Debido a que la Comisión de Selección, del Sistema Estatal Anticorrupción, registra la falta de dos de sus miembros, la LXV Legislatura aprobó –a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)- la convocatoria pública para la elección de las dos personas que habrán de suplirlos.

El documento de la Jucopo, avalado con 42 votos, señala que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz no contiene previsión alguna para las faltas de los integrantes de la Comisión de Selección. Sin embargo –agrega- dada la importancia que la opinión pública concede a la lucha contra la corrupción, juzga necesario que esta Soberanía convoque para recibir propuestas con la finalidad de nombrar a los dos comisionados.

De esta manera, se convoca a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, así como a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción para que propongan candidatos a fin de integrar debidamente la Comisión de Selección.

Se establece que esta convocatoria norma el procedimiento para la designación, por el Congreso del Estado y por el tiempo que reste al momento del nombramiento para concluir el período de tres años, de dos integrantes de la Comisión de Selección prevista en el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

Las propuestas de ciudadanas y ciudadanos que puedan ocupar los cargos mencionados se recibirán a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 12 de julio de este año, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Presidencia de la Jucopo.

La propuesta deberá acompañarse de un escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta es apta para aspirar al cargo; curriculum vitae, firmado por el aspirante, y documentación soporte en original o copia certificada para su cotejo y copia certificada del acta de nacimiento.

Así como copia certificada de la credencial para votar con fotografía y carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que reúne todos los requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar el cargo.

Dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la recepción de los documentos, la Jucopo entrevistará a cada uno de los aspirantes y, concluido lo anterior, contará con un plazo de hasta cinco días hábiles para efectuar la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos señalados en la presente Convocatoria.

Posteriormente, la Jucopo formulará al Pleno un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá a las dos personas que se requieren para integrar debidamente la Comisión de Selección.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen, puesto a consideración por la Comisión Permanente de Gobernación, por el cual se concede el cambio de denominación de la Congregación “Barragantitlán” por el de “Villa Espíritu Santo”, perteneciente al municipio de Ixhuatlán del Sureste del estado de Veracruz.

En la sesión ordinaria, décima del segundo periodo ordinario, fue aprobado con 47 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones este Dictamen.

El documento señala que esta modificación es resultado de la iniciativa promovida por Wilbert Luis y Víctor Manuel Antonio Vázquez, presidente y secretario, respectivamente, de este municipio del sur de la entidad. La cual se encuentra fundamentada en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Ixhuacán del Sureste y cuyo acuerdo fue tomado por unanimidad.

Las consideraciones planteadas refieren a los antecedentes históricos de la Congregación, así como la voluntad de los habitantes, a través de un documento firmado en original, quienes se manifiestan en aprobar la modificación del nombre, para denominar a este lugar como antiguamente era llamado: “Villa del Espíritu Santo”.

Con 31 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprobó la reforma al artículo 230 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz, referente a la concesión de tiendas de alimentos en las escuelas, presentada el pasado 20 de junio por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de MORENA.

La Comisión Permanente de Educación y Cultura estimó procedente la iniciativa que garantizará la transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento de las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios físicos de los planteles educativos.

Al debatir el dictamen, en lo general y en lo particular, participaron como oradores las y los diputados Judith Pineda Andrade, Rodrigo García Escalante, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Juan Carlos Molina Palacios, Bingen Rementería Molina, Brianda Kristel Hernández Topete, Rubén Ríos Uribe, Montserrat Ortega Ruiz, María Josefina Gamboa Torales, Ivonne Trujillo Ortiz y Deisy Juan Antonio.

De acuerdo con la reforma aprobada, el Código Financiero estatal fijará que las licitaciones para las concesiones de estas tiendas, se apegarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fijará los lineamientos y parámetros para llevar a cabo tal procedimiento y un Comité de Licitaciones responsable de la convocatoria, en términos de los criterios propuestos y el encargado de emitir el fallo correspondiente en el respectivo proceso.

El Comité de Licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación; subsecretario de Educación Básica; subsecretario de Educación Media Superior y Superior; del Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la sociedad de padres de familia y un representante del Consejo Estatal de Participación Social.

