Para garantizar el respeto a la imagen institucional de los municipios veracruzanos, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez planteó una modificación al Artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, tras participar en la Décima Quinta Sesión Ordinaria.

Esta propuesta tiene el propósito de evitar la inclusión de colores o lemas diferentes a los que de manera tradicional se encuentran en el escudo oficial de las 212 demarcaciones municipales, “se busca erradicar las malas prácticas que afectan de la identidad de nuestras localidades”.

Desde la máxima tribuna de las y los veracruzanos, el legislador acusó que una de las primeras acciones de cada Ayuntamiento es rediseñar la imagen del municipio, implementando logos, imágenes y gamas particulares, ajenos a los institucionales; imponiendo emblemas personales o de origen partidista.

Castellanos Velázquez sostuvo, que estas conductas se realizan desde la papelería oficial (hojas membretadas, folders, sobres), fachadas de los edificios oficiales “que son teñidos por los distintivos de los partidos políticos del cual emana el alcalde”, inclusive los vehículos propiedad del Ayuntamiento. “Todo se rotula con imágenes, colores y eslóganes totalmente diferentes a los institucionales que ya posee la municipalidad”.

Esta situación -afirmó-, es violatoria del séptimo y octavo párrafo del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como primero y segundo párrafo del numeral 79 de la Constitución de Veracruz, en relación al uso de recursos públicos y promoción personalizada de funcionarios.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Zonas Especiales y Desarrollo Económico, del Congreso del Estado, sesionaron este martes 30 de julio y dictaminaron, en sentido procedente, dos iniciativas, relacionadas con las facultades del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) y para ampliar las atribuciones de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico.

En la reunión participaron la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y el legislador Raymundo Andrade Rivera, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión de Gobernación, así como los legisladores Amado Cruz Malpica y Omar Miranda Romero, presidente y secretario, de la Comisión de Zonas Especiales y Desarrollo Económico.

Tras la lectura y aprobación del Orden del Día de la reunión, se procedió a la firma del Dictamen por el cual se considera procedente la reforma a la fracción X del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, resultado de la iniciativa presentada el pasado 16 de mayo por la diputada María Candelas Francisco Doce.

Esta modificación va en el sentido de establecer como atribuciones del titular de la SEDECOP, el diseñar y establecer, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, mecanismos administrativos tendientes a reducir y agilizar trámites en los procesos de establecimiento de nuevas empresas en un esquema de movilidad adecuada y desarrollo sustentable. Las autoridades responsables que coincidan en cada proyecto, signarán los acuerdos de coordinación respectivos.

Por otra parte, los integrantes de las Comisiones Unidas avalaron el Dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 18 de julio por el diputado Amado Cruz Malpica, por el cual se cambia el nombre a la Comisión Permanente de Zonas Especiales y Desarrollo Económico, por el de “Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico”.

Lo anterior obedece a poder atender los asuntos que sean materia de su competencia, derivados de su denominación y de la actividad económica que se desarrolla en esas zonas y en toda la entidad, refiere el documento.

Resultado de esta acción, la legisladora Adriana Paola Linares, presidenta de la Comisión de Gobernación remitirá estos dictámenes a la Secretaría General para que continúen con el trámite legislativo correspondiente a fin que, a la brevedad, sean puestos a consideración del Pleno.

Este 29 de julio y con el propósito de revisar, adecuar y preparar el documento de la iniciativa con proyecto de Ley de beneficie a los cafeticultores veracruzanos, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, celebró una reunión con la participación de la Comisión Redactora, de representantes del Gobierno del Estado, productores, catedráticos y expertos en la materia.

En la reunión, a la que asistió el legislador Raymundo Andrade Rivera, representante del Distrito XII de Coatepec y secretario de la citada Comisión, se dio cuenta de los avances en el proyecto de iniciativa, en el que se han incorporado las aportaciones recibidas y se prevé una revisión para contar a la brevedad posible del documento final.

Asistieron del Instituto de Antropología de Xalapa, Claudio Hernández Palacios; los investigadores del Instituto Tecnológico de Veracruz, Mirna Suárez y Oscar González; de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), el Subsecretario, ingeniero Juan Posadas Pérez, así como Jorge Pérez Sanfilippo y Liliana Ramos Rivera; el productor y empresario, Agustín Bolívar García; la especialista en temas agroalimentarios, Estela Cessa Flores; de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Omar Trujillo Santos y del Centro Agroecológico del Café A.C. (CAFECOL), el Doctor Gerardo Hernández Martínez.

Además de la directora de Turismo del Ayuntamiento de Coatepec, Tania L Bonilla y de FENCAMEX, Domingo Villafuerte Cancela, asesores y representantes de diversas organizaciones civiles.

