El
diputado Omar Guillermo Miranda Romero, del Grupo Legislativo del Partido de
Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que
se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz a
que haga efectivo lo dispuesto en el Código de Derechos para la entidad, a fin
de que las licencias de automovilista y motociclistas, tipo C y D, respectivamente,
sean de carácter permanente.

El
legislador Miranda Romero refirió que con fecha 7 de junio de 2016 fue
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en número extraordinario 226, el decreto
relativo a que tanto las licencias de automovilista tipo C, como las licencias
para motociclista tipo D, dejaran de ser temporales, y serán de carácter
permanente en la entidad.

Lo
anterior, continuó el diputado, con la finalidad que dentro del esquema de
desregularización administrativa, se otorguen beneficios a los ciudadanos
veracruzanos, mediante la vigencia de las licencias para conductores de
transporte particular y motociclistas, con ello evitando costos y trámites
excesivos e innecesarios.

“Sin
embargo, en la práctica hay una omisión en la aplicación de dicha disposición
puesto que las licencias de conducir, todavía se deben renovar cada tres años,
omitiendo deliberadamente la disposición establecida en el Código de Derechos”,
afirmó el legislador.

De
acuerdo a los costos publicados en la página oficial de la Oficina Virtual de
Hacienda, esta medida, de llevarse a cabo, apoyaría la economía de las y los
veracruzanos, además de eliminar trámites burocráticos y facilitar la obtención
de dicho documento, detalló.

“De
conformidad con lo establecido por el principio de legalidad, donde se
establece que la autoridad solo puede hacer lo que le está establecido en Ley,
por ende debe realizar lo que la norma mandata,” aseveró.

Además,
continuó, de no hacerlo se violentaría el principio de legalidad y de estricta
aplicación de la Ley por parte de la autoridad, dejando en indefensión al
gobernado que desea obtener el servicio que está establecido en la ley,
mediante el pago correspondiente que este genera.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

-Se pronuncia
diputado Miranda Romero, por legislar en beneficio de los veracruzanos

“Se debe comprender que la principal función
de un Congreso es la de control del poder, contrapesos, mejoramiento de las
políticas públicas, y rendición de cuentas. Debemos ser una herramienta de
reflexión que junto con el ejecutivo, diseñemos políticas públicas acordes a la
realidad que impera en el Estado”, dijo el diputado Omar Guillermo Miranda, del
PAN durante su discurso.

El legislador Romero Miranda cuestionó si la
Cuarta Transformación y sus ideales están siendo aplicados en la entidad, así
como el rumbo de sus políticas públicas, o si “sólo se está tratando de
aprender a gobernar, si los secretarios de despecho están a la altura del reto
que Veracruz requiere.”

Aseguró que para el cambio que Veracruz necesita
es imperante la imaginación política, consenso, diálogo y análisis; para poder
cumplir con los deberes que las y los veracruzanos merecen, y que la
constitución política claramente lo señala.

“Mi
propuesta es simple, un Congreso debe parlamentar, y para poder hacerlo se
necesita un gobierno con oídos y que quiera escuchar, discernir con
conocimiento, respeto, tolerancia, para alcanzar consensos”, dijo el diputado.

Finalmente,
se pronunció a favor de la democracia, para mejorar el desempeño como
legisladores siendo el umbral entre Sociedad y Estado, siendo esta LXV
Legislatura la oportunidad de ser un contrapeso, logrando con ello un Gobierno
digno de las y los veracruzanos.

La diputada Deisy Juan Antonio, presidenta de la Comisión
Especial para la Atención, Fomento, Producción, Industrialización y
Comercialización del Cultivo del Hule Veracruzano, durante la instalación de la
misma, afirmó que a través de ésta, se apoyará a los productores de esta
materia prima.

Asimismo, que se brindará asesoría en materia de
producción y comercialización a quienes se dediquen al cultivo de esta planta
en el territorio estatal, para lo cual se trabajará, destacó, en estrecha
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPA).

