La diputada María Candelas Francisco Doce, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa con la cual se prevé que los municipiosdeclarados con vocación turística, además de acceder a la difusión en medios de comunicación, publicidad y eventos promocionales del Gobierno del Estado, recibirán el apoyo necesario para el diseño, implementación y operación de un sitio de internet exclusivo para su promoción turística.

Al participar durante la décima segunda sesión ordinaria, la legisladora del Distrito XXI de Camerino Z. Mendoza propuso reformar la fracción VIII del artículo 56 y adicionar una fracción V al artículo 57 de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz.

En la propuesta legislativa, la diputada María Candelas Francisco también menciona que los municipios con vocación turística estén obligados a instalar, operar y actualizar, de manera permanente, el citado sitio de internet.

El sitio deberá incluir atractivos naturales, directorio de prestadores de servicios clasificados en giros comerciales de interés para el visitante, terminales y servicios de transporte, rutas para movilidad turística, directorio de autoridades municipales u otras asentadas en el municipio y ubicación de servicios médicos y de emergencia.

La secretaria de la Comisión de Turismo de la LXV Legislatura refirió que con esta medida se busca que los municipios con vocación turística amplíen su margen de maniobra promocional mediante una página de Internet que difunda los atractivos y servicios que ofrece cada uno de ellos, sin que exista límite de espacio o tiempo, ni costos extraordinarios para llevarlo a cabo.

Recordó que de acuerdo a las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Veracruz cuenta con capacidad para recibir visitantes en 49 mil habitaciones distribuidas en poco más de mil 900 establecimientos de hospedaje registrados.

“Estas instalaciones ofrecen diversas modalidades conforme al presupuesto y gusto de cada huésped; según indicadores, la afluencia en todo el Estado ronda los cinco millones de turistas y hasta ahora se concentran en regiones de mayores centros urbanos siendo la más visitada Veracruz – Boca del Río”, abundó.

Expuso que la tendencia del turista actual es acudir a cualquier dispositivo para decidir sobre sus próximas vacaciones; “allí consultan destinos, traslados, tarifas de hospedaje y comparan, mediante imágenes y textos convincentes, las ventajas de cada lugar y cuáles pueden ser sus mejores opciones para viajar”, añadió.

Por lo anterior, destacó que es indispensable actualizarse en materia de difusión y vinculación entre oferta y demanda, “porque contamos con riquezas naturales que, unidas a tradiciones, gastronomía y otros atractivos, pueden ofrecerse con gran aceptación”, concluyó.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Turismo.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el cual se exhorta al Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a realizar las acciones que correspondan para evitar el represamiento de las aguas que se desborden de los ríos Nautla y Chapachapa y de los arroyos Colorado y La Bacinica, con motivo de la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica.

Lo anterior, a efecto de salvaguardar la vida, la integridad física y el patrimonio de los habitantes de la comunidad Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre.

Este Acuerdo, resultado del Anteproyecto que presentó el pasado 13 de junio por la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, contempla exhortar al Ejecutivo del estado de Veracruz, por medio de las dependencias correspondientes, a coadyuvar con las instituciones federales, para que se tomen las medidas necesarias con la finalidad de evitar un riesgo para la población de la referida comunidad Felipe Carrillo Puerto.

Cabe recordar que en texto del Anteproyecto, la legisladora Ferráez Centeno indicó que la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado realizó una supervisión técnica a la obra y emitió un dictamen en el que estableció una serie de medidas preventivas y de mitigación de riesgos, pues se manifiesta la existencia de un riesgo de tipo hidrometeorológico para el área de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, “debido a que es una zona susceptible a inundaciones, ante avenidas extraordinarias que han provocado el desbordamiento del río Nautla”.

En la décima segunda sesión ordinaria y tras ser avalado por el Pleno, el presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, declaró aprobado el Acuerdo e instruyó remitir el Punto de Acuerdo al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura del Estado la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El artículo 86 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, apuntó, establece las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia para con las niñas, niños y adolescentes; en su fracción VII, particulariza que: “deberán protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata de personas y explotación”.

Esta fracción, -destacó la legisladora- debe ser más amplia para incluir en ella el trabajo infantil como una forma de explotación económica que tanto madres y padres de familia, y todo aquel que tenga la patria potestad tutela o guarda y custodia sobre un menor deberá abstenerse de realizar.

