El
diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, emitió un pronunciamiento en el que destacó que la participación
ciudadana en la construcción de políticas públicas todavía está en fase de
crecimiento.

Dijo
que todos los servidores públicos en el ejercicio del poder, tienen la
responsabilidad de acercarse a la ciudadanía para escuchar, entender y promover
acciones en beneficio de la sociedad, aceptando que la diversidad de opiniones
y punto de vista enriquecen para la toma de decisiones.

Por
eso, informó que, en su distrito, hizo un llamado a diversos sectores de la
sociedad civil organizada para comenzar a plantear los problemas que continúan
afectando a Veracruz, las necesidades de cada sector social, la urgencia de
desarrollo económico y social; para poder con esto, generar propuestas
concretas que se traduzcan en acciones ciudadanas y legislativas que impulsen a
Veracruz hacia un mejor futuro.

Mencionó
que ayer, junto a empresarios, transportistas, constructores, educadores y
otros sectores de la sociedad civil organizada, llevaron a cabo el primer
Consejo Ciudadano en la ciudad de Boca del Río, encuentro que derivó en un
análisis sobre las condiciones en las que se encuentra el Estado, surgieron
propuestas y se acordaron reuniones bimestrales con minutas de acuerdo para la
presentación de proyectos legislativos que impacten en el desarrollo de
Veracruz.

“Tenemos
la certeza de que a través de la participación efectiva, los ciudadanos podrán
incidir en la toma de decisiones del trabajo legislativo, y que nunca más serán
ignorados ni verán sus intereses desplazados por la voluntad política de
quienes se encuentran en el poder”, puntualizó.

Finalmente,
hizo un llamado para cumplir lo establecido en la Ley de Participación
Ciudadana y Gobierno Abierto, a comprender que la política es diálogo
permanente, y que la democracia se construye con la ciudadanía. “Hagamos de la
política una herramienta transformadora de verdad, a través del diálogo
permanente”, enfatizó el diputado del Distrito XVI de Boca del Río.

La
diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Movimiento
Ciudadano – Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del
Estado, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, para reformar y
adicionar diferentes disposiciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para
el Estado de Veracruz, a favor de las personas con discapacidad.

Con
esta Iniciativa, explicó, sería obligatorio garantizar cajones de
estacionamiento en la vía pública y en zonas privadas, para quienes por alguna
discapacidad (permanente o temporal) no pueden desplazarse; además, se
establecerían sanciones económicas para quienes se estacionen en un lugar
exclusivo para personas con discapacidad o mujeres embarazadas.

Los
conductores de vehículos y motocicletas tendrían que guardar la consideración
debida a peatones y personas con discapacidad, y tomar precauciones necesarias
para la protección y seguridad de su integridad física; cediéndoles el paso,
cuando éstos se encuentren cruzando las calles y sobrevenga un cambio en los
semáforos.

La
diputada por el Distrito IX de Perote, subrayó que las reformas y adiciones que
propone a los artículos 28, 50, 102 y 154, permitirían fortalecer a las
instituciones encargadas de salvaguardar los derechos humanos de las personas
con discapacidad, y favorecer los mecanismos y programas gubernamentales
diseñados para tal efecto.

Durante
su intervención en la Décima Primera Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de
Sesiones, la legisladora enfatizó que mejorar la seguridad vial, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad a las mujeres, a las niñas y a los niños y particularmente a las
personas con discapacidad, es una de las metas de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Diputadas
y diputados, para que se produzcan cambios en la percepción y los conceptos
relacionados con la discapacidad, es necesario que cambien los valores y
aumente la comprensión en todos los estratos de la sociedad. Hagamos realidad
la frase: «nada de nosotros sin nosotros», diseñemos juntos el Veracruz que queremos para
las personas con discapacidad”, destacó.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte Tránsito y
Vialidad, para su análisis y dictamen.

El
Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la creación del
Código de Ética al que deberán sujetarse las y los Servidores Públicos del
Poder Legislativo, formulado por la Contraloría Interna de esta Soberanía,
mismo que está acorde a los propósitos de los Sistemas Estatal y Nacional
Anticorrupción.

Lo
anterior, tras aprobarse el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), durante los trabajos de la Décima Primera Sesión Ordinaria,
celebrada este jueves 4 de julio.

El
citado Acuerdo refiere disposiciones normativas como el artículo 16 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, el cual dice: “Los Servidores
Públicos deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por las
Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que
emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una
conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su
desempeño”.

Asimismo,
deberá hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos del Congreso,
dándole la máxima publicidad.

