La Comisión Permanente de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis)
realizarán los “Seminarios para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal”,
dirigido a ediles de los 212 ayuntamientos de la entidad, informaron las
diputadas Florencia Martínez Rivera y Judith Pineda Andrade, presidenta y
vocal, respectivamente, de la citada instancia legislativa.

En rueda de prensa, celebrada este 27 de junio, la
diputada Florencia Martínez destacó que estos seminarios tendrán como sede:
Xalapa el 12 y 17 de julio en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Congreso del Estado, así como Coatzacoalcos en el mes agosto y Tantoyuca, en
septiembre.

Ante la presencia de la Auditora Especial de
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana del ORFIS, Flor Alicia
Zamora Pozos, la legisladora Martínez Rivera convocó a los ediles a participar
en estos foros, toda vez que –agregó- representa la oportunidad para llevar a
cabo una gestión pública municipal más eficiente, efectiva, fuerte y
transparente.

La diputada Judith Pineda Andrade destacó que los
temas a tratar en estos seminarios son: administración de riesgos en la gestión
municipal; diferencias entre control interno y fiscalización superior; aspectos
a ponderar para la contratación de créditos u obligaciones financieras;
planeación programática y financiera; calidad en la atención ciudadana;
gobierno transparente y abierto y reglamentación municipal con perspectiva de
género.

Finalmente, la maestra Flor Alicia Zamora Pozos hizo
la invitación a las y los ediles de la Zona Centro del Estado y anunció que en
breve se estará enviando la invitación por medios electrónicos.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó
al Pleno del Congreso de Veracruz un anteproyecto con Punto de Acuerdo que
prevé exhortar a los 212 Ayuntamientos de la
entidad a crear e impulsar sus respectivos Comités Municipales del Deporte, así
como destinarles los recursos económicos necesarios para el correcto desempeño
de sus objetivos, en términos de lo dispuesto por la Ley del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte para el Estado.

En su intervención durante la décima sesión
ordinaria, la presidenta de la Comisión
Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad señaló que existen
los elementos legales para que los Ayuntamientos veracruzanos actúen y atiendan
las demandas de la población en materia deportiva, sin perjuicio de que realicen
lo propio la autoridad Estatal y Federal.

Subrayó
que la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el estado de
Veracruz en su artículo 27 dispone que los ayuntamientos deben considerar
dentro de su presupuesto, -a propuesta del Comité Municipal del Deporte- una
inversión de hasta el 5 por ciento y no menos del 3 por ciento, de los ingresos
anuales para la difusión, promoción, construcción de infraestructura y
equipamiento, fomento, investigación o supervisión del deporte.

La
integrante del Grupo Legislativo de Morena dijo que al recorrer su distrito
constató el ímpetu con el que niñas, niños y jóvenes practican diferentes
deportes en sus comunidades y colonias.

Agregó que
en estos centros poblacionales es común observarlos jugando fútbol, béisbol,
básquetbol, entre otros deportes, pero sin las instalaciones ni el equipo
óptimo para ello, lo que implica que pese a poner todo su empeño, no alcancen
su máximo rendimiento al jugar en espacios inadecuados o en deficientes condiciones
y que además se expone a sufrir lesiones.

Expuso que
otra situación que frecuentemente enfrentan los deportistas, como los amateurs,
es que no tienen el apoyo suficiente para poder asistir a competencias dentro o
fuera del país, aunque por su entrega y mérito hayan ganado el derecho para
participar.

La
legisladora Cervantes de la Cruz detalló que deportistas, padres de familia y
docentes le han manifestado su inconformidad, toda vez que cuando acuden a
solicitar la intervención de sus autoridades municipales, principalmente las
encargadas en materia deportiva, se encuentran con negativas, falta de
disponibilidad técnica y presupuestal “en el peor de los casos evasivas”.

Refirió
que los esfuerzos legales e institucionales deben estar plenamente enfocados al
fortalecimiento de las capacidades, talento y destrezas de quienes al practicar
una disciplina deportiva, encuentran un medio para proteger y mejorar su salud,
tener calidad de vida, e incluso, para obtener importantes triunfos surgidos de
competencias estatales, nacionales e internacionales.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y
dictamen.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del
Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano–PRD presentó un anteproyecto de Punto
de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a
que expida el Reglamento que fije los procedimientos y requisitos para que
existan laboratorios clínicos certificados en la muestra de ADN, en los
términos del Decreto número 665 de fecha 29 de noviembre de 2018.