Recordó que el pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil; fecha de suma importancia, señaló, porque es un día para reflexionar y analizar los avances o “retrocesos” gubernamentales en esta materia y para realizar acciones que erradiquen esta situación que vulnera los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Dijo que en México, el trabajo infantil tiene un problema de fondo que es la pobreza extrema en la que viven cientos de familias, en especial en el medio rural, que orillan a padres y madres de familia a poner a trabajar a sus hijas e hijos menores de edad para contribuir con los gastos familiares.

Esto, continuó, no debe ser motivo de explotación de ningún tipo, en perjuicio de niñas, niños y adolescentes: “el Estado está obligado a proveer las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo, tanto de la familia como de la niñez”.

Propuso, además, se reforme el artículo 88 del mismo ordenamiento legal, en su fracción I, a efecto de que las autoridades estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de de competencia, vigilen que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia

de niñas, niños y adolescentes, los protejan contra toda forma de abuso o explotación, incluido el trabajo infantil.

Enfatizó que las niñas, niños y adolescentes “deben trabajar en sus sueños”, para que su presente sea en las mejores condiciones y su futuro sea maravilloso, que por ninguna razón deben de truncar sus estudios por tener que trabajar.

Ni una fábrica, ni un supermercado, ni una mina, ni un campo agrícola, ni un basurero, ni la calle, son lugares para que trabajen los niños, éstos “tienen el derecho a vivir en plenitud y con un desarrollo armonioso; deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, con derecho a estudiar y también a divertirse”, sostuvo la legisladora del PRD.

“Esto lejos de ser una realidad es una utopía para 73 millones de menores en el mundo que se levantan todos los días para trabajar, de éstos, más de 2 millones son mexicanos”, abundó.

A esta Iniciativa -turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia para su análisis- se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y de Movimiento Ciudadano-PRD, así como la legisladora del Partido Acción Nacional, Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, realizó la inauguración de los trabajos del curso de capacitación dirigido a los titulares de los Órganos de Control Municipales, con el objetivo de brindarles más y mejores herramientas, necesarias en la importante labor que realizan.

El legislador señaló que este tipo de actividades se hacen con el propósito, además de apoyarlos en el desempeño de sus tareas, para contribuir al desarrollo de los municipios y para que le vaya bien a todos los veracruzanos. Reiteró el compromiso de la LXV Legislatura con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Fiscalización del Congreso estatal, Diana Alicia Bellido Díaz, al dar la bienvenida a los contralores municipales al curso, realizado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Palacio Legislativo, destacó que en esta jornada de capacitación, se abordarán temas de interés para el fortalecimiento de la función fiscalizadora.

En el ejercicio de la función preventiva, que tiene constitucionalmente el Congreso del Estado, apuntó, para la revisión, análisis, control, evaluación y vigilancia de los recursos públicos, y que lleva a cabo la Secretaría de Fiscalización, resulta de vital importancia la coordinación de esfuerzos entre el Poder Legislativo y estos órganos municipales.

Se destacó el interés del diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de esta Legislatura, por la realización de esta capacitación, en el marco del Programa de Fortalecimiento a los Órganos de Control Internos Municipal, a fin de coordinar los esfuerzos institucionales y que la erogación de los recursos públicos se lleve a cabo de manera eficiente, honrada y efectiva.

Asistieron, también, por parte de la Secretaría de Fiscalización, Carlos de Jesús Mendoza Chesty, director de Auditoría y Revisión Financiera; María del Carmen Morales Ramos, jefa del Departamento de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales; y Juan Carlos

Patiño Pérez, jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, todos, del Congreso del Estado.

Las
Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, y Atención a
Grupos Vulnerables, aprobaron el calendario para entrevistar a las aspirantes a
formar parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.

Las
diputadas Ivonne Trujillo Ortiz y Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta y
secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género; así como la
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se reunieron la mañana de este
viernes. Previamente, la diputada Montserrat Ortega Ruiz, vocal de la Comisión
de Derechos Humanos, avaló el acuerdo de Comisiones Unidas y así lo expresó por
escrito.

