persona en razón de la edad, origen étnico, sexo, discapacidades,
doctrina política, condición social, religión, estado civil, gravidez o
cualquier otra que atente contra los derechos laborales fundamentales en las
relaciones de trabajo.

En su intervención, durante la novena sesión
ordinaria, el diputado recalcó que su propuesta legislativa busca que ninguna
veracruzana o veracruzano, de cualquier edad, género o condición, que pretenda
obtener un trabajo, no sea discriminado por las organizaciones, públicas o
privadas, antes o después de obtener un empleo.

Subrayó que la discriminación en materia laboral
puede ocurrir en los avisos de empleo, en la selección, evaluación,
contratación y despido del personal. “También suele aparecer en los términos y
en las condiciones del empleo, así como en la remuneración, los beneficios y en
las decisiones sobre quién recibe capacitación y qué tipo de capacitación se
brinda”, ejemplificó.

En tribuna, Cambranis Torres indicó que de acuerdo
al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2015 (INEGI),
hay en Veracruz 499 mil 689 personas en edad laboral que no trabaja y no busca
empleo, “muchas veces no lo hace por
desaliento o porque piensan que no lo conseguirán por la edad o porque no tienen
estudios, no obstante están dispuestas a trabajar”, abundó.

Asimismo, refirió que como legisladores deben
trabajar para proteger y garantizar que las personas adultas mayores, que estén
todavía activos, puedan encontrar espacios de trabajo, sobre todo cuando,
conforme a la esperanza de vida, aún quedan muchos años por delante.

Por otra parte, manifestó, los jóvenes también
encuentran constantemente obstáculos y limitantes cuando se trata de buscar
trabajo, toda vez que las empresas por lo regular exigen puestos con
experiencia y con cierta edad para desempeñar el cargo, “a todas luces
representa una discriminación, pues el joven, sea recién graduado o no, está
impedido a obtener un primer empleo porque falta de experiencia, que es lo
primero que exigen las empresas”.

El diputado Enrique Cambranis aseguró que con esta
reforma Veracruz sería de los primeros Estados en reconocer, de manera textual
en su Constitución, el derecho a obtener un trabajo digno y bajo ninguna
circunstancia, discriminar a quien legítimamente pretende ser contratado y
desarrollarse dentro de alguna organización laboral.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Trabajo y
Previsión Social para su estudio y dictamen correspondiente.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura
aprobaron la iniciativa, presentada el 9 de mayo pasado por la diputada Magaly
Armenta Oliveros, por la cual se reforma el artículo 67 de la Constitución
Política del Estado y se establece que los órganos autónomos de la entidad
tendrán la obligación de presentar, dentro de los primeros 15 días de cada año,
a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un informe de actividades.

Además se establece que los titulares de los órganos
autónomos deberán comparecer ante el Poder Legislativo del Estado, en sesión
pública, durante la última quincena del mes de enero, conforme al formato que
establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento.

Asimismo, se determina que el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa (TEJAV), solo estará obligado a presentar el informe de
actividades.

El Dictamen, puesto a consideración por la Comisión
de Justicia y Puntos Constitucionales, destaca que la rendición de cuentas y la
transparencia son dos componentes
esenciales en los que se fundamenta un Gobierno democrático y que, mediante la
rendición de cuentas, es como éste explica a la sociedad sus acciones y acepta
consecuentemente la responsabilidad de estas.

Refiere que la transparencia abre la información al
escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla
y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.

En consecuencia –añade- el Gobierno democrático debe
rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse
para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

El Dictamen registró 41 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra.

Tras aprobarse el Dictamen y conforme a lo
establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 84 de la Constitución Política
del Estado en materia de reformas parciales, la Mesa Directiva, presidida por
el diputado José Manuel Pozos Castro, instruyó a la Secretaría General remitir
el Decreto a los ayuntamientos de la entidad para su consideración.