Los ingresos obtenidos por concepto de concesiones de tiendas para la venta de alimentos, en las escuelas del sistema público del Estado, se destinarán al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los mismos y servicios correlacionados, así como para las consecuentes tareas de supervisión educativa, apoyo a la gestión docente y programas que se determinen en los Lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

La SEV será la que reciba, administre y realice la comprobación de los recursos a los que se refiere el presente numeral, para estos efectos el 70 por ciento de los recursos obtenidos se aplicará al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos; el 20 por ciento a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas; y el 10 por ciento restante, a programas que se determinen en los lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

El Presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, ordenó emitir el Decreto correspondiente y enviarlo al Ejecutivo para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de mayo por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Financiero de la entidad relativas a incorporar a la base gravable a los prestadores de servicios digitales de hospedaje y actualizar las tasas tributarias de impuestos por concepto de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión de Hacienda del Estado, registró 45 votos a favor y tres en contra.

De esta manera se establece que son objetos del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje los departamentos, casas, total o parcialmente utilizados para estos servicios, incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes sociales, plataforma digital o cualquier otro medio de aplicación similar.

Se entiende por plataforma digital la aplicación tecnológica mediante la cual la persona física o moral administradora opera en su carácter de gestor, intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que permite a los usuarios contratar servicios de hospedaje.

Son objetos del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos, además de los ya señalados, las erogaciones que se realicen por participar en juegos con apuestas.

El impuesto se causa al momento en que se efectúe la explotación de las actividades señaladas anteriormente, al instante del pago o entrega del premio y en el momento en que se realicen las erogaciones por participar en juegos con apuestas.

Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de apreciarse en moneda nacional que se arriesga en un juego de los que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta.

Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, independientemente del nombre con el que se les designe, aquéllos que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal, así como la realización de juegos y concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, independientemente de que en el desarrollo de los mismos se utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares.

A las personas físicas o morales, relacionadas con la materia, les será aplicable una tasa de 10 por ciento sobre el monto de las erogaciones que efectúen para participar en juegos con apuestas, ya sean pagados en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita participar en los mismos.

Asimismo, se establece como obligaciones de los contribuyentes el calcular y retener el impuesto que corresponda a los premios pagados, o entregados, así como el impuesto por las erogaciones que se realicen por participar en juegos con apuestas, y enterarlo a las autoridades fiscales correspondientes mediante las formas y conductos autorizados, y dentro de los plazos establecidos.

Además de dictaminar la determinación y pago de este impuesto, por medio de un contador público autorizado, a más tardar en el último día hábil del mes de julio de cada ejercicio, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expidan las autoridades fiscales.

La exposición de motivos del Dictamen refiere que de acuerdo a la información publicada en diciembre de 2018, por la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México A.C., a nivel nacional existen 353 salas de juego, de las cuales en el Estado de Veracruz operan 20, siendo una de las siete Entidades con la mayor concentración de la industria.

A nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Rosalinda Galindo Silva dijo que entidades como Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Oaxaca y Ciudad de México, legislaron sobre el pago de impuestos de los prestadores de servicios de hospedaje a través de plataformas digitales, en todos estos casos regularizados con una tasa del 3 por ciento.

En tanto en Veracruz –agregó- y ante el justo reclamo de prestadores de servicios de hospedaje tradicional se incorporan con una tasa del 2 por ciento a los prestadores de servicio a través de las plataformas digitales de Internet.

En relación a juegos y sorteos, explicó que es imperativo replantear de manera responsable y equitativa, en beneficio del pueblo, el Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos y se actualicen sus tasas del 3.5 al 6 por ciento para quien organiza, del 5.21 al 6 por ciento para quien obtiene un premio y se adicione la tasa del 10 por ciento por la participación en los juegos.

Abundó que con el fin de incentivar la actualización del Padrón Vehicular, y en beneficio de la economía de los veracruzanos, se propone disminuir en un 70 por ciento este impuesto, para quedar gravado en lugar del 2 por ciento del costo vehicular por un .60 por ciento del pago vehicular por cambio de propietario.

El diputado Sergio Hernández Hernández, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, que permitiría la reelección de ediles y que la primera diputación por el principio de representación proporcional de cada fuerza política, recayera en el candidato que no resulte ganador pero que obtenga el mejor resultado entre los candidatos de su partido.

