En el marco de los trabajos del Seminario de actualización para asesores y asesoras legislativas en materia de Derechos Humanos, este día, los trabajos correspondientes al Bloque 1: Sobre los derechos civiles y políticos, se realizaron en la sala “Jesús Reyes Heroles”, del Congreso del Estado, con la participación del doctor Lauro Rubén Rodríguez Zamora, académico e investigador del Colegio de Veracruz.

Durante la segunda sesión de trabajo del Seminario, que coordina la titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, doctora Mónica Mendoza Madrigal, correspondió al doctor Lauro Rubén Rodríguez Zamora, disertar sobre la importancia que tiene el legislar con enfoque de Derechos Humanos.

Al dar la bienvenida al ponente y realizar su presentación, la doctora Mendoza Madrigal señaló que la realización del Seminario es producto de la suma de voluntades, y de la disponibilidad positiva de los ponentes, que brindan sus conocimientos y los ponen a disposición de las y los asesores legislativos.

Esto, dijo, con el objetivo de propiciar la reflexión sobre nuevos horizontes temáticos, en materia de Derechos Humanos, entre las y los asesores del Congreso del Estado, a partir del diálogo con expertos y expertas en la materia, que les permita enriquecer su enfoque, y fortalecer la generación de los productos legislativos.

A la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de la Sexagésima Quinta Legislatura, del Congreso del Estado, se turnó, por acuerdo del Pleno de esa Soberanía, el Anteproyecto de Punto de Acuerdo relativo a la celebración de los 75 años de la fundación de la Universidad Veracruzana (UV), presentado por el diputado Raymundo Andrade Rivera, integrante del Grupo Legislativo de Morena.

Mismo que fue analizado, y tomando en cuenta que el legislador de Morena considera “importante y de gran relevancia” celebrar la fundación de la máxima casa de estudios de Veracruz, así como reconocer su historia y fortalecer el vínculo que ha existido siempre entre esa institución y el Poder Legislativo.

“Como el que esta casa de estudios cada año aumenta su oferta académica, amplía y mejora sus instalaciones y continúa trabajando “con integridad y honorabilidad en la formación de jóvenes veracruzanos y de todos aquellos que en ella ven la oportunidad de obtener una educación de calidad”, destacó.

Resaltando en su Anteproyecto, el diputado comenta, que la UV se ha preocupado siempre “por su innovación y adaptación a las necesidades que exige una preparación académica de excelencia, por lo que en este aspecto ha ido permanentemente a la vanguardia”.

Por lo que los integrantes de la JUCOPO, estimaron que, en efecto, la UV es un pilar fundamental dentro de la tarea educativa a cargo del Estado, formadora de innumerables generaciones de profesionales destacados, en todas las áreas del conocimiento e indiscutiblemente, merecedora de todos los homenajes a celebrar con motivo de los 75 años de su fundación, por lo que decidieron aprobar esta propuesta.

Por todo lo anterior, acordaron otorgar a la UV, en el marco de los festejos por los 75 años de su fundación, un reconocimiento por parte del Poder Legislativo del Estado “a su labor en beneficio de la sociedad y su inigualable compromiso con la educación de los veracruzanos”.

Este Acuerdo se aprobó con 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

La Diputación Permanente dio entrada a una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Derechos y de la Ley del Ejercicio Profesional, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que propone diversas acciones en materia educativa.

De acuerdo con la reforma propuesta al artículo 18 del Código de Derechos, por los servicios prestados por la Secretaría de Educación, se causará: por el registro de título profesional electrónico, de diploma, de especialidad y de gasto académico: 10.6027 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por el registro de títulos profesionales electrónicos ante la Secretaría de Educación Pública: 7.4219 UMA y por Compulsa de Documentos por Titulación Electrónica: 4.2411 UMA.

La reforma a la Ley del Ejercicio Profesional indica que en el Artículo 1, “Se entiende por título profesional el documento en formato impreso o electrónico expedido por las instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares cuyos estudios tengan reconocimiento de validez oficial, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes, o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables”.