En el mismo, la legisladora señala que en Veracruz
se protege la vida desde la concepción, por ello es necesario proteger a las
niñas y los niños a través del reconocimiento de la maternidad y la paternidad
compartida por igual, para garantizar una mejor calidad de vida a los menores
de edad, para reducir el número de nacimientos de niñas y niños sin
reconocimiento voluntario y legal por parte del padre, y para favorecer la
igualdad entre los sexos como una obligación de atender por parte del Estado.

Han transcurrido 149 días más, a lo establecido en
el artículo Tercero Transitorio del Decreto número 665, destacó la diputada,
por lo que realiza este exhorto al Ejecutivo estatal; ya que sin el Reglamento,
“es letra muerta la prueba pericial en materia de genética molecular del ADN y sin
aplicación los artículos 289 Bis del Código Civil; 157 Bis y 157 Sexies del
Código de Procedimientos Civiles; 356 Bis de la Ley de Salud; y la fracción
XVII del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”.

Recordó que mediante los Decretos 863 del 7 de
octubre de 2010; y 313 del 14 de diciembre de 2011; se adicionaron los
artículos 289 Bis y 289 Ter, al Código Civil; y 157 Bis y 157 sexies; ambos del
estado; en ellos se establece como un medio idóneo para probar la filiación y
por ende, el reconocimiento de la paternidad y como consecuencia, el
otorgamiento de los deberes de asistencia económica hacia los hijos nacidos
fuera del matrimonio; la prueba de ADN realizada por instituciones certificadas
por la Secretaría de Salud.

Sin embargo continuó, esto no era suficiente, ya que
al quedar determinado que las pruebas de ADN debían ser realizadas por
instituciones certificadas por la Secretaría de Salud, se hacía imposible
presentar como medio de prueba un examen de estas características, ya que la
Secretaría de Salud no contaba con la facultad jurídica para dar
certificaciones a laboratorios clínicos públicos o privados para que pudieran
realizar la prueba de ADN.

Derivado de lo anterior, señaló en su intervención, el 13 de abril de
2018, el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en
Xalapa, exhorta al Congreso del Estado para que adicione o modifique la Ley de
Salud del Estado, a fin de marcar los lineamientos para obtener la calidad de
“laboratorios clínicos certificados” en la toma de muestra del ADN y encuentre
su correlación con el artículo 157 bis del Código Procesal Civil vigente en el
Estado, a fin de garantizar el derecho fundamental de la paternidad.

Dijo que en la Novena Sesión Ordinaria, del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, celebrada el 28 de junio de 2018, la LXIV Legislatura aprobó la
adición de un Capítulo y un artículo a la Ley de Salud; y la adición de la
fracción XVII al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambas para
el Estado. Adiciones que entraron en vigor mediante el Decreto 665 publicado en
la Gaceta Oficial, de fecha 29 de noviembre de 2018.

En este Decreto se establece la facultad que tiene la Secretaría de Salud
para vigilar, acreditar y certificar a todas las Instituciones Públicas o
Laboratorios Clínicos Privados para que realicen pruebas en ADN, en términos de
lo establecido en los artículos 289 Bis del Código Civil; y 157 Bis y 157 sexies
del Código de Procedimientos Civiles; ambos para el Estado.

Asimismo, en el Decreto antes citado, en su artículo Tercero Transitorio
estableció un plazo de 60 días para que el Ejecutivo del Estado expidiera un
Reglamento que fijará los procedimientos y requisitos para que las
Instituciones Públicas y Laboratorios Clínicos Privados puedan obtener su
certificación para expedir pruebas periciales en materia de genética molecular
del ADN. Plazo que concluyó el día 29 de enero de 2019, destacó la legisladora
“sin que hasta la fecha el Ejecutivo del Estado haya expedido el Reglamento
respectivo”.

El anteproyecto fue turnado, para su estudio y
dictamen, a la Junta de Coordinación Política.

El
diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado, presentó un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que a
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, constituya el Instituto
Veracruzano de Atención a Migrantes.

