La LXV Legislatura de Veracruz recibió la iniciativa, enviada por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, por la cual solicita a esta Soberanía la autorización para contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 41 mil 769 millones 280 mil 619 pesos, con el objeto de llevar a cabo la reestructura o el refinanciamiento total o parcial de la deuda pública del Estado con la o las instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.

De acuerdo a la iniciativa de decreto, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado durante la décima cuarta sesión ordinaria, se tiene previsto alcanzar una estructura de deuda más flexible y eficiente; reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos y establecer un servicio de la deuda mejor equilibrado que libere flujos de efectivo que permitan fortalecer las inversiones prioritarias del Estado.

Así como mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos en beneficio y atención de las necesidades más sentidas de la población; fortalecer las finanzas estatales, a través de una administración honesta, transparente y eficiente de los recursos públicos y una gestión de la deuda pública alineada con los principios de disciplina y responsabilidad hacendaria establecidos en la legislación vigente.

Asimismo, se propone que las autorizaciones referidas en la Iniciativa sean otorgadas previo análisis, efectuado por el Congreso del Estado, en relación a: capacidad de pago del Estado; el destino que se otorgará a los recursos que se obtengan de nuevos financiamientos u operaciones que se contraten y el otorgamiento de garantías o establecimiento de fuente de pago del o los financiamientos u operaciones que se formalicen.

En la exposición de motivos se establece que tras una revisión exhaustiva de la estructura de la deuda pública se ha llegado al conocimiento de que, dada la situación actual del mercado, es viable mejorar las condiciones crediticias, en términos de costo, equilibrio del servicio de la deuda y un uso más racional de las fuentes de pago del Estado, mediante el refinanciamiento o la reestructura de la Deuda Vigente de Largo Plazo.

Durante la décima cuarta sesión de la LXV Legislatura, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por lo que exhorta a los Gobiernos Municipales para que, por conducto de sus unidades municipales de protección civil, termine de elaborar y actualizar los Atlas Municipales de Riesgo, los mapas comunitarios de riesgo y los programas municipales en materia de protección civil y sus planes de acción para casos de emergencia y desastre.

Del mismo modo, la legisladora realizó un exhorto al Gobierno del Estado de Veracruz, para que a través de la Secretaría de Protección Civil (SPC) contribuya a las Unidades Municipales en asesoría y capacitación en la elaboración y actualización de los programas y acciones en esta materia.

Aseguró que la Comisión Permanente de Protección Civil se ha sumado a los trabajos para hacer frente a la temporada de lluvias y ciclones 2019, en conjunto con 45 instituciones estatales y federales así como de la sociedad civil, con el objetivo de cambiar las formas de trabajo.

Destacó que se han propuesto cambios de fondo además de coordinación en la forma de actuar ante situaciones de riesgo, la cual conlleva una nueva visión del servicio de Veracruz que impregna a los tres órganos del gobierno para que no sea sólo reactiva, sino que se trabaje en un política de protección civil que ponga énfasis en la prevención.

La legisladora Ana Miriam dijo que esta política está basada en leyes que permitan una coordinación eficaz y horizontal entre dependencias de gobierno, para que las acciones del sector público estatal sean transversales, asumiendo cada una de las dependencias el compromiso de contribuir a la prevención de desastres.

Sostuvo que estos trabajos consistirán en la anticipación, planeación y obras de mitigación, para difundir la cultura de protección civil a fin de involucrar a toda la población, otorgando prioridad a los que menos tienen y dando cero tolerancia a la corrupción, pues ésta última en materia de protección civil cuesta vidas, “y más cuando se tiene claro que los fenómenos naturales no son desastres por sí mismos, se convierten en desastres por las omisión humana, la falta de planeación y de una política responsable, por la negligencia de los tomadores de decisiones”, enfatizó.

Adelantó, que se solicitará el apoyo del Gobierno de la República, para actualizar los Atlas de Riesgo, además de emprender nuevas propuestas para proyectos de mitigación en coordinación con la Secretaría de Protección Civil.

Finalmente aseguró que “se debe transitar de una política de protección civil centrada en la emergencia a otra donde se prevenga lo prevenible, todo de manera simultánea con políticas integrales de combate a la pobreza que están expresas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024”.