El
diputado José Manuel Pozos Castro, presidente del H. Congreso del Estado de
Veracruz, dio la bienvenida a la juventud veracruzana que participó en el Foro
sobre la Ley General de las Juventudes en su capítulo Veracruz, titulado
“Jóvenes, cámara y acción”.

Durante
el evento convocado por la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la
Cámara de Diputados federal, el diputado Pozos Castro consideró que el Foro es
un acto de justicia para con los jóvenes de México y de Veracruz.

“Estoy
absolutamente seguro de que el talento, la audacia y la gran capacidad de
nuestros jóvenes abonarán a dar certidumbre jurídica y a la igualdad de
derechos que garanticen sus mejores condiciones de vida”, expresó ante un
auditorio conformado por decenas de participantes.

El
legislador resaltó el gran compromiso con los jóvenes de México por parte del
presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el trabajo que realiza el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al brindar oportunidades e implementar
programas que les van a permitir desarrollarse y gozar de un mejor nivel de
vida. “Hoy nos es grato decirles que los jóvenes en Veracruz están participando”.

Al
hacer uso de la voz, el representante del gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
el subsecretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, uno de los servidores
públicos más jóvenes del Estado y de México, dijo que con hechos, no con
palabras, se ha tomado en cuenta a un sector que lamentablemente fue
menospreciado y olvidado por los anteriores gobiernos.

Como
presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte y Atletas con discapacidad de
la LXV Legislatura, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, confió en que
el resultado de las mesas de trabajo se verá materializado en una nueva Ley que
será punta de lanza para hacer realidad los sueños de millones de jóvenes que
anhelan un mejor país.

La
diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Presidenta de la Comisión de Juventud y
Diversidad Sexual en la Cámara de Diputados federal, agradeció el apoyo de las
diputadas integrantes de la Comisión, quienes solicitaron que Veracruz pudiera
ser sede del Foro “Jóvenes, cámara y acción”.

Dijo
que la construcción y elaboración de esta ley es un camino para que los jóvenes
opinen; además, informó que la comisión redactora ya está construyendo avances
de la misma y que seguramente durante el Foro en Veracruz, la séptima edición,
recogerían muchísimas propuestas.

A
las 17:58 horas de este jueves, la diputada federal Dorheny García Cayetano
inauguró el Foro “Jóvenes, cámara y acción”, no sin antes destacar que con este
tipo de acciones, se demuestra a los jóvenes que son parte de la toma de
decisiones en este país.

Al
inicio de los trabajos acudieron también los diputados Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso; Rubén
Ríos Uribe y las legisladoras María Graciela Hernández Íñiguez y Adriana Esther
Martínez Sánchez.

Asistieron
también la diputada federal Dulce María Méndez de la Luz; Samuel Torres Mendez,
representante del Instituto Mexicano de la Juventud; el secretario general del
Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá y el director del Instituto
Veracruzano de la Juventud, Jonathan Yunuel Ramírez Martínez.

El Pleno del Congreso del Estado, durante su novena
Sesión Ordinaria, dio entrada a una Iniciativa de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, que signan los integrantes de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) de la LXV Legislatura del Estado.

La reforma integral de la Constitución Política del
Estado, realizada en el año 2000, significó una transformación del marco
normativo local, al establecer nuevas instituciones jurídicas, como el juicio
para la protección de los derechos humanos y los medios de control
constitucional, y con mayor sistematicidad, que en su texto anterior, las
atribuciones de los órganos depositarios del Poder Público, los organismos
autónomos del Estado y los ayuntamientos, entre otros aspectos.

El texto de la propuesta legislativa refiere que las
nuevas disposiciones constitucionales motivaron, en consecuencia, la adecuación
de la legislación ordinaria o secundaria, a fin de hacerla corresponder con lo
aprobado por el Poder Reformador Constitucional Local; y en ese contexto se
expidieron, principalmente, en las Legislaturas LVIII y LIX, diversos
ordenamientos, entre ellos los que regulan la organización y funcionamiento de
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y del Municipio Libre.