Por
su parte, el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado reproduce esencialmente lo dispuesto por el precepto transcrito de la
Ley General, pero señala que el Código de Ética será emitido por la Contraloría
o los Órganos Internos de Control, como ha sido formulado en el caso de este
Congreso.

El
presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado José Manuel
Pozos Castro, ordenó la publicación de este Código en la Gaceta Oficial del
Estado.

Cabe
destacar que el contenido completo del Código de Ética podrá consultarse
libremente en la página www.legisver.gob.mx.

Con esta medida se conservarían el número de ediles
en 126 ayuntamientos.

Con el objeto de actualizar y ajustar a la realidad los
rangos de población que sirven para determinar el número de ediles en los
ayuntamientos de la Entidad, el diputado Jorge Moreno Salinas, integrante del
Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó ante el Pleno la iniciativa que
reformaría el artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

En su intervención, durante la décima primera sesión
ordinaria, el también secretario de la Mesa Directiva señaló que el PRI-PVEM no
está en contra de las medidas de racionalidad y eficiencia presupuestal, ya que ello es una de las
demandas ciudadanas más recurrentes.

Sin embargo, -agregó- no puede coincidirse en que con el argumento de
economizar, se eliminen espacios de representación política, máxime que en
muchos casos es notorio que a la entrada de cada nuevo Ayuntamiento se registra
la contratación excesiva de personal de confianza.

La propuesta legislativa está centrada en plantear
que aquellos municipios de hasta 25 mil habitantes cuenten con tres ediles;
cinco en los de más de 25 mil y hasta 40 mil; siete en los municipios que
tengan más de 40 mil y hasta 70 mil; en tanto corresponderían nueve para
aquellos de más de 70 mil y hasta 100 mil habitantes.

Tendrían 11 ediles aquellos municipios de más de 100
y hasta 150 mil habitantes; 13 para los de más de 150 mil y hasta 250 mil, y
por último, 15 ediles para aquellos municipios que superen los 250 mil
habitantes.

El legislador Jorge Moreno indicó que de aplicarse
esta disposición se conservaría el mismo número de ediles en 126 municipios.

Por otra parte, dijo que tras analizar la Ley Orgánica del Municipio
Libre encontraron que la regulación para definir el número de ediles ha dejado
de responder a las condiciones de los
municipios veracruzanos. “En algunos casos se aumentó dicho número,
ocasionando que no se corresponda con la población o que en 47 ayuntamientos
exista un número par de ediles, lo que provoca dificultades para la toma de
decisiones”, abundó.

“Proponemos un ajuste a los rangos mencionados que, en primer lugar,
actualice la disposición correspondiente y, en segundo, brinde a los
ayuntamientos la adecuada representación y participación de la ciudadanía”,
concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación y de Organización Política y Procesos
Electorales.

Se adhirieron a la iniciativa los integrantes de los
Grupos Legislativos de Movimiento Ciudadano-PRD, “Del Lado Correcto de la
Historia”, de Morena y del PAN.

El
Grupo legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Rodrigo
García Escalante presentó una Iniciativa
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
Educación del Estado, que tiene como objeto proporcionar, anualmente, a alumnos
inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la entidad, dos juegos de
uniformes, así como un paquete básico de útiles escolares.

El
legislador García Escalante, aseguró que para tal efecto podría destinarse el
10 por ciento de los ingresos obtenidos por concepto de las concesiones de las
tiendas para la venta de alimentos, cuyo decreto fue aprobado por el Pleno de
esta Soberanía el pasado 27 de junio.

Este
decreto señala en el segundo párrafo del artículo 230 bis del Código Financiero para el Estado que el
70 por ciento de los recursos obtenidos se aplicarían al mantenimiento y
conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos;
el 20 por ciento a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión
docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas.

En
tanto, el restante 10 por ciento a programas que se determinen en los
lineamientos que dicte la autoridad educativa local “es decir, en forma
discrecional, dando certidumbre a la utilización de este recurso”.

Asimismo,
el legislador del Distrito de Pánuco indicó que sería la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia responsable de operar el proceso
para contar con los uniformes escolares y el paquete básico de útiles escolares;
por lo que se encargaría de la adquisición, difusión y entrega en coordinación
con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En
su exposición de motivos, el diputado dijo que los jóvenes se han visto obligados
a dejar la educación escolar para ir a trabajar al campo, a las grandes
ciudades o hasta otros países con tal de generar ingresos que alivien la
economía familiar, incursionando en la vida laboral sin haber concluido la
educación primaria y que muchos de estos problemas son generados por la falta
de infraestructura adecuada y la situación de vulnerabilidad que presentan la
familias.