El
diputado, presidente de la Comisión de Población y Atención a Migrantes,
presentó el Anteproyecto que incluye, dotar al Instituto de la estructura
orgánica necesaria y recursos presupuestales suficientes a efecto de estar en
condiciones de cumplir los fines establecidos en la Ley de Atención a Personas
Migrantes y sus Familias para el estado de Veracruz.

Al
exponer sus consideraciones, recordó que la Legislatura anterior, presentó la
Ley de Atención a Personas Migrantes y sus familias para el estado de Veracruz
el 5 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado.

La
citada ley, reconoce el derecho de las personas migrantes y sus familias para
acceder a los servicios de salud provistos por los sectores públicos y privados,
e incluso a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo
de atención médica urgente, así como también a acceder a los servicios
educativos provistos en la entidad por los sectores público y privado.

También
considera la creación del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; sin
embargo en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 no se
consideró una previsión económica expresa, por lo que, el 17 de enero de este
año, el diputado por el distrito XVI de Boca del Río, presentó un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo que señalaba la urgencia de realizar los ajustes
correspondientes; no obstante en los ajustes presupuestales del mes de abril,
tampoco se consideró recurso alguno.

Como
resultado de lo anterior –recordó-, el 13 de junio el Pleno de esta Soberanía
aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortó a diversas
autoridades estatales y a los Ayuntamientos del Estado a implementar acciones
tendientes a proteger y garantizar los derechos humanos de la población
migrante en su recorrido por el territorio veracruzano.

El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su
análisis y dictamen.

La
diputada María de Jesús Martínez Díaz, del Grupo Legislativo del Partido de
Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto de punto de acuerdo donde se
exhorta a las autoridades competentes a dar cumplimiento a la reforma del
Código de Derechos por el que se exceptúa el cobro del derecho de inscripción,
de los contratos relativos a la constitución de créditos agrícolas con garantía
hipotecaria, celebrados entre los productores del sector primario.

Recordó
que durante la Sexagésima Cuarta Legislatura se aprobó una iniciativa de
decreto que reformó diversas disposiciones del Código de Derechos para el estado
de Veracruz, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número
Extraordinario 362 de fecha 10 de septiembre de 2018.

Esta
reforma, puntualizó la legisladora, tuvo como finalidad exceptuar el pago de
las inscripciones al Registro Público de la Propiedad en el estado de Veracruz,
por créditos hipotecarios destinados a la producción en el sector primario, ya
sean otorgados por instituciones bancarias de primer o segundo piso; o fondos o
de riesgo compartido.

Lo
anterior –añadió- permitiría que la contratación de créditos sea menos costosa,
otorgando facilidades para acceder a programas, apoyos y fondos agrícolas del
Gobierno Federal, Estatal y de instituciones crediticias.

Sin
embargo aseguró “es una verdadera pena que dicha reforma, hoy vigente, no se
aplique porque no es acatada en sus términos
por los titulares de las oficinas del Registro Público de la Propiedad
en las diferentes zonas registrales que se encuentran en el estado de Veracruz,
y que dependen de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
de Inspección y Archivo General de Notarías, y este a su vez de la Secretaría
de Gobierno”.

Asimismo,
subrayó que en este caso los servidores públicos responsables de los registros
públicos de la propiedad, de acuerdo a los estatutos legales estarían
cometiendo los delitos de Incumplimiento del deber legal, establecido en el
artículo 319 del Código Penal del Estado de Veracruz.

Además,
de violentar la Ley del Registro Público de la Propiedad en su artículo 76, así
como la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz.

El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su
trámite legislativo correspondiente.

El
diputado José Magdaleno Rosales Torres, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo donde exhorta al titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal para que
atienda de manera urgente la problemática que enfrenta el Registro Agrario
Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria en el estado de Veracruz, por la falta
de recursos materiales, humanos y de infraestructura tecnológica necesarios
para garantizar una atención eficiente a los ejidatarios y representantes de
los núcleos de población ejidal de la entidad.

Como
es de conocimiento, dijo el legislador, la SEDATU está orientada a la
planeación, ordenamiento y desarrollo territorial y de vivienda, apoyando los
programas de modernización de los registros públicos de propiedad, aportando
diagnósticos en materia de crecimiento demográfico y control territorial. Asimismo,
con funciones administrativas el RAN, resolverá las cuestiones relacionadas con
los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales con la
participación de las autoridades estatales y municipales.