A propuesta de las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso del Estado se crearía la Comisión Permanente Anticorrupción, que deberá integrarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles bajo los criterios de proporcionalidad, inclusión y pluralidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Mediante una Iniciativa de Decreto que adiciona la fracción XLI al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, presentada por el diputado Bingen Rementería Molina, esta bancada propone la creación de una instancia que dé seguimiento y evalúe la implementación, el trabajo, los avances y resultados del marco jurídico que rige al Estado.

De acuerdo con la propuesta, la Comisión estará encargada del análisis de los asuntos en esta materia y de que se vigile a los servidores públicos y particulares que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), coadyuvando a la coordinación de las instituciones responsables de la transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la ineficiencia administrativa en la consecución de los fines planteados, de tal manera que se logren los objetivos para los que fue creado el SEA.

Desde la tribuna, el legislador refirió la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo –dijo- es sentar las bases de un nuevo orden jurídico, para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, en todos los órdenes de gobierno.

Recordó que esta Soberanía, en la pasada Legislatura, aprobó y el Ejecutivo publicó la armonización del Sistema Nacional Anticorrupción, que contenía reformas a diversas leyes como: la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas para la entidad, entre otros cuerpos de leyes tendientes a conformar el cuerpo jurídico de combate a la corrupción.

La iniciativa está firmada por las diputadas María Josefina Gamboa Torales, María Graciela Hernández Iñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade y por los diputados Sergio Hernández Hernández, Juan Manuel de Unánue Abascal, Rodrigo García Escalante, Omar Guillermo Miranda Romero, Bingen Rementería Molina y Ricardo Arturo Serna Barajas.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

Con 39 votos a favor, el Congreso del Estado determinó remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una Iniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de que se reduzca el costo del peaje de las carreteras federales y apoyar la economía de miles de familias mexicanas.

Esta Soberanía propone una reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para “que los automovilistas que acrediten su residencia en las localidades cuyos municipios sean colindantes del tramo carretero donde se ubique una caseta de cobro, solo paguen el 50 por ciento del peaje, siempre y cuando se acredite su residencia con una constancia expedida por la autoridad municipal correspondiente, con vigencia de un año”.

Asimismo, que “en el caso de concesiones para la explotación de caminos y puentes haya un tope en el cobro del peaje, que no debe rebasar el 50 por ciento de los costos del litro de gasolina magna o su equivalente, por cada 10 kilómetros de tramo”. En este mismo sentido, “las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles”.

En el Dictamen se señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe desarrollar programas de conservación rutinaria, para asegurar buenas condiciones de servicio a los usuarios, de conservación preventiva, para evitar mayores deterioros, y de reconstrucción, para recuperar tramos que presentan daños.

También se indica que: “la SCT podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, Estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley, así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por los plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará el mantenimiento, la conservación o la construcción de vías alternas libres de peaje”.

La Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada por los diputados Juan Carlos Molina Palacios, presidente; Gonzalo Guízar Valladares, secretario, y Omar Guillermo Miranda Romero, vocal, emitió el Dictamen correspondiente a la iniciativa presentada, el pasado 31 de enero, por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD.

La LXV Legislatura de Veracruz recibió la iniciativa, enviada por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, por la cual solicita a esta Soberanía la autorización para contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 41 mil 769 millones 280 mil 619 pesos, con el objeto de llevar a cabo la reestructura o el refinanciamiento total o parcial de la deuda pública del Estado con la o las instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.

De acuerdo a la iniciativa de decreto, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado durante la décima cuarta sesión ordinaria, se tiene previsto alcanzar una estructura de deuda más flexible y eficiente; reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos y establecer un servicio de la deuda mejor equilibrado que libere flujos de efectivo que permitan fortalecer las inversiones prioritarias del Estado.

Así como mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos en beneficio y atención de las necesidades más sentidas de la población; fortalecer las finanzas estatales, a través de una administración honesta, transparente y eficiente de los recursos públicos y una gestión de la deuda pública alineada con los principios de disciplina y responsabilidad hacendaria establecidos en la legislación vigente.