En el Artículo 5, se contempla que para el ejercicio de una o varias especialidades, se requiere autorización de la Coordinación de Profesiones, que la expedirá al probársele previamente dos condiciones: I. Haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de esta Ley, y II. Comprobar en forma idónea, haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico, en la ciencia o rama de la ciencia de que se trate.

La actualización del Artículo 9 señala que al secretario de educación corresponde la expedición de los títulos profesionales, diplomas de especialidad y grados académicos que emitan las instituciones que dependan del Gobierno del Estado o que se encuentren sectorizadas a éste, previa certificación de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.

En relación con el Artículo 14, se contempla que los extranjeros podrán ejercer en el Estado las profesiones que regula la presente Ley, siempre que lo autorice la Coordinación de Profesiones.

El subsecuente Artículo 15, señala que los extranjeros que posean título de cualquiera de las profesiones que comprenda esta Ley sólo podrán ser profesores de especialidades que aún no se enseñen o en las que acrediten indiscutible y señalada competencia, en concepto de la Coordinación de Profesiones.

En el mismo sentido de la reforma propuesta, el artículo 16 indica que la Coordinación de Profesiones de la Secretaría de Educación de Veracruz se encargará de la vigilancia del ejercicio profesional y será el órgano de conexión entre el Estado y los Colegios de Profesionales.

En el Artículo 17, se añade a las facultades y obligaciones de la Coordinación de Profesiones: Registrar ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública los títulos profesionales electrónicos de las escuelas públicas y particulares, dependientes y sectorizadas a la Secretaría de Educación de Veracruz, así como las demás que fijen las leyes, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz y las demás disposiciones relativas y aplicables.

Las modificaciones a los artículos 19 y 21 promueven, respectivamente, obtener patente de ejercicio ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y en materia penal, que el acusado pueda ser oído en defensa por un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. En caso de que no hiciera uso de este derecho, se le nombrará un defensor público que en todo caso deberá ser titulado.

Se prevé, en el Artículo 23, que se extenderá al pasante una credencial para ejercer su profesión, en la que se precise el tiempo que gozará de tal autorización. Sólo el secretario de educación, en casos excepcionales, podrá extender una prórroga a dicha autorización, y una vez concluido dicho término ésta quedará automáticamente anulada.

Referente al Artículo 35, las autoridades judiciales deberán comunicar oportunamente a la Coordinación de Profesiones las resoluciones que dicten sobre inhabilitación o suspensión en el ejercicio profesional, cuando éstas hayan causado ejecutoria.

Como requisito para constituir y obtener el registro del Colegio Profesional respectivo, se añade en el Artículo 37 la exhibición de documentos ante la Coordinación de Profesiones.

En el Artículo 42 se suma a las atribuciones de los Colegios de Profesionales: Representar a sus miembros o asociados ante la Coordinación de Profesiones, formular los Estatutos del Colegio depositando un ejemplar en la misma Coordinación y presentar a la Coordinación de Profesiones una lista de peritos profesionales.

Los objetivos fundamentales del servicio social, puntualizados en el Artículo 44, incluirán también contribuir a la satisfacción de necesidades sociales en las distintas regiones del Estado, bajo la sinergia de la Coordinación de Profesiones.

En lo que respecta a la prestación del servicio social dentro del territorio estatal, el Artículo 45 indica que será por un término no menor de seis meses ni mayor de dos años y que no se computará el tiempo en que por enfermedad u otra causa justificada, a juicio de la Coordinación de Profesiones, se permanezca fuera del lugar en donde deba prestarse.

En el Artículo 57, donde se estipula que la Coordinación de Profesiones, previa audiencia de parte interesada, cancelará las inscripciones de títulos profesionales, instituciones educativas, Colegio de Profesionales o demás actos que deban registrarse, añade las que establezcan las Leyes, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz y demás disposiciones relativas y aplicables.

El tercero transitorio concede que la expedición de los títulos y cédulas profesionales que se encuentran en trámite serán atendidos de acuerdo a los procedimientos vigentes al momento de su inicio.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Hacienda del Estado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó a la Cámara de Diputados que, a través de la Guardia Nacional, se garantiza la integridad de las personas en los puntos fronterizos, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad a la normatividad aplicable.