Añade que la actual Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado fue publicada en la Gaceta Oficial el 6 de octubre del
año 2000, y que de conformidad con su Transitorio inició su vigencia hasta el 5
de noviembre de ese año e introdujo, entre otras innovaciones, agregó, la figura
de la Junta de Coordinación Política, como órgano de gobierno del Congreso;
creó la Junta de Trabajos Legislativos, como instancia de programación de las
labores plenarias y estableció que la duración en las funciones de la Mesa
Directiva sería de un año legislativo y ya no sólo de un mes como antes se
establecía.

Del mismo modo, se destaca, en semejanza a lo
señalado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, el ordenamiento que regula al Poder Legislativo local determinó la
estructura administrativa de éste, encabezada por una Secretaría General, al
igual que sus atribuciones. Asimismo, en su artículo 18, replicó las
atribuciones del Congreso del Estado plasmadas en el artículo 33 constitucional
y, en el numeral 42, fijó las relativas a las de la Diputación Permanente, en
concordancia con lo que al efecto dispone el artículo 41 de la Ley Fundamental.

Sobre la base de que todo ordenamiento jurídico es
susceptible de modificaciones, se agrega, para adecuar su contenido a una
realidad en constante evolución, la Constitución Política Local ha registrado
múltiples reformas y adiciones —81 decretos, hasta la fecha, para tales
efectos, aunque algunos de éstos aún no se encuentran publicados—, entre ellas
a los artículos que establecen expresamente las atribuciones del Congreso y de
la Diputación Permanente, o a los que se relacionan directamente con el
ejercicio de estas.

Sin embargo, no en todos los casos, se han realizado
las adecuaciones en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de lo modificado,
incorporado o suprimido del texto constitucional en los 19 años que han
transcurrido desde la reforma integral señalada, lo que ha provocado la
existencia de algunas antinomias entre ambos ordenamientos, abunda.

Si bien es cierto que, por jerarquía normativa, lo
establecido en la Constitución es lo aplicable aún cuando la legislación
secundaria disponga otra cosa, se estima necesario, apunta la JUCOPO, a fin de evitar esas contradicciones y posibles conflictos
interpretativos, efectuar la armonización correspondiente.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Gobernación.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la iniciativa,
presentada el pasado 31 de enero por la diputada María de Jesús Martínez Díaz,
con lo que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado con lo que garantizará que los constructores entreguen obras
con materiales de buena calidad y con una vida útil razonable.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la
Comisión Permanente de Comunicaciones durante la novena sesión ordinaria, registró
41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera, queda establecido en el artículo 68
de la citada ley que los trabajos se garantizarán durante un plazo de 24 meses,
para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, por lo que
previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, deberán constituir fianza por el equivalente al diez
por ciento del monto total ejercido de los trabajos.

O en su caso, podrá extenderse por un plazo de 12
meses la vigencia de la fianza-cumplimiento para garantizar la calidad de la
obra, con respecto a los vicios ocultos.

El texto del Dictamen destaca lo expuesto por la
autora de la iniciativa, en relación a la importancia de que la obra pública
sea de calidad y por ende vigilar que se ofrezca la mejor opción, no solo en
precio, sino en calidad.

También que cada obra licitada o adjudicada contenga
una serie de especificaciones técnicas generales y particulares apegadas a las
normas de calidad vigentes que correspondan.

En los posicionamientos, la diputada del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Martínez Díaz,
autora de la iniciativa, agradeció el compromiso y disposición de la Comisión
de Comunicaciones y –aseguró- que el combate a la corrupción, no solo desde la
tribuna, sino con mejores leyes que respondan a las expectativas de los
veracruzanos.

Tras haberse aprobado el presidente de la Mesa
Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, instruyó remitir el decreto al
Ejecutivo estatal para la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

La
diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de MORENA,
presentó una Iniciativa de Decreto que adicionaría diversas disposiciones al
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en un capítulo
único denominado “Juicio sumario para Divorcio Incausado”.