Esta Comisión Especial está integrada por los legisladores
Deisy Juan Antonio, Alexis Sánchez García, Jessica Ramírez Cisneros y Florencia
Martínez Rivera, Presidenta, Secretario y Vocales, respectivamente.

Ante el periodo de espera, para que las plantaciones
inicien su ciclo productivo, que es después de los siete años, señaló la
legisladora, se asesorará en la gestión, ante los gobiernos estatal y federal,
de los apoyos necesarios durante este tiempo de espera, para los productores, y
posteriormente en la comercialización e industrialización del hule.

Afirmó, también, que desde la LXV Legislatura del Congreso del Estado, se continuará trabajando a favor de
los productores del campo veracruzano, y se respaldarán todas las acciones que
permitan su desarrollo e incrementen la productividad del sector agropecuario.

Tras la aprobación, por parte del Pleno de la LXV
Legislatura, del Dictamen que autoriza la intervención de la Tesorería del
ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el diputado Eric Domínguez Vázquez,
presidente de la Comisión de Vigilancia (instancia dictaminadora), subrayó que
se actuó con estricto apego a legalidad y promoviendo en todo momento los
principios de transparencia y rendición de cuentas que se tiene hacia los
gobernados.

El legislador recordó que durante la décima primera
sesión ordinaria, celebrada este 4 de julio, el Pleno aprobó con 36 votos el
dictamen de la Comisión de Vigilancia
con lo que se intervendrá la Tesorería de Mixtla de Altamirano; resultado
–agregó- de valorar las diversas denuncias presentadas por habitantes de las
localidades de este municipio.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena indicó
que sumado a estas denuncias, la Comisión de Vigilancia fue notificada por el propios tesorero
municipal de no tener el control de la administración de los recursos del
ayuntamiento, ya que –señaló el funcionario municipal- es el propio Cabildo el
que le pasaba a firmar los documentos sin explicar el contenido del mismo.

Por todo lo anterior y al advertir irregularidades
es que los integrantes de la Comisión de Vigilancia, representada de manera
plural y con la participación de las diversas fuerzas políticas, determinaron
procedente la intervención de la Tesorería al encontrar elementos para ello,
expuso el diputado Eric Domínguez, quien agregó que además de cumplir con la
ley, se cumple con las y los veracruzanos que demandan transparencia en la
aplicación de los recursos públicos.

Por otra parte, recordó que en la sesión de la
Comisión, llevada a cabo el pasado 2 de julio, la secretaria de Fiscalización
de este Poder, Diana Alicia Bellido Díaz, informó que de las diversas
obligaciones que tienen que reportar los Ayuntamientos ante el Congreso,
-señaladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre- el de Mixtla de Altamirano
registra incumplimiento en esta materia.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz la diputada Judith Pineda Andrade presentó
un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual prevé exhortar al titular de la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a que implemente las acciones
necesarias para garantizar a los ciudadanos del municipio de Naranjos Amatlán
el acceso al agua potable.

La representante del Distrito II de Tantoyuca
recordó que la CAEV es la instancia encargada del servicio de agua en esta
zona, por lo que reiteró su petición para que sea garantizado el vital líquido
e informó que actualmente con el desabasto se han visto perjudicadas las
comunidades de: ampliación Cinco de Mayo, El Trébol, Chapopote, Galeana, Rancho
Nuevo, Las Delicias, Las Margaritas, Las Flores, Kilometro 22 y Santa Verónica.

Por otra parte, la legisladora Pineda Andrade
solicitó la intervención de la Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado para
liberar las instalaciones del Palacio municipal de Tancoco.

Dijo que el día 28 de febrero del presente año, el
Regidor Primero del Ayuntamiento de Tancoco, “tomando como bandera la supuesta
comisión de actos ilícitos por parte de la presidenta, invitó a servidores
públicos y a pobladores en general a tomar las instalaciones municipales, ya
que según él no se ha cumplido con la realización de obras públicas y se ha
realizado un mal manejo de los recursos”.