La Iniciativa propone reformar la fracción II y el primer párrafo de la fracción III del artículo 21, así como el primer párrafo del artículo 70; y adicionar los incisos a) y b) a la fracción III del artículo 21 y un segundo párrafo al artículo 70 de la Constitución Política del Estado.

Al hacer uso de la voz, el diputado Sergio Hernández reconoció que hablar de reelección siempre ha sido polémico y aunque en el país ya se han dado los primeros pasos, en Veracruz todavía quedan pendientes.

Destacó que en el ámbito municipal y legislativo, las elecciones consecutivas son de suma relevancia y trascendencia para la vida democrática del país y sobre todo del municipio, toda vez que permiten a los ciudadanos evaluar la gestión, resultados y administración de las autoridades municipales.

«De aprobarse esta reforma podríamos tener elecciones cada tres años a partir del año 2021», expuso.

Por otro lado, con la finalidad de fortalecer la representación de las distintas fuerzas políticas en el Congreso, y en aras de fomentar la competencia de los candidatos a diputados de mayoría relativa en los distritos es que se propone que la primera diputación por el principio de representación proporcional de cada fuerza política, recaiga en el candidato que estando registrado para competir en un distrito, no resulte ganador pero obtenga el mejor desempeño de entre los candidatos de ese partido.

De esta forma, el candidato o candidata que a pesar de haber realizado una campaña exitosa y haber ganado la confianza de los ciudadanos, no haya obtenido la mayoría en su distrito, podrá llegar a ocupar una curul por la vía plurinominal, al haber obtenido el mejor resultado de entre todos los candidatos de ese partido político que en una elección determinada, no hayan alcanzado el triunfo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

El Pleno de la LXV legislatura aprobó, durante su décima sesión ordinaria, la reforma a los artículos 100 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder legislativo del Estado, propuesto por integrantes la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con la cual se establece que los dictámenes con proyecto de Acuerdo presentados por las diferentes Comisiones y por la Jucopo, serán sometidos a votación económica, quedando sin efecto la votación nominal.

Esta disposición será exceptuada cuando haya una petición de un diputado, secundada por tres diputados más, en donde de ser el caso, se llevará a cabo la votación de manera nominal.

Asimismo, se determinó que los dictámenes con Proyecto de ley, Decreto o Iniciativa ante el Congreso de la Unión, continuarán siendo sometidos a votación nominal, tanto en lo general como en lo particular.

De igual forma se derogó la fracción V del artículo 101 del citado Reglamento, toda vez que ha perdido vigencia, debido a que actualmente para la aprobación de reformas constitucionales parciales sólo se requiere de un periodo ordinario, y no de dos, como se establecía anteriormente.

En su Dictamen, la Comisión Permanente de Gobernación afirmó que con estas reformas se busca el desempeño más ágil y dinámico de las sesiones legislativas, beneficiando el desahogo del orden del día.

El Dictamen registró 31 votos a favor, 3 en contra y sin abstenciones.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal de la entidad y que tiene como finalidad, entre otras, definir el término “ganado” para facilitar a los encargados de la Seguridad Pública y a los Agentes que forman parte de la impartición de Justicia el poder identificar con mayor precisión los elementos del delito de abigeato.

La iniciativa, presentada durante la décima sesión ordinaria, prevé considerar como ganado a las especies: bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina, o de una o más colonias de abejas en un apiario, aves de cualquiera de sus especies, conejos y animales de peletería.

Así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor, así como los animales que sean motivo de aprovechamiento zootécnico, independientemente de la actividad típica del animal, en términos de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz.

De igual forma, la legisladora Ramírez Cisneros propone modificar el artículo 210 Bis para que las sanciones se agraven, hasta en una mitad más, si el delito de abigeato es realizado por dos o más personas, pandillas o asociación delictuosa; sea ejecutado con cualquier tipo de violencia y si el sujeto activo se valiere de un desastre natural, una emergencia, accidente vehicular, disturbio civil o desorden público.

De lo anterior, la diputada del Distrito de Minatitlán recordó los hechos de “rapiña” suscitados en la carretera La Tinaja-Cosoleacaque donde algunas personas aprovecharon el percance para robar las reses que transportaba uno de los vehículos, apoderándose de los bovinos y hasta descuartizándolos en el lugar, para facilitar su traslado.