El
objetivo real y funcional de estos organismos, aseveró Rosales Torres, es que
se cuenten con los recursos suficientes para que sean atendidas las solicitudes
que día a día realizan los ejidatarios en estas dependencias, para que den
pronta solución a la regularización de sus trámites.

Aseguró
que dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, se contempla impulsar
la competitividad del sector primario, elevando la calidad de los productos del
campo, logrando con ello el crecimiento, la sostenibilidad y fortalecimiento de
infraestructura rural e hidroagrícola, atrayendo con ello fuerza productiva al
campo.

El
legislador dijo que los ejidatarios de la entidad están complacidos con las
estrategias que el Gobierno actual ha creado respecto a financiamientos y
programas de desarrollo social para el campo, proveyendo acceso a créditos con
bajas tasas de interés, entre otros beneficios; sin embargo, agregó, uno de los
problemas con los que se enfrentan es que deben contar con certeza jurídica,
traducida en un título de propiedad, certificado parcelario o escritura
pública.

Día
a día cientos de veracruzanos asisten a la RAN para realizar los diversos trámites, continuó,
que va desde la inscripción de lista de
sucesión hasta la expedición de constancias, certificados parcelarios y títulos
de propiedad, pues al día de hoy no cuentan con certeza jurídica sobre su
propiedad.

“La
problemática que ha enfrentado por años el RAN y la Procuraduría Agraria en el estado
de Veracruz, es la corrupción, pues éstas dependencias han sido olvidadas, la
falta de recursos en sus instalaciones, el deficiente y obsoleto equipo de
trabajo y personal insuficiente, son factores que determinan que los trámites
sean olvidados y no les den seguimiento por la falta de recursos”, puntualizó
el legislador del distrito de Medellín.

Finalmente,
expuso que la SEDATU, requiere de una alta cantidad de recursos humanos,
institucionales y técnicos, ya que debe enfrentar retos de administración como
la administración de terrenos de la Nación.

Pero
sobre todo, debe trabajar y dotar de recursos materiales y humanos e
infraestructura técnica, a sus organismos como lo son el RAN y la Procuraduría
Agraria, a fin de hacer accesibles la tramitación de los documentos con el fin
de garantizar una atención de calidad.

En el marco del Día Naranja (conmemorado cada 25 de
mes), en el Congreso de Veracruz se llevó a cabo el Taller de Prevención y
Atención de la Violencia Digital, organizado por el Centro de Estudios para la
Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) y en el cual participaron
las diputadas Mónica Robles Barajas, Ivonne Trujillo Ortiz y Brianda Kristel
Hernández Topete, así como los legisladores Juan Javier Gómez Cazarín y Alexis
Sánchez García.

Este taller, realizado a partir de la reforma al
Código Penal, aprobada por la LXV Legislatura el pasado 23 de mayo, y en el
cual se incorporó el capítulo “Delitos contra la privacidad sexual”, conocido
mediáticamente como “Ley Olimpia” se llevó a cabo dirigido a Unidades de Género
de los tres poderes del Estado, sociedad en general y activistas, a fin de
compartir experiencias y capacitarse para reconocer estos hechos y
denunciarlos.

Tras agradecer la asistencia de diputadas y
diputados, ciudadanas, expertas en la materia y servidoras públicas, la
encargada del CEIGDH, Mónica Mendoza Madrigal destacó la integración paritaria
de la LXV Legislatura de Veracruz y dijo que la “Violencia Digital” es un tema
que está dándose de los Estados a la Federación, por lo que en la medida que
vayan sumándose más entidades y aprueben esta ley, tomará “más fuerza” en el
Congreso de la Unión, “para ello es fundamental el trabajo articulado y
solidario de las diputadas y diputados locales”, abundó.

Acto seguido, cedió el uso de la voz a la presidenta
de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Ivonne Trujillo, quien
subrayó que el delito ya está tipificado y ahora corresponde crear conciencia y
evitar que esta práctica se multiplique.

Agregó que este Taller es una buena manera de
fusionar el trabajo legislativo con las políticas públicas en favor de la
sociedad, además que representa una excelente estrategia para emprender,
sociedad y gobierno, acciones concretas que permitan abordar y resolver
problemas específicos, tales como el que hoy ocupa, la violación a la intimidad
sexual.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia y
Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas hizo un reconocimiento
público a la activista Olimpia Coral Melo, “ella no ha descansado para que se
legisle en la materia y hoy reconozco a hombres y mujeres que han creído y se
han sumado a su lucha”.