Mencionó que se trabaja con las entidades federativas en la protección y resguardo de las caravanas migrantes; además, en las regiones que son un punto de flujo migratorio.

También se han establecido puntos de controles fijos y objetivos aleatorios en las zonas con afluencia de migrantes, y con el Instituto Nacional de Migración se ejecutan acciones conjuntas en todo el territorio nacional.

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la dependencia resalta que se han instalado puntos de inspección en las carreteras, con la finalidad de atender el flujo migratorio a bordo de autobuses y camiones.

Destaca que es necesaria una estrecha coordinación y colaboración de las instancias de seguridad, con los organismos encargados de garantizar los derechos humanos en el país.

Considera fundamental generar esquemas de protección que garanticen los derechos de los migrantes, mediante acciones que permitan el adecuado desarrollo de las atribuciones de esta institución y sus órganos administrativos desconcentrados.

Eso respondió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a diversos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, respecto del flujo migratorio proveniente de Centroamérica.

Los legisladores pidieron un informe sobre las medidas adoptadas para salvaguardar el orden público de los estados de tránsito migratorio, con motivo de los migrantes provenientes de Centroamérica.

Solicitaron diseñar un protocolo de actuación que garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes y de los menores no acompañados, derivado de las nuevas políticas migratorias que implantará el gobierno federal.

Inició, en el Palacio Legislativo, el Seminario de actualización para asesores y asesoras legislativos en materia de Derechos Humanos, una iniciativa conjunta del Congreso del Estado, a través del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH), y de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno del Estado, en respuesta a la necesidad interna de capacitación de las y los servidores públicos.

La inauguración de los trabajos estuvo a cargo del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien consideró “prioritario el impulso a la formación continua de los trabajadores de este Honorable Congreso del Estado, porque es con mayor preparación como se logrará realizar mejor el trabajo que nos ha sido conferido”.

El legislador aseguró que “las diputadas y los diputados hemos asumido con mucha responsabilidad la confianza que nos ha dado el pueblo veracruzano. Podemos sacar a Veracruz adelante trabajando de manera coordinada entre los distintos poderes del Estado y respetando los derechos humanos”.

Durante el acto de apertura, la presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil, diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, dijo que “legislar acorde con los derechos humanos es uno de los principios rectores del trabajo que realizamos en este Poder Legislativo, no tan sólo para consolidar el Estado de Derecho, sino para garantizar la vida democrática de nuestra entidad”.

Al señalar que el enfoque de los derechos humanos es “una tarea conjunta que debemos realizar dentro de cada una de las 40 comisiones permanentes y las ocho especiales de esta LXV Legislatura”, hizo un reconocimiento a la convocatoria e iniciativa del CEIGDH y reiteró su compromiso con el enfoque de derechos humanos en la comisión que preside.

A su vez, la diputada Mónica Robles Barajas, titular de las comisiones Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconoció que el Congreso de Veracruz es el único en el país que cuenta con un Centro de Estudios de esta naturaleza.

Puso de relieve también el compromiso de los titulares de la Junta de Coordinación Política y de la Sefiplan por cumplir el mandato constitucional. “No podemos legislar según nuestras ideologías personales o preferencias, sino de acuerdo con lo que constitucionalmente está establecido y en los tratados internacionales de los que México es parte. Esta capacitación abona en gran medida a que logremos dicho propósito”.

En el uso de la palabra, la encargada del CEIGDH, Mónica Mendoza Madrigal, explicó que, a partir de un análisis que realizó este Centro de Estudios de la productividad legislativa, surgió el interés por desarrollar un esquema de capacitación que permitiera ampliar el espectro de derechos humanos que son abordados en cada uno de los productos legislativos, así como de proponer nuevas líneas y enriquecer los enfoques que son utilizados para su abordaje a través del trabajo que es desarrollado en esta Legislatura.

Ante el secretario general de esta Soberanía, Domingo Bahena Corbalá, agradeció a las instituciones participantes como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Búsqueda, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las secretarías de Educación y de Salud de Veracruz, la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, la Oficina del Ciudadano Gobernador, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Así como al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, la Universidad de Xalapa, la Universidad Cristóbal Colón, al Colegio de Veracruz, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, la Universidad Veracruzana, la Universidad Pedagógica Veracruzana, los tribunales Superior de Justicia del Estado de Veracruz, de Justicia Administrativa del Estado y Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a organizaciones civiles.