“Por
lo que respecta a la situación financiera de cada familia, al utilizar
uniformes supone un ahorro aproximado del 40 por ciento en gasto de ropa para
las familias. Respecto de los útiles escolares, estos son las principales
herramientas con las que cada estudiante podrá aprender, desarrollar y formarse
exitosamente en las escuelas, es por ello, necesario asegurar que los niños, niñas
y adolescentes, alumnos inscritos en escuelas públicas en el nivel básico,
cuenten con dos juegos de uniformes escolares y un paquete básico de útiles,
mejorando con ello, las condiciones de su entorno que faciliten su educación”,
afirmó.

Destacó
que con esta iniciativa se estaría enriqueciendo el propósito de la reforma aprobada por el
Pleno de la LXIV Legislatura, para dotar de uniformes a los niños y niñas
inscritos únicamente en el nivel primaria en los municipios que se encuentren
dentro de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, ya que de ser
aprobado el presente proyecto se incluirán al resto de las niñas y niños a todo
aquel alumno inscrito en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de
Veracruz.

Finalmente
señaló que de aprobarse esta iniciativa se otorgarán beneficios con los que se
podrá combatir la deserción escolar y continuar con la construcción de un
Veracruz educado, retirando a los jóvenes de la calle y todos los riesgos que
ésta implica y encaminándolos a una formación digna.

Esta
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Educación y Cultura para su análisis y dictamen.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz a que haga efectivo lo dispuesto en el Código de Derechos para la entidad, a fin de que las licencias de automovilista y motociclistas, tipo C y D, respectivamente, sean de carácter permanente.

El legislador Miranda Romero refirió que con fecha 7 de junio de 2016 fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en número extraordinario 226, el decreto relativo a que tanto las licencias de automovilista tipo C, como las licencias para motociclista tipo D, dejaran de ser temporales, y serán de carácter permanente en la entidad.

Lo anterior, continuó el diputado, con la finalidad que dentro del esquema de desregularización administrativa, se otorguen beneficios a los ciudadanos veracruzanos, mediante la vigencia de las licencias para conductores de transporte particular y motociclistas, con ello evitando costos y trámites excesivos e innecesarios.

“Sin embargo, en la práctica hay una omisión en la aplicación de dicha disposición puesto que las licencias de conducir, todavía se deben renovar cada tres años, omitiendo deliberadamente la disposición establecida en el Código de Derechos”, afirmó el legislador.

De acuerdo a los costos publicados en la página oficial de la Oficina Virtual de Hacienda, esta medida, de llevarse a cabo, apoyaría la economía de las y los veracruzanos, además de eliminar trámites burocráticos y facilitar la obtención de dicho documento, detalló.

“De conformidad con lo establecido por el principio de legalidad, donde se establece que la autoridad solo puede hacer lo que le está establecido en Ley, por ende debe realizar lo que la norma mandata,” aseveró.

Además, continuó, de no hacerlo se violentaría el principio de legalidad y de estricta aplicación de la Ley por parte de la autoridad, dejando en indefensión al gobernado que desea obtener el servicio que está establecido en la ley, mediante el pago correspondiente que este genera.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

-Se pronuncia diputado Miranda Romero, por legislar en beneficio de los veracruzanos

“Se debe comprender que la principal función de un Congreso es la de control del poder, contrapesos, mejoramiento de las políticas públicas, y rendición de cuentas. Debemos ser una herramienta de reflexión que junto con el ejecutivo, diseñemos políticas públicas acordes a la realidad que impera en el Estado”, dijo el diputado Omar Guillermo Miranda, del PAN durante su discurso.

El legislador Romero Miranda cuestionó si la Cuarta Transformación y sus ideales están siendo aplicados en la entidad, así como el rumbo de sus políticas públicas, o si “sólo se está tratando de aprender a gobernar, si los secretarios de despecho están a la altura del reto que Veracruz requiere.”

Aseguró que para el cambio que Veracruz necesita es imperante la imaginación política, consenso, diálogo y análisis; para poder cumplir con los deberes que las y los veracruzanos merecen, y que la constitución política claramente lo señala.

“Mi propuesta es simple, un Congreso debe parlamentar, y para poder hacerlo se necesita un gobierno con oídos y que quiera escuchar, discernir con conocimiento, respeto, tolerancia, para alcanzar consensos”, dijo el diputado.