La
iniciativa presentada por la diputada, presidenta de la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales, prioriza la necesidad de actualizar la
legislación procesal civil, considerando las experiencias existentes en las
entidades federativas que consagran el juicio sumario, asegurando así la observancia
de las garantías de prontitud, eficacia y expedites contenidas en el segundo
párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Dijo
que el procedimiento sumario de divorcio que se propone, es un procedimiento
civil tramitado ante la autoridad judicial, en el que se privilegia la voluntad
de los cónyuges, pues basta con que uno de ellos solicite el divorcio para que
se decrete, lo que se debe hacer en sentencia definitiva una vez que conteste
la solicitud de divorcio o precluya el plazo para hacerlo, ya que tal decisión
no puede postergarse o bien obstaculizarse, esto es, la intención es ponderar
el libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges.

“Esta
propuesta garantiza el pleno acceso de los menores a la totalidad de sus
derechos como lo son los alimentos, derecho a la familia, convivencia,
educación y otros tantos tutelados por la legislación en la materia”, subrayó
la diputada Mónica Robles.

Agregó
que la iniciativa faculta al juez para tomar las medidas y decisiones para
prever garantías a los menores, mientras se tramita la vía incidental que
resuelva de fondo, las pretensiones que son adicionales al divorcio.

La
iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.

El
diputado José Andrés Castellanos Velázquez, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado, con el
objeto de fijar en ella que las políticas públicas instrumentadas por el
Gobierno estatal y los Gobiernos Municipales tengan concordancia con lo
establecido en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo,
garantizando la colaboración mutua entre los tres niveles de gobierno, para
lograr las metas establecidas en dichos documentos rectores.

Durante
la novena sesión, el legislador Castellanos Velázquez, presidente de la
Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional, subrayó que se trata de
convertir esta ley en una herramienta eficiente para el progreso de la sociedad
veracruzana.

Aseguró
que desde la formulación de la ley solo se ha tenido un par de reformas, las
cuales no han sido suficientes para lograr el bienestar que el Estado busca
para su sociedad.

Asimismo,
destacó que las políticas públicas encargadas de generar bienestar social deben
dirigirse a toda la población en especial a las más vulnerables, lo que estas
acciones deben ser aplicadas en las
zonas de mayor marginación y pobreza.

Enfatizó
que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), el 62.2 por ciento de los veracruzanos se encuentra en
situación de pobreza, colocando a Veracruz en el cuarto lugar nacional en Grado
de Rezago Social, por lo que resulta
necesario que, desde este Poder Legislativo, se realicen iniciativas que tengan
como finalidad el bienestar de todos los veracruzanos.

Añadió
que “el desafío de la política social estatal debe ser la disminución de los
índices de rezago social, marginación, erradicación de la pobreza y eliminar
las restricciones a las oportunidades que ciertos sectores de la población
afrontan”.

La
propuesta legislativa prevé señalar en la Ley que la planeación del desarrollo
social y la seguridad humana incluirá los programas que guardan relación con la materia, así como los planes de desarrollo de
los tres niveles de gobierno.

Son
zonas de atención prioritaria, las
zonas rurales o urbanas cuya población se encuentre en situación de pobreza o
presenten muy alto y alto índice de
rezago social y marginación.

De igual forma se define al Desarrollo Social como
el proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad
última el progreso permanente de la región y de cada individuo residente en
ella.

Para
su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa fue turnada a la Comisión
Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional y se remitió copia a la
Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó
la iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado que prevé la
transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento de
las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios
físicos de los planteles educativos.

El también secretario de la Comisión de Educación y
Cultura dijo que esta propuesta plantea fijar en el Código Financiero estatal
la obligatoriedad de que las licitaciones para las concesiones de tiendas para
la venta de alimentos en escuelas se apegarán a lo dispuesto en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado.