También en el presídium, el director general de administración de la Sefiplan, Carlos Bernabé Pérez Salazar, expresó su beneplácito por la contribución que esta dependencia hace para que las y los servidores públicos cuenten con las herramientas necesarias para realizar su trabajo con eficiencia y profesionalismo, haciendo buen uso de todos los recursos disponibles.

Del mismo modo, el subsecretario de administración de finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, refirió también la colaboración entre los poderes del Estado para la consecución de objetivos en esta materia, a partir del convenio firmado entre la Sefiplan y el Congreso, y así “avanzar juntos y cambiar las cosas para bien en Veracruz”.

Este Seminario, que es gratuito, se desarrollará a partir de este día y hasta el 31 de octubre, todos los martes y jueves de 12:00 a 15:00 horas. En 14 sesiones, 27 especialistas discutirán y analizarán 22 temas sistematizados en tres bloques: Sobre los derechos civiles y políticos, Derechos económicos, sociales y culturales y Derechos de los pueblos.

Su objetivo es propiciar la reflexión sobre nuevos horizontes temáticos en materia de Derechos Humanos entre las y los asesores parlamentarios de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para, a partir del diálogo establecido con expertos y expertas en la materia, enriquecer este enfoque, fortaleciendo la generación de los productos legislativos.

Este miércoles 4 de septiembre, en el Palacio Legislativo, se llevará a cabo el Foro de Análisis y consulta Ciudadana “A un año de la Ley TEA en Veracruz, avancemos hacia el reglamento”, a iniciativa de la organización mexicana Viautismo Incluyente AC, con el respaldo de las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos de la Niñez y la Familia.

Se prevé la participación de las diputadas: Brianda Kristel Hernández Topete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; Cristina Alarcón Gutiérrez, titular de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia; Montserrat Ortega Ruiz, secretaria de esta instancia y vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; Mónica Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y de la Comisión Especial de Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Érika Ayala Ríos, coordinadora del Grupo Legislativo PRI-PVEM.

A este encuentro se ha convocado a profesores en general, docentes y estudiantes de educación especial, normalistas, profesionales de la salud y educación, funcionarios, terapeutas, psicólogas y psicólogos, especialistas en Psicopedagogía, familiares, personas con Trastorno del Espectro Autista, especialistas, asociaciones civiles, colectivos defensores de los derechos humanos y público en general.

La jornada constará de dos momentos: en el Salón Cristales (vestíbulo del Recinto Oficial de Sesiones), la presidenta de Viautismo Incluyente AC, Beatriz Lechuga Méndez, dará la bienvenida a los participantes y autoridades; acto seguido, la titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Regina Pérez López, inaugurará los trabajos.

Posteriormente, en el mismo salón y de manera simultánea en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, se desarrollarán los trabajos en dos mesas de trabajo. Cada participante presentará su exposición y se dará lectura al articulado del Documento de Trabajo. Se presentará el análisis y las propuestas alternadas y se realizará la lectura, votación y firma de validación de las conclusiones.

En la Mesa 1, analizarán los capítulos I. Disposiciones generales y IV. Prohibiciones y Sanciones y en la Mesa 2, los capítulos II. De los derechos y de las obligaciones y III. De la Comisión Interinstitucional.

Con el apoyo de las personas relatoras y el grupo asesor, los participantes elaborarán el documento final de cada mesa de trabajo. La lectura de conclusiones estará a cargo de las personas coordinadoras. Finalmente, se efectuará la votación de la Propuesta Ciudadana de Reglamento de la Ley TEA en Veracruz y los resultados se entregarán a las autoridades.

Con la temática Obligaciones de Transparencia y Lineamientos Generales, se dieron por concluidos los cursos de capacitación que, como parte de la obtención de la certificación Sujeto Obligado 100% Capacitado, fueron impartidos por parte de autoridades del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) a jefes de departamento y personal de diversas áreas que conforman este Poder Legislativo.