Asimismo, subrayó que el 12 de marzo, con la
finalidad de que se liberaran las instalaciones, los inconformes y los ediles, en
compañía de un funcionario de la Dirección de Política Regional de la Zona
Norte, levantaron una minuta, en la que plasmaron 12 puntos de acuerdo, “en
ellos se puede advertir claramente que lo que busca el Regidor Primero, no es
el beneficio de los tancoquenses, sino el imponer intereses propios”, abundó.

Subrayó que los ediles acordaron destituir al actual
Contralor, sin expresar ningún motivo.

A pesar de esta minuta –añadió- el mismo grupo de
personas tomó las instalaciones el 25 de marzo, “lo que deja en claro que ya
vieron como manipular la voluntad colegiada de un Ayuntamiento”.

Es por ello que se hace necesaria la intervención de
la Segob a fin que, en el marco de sus atribuciones, cumpla con sus funciones y
realice las acciones necesarias que permita a los tancoquenses tener paz en la
región y acceder libremente a las instalaciones del palacio municipal,
concluyó.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado,
para el trámite legislativo correspondiente, a la Junta de Coordinación
Política.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se prevé exhortar al
titular del Poder Ejecutivo estatal a efecto de que informe a esta Soberanía el
cumplimiento de las atribuciones que establece la Ley para la Integración de
las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Este anteproyecto, presentado durante la décima
primera sesión ordinaria, señala que siendo una obligación de esta Soberanía el
verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que
derivan de ella y de los Tratados Internacionales, suscritos por el Estado
Mexicano, se solicita al Gobierno estatal los planes, programas, acciones y
políticas públicas en materia de prevención, detección temprana, habilitación y
rehabilitación, en igualdad de oportunidades, que contribuyan al desarrollo
integral de las personas con discapacidad.

También el Presupuesto de Egresos del Estado, las
partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas
estatales, así como la administración de recursos federales destinados a este
rubro, dirigidos a las personas con discapacidad, “puesto que no se conocen los
rubros específicos para su debida atención”.

El Informe deberá contener los programas de
comunicación social para la difusión y defensa de los derechos de las personas
con discapacidad; “puesto que ni en los programas de Radio Televisión de
Veracruz (RTV), se visualizan contenidos dirigidos a esta población, solamente
en los programas noticiosos se considera un traductor de lenguaje de señas”,
abundó.

Asimismo, los informes del área de asistencia y
orientación jurídica a las personas con discapacidad, a fin de evitar la
restricción, dilación o impedimentos al ejercicio pleno de sus derechos y el
relativo a las instancias sobre el otorgamiento de estímulos e incentivos
diversos a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las
personas con discapacidad.

Los datos de las instancias encargas de recibir y
canalizar las quejas y sugerencias que se formulen sobre actos u omisiones de
las autoridades hacia las personas con discapacidad, así como los programas
para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención
oportuna, habilitación y rehabilitación para las diferentes discapacidades y
trastornos generales del desarrollo.

Los programas específicos de incorporación de
personas con discapacidad como servidores públicos del Estado. En virtud de la
obligación de la Secretaría del Trabajo para supervisar las atribuciones en
materia laboral, particularmente lo señalado en el artículo 21, que establece
que al menos el 3 por ciento de las vacantes del Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, organismos autónomos y ayuntamientos serán cubiertas por personas con
discapacidad.

Las acciones y programas para la renovación y
adaptación del parque vehicular de transporte público, en materia de
accesibilidad de las personas con discapacidad. Dado que “los medios de
transporte público actuales carecen de las adaptaciones adecuadas para prestar
el servicio a esta población y el término de cinco años que concedió la ley,
venció el año 2015”.

Las medidas y acciones pertinentes para prevenir,
atender y erradicar la discriminación a que estén sujetas las mujeres y las
niñas con discapacidad, con el propósito de garantizarles su pleno desarrollo y
el ejercicio y goce de las libertades fundamentales y derechos establecidos en
la ley de la materia.

