Con la finalidad de establecer correcciones más dinámicas y eficientes en asentamientos del Registro Civil, la diputada María Candelas Francisco Doce propuso reformar los artículos 760 y 760 Bis del Código Civil de Veracruz.

“Las complicaciones que padecen los usuarios, son una realidad que conozco de primera mano en la región de las Altas Montañas, suceden cuando se pretende enmendar algún yerro”, declaró la legisladora del Distrito de Camerino Z. Mendoza (XXI), tras hacer uso de la tribuna en la Décima Quinta Sesión Ordinaria.

Equivocaciones más frecuentes -recordó-, son las que tienen que ver por ortografía o estilo en apellidos que terminan con “S” o “Z”, al registrar a menores con apellidos extranjeros y escribirlos indebidamente; asentar nombres con letras de más, de menos o “errores de dedo”.

Otro de los aspectos comunes tiene el caso de las madres que, en el momento de asentar a sus hijos, aparecen con el apellido de su esposo, lo que provoca inconvenientes futuros ante trámites donde se pretende demostrar su maternidad con el acta de nacimiento.

Por todo lo anterior, la diputada considera oportuno reformar el Código Civil, a fin de evitar a personas de escasos recursos la contratación de abogados o profesionales del derecho, “se busca la simplificación de los trámites, permitiendo la corrección en el mismo Registro Civil respecto de errores menores en el asentamiento de actas, sin ocasionar gastos onerosos, dentro del marco de seguridad necesario”.

Es decir, si se llegara a aprobar la propuesta, los ciudadanos solamente deberán demandar en juicio las correcciones cuando se traten de cambios significativos como una palabra o dato completo, exceptuando claramente de este supuesto cuando se asentó el nombre de la madre con el apellido del padre.

“Esta reforma elimina la disposición que propicia actualmente, y en mayor medida, que las personas tengan que acudir a los juzgados para enmendar estos pequeños errores con los costos que ello implica; no obstante, queda vigente la posibilidad del juicio cuando se justifique y no por simple determinación como sucede hasta ahora”, explicó la representante popular.

“Debemos hacer leyes flexibles, que permitan trámites prontos y expeditos, con resultados concretos y al alcance de la mayoría”, concluyó.

A esta Iniciativa se adhirió el Grupo Legislativo de MORENA y se turnó a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Para promover en el orden jurídico el respeto a los derechos de las personas adultas mayores, el Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional- Partido Verde Ecologista de México”, (PRI-PVEM), en voz del diputado Jorge Moreno Salinas presentó una iniciativa de decreto para proteger a este sector poblacional contra cualquier tipo de violencia y establecer como agravante las acciones u omisiones que vayan en detrimento de su integridad física o emocional.

Con la propuesta para reformar el párrafo segundo del artículo 154 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Jorge Moreno, se busca prevenir, sancionar y erradicar los actos de violencia contra las personas mayores, puesto que requieren de una protección especial para garantizarles el acceso al disfrute pleno de sus derechos humanos, particularmente en su entorno familiar directo.

El legislador refirió lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el llamado “Protocolo de San Salvador”.

En términos cuantitativos, destacó que la población mayor de 60 años de edad tiende a aumentar significativamente en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 alcanzó 38 por ciento, lo que –dijo- revela la importancia de implementar políticas públicas para la atención de ese sector poblacional y de reformar la legislación en ese mismo sentido.

El también secretario de la Mesa Directiva, Jorge Moreno recordó que en Veracruz, a partir de un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 1 de diciembre de 2015, el delito de violencia familiar se considera ya como agravante que la víctima sea mujer. A raíz de un decreto del 11 de septiembre de 2018, se incluyó como circunstancia agravante que la víctima sea menor de edad.

Refirió que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 fueron denunciados 180 mil 082 casos de violencia familiar en todo el país, de los cuales 6 mil 219 correspondieron a Veracruz; de enero a junio de 2019, se han registrado 98 mil 258 denuncias en el nivel nacional, de las que en este Estado se han presentado mil 158, cifra superior a la de homicidios y robos a casa-habitación en ese mismo período en la entidad.

Finalmente, expuso que la reforma propone que “En caso de que la víctima sea mujer; niña, niño o adolescente; o persona de sesenta años de edad o más, se sancionará con pena de cuatro a siete años de prisión y multa de hasta setecientos unidades de medida y actualización. En estos casos, se sujetará al activo a las medidas reeducativas que establezcan las leyes en la materia o la autoridad competente, las que, en ningún caso, excederán del tiempo impuesto en la pena de prisión”.