En la clausura de los trabajos de estos cursos, con la presencia del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y Domingo Bahena Corbalá, Secretario General del Congreso del Estado, la titular de la Unidad de Transparencia de la LXV Legislatura, Liliana López Coronado, aseguró que es obligación de los servidores públicos de este Congreso, establecer vínculos de comunicación entre el legislativo y la sociedad, traduciéndose en una gran responsabilidad con los ciudadanos.

Indicó que tras concluir el bloque de los cursos se estaría a la espera, en breve, de recibir por parte del IVAI la certificación Sujeto Obligado 100% Capacitado, lo cual –afirmó- será de gran relevancia para la LXV Legislatura, toda vez que demuestra el compromiso que se tiene con la transparencia y la rendición de cuentas, pero sobre todo con las y los veracruzanos.

Dijo que es una obligación de todo servidor público transparentar las gestiones y rendir cuentas a la sociedad, prevaleciendo el principio de máxima publicidad, favoreciendo a la ciudadanía para que tengan una protección amplia, atendiendo el principio pro persona, garantizando que la información sea accesible, actualizada, confiable, verificable y oportuna.

“Un ciudadano informado critica, discute y evalúa las peticiones sobre acceso a la información hacia las instituciones, asimismo, los ciudadanos tienen la oportunidad de reconocer el buen trabajo que realizan los legisladores y el Congreso en general en su desempeño”, abundó.

Cabe destacar que estos cursos, realizados del mes de marzo a la fecha, tienen concordancia con temas como lo son: Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, entre otros.

La fortaleza de un gobierno radica en la solidez de sus instituciones y en el compromiso que tengan los servidores públicos de cumplir con las leyes, de ahí que es de suma importancia la capacitación constante en aras de brindar un mejor servicio a las y los ciudadanos, expresó el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, al inaugurar el curso Elaboración y Presentación del Proyecto de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla de Personal 2020, dirigido a tesoreros y contadores municipales.

En este curso, organizado por la Secretaría de Fiscalización de este Congreso, a cargo de Diana Alicia Bellido Díaz, y ante la presencia de la diputada Florencia Martínez Rivera, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, el legislador Álvarez Pellico dijo, a los tesoreros y contadores de 90 ayuntamientos, que este Poder Legislativo mantiene una política de apertura y disposición para apoyarlos en las solicitudes que, de acuerdo a las atribuciones conferidas por ley, hagan a esta Soberanía.

En cumplimiento al artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, los ayuntamientos están obligados a presentar, durante la segunda quincena de septiembre, sus proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. Al respecto el diputado indicó que seguramente gran parte de los servidores públicos municipales ya deben tener experiencia en estos procedimientos, “para algunos otros son temas nuevos, pero que con la práctica seguramente encontrarán la habilidad de conformar una propuesta acorde a las necesidades de sus municipios”, agregó.

Por último, manifestó que los nuevos tiempos de la vida pública nacional exigen actuar con mayor eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la correcta aplicación de los recursos públicos, tal y como lo refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tanto, la diputada Florencia Martínez agradeció la asistencia y participación de servidores públicos de 90 de los 106 ayuntamientos convocados, ya que eso –agregó- refleja el interés que tienen por mejorar el servicio a favor de sus gobernados. Asimismo, sostuvo que desde la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal se ha implementado un trabajo de cercanía con las autoridades municipales a fin de coadyuvar con ellos a crear condiciones idóneas para que haya bienestar social.

La secretaria de Fiscalización, Diana Alicia Bellido, invitó a las y los servidores públicos a trabajar coordinadamente con el Poder Legislativo del Estado e informó que hay apertura para asesorarlos y que si tienen una duda o comentario pueden comunicarse vía telefónica o acudir personalmente en cualquier momento.

Posteriormente y ante la presencia de la Jefa del Departamento de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales del Congreso del Estado, María del Carmen Morales Ramos, los ponentes Juan Carlos Patiño Pérez y Pomposo David Arizmendi Parra iniciaron el curso, en el cual abordaron temas relativos con el marco legal de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; los ingresos municipales y el Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz.