Recordó que esta reforma, puesta a consideración del
Pleno por la Comisión que ella preside, registró 42 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra, “todas las fuerzas políticas se sumaron, porque
no hay banderas de partidos, nos une avanzar en la protección de los derechos
humanos de las mujeres”.

Asimismo, recordó el trabajo de sus homólogas
Rosalinda Galindo Silva, Erika Ayala Ríos y Montserrat Ortega Ruiz, toda vez
que coinciden con ella en que esta reforma es el primer paso y ahora
corresponde continuar fortaleciendo la legislación para contar una plena
libertad sexual, “sigue el tema del ciberacoso e incluir la violencia digital
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una de
sus formas”, adelantó la legisladora por Coatzacoalcos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables, diputada Brianda Kristel Hernández Topete
celebró la realización de este foro e indicó que las nuevas tecnologías permite
una comunicación más rápida y fácil entre la sociedad, sin embargo –añadió- es
necesario contar con una legislación de vanguardia que prevenga el uso
inadecuado de la misma, para no dejar a la impunidad aquellos actos que vulneran
la dignidad y los derechos humanos de la sociedad.

La Fundadora del Frente Nacional por la Sororidad,
Olimpia Coral Melo informó que este 27 de junio el Congreso de Coahuila votará
la reforma para tipificar este delito y, de aprobarse, sería la novena entidad
de la República en contar con un mecanismo de este tipo. Además anunció que en
breve se reunirán con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputada María Wendy Briceño
Zuloaga con el propósito de trabajar en una reforma en la materia.

Este evento fue inaugurado a las 10:15 horas por el
presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez
Cazarín y asistieron la diputada María Esther López Callejas; la encargada del
Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez; la
Subdirectora de Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado, Ana Elena Portilla Palacios y en representación del
Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, acudió David Castañeda Polanco, así
como la activista Martha Mendoza Parissi, entre otros.

La LXV Legislatura del Estado creó la Comisión
Especial para la Atención, Fomento,
Producción, Industrialización y Comercialización del Cultivo del Hule
Veracruzano a fin de promover un desarrollo integral de las regiones
productoras mediante la promoción de un Plan Integral de Crecimiento en el
Cultivo del Hule.

Lo anterior,
al aprobarse –con 36 votos- el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), resultado del anteproyecto que presentó el pasado 13 de junio la
diputada del Grupo Legislativo de Morena, Deysi Juan Antonio.

De igual
forma se determinó que esta instancia legislativa estará conformada por:
diputada Deisy Juan Antonio, presidenta; diputado Alexis Sánchez García,
secretario y las legisladoras Jessica Ramírez Cisneros y Florencia Martínez
Rivera, como vocales.

El
documento alude a lo expuesto por la autora en relación a que los principales
municipios productores de hule son Uxpanapa, Las Choapas, Hidalgotitlán,
Tezonapa, Playa Vicente, Jesús Carranza, Minatitlán, Santiago Sochiapan, Agua
Dulce, José Azueta y Moloacán y que esta actividad genera ingresos y un mejor
nivel de vida a las familias que se dedican a esta industria, que constituye
una alternativa sustentable para el desarrollo del campo veracruzano.

El cultivo
del hule es una fuente permanente generadora de empleos, ya que por cada tres
hectáreas se crea un empleo directo durante 30 años, que es la vida útil de un
árbol, refiere el documento.

-Aprueban
ayuntamientos reforma al artículo 21 de la Carta Magna del Estado-

En la sesión se dio a conocer el Informe de la
Secretaría General, en relación a la aprobación por parte de 119 ayuntamientos
de la entidad, del Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 21 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con el cual
se garantiza la paridad de género en la integración del Congreso local.

Tras el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Reglamentaria, el presidente del H. Congreso del Estado, diputado José Manuel
Pozos Castro emitió la declaratoria correspondiente y ordenó remitir al
Ejecutivo estatal el Decreto para su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

Con
31 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprobó la reforma al
artículo 230 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz, referente a
la concesión de tiendas de alimentos en las escuelas, presentada el pasado 20
de junio por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del
Grupo Legislativo de MORENA.

La
Comisión Permanente de Educación y Cultura estimó procedente la iniciativa que
garantizará la transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento
de las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios
físicos de los planteles educativos.