Con 42 votos, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la iniciativa, propuesta por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, con la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, estableciendo como obligatorio el garantizar cajones de estacionamiento para quienes por alguna discapacidad (permanente o temporal) no puedan desplazarse.

Durante la décima cuarta sesión ordinaria fue aprobado este Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad, y que reforma los artículos 28, 50, 102 y 154 de la citada Ley.

De esta manera queda establecido en la ley que las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad, dispondrán de espacios exclusivos de estacionamiento en la vía pública y en zonas privadas; al efecto, podrán contar con tarjetones especiales, expedidos por la autoridad competente.

Los estacionamientos tendrán las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos; contarán con espacios exclusivos para uso de personas con discapacidad y mujeres embarazadas y tendrán, en su caso, rampas, escaleras o elevadores para ellas; deberán estar debidamente iluminados y señalados los espacios de estacionamiento para cada vehículo, y contarán con sanitarios.

La detención del vehículo procederá cuando el conductor se estacione en un lugar exclusivo para personas con discapacidad o mujeres embarazadas, sin acreditar fehacientemente que el conductor o alguno de sus ocupantes se encuentra en ese supuesto.

Además será acreedor a la sanción económica que se establece en el Reglamento de esta Ley; misma que no podrá ser condonada ni reducida.

Al respeto y a través de un artículo tercero transitorio se señala que el titular del Ejecutivo Estatal, contará con un plazo de 30 días hábiles para que reforme el Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial a fin de establecer la sanción económica a que se hace mención.

Al participar en el debate de este Dictamen, la legisladora Ivonne Trujillo señaló que las ciudades no fueron pensadas para personas con discapacidad. Agregó que uno de los objetivos de la Agenda 2030 es mejorar la vialidad, priorizando a las mujeres y niñas, poniendo especial énfasis a personas con discapacidad.

Sostuvo que es imperioso que la norma establezca medidas coercitivas que garanticen el pleno respeto a los cajones de estacionamiento, toda vez que en reiteradas ocasiones éstos son ocupados por quienes no padecen ninguna discapacidad.

Los poderes Legislativo y Ejecutivo deben impulsar medidas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para implementar estrategias en beneficio de los habitantes de las zonas metropolitanas estatales, señaló el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), al presentar al Pleno de la LXV Legislatura su Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado, en materia de desarrollo metropolitano.

Está claro, abundó en su intervención el legislador, que los gobiernos de todo el mundo, enfrentan grandes retos para atender la demanda de servicios y calidad de vida de las zonas metropolitanas y que Veracruz no es la excepción; por lo que el Congreso del Estado debe plantear reformas al marco jurídico local, que reconozcan la realidad de las zonas metropolitanas y su problemática.

Miranda Romero agregó, que se deben proponer leyes que permitan al Ejecutivo del Estado anclar políticas públicas idóneas y oportunas, que beneficien a las zonas metropolitanas y garanticen la debida gobernanza en éstas.

Recordó que el 3 de octubre de 2018, se publicaron diversas reformas a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado, en materia de zonas metropolitanas, entre ellas la que dotó a este Congreso de la facultad de emitir la declaratoria y delimitación de las zonas metropolitanas que se ubiquen en el territorio del Estado, previa solicitud y propuesta del titular del Ejecutivo.

En este sentido, abundo, que el 16 de mayo presentó una propuesta de reforma a la citada Ley, a fin de actualizar la concepción legal del fenómeno metropolitano, de manera que la visión y la planeación estatal y metropolitana sea integral.

De esta manera se propone este Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 75 de la Constitución local, y una fracción a su artículo 33, para que se incluya como un principio orientador del desarrollo integral metropolitano, la obligación de que el Poder Ejecutivo y los municipios conurbados en zonas metropolitanas previamente declaradas por esta Soberanía, establezcan mecanismos de coordinación administrativa en la materia.

“Estaremos previendo que las autoridades municipales establecidas en zonas metropolitanas y el Gobierno del Estado, generen mecanismos de planeación para el desarrollo y ejecución de acciones regionales en materias como: asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, tránsito, movilidad, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, seguridad pública y para la prestación de servicios públicos”, subrayó.

En consecuencia, y acorde al texto de la Ley secundaria en vigor, propone adicionar fracciones a los artículos 33 y 49 de la Carta Magna local, para dotar al Poder Ejecutivo de la facultad de proponer la delimitación de zonas metropolitanas y a esta Soberanía, de la facultad de reconocer y declarar, con base en la Constitución Política del Estado, los territorios metropolitanos de la entidad, los actuales y los que, en el futuro, por la misma dinámica social, se lleguen a conformar.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, signada por todos los integrantes del Grupo Legislativo del PAN, fue turnada, para su estudio y análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Metropolitano.