Reunidas
en la Sala del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-Partido de la
Revolución Democrática, las diputadas, tal y como lo establece la convocatoria,
acordaron citar a las aspirantes el miércoles 10 de julio, en el siguiente
orden: Katya Gabriela Esteva Cruz a las 9:00 horas, Lorena Redondo Delgado,
9:50 horas; Myriam Lagunes Marín, 13:00 horas y Alma Delia Hernández Sánchez,
13:50 horas.

De
acuerdo con la convocatoria, las aspirantes tendrán un periodo de 45 minutos
para dialogar con las legisladoras.

Al
término de la reunión de este viernes, la diputada local Ana Miriam Ferráez
Centeno, recordó que del 20 al 28 de junio se llevó a cabo la recepción de solicitudes
y que para transparentar este proceso, las entrevistas serán transmitidas en
directo a través de los medios institucionales.

Dijo
que el 12 de julio, las Comisiones Unidas volverán a sesionar para llevar a
cabo la elección, reunión de trabajo que también será difundida en directo. Una
vez aprobado el dictamen por el Pleno, las personas seleccionadas serán
convocadas para rendir la Protesta de Ley y conformar el Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El
diputado Omar Guillermo Miranda Romero, del Grupo Legislativo del Partido de
Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que
se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz a
que haga efectivo lo dispuesto en el Código de Derechos para la entidad, a fin
de que las licencias de automovilista y motociclistas, tipo C y D, respectivamente,
sean de carácter permanente.

El
legislador Miranda Romero refirió que con fecha 7 de junio de 2016 fue
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en número extraordinario 226, el decreto
relativo a que tanto las licencias de automovilista tipo C, como las licencias
para motociclista tipo D, dejaran de ser temporales, y serán de carácter
permanente en la entidad.

Lo
anterior, continuó el diputado, con la finalidad que dentro del esquema de
desregularización administrativa, se otorguen beneficios a los ciudadanos
veracruzanos, mediante la vigencia de las licencias para conductores de
transporte particular y motociclistas, con ello evitando costos y trámites
excesivos e innecesarios.

“Sin
embargo, en la práctica hay una omisión en la aplicación de dicha disposición
puesto que las licencias de conducir, todavía se deben renovar cada tres años,
omitiendo deliberadamente la disposición establecida en el Código de Derechos”,
afirmó el legislador.

De
acuerdo a los costos publicados en la página oficial de la Oficina Virtual de
Hacienda, esta medida, de llevarse a cabo, apoyaría la economía de las y los
veracruzanos, además de eliminar trámites burocráticos y facilitar la obtención
de dicho documento, detalló.

“De
conformidad con lo establecido por el principio de legalidad, donde se
establece que la autoridad solo puede hacer lo que le está establecido en Ley,
por ende debe realizar lo que la norma mandata,” aseveró.

Además,
continuó, de no hacerlo se violentaría el principio de legalidad y de estricta
aplicación de la Ley por parte de la autoridad, dejando en indefensión al
gobernado que desea obtener el servicio que está establecido en la ley,
mediante el pago correspondiente que este genera.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

-Se pronuncia
diputado Miranda Romero, por legislar en beneficio de los veracruzanos

“Se debe comprender que la principal función
de un Congreso es la de control del poder, contrapesos, mejoramiento de las
políticas públicas, y rendición de cuentas. Debemos ser una herramienta de
reflexión que junto con el ejecutivo, diseñemos políticas públicas acordes a la
realidad que impera en el Estado”, dijo el diputado Omar Guillermo Miranda, del
PAN durante su discurso.

El legislador Romero Miranda cuestionó si la
Cuarta Transformación y sus ideales están siendo aplicados en la entidad, así
como el rumbo de sus políticas públicas, o si “sólo se está tratando de
aprender a gobernar, si los secretarios de despecho están a la altura del reto
que Veracruz requiere.”

Aseguró que para el cambio que Veracruz necesita
es imperante la imaginación política, consenso, diálogo y análisis; para poder
cumplir con los deberes que las y los veracruzanos merecen, y que la
constitución política claramente lo señala.

“Mi
propuesta es simple, un Congreso debe parlamentar, y para poder hacerlo se
necesita un gobierno con oídos y que quiera escuchar, discernir con
conocimiento, respeto, tolerancia, para alcanzar consensos”, dijo el diputado.

Finalmente,
se pronunció a favor de la democracia, para mejorar el desempeño como
legisladores siendo el umbral entre Sociedad y Estado, siendo esta LXV
Legislatura la oportunidad de ser un contrapeso, logrando con ello un Gobierno
digno de las y los veracruzanos.