A esta propuesta se adhirieron los Grupos Legislativos de Movimiento Ciudadano-PRD y de Morena. Para su estudio y dictamen fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Para garantizar que la Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) esté debidamente enterada del estatus del patrimonio de la institución, el legislador León David Jiménez Reyes, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley que Crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Al participar durante la décima quinta sesión ordinaria, del primero año de labores, el diputado Jiménez Reyes planteó modificar el artículo 8 de la citada a ley a fin de establecer que todo convenio que la UPAV celebre con cualquier persona física o moral y que en el cumplimiento de su objeto se modifique el patrimonio de la Institución, deberá ser enterado por el Rector dentro de los informes trimestrales que formulará y someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno.

Asimismo, busca incorporar como atribuciones de la Junta de Gobierno, además de aprobar el programa operativo anual que someta a consideración el Rector de la Universidad, el programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conforme a las disposiciones aplicables, así como los informes trimestrales de gestión financiera que se presenten al Congreso del Estado, los cuales deberán precisar el estado actual del patrimonio de la Universidad y las modificaciones que éste haya sufrido derivado de la celebración de convenios con personas físicas o morales.

Por otra parte y en concordancia con lo antes señalado, se propone indicar en el artículo 19, relativo a las atribuciones del Rector de la UPAV el formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los proyectos anuales de presupuesto de ingresos y de egresos, el programa operativo anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los informes trimestrales de gestión financiera que se presenten al Congreso del Estado.

En su intervención en tribuna, el diputado León David Jiménez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, señaló que la UPAV se constituyó como una alternativa para los jóvenes que no obtenían su ingreso en la Universidad Veracruzana, pero también, “resultó una posibilidad para que alumnos de escasos recursos económicos y con ganas de salir adelante, pudieran recibir servicios educativos de nivel medio superior y educación superior para que al egresar se pudieran incorporar a alguna actividad productiva”, agregó.

Refirió que la UPAV ganó prestigio por la calidad de sus servicios, pero –agregó- “ésta se vio mermada luego de permanecer envuelta en una serie de irregularidades como las plasmadas por egresados de dicha institución quienes luego de haber concluido sus estudios, y cubrir, con mucho sacrificio, los costos correspondientes para realizar los trámites de expedición de sus títulos y cédulas profesionales de licenciatura y maestría, no tenían respuestas ni soluciones”.

Recordó que los problemas para esta Institución incrementaron y ejemplificó la denuncia por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de quien o quienes resulten responsables por la falta de comprobación documental que justificara los recursos ejercidos durante 2016, lo que arrojó un monto de 361 millones 344 mil 763.92 pesos que se integra por observaciones no solventadas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen.

En atención a la demanda de los Ayuntamientos, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado presentó una propuesta respecto a la acreditación del Fundo Legal Municipal, a fin de que la administración pública municipal, contando con los elementos necesarios, mejore su desempeño y la calidad socioeconómica de sus gobernados.

El diputado Bingen Rementería Molina puso a consideración del Pleno la iniciativa con Proyecto de Ley para la Conformación, Delimitación y Regularización del Fundo Legal Municipal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la cual explicó su contenido, objetivos y alcances y recordó que la creación del fundo legal obedece a la idea de racionalizar los asentamientos humanos.

Dijo que los municipios del estado de Veracruz han sido creados conforme a los lineamientos legales adecuados; sin embargo, entre el 60 por ciento y 70 por ciento no tiene cómo acreditar su fundo legal, sea por pérdida de documentos, porque no se encuentran en los archivos del Estado, del Municipio y del Congreso o porque al momento de la creación del municipio no fue debidamente delimitado.

El legislador señaló que los Ayuntamientos no pueden llevar a cabo las facultades y obligaciones que se establecen en las legislaciones federales o estatales en ese tema. Es decir, existe un vacío jurídico–administrativo.

Agregó que como consecuencia, no pueden regularizar de manera fehaciente el cobro del impuesto predial, actualización de valores catastrales, regularización de asentamientos humanos, panteones municipales, entre otros.