“Estos actos de rapiña son inaceptables, por lo que deben considerarse dentro de las agravantes del tipo penal de abigeato”, agregó.

Por otra parte, la propuesta legislativa contempla modificar el artículo 211 para imponer de seis a 15 años de prisión y multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien adquiera, sirva de intermediario, posea, transporte o aproveche ganado producto de abigeato o comercie con sus pieles, carne u otros derivados, obtenidos de dicho ilícito.

En su intervención en tribuna, la legisladora subrayó que de acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), el Estado de Veracruz ocupa el primer nacional en ganado bovino a pie, con más de 480 mil toneladas, lo que representa el 16.4 por ciento de la producción del País, encontrando a los Municipios de Las Choapas, Minatitlán y Jesús Carranza como los de mayores índices de producción en la entidad.

Por último, indicó que las propuestas de modificación de esta iniciativa no sólo son importantes, si no que resultan necesarias para el sector ganadero; quienes representan un eje fundamental, no sólo de la economía estatal, sino también de la nacional.

A la iniciativa se le adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y “Del Lado Correcto de la Historia”, así como el legislador independiente Juan Carlos Molina Palacios. Para su estudio y dictamen fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A nombre de los integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, la diputada Erika Ayala Ríos, presentó una Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, para que las personas responsables de evaluar el desempeño de los juzgadores tengan los conocimientos y capacidad indispensables para realizar la función encomendada en la Constitución.

Que se traduzca -destacó ante el Pleno la legisladora-, en una impartición de justicia eficiente, y con ello se dé respuesta a una de las demandas más recurrentes de la sociedad, que es la de acceder a una justicia pronta y expedita.

Ante la importancia de las funciones del Consejo de la Judicatura, continuó, se propone retomar la disposición original referente a los requisitos para ser consejero, que sean estos los mismos que se señalan para ser magistrado del Poder Judicial y prohibir expresamente la dispensa de ley de alguno de los requisitos.

Lo anterior, señaló, para garantizar que los integrantes del Consejo cuenten con la experiencia, vinculación con la realidad estatal, preparación académica y buena reputación, necesarias para evaluar el quehacer jurisdiccional de los servidores de ese Poder.

Con lo anterior, dijo la diputada Erika Ayala, se homologaría la disposición constitucional local con la establecida para el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, que en el artículo 100 de la Carta Magna Federal señala que todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la misma, los previstos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de haberse distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

Finalmente, para concluir su intervención, considera necesario adicionar un párrafo al artículo 58 constitucional estatal, en el que se señalan los requisitos para ser magistrado del Poder Judicial del Estado, a efecto de establecer expresamente la prohibición de dispensar alguno de dichos requisitos en el proceso de designación de magistrados.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para continuar su trámite legislativo.

En el marco del Día Naranja (conmemorado cada 25 de mes), en el Congreso de Veracruz se llevó a cabo el Taller de Prevención y Atención de la Violencia Digital, organizado por el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) y en el cual participaron las diputadas Mónica Robles Barajas, Ivonne Trujillo Ortiz y Brianda Kristel Hernández Topete, así como los legisladores Juan Javier Gómez Cazarín y Alexis Sánchez García.

Este taller, realizado a partir de la reforma al Código Penal, aprobada por la LXV Legislatura el pasado 23 de mayo, y en el cual se incorporó el capítulo “Delitos contra la privacidad sexual”, conocido mediáticamente como “Ley Olimpia” se llevó a cabo dirigido a Unidades de Género de los tres poderes del Estado, sociedad en general y activistas, a fin de compartir experiencias y capacitarse para reconocer estos hechos y denunciarlos.

Tras agradecer la asistencia de diputadas y diputados, ciudadanas, expertas en la materia y servidoras públicas, la encargada del CEIGDH, Mónica Mendoza Madrigal destacó la integración paritaria de la LXV Legislatura de Veracruz y dijo que la “Violencia Digital” es un tema que está dándose de los Estados a la Federación, por lo que en la medida que vayan sumándose más entidades y aprueben esta ley, tomará “más fuerza” en el Congreso de la Unión, “para ello es fundamental el trabajo articulado y solidario de las diputadas y diputados locales”, abundó.