En lo que va de la
presente Legislatura se han recibido 28 escritos de queja por parte del síndico
del Ayuntamiento de Jamapa, señaló el diputado José Magdaleno Rosales Torres mismos
que han sido turnados, en su mayoría, a la Comisión de Vigilancia. En ellos,
dijo, se reportan diversas situaciones que considera de urgente atención, que
van en perjuicio de las arcas municipales y afectan la prestación adecuada de
los servicios públicos de ese lugar.

Esto, al hacer uso
de la tribuna, durante los trabajos de la décima primera Sesión Ordinaria, ante
el Pleno, de la LXV Legislatura del Estado, y poner a consideración del mismo,
un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para hacer “un llamado para resolver este
asunto a fondo y continuar de forma clara y concisa el trabajo municipal
enfocado en el desarrollo y bienestar de Jamapa”.

Además del Poder Legislativo, el Síndico, agregó el
legislador del Distrito XVII de Medellín, a través de diversos documentos, ha
realizado del conocimiento de autoridades del Órgano de Fiscalización Superior
(ORFIS), y de la Fiscalía Anticorrupción,
la situación y forma en como encauza la presidenta los recursos
municipales, la manera en que se violentan los procedimientos administrativos y
fiscales, además de la remoción de empleados de confianza, sin tomar en cuenta
los procedimientos marcados por la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Es posible que para
algunos este exhorto les parezca duro o conflictivo, acotó el diputado Rosales
Torres, que al contrario, es hacer un llamado a quienes llevan las riendas
municipales a hacer bien las cosas, de manera transparente y sincera, de frente
a la ciudadanía y a los ediles; además para que las autoridades fiscalizadoras
pongan atención en sus tareas de vigilancia y, en su caso, poner en
conocimiento de las autoridades investigadoras los hechos que resulten por
desvíos o malversación de recursos públicos.

Lo que sucede en
este ayuntamiento, apuntó el legislador de Morena, es solo el botón de muestra
de lo que sucede en varias partes de nuestro Estado, “la opacidad es la que
rige, se vulnera el derecho a la información de los ediles, y sobre todo de la
ciudadanía”, por ello ha propuesto, agregó, mayor apertura de las sesiones de
cabildo, que sean transmitidas en vivo o que las grabaciones estén disponibles
para que se puedan consultar y se vea quien es quien en el manejo de los
recursos públicos municipales, asegurando el derecho a la información del
pueblo.

Para concluir su
participación, exhortó a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Jamapa, a
que atienda los problemas que expone de manera reiterada el Síndico de ese
Ayuntamiento, en estricto apego a las leyes relativas a transparencia y
rendición de cuentas, así como lo señalado en la Ley Orgánica del Municipio
Libre.

De igual manera a
la Secretaría de Fiscalización de este Congreso, y al ORFIS para que, en el
marco de sus atribuciones, supervisen el ejercicio de los recursos públicos del
Ayuntamiento de Jamapa, ante las inconsistencias presentadas en su aplicación.

Asimismo a la
Comisión de Vigilancia de esta Legislatura, a dictaminar las quejas que han
sido turnadas por la Mesa Directiva en este primer año de ejercicio
constitucional, referentes a la situación del manejo de los recursos públicos
del Municipio de Jamapa.

Este Anteproyecto
de Punto de Acuerdo, fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su análisis y dictamen.

En cumplimiento al Acuerdo aprobado este 4 de julio
por la LXV Legislatura del Estado, la titular de la Secretaría de Fiscalización
del Congreso del Estado, Diana Alicia Bellido Díaz acudió al Palacio Municipal
de Mixtla de Altamirano a notificar a la presidenta, Margarita Montalvo Acahua,
sobre la intervención de la Tesorería a fin de supervisar y evaluar que el
gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios
eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, con apego al marco legal
que le rige.