Finalmente, se pronunció a favor de la democracia, para mejorar el desempeño como legisladores siendo el umbral entre Sociedad y Estado, siendo esta LXV Legislatura la oportunidad de ser un contrapeso, logrando con ello un Gobierno digno de las y los veracruzanos.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, emitió un pronunciamiento en el que destacó que la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas todavía está en fase de crecimiento.

Dijo que todos los servidores públicos en el ejercicio del poder, tienen la responsabilidad de acercarse a la ciudadanía para escuchar, entender y promover acciones en beneficio de la sociedad, aceptando que la diversidad de opiniones y punto de vista enriquecen para la toma de decisiones.

Por eso, informó que, en su distrito, hizo un llamado a diversos sectores de la sociedad civil organizada para comenzar a plantear los problemas que continúan afectando a Veracruz, las necesidades de cada sector social, la urgencia de desarrollo económico y social; para poder con esto, generar propuestas concretas que se traduzcan en acciones ciudadanas y legislativas que impulsen a Veracruz hacia un mejor futuro.

Mencionó que ayer, junto a empresarios, transportistas, constructores, educadores y otros sectores de la sociedad civil organizada, llevaron a cabo el primer Consejo Ciudadano en la ciudad de Boca del Río, encuentro que derivó en un análisis sobre las condiciones en las que se encuentra el Estado, surgieron propuestas y se acordaron reuniones bimestrales con minutas de acuerdo para la presentación de proyectos legislativos que impacten en el desarrollo de Veracruz.

“Tenemos la certeza de que a través de la participación efectiva, los ciudadanos podrán incidir en la toma de decisiones del trabajo legislativo, y que nunca más serán ignorados ni verán sus intereses desplazados por la voluntad política de quienes se encuentran en el poder”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado para cumplir lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, a comprender que la política es diálogo permanente, y que la democracia se construye con la ciudadanía. “Hagamos de la política una herramienta transformadora de verdad, a través del diálogo permanente”, enfatizó el diputado del Distrito XVI de Boca del Río.

El Grupo legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Rodrigo García Escalante presentó una Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado, que tiene como objeto proporcionar, anualmente, a alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la entidad, dos juegos de uniformes, así como un paquete básico de útiles escolares.

El legislador García Escalante, aseguró que para tal efecto podría destinarse el 10 por ciento de los ingresos obtenidos por concepto de las concesiones de las tiendas para la venta de alimentos, cuyo decreto fue aprobado por el Pleno de esta Soberanía el pasado 27 de junio.

Este decreto señala en el segundo párrafo del artículo 230 bis del Código Financiero para el Estado que el 70 por ciento de los recursos obtenidos se aplicarían al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos; el 20 por ciento a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas.

En tanto, el restante 10 por ciento a programas que se determinen en los lineamientos que dicte la autoridad educativa local “es decir, en forma discrecional, dando certidumbre a la utilización de este recurso”.

Asimismo, el legislador del Distrito de Pánuco indicó que sería la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia responsable de operar el proceso para contar con los uniformes escolares y el paquete básico de útiles escolares; por lo que se encargaría de la adquisición, difusión y entrega en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En su exposición de motivos, el diputado dijo que los jóvenes se han visto obligados a dejar la educación escolar para ir a trabajar al campo, a las grandes ciudades o hasta otros países con tal de generar ingresos que alivien la economía familiar, incursionando en la vida laboral sin haber concluido la educación primaria y que muchos de estos problemas son generados por la falta de infraestructura adecuada y la situación de vulnerabilidad que presentan la familias.

“Por lo que respecta a la situación financiera de cada familia, al utilizar uniformes supone un ahorro aproximado del 40 por ciento en gasto de ropa para las familias. Respecto de los útiles escolares, estos son las principales herramientas con las que cada estudiante podrá aprender, desarrollar y formarse exitosamente en las escuelas, es por ello, necesario asegurar que los niños, niñas y adolescentes, alumnos inscritos en escuelas públicas en el nivel básico, cuenten con dos juegos de uniformes escolares y un paquete básico de útiles, mejorando con ello, las condiciones de su entorno que faciliten su educación”, afirmó.

Destacó que con esta iniciativa se estaría enriqueciendo el propósito de la reforma aprobada por el Pleno de la LXIV Legislatura, para dotar de uniformes a los niños y niñas inscritos únicamente en el nivel primaria en los municipios que se encuentren dentro de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, ya que de ser aprobado el presente proyecto se incluirán al resto de las niñas y niños a todo aquel alumno inscrito en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Veracruz.