Acto seguido, cedió el uso de la voz a la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Ivonne Trujillo, quien subrayó que el delito ya está tipificado y ahora corresponde crear conciencia y evitar que esta práctica se multiplique.

Agregó que este Taller es una buena manera de fusionar el trabajo legislativo con las políticas públicas en favor de la sociedad, además que representa una excelente estrategia para emprender, sociedad y gobierno, acciones concretas que permitan abordar y resolver problemas específicos, tales como el que hoy ocupa, la violación a la intimidad sexual.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas hizo un reconocimiento público a la activista Olimpia Coral Melo, “ella no ha descansado para que se legisle en la materia y hoy reconozco a hombres y mujeres que han creído y se han sumado a su lucha”.

Recordó que esta reforma, puesta a consideración del Pleno por la Comisión que ella preside, registró 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, “todas las fuerzas políticas se sumaron, porque no hay banderas de partidos, nos une avanzar en la protección de los derechos humanos de las mujeres”.

Asimismo, recordó el trabajo de sus homólogas Rosalinda Galindo Silva, Erika Ayala Ríos y Montserrat Ortega Ruiz, toda vez que coinciden con ella en que esta reforma es el primer paso y ahora corresponde continuar fortaleciendo la legislación para contar una plena libertad sexual, “sigue el tema del ciberacoso e incluir la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una de sus formas”, adelantó la legisladora por Coatzacoalcos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, diputada Brianda Kristel Hernández Topete celebró la realización de este foro e indicó que las nuevas tecnologías permite una comunicación más rápida y fácil entre la sociedad, sin embargo –añadió- es necesario contar con una legislación de vanguardia que prevenga el uso inadecuado de la misma, para no dejar a la impunidad aquellos actos que vulneran la dignidad y los derechos humanos de la sociedad.

La Fundadora del Frente Nacional por la Sororidad, Olimpia Coral Melo informó que este 27 de junio el Congreso de Coahuila votará la reforma para tipificar este delito y, de aprobarse, sería la novena entidad de la República en contar con un mecanismo de este tipo. Además anunció que en breve se reunirán con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputada María Wendy Briceño Zuloaga con el propósito de trabajar en una reforma en la materia.

Este evento fue inaugurado a las 10:15 horas por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín y asistieron la diputada María Esther López Callejas; la encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez; la Subdirectora de Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, Ana Elena Portilla Palacios y en representación del Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, acudió David Castañeda Polanco, así como la activista Martha Mendoza Parissi, entre otros.

Las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete y
Montserrat Ortega Ruiz, presidenta y vocal, respectivamente, de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, sostuvieron una
reunión con la presidenta de la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”, Lídice
Rincón Gallardo y la activista en pro de los derechos humanos de las personas
con discapacidad, Ana Ruth Ferrer Rivera, en la cual analizaron diversas
disposiciones de la Ley 822 para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Estado de Veracruz.

Con la participación de la diputada federal Dulce
María Méndez de la Luz Dauzón, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la legisladora
Kristel Hernández informó que preparan un exhorto al Gobierno del Estado a fin
de que cumpla con la reglamentación de la Ley 822, así como para que sea
entregado a este poder el dictamen de impacto presupuestal de la creación del
Instituto, señalado en la ley antes citada.

La legisladora Montserrat Ortega dijo que existe un
rezago en el cumplimiento de la ley, toda vez que además del Reglamento, aún no
se han concretado avances del tema de movilidad. Al respecto ejemplificó el
caso del transporte público, que a la fecha no cuenta con las condiciones
necesarias.

De igual forma recordó que la legisladora Deisy Juan
Antonio celebró, el pasado 5 de junio, mesas de trabajo para analizar la Ley
822 y en la que expertos en la materia aportaron sus propuestas.

Por otra parte, las diputadas Brianda Kristel y
Montserrat Ortega refirieron que trabajan en el consenso con los grupos
legislativos del Congreso del Estado para que cuando sea presentada la
iniciativa, ésta ya cuente con el conocimiento previo en relación a que se
plantearía que el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad sea un
órgano con mayor participación ciudadana y que el Instituto cuente con un
presupuesto, mismo que sería progresivo.