La servidora pública del Congreso del Estado indicó
que –de conformidad con el Acuerdo- la Secretaría de Fiscalización a su cargo
inicia a partir de este 5 de julio con los trabajos antes citados.

Para ello se designó como interventor al licenciado
Mario Espinoza Saldaña para que lleve a cabo una revisión y análisis técnico y
financiero, del ejercicio de los recursos asignados a la administración
municipal, así como de la ejecución de la obra pública. Asimismo se determinó
que el licenciado José Alberto Aguirre Landa fungirá como personal de apoyo en
las tareas del interventor.

Cabe
recordar que esta acción es resultado del Acuerdo, aprobado con 36 votos por la
LXV Legislatura del Estado en sesión celebrada este 4 de julio y que fue puesto
a consideración por la Comisión Permanente de Vigilancia.

La
diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, hizo un llamado a los integrantes de la LXV
Legislatura para conformar el andamiaje jurídico mediante el que se dé
cumplimiento a los compromisos que señala la Ley General de Archivos, andamiaje
que requiere recursos económicos y voluntad política.

Recordó
que La Ley General de Archivos en su artículo transitorio cuarto instruye a las
Legislaturas de los Estados a armonizar sus ordenamientos en la materia, en un
plazo de un año a partir de la entrada en vigor de dicha Ley. Igualmente, el Gobierno
del Estado de Veracruz deberá realizar las previsiones y adecuaciones
presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de
esta Ley.

Tras
recordar que el 15 de junio pasado entró en vigor la referida Ley, la diputada mencionó
que –literalmente- bajo los pies de las y los diputados que conforman esta
Legislatura, existen documentos en resguardo que datan desde el año 1929 a la
fecha.

“Se
trata del Archivo Histórico del Honorable Congreso del Estado de Veracruz que
está integrado por cerca de diez millones de documentos”, precisó.

Al
emitir su pronunciamiento durante la Décima Primera Sesión Ordinaria, la
diputada por el Distrito XVIII de Huatusco, recordó que los Archivos del Estado
son depositarios de los documentos que conforman el patrimonio histórico,
cultural y administrativo, información que en este caso, da cuenta de la vida
pública del estado de Veracruz.

“Las
diputadas y diputados de la sexagésima quinta legislatura del estado de
Veracruz tenemos la oportunidad de salvaguardar la memoria histórica de
nuestras instituciones para dar certeza de su conservación y aprovechamiento en
el futuro. Hagamos un compromiso con las y los veracruzanos de procurar su
derecho a la verdad y el acceso a la información”, enfatizó la legisladora.

El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, diputado Gonzalo Guízar Valladares se pronunció,
durante la décima primera sesión ordinaria, en relación a las recientes
reformas constitucionales que han vinculado a la LXV Legislatura de Veracruz
para legislar al respecto y que aún están pendientes por complementar.

En su intervención en tribuna, el legislador hizo un
llamado a las diputadas y diputados de los diversos Grupos Legislativos para
trabajar a fin de que este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones sea fructífero
en el diálogo y en la construcción de acuerdos, así como en la dictaminación de
aquellas iniciativas que están en las diferentes comisiones legislativas.

Asimismo, recordó que el 18 de mayo de 2018 fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el cual se
expidió la Ley General de Mejora Regulatoria, la cual, con su entrada en vigor,
establece un plazo de un año para que las Legislaturas estatales ajusten sus
leyes al contenido de la misma.

Al respecto, agregó, que el gobernador presentó el
28 de febrero de este año una iniciativa para crear en Veracruz la Ley de
Mejora Regulatoria a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional
referido; sin embargo esta iniciativa no se ha concretado en este Congreso,
abundó.

De igual forma recordó la reforma constitucional en
materia de Justicia Laboral, publicada en el DOF el 24 de febrero de 2017 y que
igualmente establece un año para que las legislaturas estatales hagan lo
propio, “a la fecha no existe en este Congreso una iniciativa sobre la
materia”.