Finalmente señaló que de aprobarse esta iniciativa se otorgarán beneficios con los que se podrá combatir la deserción escolar y continuar con la construcción de un Veracruz educado, retirando a los jóvenes de la calle y todos los riesgos que ésta implica y encaminándolos a una formación digna.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Educación y Cultura para su análisis y dictamen.

Este
martes 2 de de julio, la titular de la Unidad de Transparencia de la LXV
legislatura, Liliana López Coronado, dio inicio a una jornada más de
capacitación que ha implementado el Congreso de Veracruz en colaboración
institucional con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IVAI), con el objetivo de obtener la
certificación “Sujeto Obligado 100% Capacitado”, para este Poder.

En
estos trabajos participaron Jefes de Departamento y servidores públicos de las
diversas áreas que integran el Poder Legislativo,
quienes se instruyeron en los temas “Organización de Archivo” e “Inclusión a los Lineamientos para la Organización
y Conservación de los Archivos”; ambos
impartidos por la Directora de Archivos del IVAI, Gloria Elena González Landa.

La
titular de la Unidad de Transparencia Liliana López Coronado, dijo que “Sujeto Obligado 100% capacitado” consta
de once módulos, de los cuales el Congreso del Estado ha participado ya en
nueve, lográndose con ello un gran avance en la materia. Además de conocer a
fondo temas como: obligaciones de transparencia, protección de datos personales,
recursos de revisión, archivos, entre otros.

Asimismo,
destacó que en los siete meses que lleva la actual Legislatura se le ha dado
respuesta a más de 290 solicitudes de información en materia de transparencia a
ciudadanos que lo han solicitado, cifra que representa más del doble que la anterior
administración, en el mismo periodo.

“Las
solicitudes que hemos recibido van dirigidas principalmente a la aplicación de
recursos, salarios, actividades legislativas, entre otros; de las cuales se ha
dado el trámite correspondiente respondiendo a las interrogantes de los
ciudadanos, dando con ello cumplimiento a la Ley de Transparencia del Estado”,
destacó López Coronado.

Finalmente,
detalló que los cursos de capacitación que han venido ofreciendo, tanto
para el personal, como jefes de área, tiene
como propósito contar con mejores herramientas para que los sujetos obligados
puedan cumplir con el compromiso que tienen hacia la ciudadanía en temas de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.

Como
parte del trámite legislativo, en relación a la solicitud presentada el pasado
20 de junio por el gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, sobre la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Mixtla de
Altamirano, este 28 de junio la Comisión Permanente Instructora, del Congreso
del Estado, llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos con la
participación de las partes, denunciante y denunciado.

Esta
instancia legislativa, integrada por los diputados Rubén Ríos Uribe,
presidente; Jessica Ramírez Cisneros, secretaria y Enrique Cambranis Torres,
vocal, con el apoyo de un secretario técnico llevaron a cabo la audiencia en la
que participaron, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, el licenciado
Jesús Fernando Gutiérrez Palet y en representación del Ayuntamiento de Mixtla
de Altamirano, el Síndico, Ricardo Pérez Marcos.

Este
procedimiento, celebrado en la sala de sesiones Venustiano Carranza del Poder
Legislativo, se lleva a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo
148 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que señala “Cuando el Congreso del
Estado al recibir la denuncia, tenga conocimiento de que se han presentado las
causas previstas en el artículo 130 de esta ley, de inmediato la turnará a la
Comisión Instructora, para que sin demora notifique al Ayuntamiento, reciba las
pruebas y alegatos que éste ofrezca y emita un dictamen sobre la procedencia o
improcedencia de la declaración de desaparición del Ayuntamiento. Con vista en
el dictamen, el Congreso del Estado resolverá lo procedente”.

Además
del estricto cumplimiento con la ley, este acto se desarrolla en el marco del
principio de transparencia y garantía de audiencia para ambas partes; de esta
manera tanto el denunciante como del denunciado expusieron los argumentos que a
sus intereses conviene; en tanto los diputados los escucharon y valorarán las
pruebas.

A
la reunión acudieron los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la
Junta de Coordinación Política; Sergio Hernández Hernández, coordinador del
Grupo Legislativo del PAN; Raymundo Andrade Rivera y Margarita Corro Mendoza;
la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Margarita Montalvo Acahua y la
regidora, Valentina Temoxtle Juárez, así como personal de asesoría jurídica de
ambas partes.

De acuerdo
a lo dispuesto en la ley, corresponderá a la Comisión Instructora analizar las
pruebas y alegatos y con base en esto, elaborar el Dictamen respectivo determinando
en él la procedencia o improcedencia de la desaparición de poderes en Mixtla de
Altamirano.