Asimismo, se propone que las autorizaciones referidas en la Iniciativa sean otorgadas previo análisis, efectuado por el Congreso del Estado, en relación a: capacidad de pago del Estado; el destino que se otorgará a los recursos que se obtengan de nuevos financiamientos u operaciones que se contraten y el otorgamiento de garantías o establecimiento de fuente de pago del o los financiamientos u operaciones que se formalicen.

En la exposición de motivos se establece que tras una revisión exhaustiva de la estructura de la deuda pública se ha llegado al conocimiento de que, dada la situación actual del mercado, es viable mejorar las condiciones crediticias, en términos de costo, equilibrio del servicio de la deuda y un uso más racional de las fuentes de pago del Estado, mediante el refinanciamiento o la reestructura de la Deuda Vigente de Largo Plazo.

Proporcionar a las mujeres víctimas de violencia atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita, así como un trato digno, respetuoso y profesional, pidió la diputada Ivonne Trujillo Ortiz mediante una Iniciativa, a fin de que se garantice el pleno respeto de sus derechos humanos.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género presentó al Pleno legislativo una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción III del Artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la décima cuarta sesión ordinaria, del Segundo Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, propuso que se establezca un perfil profesional y una capacitación adecuada como requisito necesario para prestar el servicio de la asistencia médica, psicológica y jurídica que las denunciantes de violencia requieren y que esto se estandarice en los niveles estatal y municipal en la Ley.

Asimismo, que esta medida no sea una simple sugerencia en los programas que para el caso se desarrollan, sino que se mantenga de manera permanente.

Detalló que, en 18 de las 32 entidades del país, es decir, 56 por ciento del territorio nacional, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha declarado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG); de esas 18 entidades, Veracruz es el único Estado del país al que se le han declarado dos Alertas, una por feminicidio en 2016 y otra por agravio comparado en 2017.

Además, “en Veracruz, al inicio de 2019, la tasa de feminicidios pasó de 0.09 casos por cada 100 mil mujeres a 0.23, es decir, ocurrió un incremento de 148.28 por ciento en relación con enero de 2018”.

Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Trujillo Ortiz precisó que, a junio de 2019, se han registrado 98 feminicidios ocurridos en 59 municipios de Veracruz; las ciudades con más casos son: Xalapa (9), Veracruz (6), Coatzacoalcos (6), Córdoba (5) y Emiliano Zapata (4). En la entidad se cometen en promedio 3.3 casos al día.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, en México, 43.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, exesposo o expareja, o novio) durante su última relación.

A estas cifras agregó que 49.0 por ciento de mujeres son víctimas de violencia emocional, 29.0 por ciento sufren violencia económica, 34.0 por ciento violencia física y 41.3 por ciento violencia sexual y que solo casi dos de cada diez mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda.

Al considerar la victimización secundaria como forma de violencia institucional, dijo que ésta es consecuencia de las malas o inadecuadas prácticas que provienen de las instituciones. “Humillación, inhumanidad, improvisación, falta de sensibilidad ante el dolor de la víctima, ausencia de la empatía más básica son prácticas comunes que terminan de victimizar y lacerar a estas ciudadanas que pasan por este trance tan difícil”.

La profesionalización y certificación en el tema de violencia contra las mujeres, permitirá que los prestadores de servicios y el o los funcionarios públicos tengan un enfoque diferenciado y especializado que fortalezca el conocimiento y a su vez permita una mayor ramificación de las acciones aplicadas a la problemática concerniente, minimizando así la victimización secundaria.

A esta iniciativa se adhirieron las diputadas María Josefina Gamboa Torales, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María de Jesús Martínez Díaz y Judith Pineda Andrade, así como los legisladores Omar Miranda Romero y Juan Carlos Molina Palacios. También los Grupos Legislativos del PRI-PVEM y “Del Lado Correcto de la Historia”.

Para su estudio y dictamen fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado, aprobaron la iniciativa presentada el pasado 18 de junio por la diputada Florencia Martínez Rivera, por la cual se restringe el uso de la conciliación o mediación en todas las formas de terminación de procedimientos, en casos de violencia familiar o de género contra las mujeres y las niñas.