La diputada Deisy Juan Antonio, presidenta de la Comisión
Especial para la Atención, Fomento, Producción, Industrialización y
Comercialización del Cultivo del Hule Veracruzano, durante la instalación de la
misma, afirmó que a través de ésta, se apoyará a los productores de esta
materia prima.

Asimismo, que se brindará asesoría en materia de
producción y comercialización a quienes se dediquen al cultivo de esta planta
en el territorio estatal, para lo cual se trabajará, destacó, en estrecha
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPA).

Esta Comisión Especial está integrada por los legisladores
Deisy Juan Antonio, Alexis Sánchez García, Jessica Ramírez Cisneros y Florencia
Martínez Rivera, Presidenta, Secretario y Vocales, respectivamente.

Ante el periodo de espera, para que las plantaciones
inicien su ciclo productivo, que es después de los siete años, señaló la
legisladora, se asesorará en la gestión, ante los gobiernos estatal y federal,
de los apoyos necesarios durante este tiempo de espera, para los productores, y
posteriormente en la comercialización e industrialización del hule.

Afirmó, también, que desde la LXV Legislatura del Congreso del Estado, se continuará trabajando a favor de
los productores del campo veracruzano, y se respaldarán todas las acciones que
permitan su desarrollo e incrementen la productividad del sector agropecuario.

Tras la aprobación, por parte del Pleno de la LXV
Legislatura, del Dictamen que autoriza la intervención de la Tesorería del
ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el diputado Eric Domínguez Vázquez,
presidente de la Comisión de Vigilancia (instancia dictaminadora), subrayó que
se actuó con estricto apego a legalidad y promoviendo en todo momento los
principios de transparencia y rendición de cuentas que se tiene hacia los
gobernados.

El legislador recordó que durante la décima primera
sesión ordinaria, celebrada este 4 de julio, el Pleno aprobó con 36 votos el
dictamen de la Comisión de Vigilancia
con lo que se intervendrá la Tesorería de Mixtla de Altamirano; resultado
–agregó- de valorar las diversas denuncias presentadas por habitantes de las
localidades de este municipio.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena indicó
que sumado a estas denuncias, la Comisión de Vigilancia fue notificada por el propios tesorero
municipal de no tener el control de la administración de los recursos del
ayuntamiento, ya que –señaló el funcionario municipal- es el propio Cabildo el
que le pasaba a firmar los documentos sin explicar el contenido del mismo.

Por todo lo anterior y al advertir irregularidades
es que los integrantes de la Comisión de Vigilancia, representada de manera
plural y con la participación de las diversas fuerzas políticas, determinaron
procedente la intervención de la Tesorería al encontrar elementos para ello,
expuso el diputado Eric Domínguez, quien agregó que además de cumplir con la
ley, se cumple con las y los veracruzanos que demandan transparencia en la
aplicación de los recursos públicos.

Por otra parte, recordó que en la sesión de la
Comisión, llevada a cabo el pasado 2 de julio, la secretaria de Fiscalización
de este Poder, Diana Alicia Bellido Díaz, informó que de las diversas
obligaciones que tienen que reportar los Ayuntamientos ante el Congreso,
-señaladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre- el de Mixtla de Altamirano
registra incumplimiento en esta materia.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz la diputada Judith Pineda Andrade presentó
un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual prevé exhortar al titular de la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a que implemente las acciones
necesarias para garantizar a los ciudadanos del municipio de Naranjos Amatlán
el acceso al agua potable.

La representante del Distrito II de Tantoyuca
recordó que la CAEV es la instancia encargada del servicio de agua en esta
zona, por lo que reiteró su petición para que sea garantizado el vital líquido
e informó que actualmente con el desabasto se han visto perjudicadas las
comunidades de: ampliación Cinco de Mayo, El Trébol, Chapopote, Galeana, Rancho
Nuevo, Las Delicias, Las Margaritas, Las Flores, Kilometro 22 y Santa Verónica.

Por otra parte, la legisladora Pineda Andrade
solicitó la intervención de la Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado para
liberar las instalaciones del Palacio municipal de Tancoco.