Además, -abundó- no tienen las posibilidades de integrarse a algún programa de gobierno federal o estatal en materia de vivienda, educación, seguridad, salud. Tampoco pueden disponer de estas tierras para que se establezca la iniciativa privada y se genere derrama económica, así como empleos directos e indirectos y/o cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental o la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Destacó que con este proyecto de Ley, se busca que los ayuntamientos puedan realizar una regularización de sus terrenos, cuidar que el desarrollo de los centros de población sea conservado y equilibrado, para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos que se encuentren en centros rurales o en urbanos, homologando los criterios para llevar a cabo las enajenaciones de terrenos de fundo legal, evitando con ello la discrecionalidad de los funcionarios públicos y posibles actos de corrupción.

“La iniciativa tiene como finalidad realizar una legislación que establezca el mecanismo jurídico para subsanar la deficiencia para la constitución, regularización y posterior enajenación de terrenos de fundo legal municipal y prevé la conformación y regularización jurídica de dichos inmuebles tanto para el ciudadano como para el ayuntamiento” subrayó.

La propuesta consta de diez capítulos: disposiciones generales; de la acreditación del Fundo Legal Municipal; enajenaciones onerosas y/o gratuitas de la regularización y enajenación gratuita de inmuebles de Fundo Legal con fines públicos; de las permutas de inmuebles de Fundo Legal; de los comodatos de inmuebles de Fundo Legal; del arrendamiento de inmuebles de Fundo Legal; de la regularización y/o enajenación onerosa de inmuebles de Fundo Legal; de la regularización de espacios públicos; del Congreso y de la rescisión administrativa.

Para su análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal y de Hacienda Municipal.

“Que los ciudadanos tengan la obligación de realizar el pago del impuesto por la adquisición de vehículos usados en un plazo no mayor a 15 días”, explicó el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, su propuesta de reforma al Código Financiero de Veracruz.

Durante el cierre del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, el legislador orizabeño afirmó que con esta medida se pretende otorgar certeza jurídica tanto al vendedor como al comprador del vehículo.

Indicó que la presente Iniciativa es para dar a voz petitorias de ciudadanos que se acercaron a la casa de enlace del Distrito XX, “expresan que se han encontrado en la situación de que a su domicilio le llegan requerimientos por obligaciones fiscales, o incluso investigaciones de índole penal, dado que en algún momento vendió un auto y el adquiriente no realizó la baja ni el cambio de propietario, ocasionando que cuando se presente un problema en donde el vehículo se encuentre comprometido, siendo el enajenante inocente de la omisión del comprador”, expresó Álvarez Pellico.

Señaló que este tema ocurre con frecuencia en la entidad, ya que los adquirientes muchas veces por omisión, desidia, desconocimiento o desinterés no llevan a cabo el trámite respectivo y originan responsabilidad para el vendedor ante cualquier omisión o acción fiscal o penal del comprador.

En este sentido, reveló que su propuesta está concatenada con la recientemente aprobada Reforma Financiera en Veracruz, donde se reduce del 2% al 0.6% la tasa de impuesto sobre cambio de propietario de vehículos usados, “este trámite es más económico y brinda certeza patrimonial a ambas partes”.

El planteamiento de Nahúm Álvarez establece también que, al omitir dicha obligación se harán acreedores a una multa con carácter de incondonable para el adquiriente.

“Considerando todo lo anterior, resulta necesario que los ciudadanos realicen el cambio de propietario, para que la persona que enajena un vehículo no pueda ser imputado por actos en los que el automóvil pudiese estar involucrado”.

A esta Iniciativa se adhirió el Grupo Legislativo de MORENA, MC-PRD, Del Otro Lado de la Historia y PAN, turnándose a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

Para garantizar el respeto a la imagen institucional de los municipios veracruzanos, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez planteó una modificación al Artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, tras participar en la Décima Quinta Sesión Ordinaria.

Esta propuesta tiene el propósito de evitar la inclusión de colores o lemas diferentes a los que de manera tradicional se encuentran en el escudo oficial de las 212 demarcaciones municipales, “se busca erradicar las malas prácticas que afectan de la identidad de nuestras localidades”.

Desde la máxima tribuna de las y los veracruzanos, el legislador acusó que una de las primeras acciones de cada Ayuntamiento es rediseñar la imagen del municipio, implementando logos, imágenes y gamas particulares, ajenos a los institucionales; imponiendo emblemas personales o de origen partidista.