Este curso continuará este viernes 30 de agosto en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada y están convocados servidores públicos municipales de 106 ayuntamientos.

Con la finalidad de dar cumplimiento al trámite legislativo correspondiente, a los asuntos turnados a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, se llevó a cabo una sesión de trabajo en la que fue firmado el dictamen, por el cual se declara improcedente la denuncia de Juicio Político en contra de la presidenta municipal de Córdoba, promovido por el ciudadano Pablo Martínez Rodríguez.

Participaron en la reunión: por la Comisión de Gobernación, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta; el diputado Raymundo Andrade Rivera, secretario y la legisladora María Josefina Gamboa Torales, vocal. Por la de Justicia y Puntos Constitucionales, las diputadas Mónica Robles Barajas y Rosalinda Galindo Silva, presidenta y secretaria, respectivamente.

Para que la legislación civil estatal cumpla con un enfoque transformador, progresivo y dinámico para proteger a la familia en cualquiera de sus modalidades, la diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó la iniciativa que adiciona el artículo 354 Bis al Código Civil del Estado, a fin de incorporar la figura de custodia compartida.

En su intervención desde la tribuna, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Receso, la legisladora subrayó que su iniciativa pretende incentivar la custodia compartida como unaposibilidad de garantizar el vínculo afectivo, tanto con la madre como con el padre, y así una mejor vida para las y los menores.

De esta manera, se pretende establecer en el citado artículo que cuando ambos padres lo acuerden, mediante el convenio de divorcio respectivo, cuando los progenitores lo soliciten durante la tramitación del juicio o aun después de dictada la sentencia, el órgano jurisdiccional competente, atendiendo al interés superior del menor, podrá otorgarles la custodia compartida.

Esta custodia podrá acordarse en periodos equivalentes de una semana, un mes, por semestre o en aquellos periodos que determinen el padre o la madre de conformidad con sus posibilidades, valorando las especiales circunstancias de cada caso, indica el texto de la iniciativa.

Algunos criterios que el órgano jurisdiccional deberá considerar para otorgar la custodia compartida serán: que entre los padres se mantenga y se promueva siempre el respeto y el aprecio por las hijas y los hijos hacia cada uno de ellos, que ambos padres tengan claro el papel de cada uno en la crianza y desarrollo de los menores durante y después de los acuerdos a los que lleguen y que sean confirmados por la autoridad judicial competente.

Además, que exista la posibilidad de llegar a acuerdos entre los padres, sea con o sin auxilio de ayuda externa, a través de un medio alternativo, como la mediación, y que ambos padres mantengan una alta autoestima, flexibilidad y apertura al apoyo y la ayuda mutua a favor de los hijos, independientemente del divorcio y sus causas.

Asimismo, que ambos progenitores garanticen condiciones semejantes de vida a las hijas o hijos, durante los lapsos correspondientes, como el de radicar en la misma ciudad, en lugares de igual distancia al centro escolar, frecuentar los lugares de esparcimiento del menor y aquellas que impliquen las mejores condiciones equivalentes a su desarrollo emocional, educativo y afectivo.

La iniciativa también plantea que en la custodia compartida cada progenitor podrá absorber todas las obligaciones derivadas del sustento económico de los hijos e hijas durante los períodos de asignación o cualquier otra variante acordada por el padre o la madre decretada por el órgano jurisdiccional, siempre y cuando existan las condiciones necesarias para este efecto.

Las labores del hogar y el cuidado de las hijas y los hijos serán consideradas equiparables al trabajo formal de aquel progenitor que aporta económicamente al hogar. En igualdad de circunstancias deberán tener igualdad de obligaciones, a fin de no causar perjuicios a los menores y compartir el cumplimiento de sus deberes, atendiendo al bienestar del descendiente.

La legisladora Robles Barajas, presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, sostuvo que la custodia compartida provee a los menores de mejor calidad de vida, puesto que siempre existen dos personas para responder y satisfacer las necesidades. “Además, los menores establecen un fuerte lazo afectivo con ambos padres y reduce el sentimiento de pérdida que se da en los casos de divorcio y cuando se decreta la custodia única”.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.