Dijo que el día 28 de febrero del presente año, el
Regidor Primero del Ayuntamiento de Tancoco, “tomando como bandera la supuesta
comisión de actos ilícitos por parte de la presidenta, invitó a servidores
públicos y a pobladores en general a tomar las instalaciones municipales, ya
que según él no se ha cumplido con la realización de obras públicas y se ha
realizado un mal manejo de los recursos”.

Asimismo, subrayó que el 12 de marzo, con la
finalidad de que se liberaran las instalaciones, los inconformes y los ediles, en
compañía de un funcionario de la Dirección de Política Regional de la Zona
Norte, levantaron una minuta, en la que plasmaron 12 puntos de acuerdo, “en
ellos se puede advertir claramente que lo que busca el Regidor Primero, no es
el beneficio de los tancoquenses, sino el imponer intereses propios”, abundó.

Subrayó que los ediles acordaron destituir al actual
Contralor, sin expresar ningún motivo.

A pesar de esta minuta –añadió- el mismo grupo de
personas tomó las instalaciones el 25 de marzo, “lo que deja en claro que ya
vieron como manipular la voluntad colegiada de un Ayuntamiento”.

Es por ello que se hace necesaria la intervención de
la Segob a fin que, en el marco de sus atribuciones, cumpla con sus funciones y
realice las acciones necesarias que permita a los tancoquenses tener paz en la
región y acceder libremente a las instalaciones del palacio municipal,
concluyó.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado,
para el trámite legislativo correspondiente, a la Junta de Coordinación
Política.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se prevé exhortar al
titular del Poder Ejecutivo estatal a efecto de que informe a esta Soberanía el
cumplimiento de las atribuciones que establece la Ley para la Integración de
las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Este anteproyecto, presentado durante la décima
primera sesión ordinaria, señala que siendo una obligación de esta Soberanía el
verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que
derivan de ella y de los Tratados Internacionales, suscritos por el Estado
Mexicano, se solicita al Gobierno estatal los planes, programas, acciones y
políticas públicas en materia de prevención, detección temprana, habilitación y
rehabilitación, en igualdad de oportunidades, que contribuyan al desarrollo
integral de las personas con discapacidad.

También el Presupuesto de Egresos del Estado, las
partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas
estatales, así como la administración de recursos federales destinados a este
rubro, dirigidos a las personas con discapacidad, “puesto que no se conocen los
rubros específicos para su debida atención”.

El Informe deberá contener los programas de
comunicación social para la difusión y defensa de los derechos de las personas
con discapacidad; “puesto que ni en los programas de Radio Televisión de
Veracruz (RTV), se visualizan contenidos dirigidos a esta población, solamente
en los programas noticiosos se considera un traductor de lenguaje de señas”,
abundó.

Asimismo, los informes del área de asistencia y
orientación jurídica a las personas con discapacidad, a fin de evitar la
restricción, dilación o impedimentos al ejercicio pleno de sus derechos y el
relativo a las instancias sobre el otorgamiento de estímulos e incentivos
diversos a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las
personas con discapacidad.

Los datos de las instancias encargas de recibir y
canalizar las quejas y sugerencias que se formulen sobre actos u omisiones de
las autoridades hacia las personas con discapacidad, así como los programas
para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención
oportuna, habilitación y rehabilitación para las diferentes discapacidades y
trastornos generales del desarrollo.

Los programas específicos de incorporación de
personas con discapacidad como servidores públicos del Estado. En virtud de la
obligación de la Secretaría del Trabajo para supervisar las atribuciones en
materia laboral, particularmente lo señalado en el artículo 21, que establece
que al menos el 3 por ciento de las vacantes del Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, organismos autónomos y ayuntamientos serán cubiertas por personas con
discapacidad.

Las acciones y programas para la renovación y
adaptación del parque vehicular de transporte público, en materia de
accesibilidad de las personas con discapacidad. Dado que “los medios de
transporte público actuales carecen de las adaptaciones adecuadas para prestar
el servicio a esta población y el término de cinco años que concedió la ley,
venció el año 2015”.

Las medidas y acciones pertinentes para prevenir,
atender y erradicar la discriminación a que estén sujetas las mujeres y las
niñas con discapacidad, con el propósito de garantizarles su pleno desarrollo y
el ejercicio y goce de las libertades fundamentales y derechos establecidos en
la ley de la materia.