La LXV Legislatura de Veracruz recibió la iniciativa, enviada por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, por la cual solicita a esta Soberanía la autorización para contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 41 mil 769 millones 280 mil 619 pesos, con el objeto de llevar a cabo la reestructura o el refinanciamiento total o parcial de la deuda pública del Estado con la o las instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.

De acuerdo a la iniciativa de decreto, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado durante la décima cuarta sesión ordinaria, se tiene previsto alcanzar una estructura de deuda más flexible y eficiente; reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos y establecer un servicio de la deuda mejor equilibrado que libere flujos de efectivo que permitan fortalecer las inversiones prioritarias del Estado.

Así como mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos en beneficio y atención de las necesidades más sentidas de la población; fortalecer las finanzas estatales, a través de una administración honesta, transparente y eficiente de los recursos públicos y una gestión de la deuda pública alineada con los principios de disciplina y responsabilidad hacendaria establecidos en la legislación vigente.

Asimismo, se propone que las autorizaciones referidas en la Iniciativa sean otorgadas previo análisis, efectuado por el Congreso del Estado, en relación a: capacidad de pago del Estado; el destino que se otorgará a los recursos que se obtengan de nuevos financiamientos u operaciones que se contraten y el otorgamiento de garantías o establecimiento de fuente de pago del o los financiamientos u operaciones que se formalicen.

En la exposición de motivos se establece que tras una revisión exhaustiva de la estructura de la deuda pública se ha llegado al conocimiento de que, dada la situación actual del mercado, es viable mejorar las condiciones crediticias, en términos de costo, equilibrio del servicio de la deuda y un uso más racional de las fuentes de pago del Estado, mediante el refinanciamiento o la reestructura de la Deuda Vigente de Largo Plazo.

Durante la décima cuarta sesión de la LXV Legislatura, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por lo que exhorta a los Gobiernos Municipales para que, por conducto de sus unidades municipales de protección civil, termine de elaborar y actualizar los Atlas Municipales de Riesgo, los mapas comunitarios de riesgo y los programas municipales en materia de protección civil y sus planes de acción para casos de emergencia y desastre.

Del mismo modo, la legisladora realizó un exhorto al Gobierno del Estado de Veracruz, para que a través de la Secretaría de Protección Civil (SPC) contribuya a las Unidades Municipales en asesoría y capacitación en la elaboración y actualización de los programas y acciones en esta materia.

Aseguró que la Comisión Permanente de Protección Civil se ha sumado a los trabajos para hacer frente a la temporada de lluvias y ciclones 2019, en conjunto con 45 instituciones estatales y federales así como de la sociedad civil, con el objetivo de cambiar las formas de trabajo.

Destacó que se han propuesto cambios de fondo además de coordinación en la forma de actuar ante situaciones de riesgo, la cual conlleva una nueva visión del servicio de Veracruz que impregna a los tres órganos del gobierno para que no sea sólo reactiva, sino que se trabaje en un política de protección civil que ponga énfasis en la prevención.

La legisladora Ana Miriam dijo que esta política está basada en leyes que permitan una coordinación eficaz y horizontal entre dependencias de gobierno, para que las acciones del sector público estatal sean transversales, asumiendo cada una de las dependencias el compromiso de contribuir a la prevención de desastres.

Sostuvo que estos trabajos consistirán en la anticipación, planeación y obras de mitigación, para difundir la cultura de protección civil a fin de involucrar a toda la población, otorgando prioridad a los que menos tienen y dando cero tolerancia a la corrupción, pues ésta última en materia de protección civil cuesta vidas, “y más cuando se tiene claro que los fenómenos naturales no son desastres por sí mismos, se convierten en desastres por las omisión humana, la falta de planeación y de una política responsable, por la negligencia de los tomadores de decisiones”, enfatizó.

Adelantó, que se solicitará el apoyo del Gobierno de la República, para actualizar los Atlas de Riesgo, además de emprender nuevas propuestas para proyectos de mitigación en coordinación con la Secretaría de Protección Civil.

Finalmente aseguró que “se debe transitar de una política de protección civil centrada en la emergencia a otra donde se prevenga lo prevenible, todo de manera simultánea con políticas integrales de combate a la pobreza que están expresas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024”.

A propuesta de las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso del Estado se crearía la Comisión Permanente Anticorrupción, que deberá integrarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles bajo los criterios de proporcionalidad, inclusión y pluralidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Mediante una Iniciativa de Decreto que adiciona la fracción XLI al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, presentada por el diputado Bingen Rementería Molina, esta bancada propone la creación de una instancia que dé seguimiento y evalúe la implementación, el trabajo, los avances y resultados del marco jurídico que rige al Estado.