Lo anterior, en concordancia con el Comité de Expertas (órgano técnico del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará) que ha venido sosteniendo que la mediación o conciliación opera frecuentemente en contra de las mujeres que son víctimas de violencia porque no existen condiciones de igualdad para participar en una negociación equitativa y llegar a un acuerdo justo, refiere el Dictamen, aprobado con 39 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

En estos casos, agrega que es frecuente que exista temor fundado de las víctimas y coerción por parte del agresor, o “presiones familiares o de la comunidad para que la mujer acepte un proceso de conciliación”.

En un informe el Comité de Expertas destaca que, desde el uno de febrero de 2007, el Estado Mexicano, a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prohíbe los procedimientos de mediación o conciliación entre el agresor y la víctima, señala el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género.

De esta manera queda establecido en la ley que si el Juez, al examinar la demanda, detecta que en la narración de la misma se advierte que existe violencia de género, de oficio, deberá dar vista al Fiscal Adscrito, con el escrito de demanda, quien denunciará los hechos constitutivos del delito ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de trata de Personas que corresponda.

Cuando se trate de casos de violencia familiar o violencia de género contra las mujeres o niñas, el juez se abstendrá de remitir el conflicto al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, debiendo proseguir con el procedimiento.

El Decreto reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles, así como las Leyes de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos; de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el debate en lo general, la diputada del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”, autora de la iniciativa, señaló que se debe reconocer que la conciliación o mediación vienen a ser una alternativa importante de solución de conflictos; sin embargo –agregó- ante el actual escenario, en el que las mujeres están siendo asesinadas, los medios alternativos de solución de conflictos no son la manera más adecuada para solucionar controversias en materia de violencia familiar.

Por otra parte, hizo un llamado a todas las instituciones públicas y sectores de la sociedad civil, a seguir sumando esfuerzos para implementar acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia que viven nuestras mujeres y niñas veracruzanas.

Las y los integrantes del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz presentaron, en voz de la diputada Margarita Corro Mendoza, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se declararía el 8 de agosto como el “Día Estatal del Ganadero”, con independencia de los festejos que al respecto se realicen con motivo del Día Nacional de la Ganadería y de los que efectúen las asociaciones ganaderas veracruzanas.

Esto, en respuesta a las demandas de las personas dedicadas a la actividad pecuaria, señala la propuesta legislativa, para que conmemoren el “Día Estatal del Ganadero”, y se instituya como la fecha en la que se reconozcan las aportaciones de este sector productivo al desarrollo económico de la entidad, y como una manera de apoyar a pequeños y medianos productores de la misma.

Así como que dicha conmemoración, contribuya a crear una cultura de respeto y de inclusión plena de los productores del sector agropecuario.

Para la creación de esta fecha, -indica- fueron tomados en consideración los datos de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas del país, que establecen que el estado de Veracruz cuenta con un inventario superior a 4 millones de cabezas de ganado y con productores que están a la vanguardia en tecnologías pecuarias; que mantienen el mayor hato ganadero en el país; y que cerca del 40 por ciento de ese hato produce leche, que lo posiciona en los primeros lugares a nivel nacional, con una cifra que ha rebasado los 721 millones de litros del lácteo.

Asimismo, que más de ciento 26 mil productores y casi millón y medio de veracruzanos dependen de la actividad pecuaria; y la entidad se mantiene como la primera productora de carne bovina, con una producción de hasta cerca de un millón y medio de toneladas de carne, que se traduce en un valor de producción pecuaria de cerca de veinticinco mil millones de pesos.

De igual manera, se considera en la propuesta dada a conocer en la décima tercera sesión ordinaria, que es “de suma importancia, reconocer los logros alcanzados por los ganaderos veracruzanos, a sus asociaciones y a los pequeños productores, haciendo votos para que todas las instituciones relacionadas con esta actividad reconozcan, también, el gran desempeño de la ganadería veracruzana en el desarrollo económico de nuestro país, de nuestro Estado y de nuestras regiones ganaderas”.