Al
debatir el dictamen, en lo general y en lo particular, participaron como
oradores las y los diputados Judith Pineda Andrade, Rodrigo García Escalante, Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, Juan Carlos Molina Palacios, Bingen Rementería
Molina, Brianda Kristel Hernández Topete, Rubén Ríos Uribe, Montserrat Ortega
Ruiz, María Josefina Gamboa Torales, Ivonne Trujillo Ortiz y Deisy Juan
Antonio.

De
acuerdo con la reforma aprobada, el Código Financiero estatal fijará que las
licitaciones para las concesiones de estas tiendas, se apegarán a lo dispuesto en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado.

La
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fijará los lineamientos y parámetros
para llevar a cabo tal procedimiento y un Comité de Licitaciones responsable de
la convocatoria, en términos de los criterios propuestos y el encargado de
emitir el fallo correspondiente en el respectivo proceso.

El
Comité de Licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación;
subsecretario de Educación Básica; subsecretario de Educación Media Superior y
Superior; del Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la
sociedad de padres de familia y un representante del Consejo Estatal de
Participación Social.

Los
ingresos obtenidos por concepto de concesiones de tiendas para la venta de
alimentos, en las escuelas del sistema público del Estado, se destinarán al
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los mismos y servicios
correlacionados, así como para las consecuentes tareas de supervisión
educativa, apoyo a la gestión docente y programas que se determinen en los
Lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

La
SEV será la que reciba, administre y realice la comprobación de los recursos a
los que se refiere el presente numeral, para estos efectos el 70 por ciento de
los recursos obtenidos se aplicará al mantenimiento y conservación de la
infraestructura física de los planteles educativos públicos; el 20 por ciento a
las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los
sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas; y el 10
por ciento restante, a programas que se determinen en los lineamientos que
dicte la autoridad educativa local.

El
Presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, ordenó
emitir el Decreto correspondiente y enviarlo al Ejecutivo para su publicación
en la Gaceta Oficial del Estado.

El diputado Juan Carlos Molina Palacios, integrante
de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, puso a
consideración del Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),
y al del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),
activen los protocolos sanitarios necesarios, para que los ganaderos mexicanos
puedan exportar ganado de registro en pie, semen y embriones.

Asimismo, al titular del Poder Ejecutivo Federal para
que instruya a la Guardia Nacional para que impida la entrada de ganado de
origen centroamericano a México, lo que se realiza de manera ilícita, sin
ningún control sanitario y que lastima la economía de los ganaderos mexicanos.
De igual forma, a las Cámaras de Senadores y de Diputados Federales, para que
en apoyo a los productores nacionales, den seguimiento a este tema.

El legislador Molina Palacios señaló que México es
un gran exportador de ganado para engorda e indicó que solo en el ciclo
2017-2018 se comercializó un millón 115 mil 860 becerros a Estados Unidos de
América, originarios primordialmente de los estados de Chihuahua, Coahuila,
Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz; así como productos
cárnicos y ganados en pie a más de 15 países, destacando como destino, entre
otros, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Egipto y Singapur.

México, destacó el diputado independiente, es líder
agroalimentario a nivel mundial, ocupando el onceavo lugar en producción
agropecuaria, lo que ha permitido un crecimiento constante. Las exportaciones
del sector agroalimentario aumentaron un 43 por ciento llegando a 35 mil
millones de dólares y el incremento de las exportaciones en el sector no solo
ha sido en volumen, sino con presencia en nuevos mercados como el Chino y el
europeo, agregó.

Gracias al esfuerzo de productores y ganaderos, subrayó,
el sector agroalimentario mexicano es una industria estratégica en la economía,
los productores y comercializadores de carne de res, cerdo y pollo y en algunos
casos pescado, tienen ya una ruta crítica definida, que les permite exportar a
cualquier parte del mundo, “gracias entre otras cosas, al cumplimiento de los
protocolos de sanidad, que México ha logrado consolidar a través del tiempo”.

El diputado Molina Palacios acotó que los ganaderos
y el gobierno de México tienen que trabajar urgentemente para contar y cumplir con
los protocolos sanitarios en la venta de genética, entendida como ganado de registro
en pie, semen y embriones.

El Anteproyecto de Punto de Acuerdo, se turnó a la
Junta de Coordinación Política, para el trámite legislativo correspondiente.