Explicó que la reciente reforma legal en materia de
Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicada en el
DOF el 01 de mayo de 2019, contempla a Los Centros de Conciliación Locales y a los
Juzgados Laborales del Poder Judicial de las Entidades Federativas, mismos que
deben iniciar actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir de la
entrada en vigor del presente decreto.

Por lo anterior se pronunció para poner especial atención en estos temas
a fin de cumplir en tiempo.

“Las normas jurídicas, en especial las reformas legales, son la piedra
angular de toda transformación”, concluyó.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó la iniciativa, presentada el pasado 23 de mayo por la diputada
Brianda Kristel Hernández Topete, con la cual se prevé implementar en la
entidad el turismo “Rural y Comunitario” como una actividad que con el adecuado
impulso de las autoridades competentes traerá consigo múltiples beneficios para
las diferentes regiones.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la
Comisión Permanente de Turismo, registró 44 votos a favor. Sin abstenciones o
votos en contra.

De esta manera se adicionó en la Ley de Turismo del
Estado el capítulo VII “Del Turismo Rural y Comunitario” con el artículo 37 Bis,
mismo que define al Turismo Rural y Comunitario como aquel que tiene como
finalidad realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad
rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas
cotidianas de la misma, con el compromiso del pleno respeto de los usos y
costumbres de la comunidad. Así como de la conservación de los recursos
naturales y culturales que promuevan la generación de ingresos adicionales a la
economía rural y a la conservación del hábitat natural.

Queda establecido que la Secretaría de Turismo del
Estado (Sectur) impulsará y promoverá el turismo rural comunitario en
coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública del
Estado, los ayuntamientos y las comunidades rurales, otorgando facilidades a
éstas para el establecimiento de proyectos turísticos rurales sustentables.

Las consideraciones del Dictamen coinciden con la
autora de la iniciativa en relación a que el Turismo Rural y Comunitario trae
consigo la disminución de la pobreza, reduce la migración a las ciudades al
incrementar los ingresos y se garantiza la protección de los ecosistemas.

Al presentar su postura sobre el Dictamen, la
legisladora Brianda Kristel Hernández subrayó que Veracruz posee diversas
riquezas naturales y pese a ser destino turístico no está entre los cinco a
nivel nacional, por lo que considera necesario abrir otros espacios como el
turismo rural y comunitario.

Destacó que este tipo de turismo tiene casos de
éxito en países como Perú y Costa Rica, así como entidades de la República Mexicana
como Chiapas y Oaxaca.

-Consejo
Consultivo de Sectur determinará la Marca Turística Estatal-

En la sesión, el Pleno aprobó la iniciativa,
presentada el pasado 23 de mayo por la diputada María Esther López Callejas,
con la que se reforman los artículos 13 y 63 de la Ley de Turismo del Estado y
por el cual se establece que el Consejo Consultivo de Turismo Estatal
determinará a la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) la creación de la Marca
Turística Estatal.

Asimismo, queda establecido en el artículo 63 de la
citada ley que a fin de cumplir con los objetivos de la promoción turística del
Estado, la Sectur, con la determinación del Consejo, establecerá una marca
turística que genere al Estado una identidad, misma que será de carácter
permanente.

El Gobierno del Estado, los prestadores de servicios
turísticos, los Consejos Regionales, los Consejos Municipales y, los
Ayuntamientos, deberán utilizar la Marca Turística Estatal de acuerdo a los
lineamientos establecidos en esta Ley, y su Reglamento.

La Sectur, considerando la opinión de los
prestadores de servicios turísticos del Estado, propondrá al Consejo una terna,
éste las analizará y determinará cuál será la Marca Turística Estatal. Dicho
fallo será inapelable.

En el Reglamento de la Ley se determinarán los
requisitos que deberán cumplir los prestadores de servicios turísticos para
ostentar esa marca.

La Sectur realizará los trámites correspondientes
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para el registro de la Marca
Turística Estatal.

Este
Dictamen registró 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.