El Congreso del Estado, por conducto de su Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, coordinará las acciones correspondientes con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal competentes, y promoverá la participación de los municipios, asociaciones y organizaciones del sector, así como de representantes de los sectores privado, social y académico que estime pertinentes, para el cumplimiento de este Decreto.

Esta Iniciativa, para su estudio y dictamen, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal.

Las Comisiones acordaron emitir una convocatoria
extraordinaria para elegir a una representante de instituciones académicas y/o
de investigación.

De conformidad con lo establecido en la base sexta
de la convocatoria para la elección de integrantes del Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, este
viernes 12 de julio las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de
Género y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables firmaron el Dictamen
con el nombre de las cuatro personas que serán propuestas para el cargo.

Con la participación de las diputadas Ivonne
Trujillo Ortiz y Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta y secretaria,
respetivamente, de la Comisión para la Igualdad de Género, y Montserrat Ortega
Ruiz, vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,
se eligieron, como representantes de organizaciones de la sociedad civil a
Katya Gabriela Esteva Cruz, Lorena Redondo Delgado y Myriam Lagunes Marín.

En tanto, como representante de instituciones
académicas y/o de investigación, fue elegida Alma Delia Hernández Sánchez. Al respecto
y dado que deberían ser dos las personas elegidas, las Comisiones acordaron
publicar una convocatoria extraordinaria para cubrir la vacante; esto de
conformidad con los criterios y plazos que estimen las instancias legislativas.

En la reunión y en estricto apego a la convocatoria,
la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Ivonne
Trujillo Ortiz, leyó en voz alta el nombre de cada una de las aspirantes y
–acto seguido- se procedió a la votación, dando como resultado lo antes señalado.

Resultado de esta acción se remitirá a la
Presidencia del H. Congreso del Estado el Dictamen con el nombre de las cuatro
personas propuestas, para su discusión, y en su caso aprobación, en alguna
sesión ordinaria de este periodo.

En caso de aprobarse por el voto de las dos terceras
partes de los integrantes de la LXV Legislatura, las cuatro personas deberán
rendir la protesta de Ley ante el Pleno.

Cabe destacar que la presidenta de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, diputada
Brianda Kristel Hernández Topete, se incorporó a los trabajos de las Comisiones
Unidas y signó el Dictamen a favor.

La
diputada Mónica Robles, Presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconoció el
esfuerzo de la Universidad Veracruzana, quien convoca a la Primera Conferencia
Internacional Cambio, Energía y Derechos Humanos «Desafíos en la Ruta
hacia el Desarrollo Sostenible», con el propósito de aterrizar la
investigación en hechos concretos, en beneficio de la sociedad.

De
acuerdo con autoridades de la Universidad Veracruzana, esta Primera Conferencia
y el 5to Coloquio Internacional Estudios Institucionales: Derecho y Cambio
Climático, lo organizan junto con el Heidelberg Center para América Latina de
la Universidad de Heidelberg, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll
Colombia y México.

El
evento, tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre, en la Casa de la Cultura
Jurídica Ministro Humberto Román Palacios, en la ciudad de Veracruz y estará
conformado por ocho paneles, en los que se abordarán los temas: Cambio
climático, movilidad y urbanismo: políticas, acciones y propuestas; Desarrollo
Sostenible, Agenda 2030 y los Derechos Humanos Ambientales; ¿Reformas
energéticas sostenibles?: Los casos de México, Paraguay y Brasil; Energías
renovables en México, necesidad de mayores estímulos para su fomento; entre
otros.

Durante
la reunión, a la que asistieron la diputada secretaria Erika Ayala; así como
las y los diputados vocales, Florencia Martínez Rivera, Ana Miriam Ferráez
Centeno, María Candelas Francisco Doce, Enrique Cambranis Torres y Omar Miranda
Romero, se planteó la necesidad de revisar y reformar la Ley de Prevención y
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el
Estado de Veracruz, un marco normativo envejecido que ha sido superado por los
problemas ambientales.

En
esta tercera sesión de la Comisión Especial, participaron Marisol Luna Leal y
Enrique Córdova del Valle, investigadores de la Universidad Veracruzana, junto
con Miguel Ángel Ramos, asesor de la Secretaría del Medio Ambiente y la
Subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Laura Medina Aguilar.