Castellanos Velázquez sostuvo, que estas conductas se realizan desde la papelería oficial (hojas membretadas, folders, sobres), fachadas de los edificios oficiales “que son teñidos por los distintivos de los partidos políticos del cual emana el alcalde”, inclusive los vehículos propiedad del Ayuntamiento. “Todo se rotula con imágenes, colores y eslóganes totalmente diferentes a los institucionales que ya posee la municipalidad”.

Esta situación -afirmó-, es violatoria del séptimo y octavo párrafo del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como primero y segundo párrafo del numeral 79 de la Constitución de Veracruz, en relación al uso de recursos públicos y promoción personalizada de funcionarios.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Zonas Especiales y Desarrollo Económico, del Congreso del Estado, sesionaron este martes 30 de julio y dictaminaron, en sentido procedente, dos iniciativas, relacionadas con las facultades del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) y para ampliar las atribuciones de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico.

En la reunión participaron la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y el legislador Raymundo Andrade Rivera, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión de Gobernación, así como los legisladores Amado Cruz Malpica y Omar Miranda Romero, presidente y secretario, de la Comisión de Zonas Especiales y Desarrollo Económico.

Tras la lectura y aprobación del Orden del Día de la reunión, se procedió a la firma del Dictamen por el cual se considera procedente la reforma a la fracción X del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, resultado de la iniciativa presentada el pasado 16 de mayo por la diputada María Candelas Francisco Doce.

Esta modificación va en el sentido de establecer como atribuciones del titular de la SEDECOP, el diseñar y establecer, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, mecanismos administrativos tendientes a reducir y agilizar trámites en los procesos de establecimiento de nuevas empresas en un esquema de movilidad adecuada y desarrollo sustentable. Las autoridades responsables que coincidan en cada proyecto, signarán los acuerdos de coordinación respectivos.

Por otra parte, los integrantes de las Comisiones Unidas avalaron el Dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 18 de julio por el diputado Amado Cruz Malpica, por el cual se cambia el nombre a la Comisión Permanente de Zonas Especiales y Desarrollo Económico, por el de “Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico”.

Lo anterior obedece a poder atender los asuntos que sean materia de su competencia, derivados de su denominación y de la actividad económica que se desarrolla en esas zonas y en toda la entidad, refiere el documento.

Resultado de esta acción, la legisladora Adriana Paola Linares, presidenta de la Comisión de Gobernación remitirá estos dictámenes a la Secretaría General para que continúen con el trámite legislativo correspondiente a fin que, a la brevedad, sean puestos a consideración del Pleno.

Este 29 de julio y con el propósito de revisar, adecuar y preparar el documento de la iniciativa con proyecto de Ley de beneficie a los cafeticultores veracruzanos, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, celebró una reunión con la participación de la Comisión Redactora, de representantes del Gobierno del Estado, productores, catedráticos y expertos en la materia.

En la reunión, a la que asistió el legislador Raymundo Andrade Rivera, representante del Distrito XII de Coatepec y secretario de la citada Comisión, se dio cuenta de los avances en el proyecto de iniciativa, en el que se han incorporado las aportaciones recibidas y se prevé una revisión para contar a la brevedad posible del documento final.

Asistieron del Instituto de Antropología de Xalapa, Claudio Hernández Palacios; los investigadores del Instituto Tecnológico de Veracruz, Mirna Suárez y Oscar González; de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), el Subsecretario, ingeniero Juan Posadas Pérez, así como Jorge Pérez Sanfilippo y Liliana Ramos Rivera; el productor y empresario, Agustín Bolívar García; la especialista en temas agroalimentarios, Estela Cessa Flores; de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Omar Trujillo Santos y del Centro Agroecológico del Café A.C. (CAFECOL), el Doctor Gerardo Hernández Martínez.

Además de la directora de Turismo del Ayuntamiento de Coatepec, Tania L Bonilla y de FENCAMEX, Domingo Villafuerte Cancela, asesores y representantes de diversas organizaciones civiles.

Con 42 votos, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la iniciativa, propuesta por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, con la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, estableciendo como obligatorio el garantizar cajones de estacionamiento para quienes por alguna discapacidad (permanente o temporal) no puedan desplazarse.

Durante la décima cuarta sesión ordinaria fue aprobado este Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad, y que reforma los artículos 28, 50, 102 y 154 de la citada Ley.