Con ello –agregó- se determinará la atribución de la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para fijar los lineamientos y
parámetros para llevar a cabo tal procedimiento.

Asimismo, se propone la instauración de un Comité de
Licitaciones que deberá emitir la convocatoria, en términos de los criterios
propuestos, y será el encargado de emitir el fallo correspondiente en el
respectivo proceso.

De acuerdo a la iniciativa, el Comité de
Licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación; subsecretario de
Educación Básica; subsecretario de Educación Media Superior y Superior; del
Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la sociedad de
padres de familia y un representante del Consejo Estatal de Participación
Social.

De esta manera se establece que los ingresos obtenidos por concepto de concesiones
de tiendas para la venta de alimentos, en las escuelas del sistema público del
Estado, se destinarán al mantenimiento y conservación de la infraestructura
física de los mismos y servicios correlacionados, así como para las
consecuentes tareas de supervisión educativa, apoyo a la gestión docente y
programas que se determinen en los Lineamientos que dicte la autoridad
educativa local.

La SEV será la que reciba, administre y realice la
comprobación de los recursos a los que se refiere el presente numeral, para
estos efectos el 90 por ciento de los recursos obtenidos se aplicará al
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles
educativos públicos, el 20 por ciento se
aplicarán a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en
los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas y el 10
por ciento de los recursos restantes serán aplicados en programas que se
determinen en los Lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

En su intervención en tribuna, durante la novena
sesión ordinaria, el legislador Vargas Barrientos manifestó que la educación
debe ser una política pública de la mayor importancia y que cualquier esfuerzo
emprendido no será suficiente si no representa una vía para conseguir una
educación de calidad para todas las niñas, niños y jóvenes, tanto de Veracruz
como del país.

La iniciativa, que reforma el artículo 230
bis del Código Financiero, fue turnada para su estudio y dictamen a la
Comisión Permanente de Educación y Cultura.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del
Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución Democrática
(MC-PRD), puso a consideración del Pleno de la LXV Legislatura del Estado,
durante su novena Sesión Ordinaria, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por
la que se reforman los artículos 4 y 33, de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado.

En la Ley, señala la legisladora, se observa que la
definición de “igualdad sustantiva” no es acorde con la teoría de los derechos
humanos y el principio de “igualdad sustantiva” conforme a la definición del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas
en inglés), y porque se limita a establecer el trato idéntico.

Esto, advierte Trujillo Ortiz, puede significar discriminación material y de
resultados, por lo que propone reformar la definición, para proteger los
derechos de las niñas, y señala que la “igualdad sustantiva” no es otra cosa que
la idéntica titularidad, protección y garantía de los mismos derechos
fundamentales independientemente del hecho, y por el hecho, de que los y las
titulares son entre sí diferentes.

Desde este punto de vista, agrega la legisladora
Ivonne Trujillo, la “igualdad sustantiva” incluye tanto la igualdad de jure
como la igualdad de facto, concibiéndose a la primera, como un medio para
lograr la realización práctica del principio de “igualdad sustantiva”.

Dado lo anterior, “Igualdad Sustantiva”, se definirá
en la Ley como el “acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, buscando, en todo momento que niñas, niños y adolescentes
reciban un trato igualitario, tomando en cuenta sus diferencias biológicas y de
género a fin de que éstas no sean determinantes o limitantes en el ejercicio y
goce de sus derechos”.

Asimismo, propone reformar el párrafo primero del
artículo 33 para señalar que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al
acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El Estado adoptará las medidas necesarias para
brindar un trato igualitario, respetando, en todo momento que las diferencias
biológicas o de género no limiten el acceso a los derechos o que existiendo
igualdad de condiciones, el resultado afecte el goce de los mismos para las
niñas.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada
a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y para
la Igualdad de Género.

A la misma se adhirieron los integrantes de los
Grupos Legislativos de Morena, PAN, PRI-VERDE, MC-PRD y el legislador
independiente Juan Carlos Molina Palacios