De acuerdo con la propuesta, la Comisión estará encargada del análisis de los asuntos en esta materia y de que se vigile a los servidores públicos y particulares que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), coadyuvando a la coordinación de las instituciones responsables de la transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la ineficiencia administrativa en la consecución de los fines planteados, de tal manera que se logren los objetivos para los que fue creado el SEA.

Desde la tribuna, el legislador refirió la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo –dijo- es sentar las bases de un nuevo orden jurídico, para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, en todos los órdenes de gobierno.

Recordó que esta Soberanía, en la pasada Legislatura, aprobó y el Ejecutivo publicó la armonización del Sistema Nacional Anticorrupción, que contenía reformas a diversas leyes como: la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas para la entidad, entre otros cuerpos de leyes tendientes a conformar el cuerpo jurídico de combate a la corrupción.

La iniciativa está firmada por las diputadas María Josefina Gamboa Torales, María Graciela Hernández Iñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade y por los diputados Sergio Hernández Hernández, Juan Manuel de Unánue Abascal, Rodrigo García Escalante, Omar Guillermo Miranda Romero, Bingen Rementería Molina y Ricardo Arturo Serna Barajas.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

Con 39 votos a favor, el Congreso del Estado determinó remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una Iniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de que se reduzca el costo del peaje de las carreteras federales y apoyar la economía de miles de familias mexicanas.

Esta Soberanía propone una reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para “que los automovilistas que acrediten su residencia en las localidades cuyos municipios sean colindantes del tramo carretero donde se ubique una caseta de cobro, solo paguen el 50 por ciento del peaje, siempre y cuando se acredite su residencia con una constancia expedida por la autoridad municipal correspondiente, con vigencia de un año”.

Asimismo, que “en el caso de concesiones para la explotación de caminos y puentes haya un tope en el cobro del peaje, que no debe rebasar el 50 por ciento de los costos del litro de gasolina magna o su equivalente, por cada 10 kilómetros de tramo”. En este mismo sentido, “las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles”.

En el Dictamen se señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe desarrollar programas de conservación rutinaria, para asegurar buenas condiciones de servicio a los usuarios, de conservación preventiva, para evitar mayores deterioros, y de reconstrucción, para recuperar tramos que presentan daños.

También se indica que: “la SCT podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, Estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley, así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por los plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará el mantenimiento, la conservación o la construcción de vías alternas libres de peaje”.

La Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada por los diputados Juan Carlos Molina Palacios, presidente; Gonzalo Guízar Valladares, secretario, y Omar Guillermo Miranda Romero, vocal, emitió el Dictamen correspondiente a la iniciativa presentada, el pasado 31 de enero, por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD.

La LXV Legislatura de Veracruz recibió la iniciativa, enviada por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, por la cual solicita a esta Soberanía la autorización para contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 41 mil 769 millones 280 mil 619 pesos, con el objeto de llevar a cabo la reestructura o el refinanciamiento total o parcial de la deuda pública del Estado con la o las instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.

De acuerdo a la iniciativa de decreto, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado durante la décima cuarta sesión ordinaria, se tiene previsto alcanzar una estructura de deuda más flexible y eficiente; reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos y establecer un servicio de la deuda mejor equilibrado que libere flujos de efectivo que permitan fortalecer las inversiones prioritarias del Estado.

Así como mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos en beneficio y atención de las necesidades más sentidas de la población; fortalecer las finanzas estatales, a través de una administración honesta, transparente y eficiente de los recursos públicos y una gestión de la deuda pública alineada con los principios de disciplina y responsabilidad hacendaria establecidos en la legislación vigente.

Asimismo, se propone que las autorizaciones referidas en la Iniciativa sean otorgadas previo análisis, efectuado por el Congreso del Estado, en relación a: capacidad de pago del Estado; el destino que se otorgará a los recursos que se obtengan de nuevos financiamientos u operaciones que se contraten y el otorgamiento de garantías o establecimiento de fuente de pago del o los financiamientos u operaciones que se formalicen.

En la exposición de motivos se establece que tras una revisión exhaustiva de la estructura de la deuda pública se ha llegado al conocimiento de que, dada la situación actual del mercado, es viable mejorar las condiciones crediticias, en términos de costo, equilibrio del servicio de la deuda y un uso más racional de las fuentes de pago del Estado, mediante el refinanciamiento o la reestructura de la Deuda Vigente de Largo Plazo.