De esta manera queda establecido en la ley que las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad, dispondrán de espacios exclusivos de estacionamiento en la vía pública y en zonas privadas; al efecto, podrán contar con tarjetones especiales, expedidos por la autoridad competente.

Los estacionamientos tendrán las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos; contarán con espacios exclusivos para uso de personas con discapacidad y mujeres embarazadas y tendrán, en su caso, rampas, escaleras o elevadores para ellas; deberán estar debidamente iluminados y señalados los espacios de estacionamiento para cada vehículo, y contarán con sanitarios.

La detención del vehículo procederá cuando el conductor se estacione en un lugar exclusivo para personas con discapacidad o mujeres embarazadas, sin acreditar fehacientemente que el conductor o alguno de sus ocupantes se encuentra en ese supuesto.

Además será acreedor a la sanción económica que se establece en el Reglamento de esta Ley; misma que no podrá ser condonada ni reducida.

Al respeto y a través de un artículo tercero transitorio se señala que el titular del Ejecutivo Estatal, contará con un plazo de 30 días hábiles para que reforme el Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial a fin de establecer la sanción económica a que se hace mención.

Al participar en el debate de este Dictamen, la legisladora Ivonne Trujillo señaló que las ciudades no fueron pensadas para personas con discapacidad. Agregó que uno de los objetivos de la Agenda 2030 es mejorar la vialidad, priorizando a las mujeres y niñas, poniendo especial énfasis a personas con discapacidad.

Sostuvo que es imperioso que la norma establezca medidas coercitivas que garanticen el pleno respeto a los cajones de estacionamiento, toda vez que en reiteradas ocasiones éstos son ocupados por quienes no padecen ninguna discapacidad.

Los poderes Legislativo y Ejecutivo deben impulsar medidas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para implementar estrategias en beneficio de los habitantes de las zonas metropolitanas estatales, señaló el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), al presentar al Pleno de la LXV Legislatura su Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado, en materia de desarrollo metropolitano.

Está claro, abundó en su intervención el legislador, que los gobiernos de todo el mundo, enfrentan grandes retos para atender la demanda de servicios y calidad de vida de las zonas metropolitanas y que Veracruz no es la excepción; por lo que el Congreso del Estado debe plantear reformas al marco jurídico local, que reconozcan la realidad de las zonas metropolitanas y su problemática.

Miranda Romero agregó, que se deben proponer leyes que permitan al Ejecutivo del Estado anclar políticas públicas idóneas y oportunas, que beneficien a las zonas metropolitanas y garanticen la debida gobernanza en éstas.

Recordó que el 3 de octubre de 2018, se publicaron diversas reformas a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado, en materia de zonas metropolitanas, entre ellas la que dotó a este Congreso de la facultad de emitir la declaratoria y delimitación de las zonas metropolitanas que se ubiquen en el territorio del Estado, previa solicitud y propuesta del titular del Ejecutivo.

En este sentido, abundo, que el 16 de mayo presentó una propuesta de reforma a la citada Ley, a fin de actualizar la concepción legal del fenómeno metropolitano, de manera que la visión y la planeación estatal y metropolitana sea integral.

De esta manera se propone este Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 75 de la Constitución local, y una fracción a su artículo 33, para que se incluya como un principio orientador del desarrollo integral metropolitano, la obligación de que el Poder Ejecutivo y los municipios conurbados en zonas metropolitanas previamente declaradas por esta Soberanía, establezcan mecanismos de coordinación administrativa en la materia.

“Estaremos previendo que las autoridades municipales establecidas en zonas metropolitanas y el Gobierno del Estado, generen mecanismos de planeación para el desarrollo y ejecución de acciones regionales en materias como: asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, tránsito, movilidad, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, seguridad pública y para la prestación de servicios públicos”, subrayó.

En consecuencia, y acorde al texto de la Ley secundaria en vigor, propone adicionar fracciones a los artículos 33 y 49 de la Carta Magna local, para dotar al Poder Ejecutivo de la facultad de proponer la delimitación de zonas metropolitanas y a esta Soberanía, de la facultad de reconocer y declarar, con base en la Constitución Política del Estado, los territorios metropolitanos de la entidad, los actuales y los que, en el futuro, por la misma dinámica social, se lleguen a conformar.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, signada por todos los integrantes del Grupo Legislativo del PAN, fue turnada, para su estudio y análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Metropolitano.