A rescatar los valores del constitucionalismo transformador, a encontrar la ruta equilibrada entre la fuerza del Estado, los derechos de las personas y la función protectora, bajo los límites del derecho y el beneficio de todos, convocó la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, al darles la bienvenida a los asistentes y ponentes al foro de la Actuación Policial en el Uso Legítimo de la Fuerza, cuyos trabajos son posibles gracias a la actividad conjunta entre los tres poderes de la entidad.

El propósito de este encuentro, destacó Linares Capitanachi, es reconocer y discutir a fondo, desde los diversos enfoques institucionales y académicos, que el uso legítimo de la fuerza del Estado, a través de sus instituciones policiales y el ejercicio de la función de seguridad, deben ser una decisión estratégica y razonada, basada en la utilización de técnicas, tácticas y métodos profesionales y objetivos, exclusivamente para controlar, repeler o neutralizar actos que atacan o amenazan bienes jurídicos protegidos.

Correspondió al presidente municipal de la ciudad de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, hacer la declaratoria inaugural del foro, en el cual agradeció a los ponentes por compartir sus conocimientos.

“El fin es tener excelentes equipos de seguridad, que los conocimientos compartidos este día permitan un mejor desempeño de los cuerpos policiales, que en Veracruz, como en el país, existe el compromiso por impulsar una cultura de paz, una cultura de la legalidad, que nos permita avanzar hacia un Estado en que todas las personas cuenten con seguridad y la protección de sus derechos”, agregó.

Posteriormente, dieron inicio las mesas de trabajo, la primera, Marco jurídico del actuar policial, fue moderada por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, y participaron en la misma, el Magistrado Raúl Pimentel Murrieta y el licenciado Ernesto López Portillo Vargas; con los temas La justificación del actuar policial desde el ámbito jurídico penal mexicano y los tratados internacionales y Generalidades y principios jurídicos a los que debe sujetarse el uso legítimo de la fuerza, respectivamente.

En la segunda mesa de trabajo, denominada Uso legítimo de la fuerza policial en México, participaron el doctor Alejandro de la Fuente Alonso, con el tema Significado y consecuencia del uso excesivo de la fuerza policial, y el maestro Bernardo M. Sánchez Vigil, abordó el tema de los Derechos Humanos en México.

La tercera y última mesa, El actuar policial y los Derechos Humanos, contó con la participación del licenciado Francisco Felipe Villa Campa, y abordó El actuar policial desde el punto de vista de las Instituciones de Seguridad Pública.

En cumplimiento a la convocatoria, aprobada el pasado 11 de octubre por el Pleno de la LXV Legislatura, inició el proceso de entrevistas a seis de los once aspirantes registrados para ocupar la titularidad de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para un periodo de cinco años.

Correspondió a los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, secretario y vicepresidente respectivamente de la Mesa Directiva, entrevistar a Rafael Ambrosio Caballero Verdejo, Luis Ignacio Correa García, Miguel Ángel Cruz Vega, Norberto Mario Gallegos Hipólito, Rolando Guzmán Hernández y José Alberto Hernández Melgarejo.

Reunidos en la sala de sesiones Venustiano Carranza, los legisladores cuestionaron a los ciudadanos mencionados en relación con los principales ordenamientos jurídicos que rigen el Sistema Estatal Anticorrupción, el proceso de entrega-recepción de las unidades administrativas, las principales atribuciones de la Contraloría General de la FGE y qué acciones propondrían para mejorar este órgano, en caso de ser elegidos para el cargo.

Los aspirantes detallaron su formación académica y los principales cargos que han ocupado y que están relacionados con la materia, su participación en la evaluación y el manejo de los recursos públicos, así como con responsabilidades administrativas.

En este ejercicio de transparencia y legalidad, los diputados formularon sus preguntas a los aspirantes, quienes contaron con tres minutos para responder cada cuestionamiento. Al término de cada entrevista, se les agradeció su interés y se informó a cada uno que, en caso de pasar a la siguiente fase, se le notificará con anticipación.

Este procedimiento para elegir al titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado es resultado de la renuncia, con carácter de irrevocable, que presentó al cargo la ciudadana María del Pilar Beltrán Cisneros.

Este miércoles 30 de octubre, a partir de las 12:00 horas, continuará el proceso de entrevistas con los cinco aspirantes restantes que son: Osbal Moncayo Martínez, Claudia

Pérez Burguete, Carlo Omar Rizo Contreras, David Sánchez Barradas y Hernán Solís Contreras.

Al dar la bienvenida a los asistentes al foro Hacia una Cafeticultura Sustentable en Veracruz, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui expresó que este espacio tiene como fin discutir, con los representantes de las 10 regiones productoras de café del Estado, los intereses comunes como el precio del café, el bienestar de los productores, los problemas ambientales y la sostenibilidad.

Ante la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín y del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Eduardo Cadena Cerón, la legisladora Lagunes Jáuregui dijo que es de alta prioridad atender lo relativo a la renovación de las fincas, el aumento a la productividad, la trasferencia técnica y tecnológica, así como la capacitación, la gestión oportuna y transparente de apoyos y el impulso a la calidad del aromático.

La diputada invitó a los involucrados a aportar experiencias, conocimientos y capacidades para la construcción de una reforma integral a la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano.

Informó que hay una Comisión de Redacción, instancia encargada de la creación del proyecto de iniciativa para la reforma integral a la Ley, y que con el apoyo de la Comisión Especial se fortalecerán todos los eslabones de la cadena productiva cafetalera de la entidad. “Esta es una oportunidad de unir esfuerzos para que en el campo nos vaya mejor, en particular, le vaya mejor a las y los cafeticultores”, agregó.

La presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Comercialización del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, del Congreso del Estado, Nora Jessica Lagunes pidió aprovechar el foro y revisar las prioridades, sumar capacidades y promover el reconocimiento de la actividad cafetalera. Asimismo convocó a trabajar unidos a favor de la calidad, de la productividad, de la comercialización, sustentabilidad, sostenibilidad de las fincas y de los procesos que fortalezcan al sector.

Con la asistencia de los diputados Jorge Moreno Salinas, Raymundo Andrade Rivera y Omar Miranda Romero, así como las legisladoras Deisy Juan Antonio e Ivonne Trujillo Ortiz, el diputado Juan Javier Gómez explicó que la Comisión Especial del Café fue

creada por acuerdo de todas y todos los diputados de la LXV Legislatura en diciembre de 2018 y que es una instancia plural, toda vez que está representada por las distintas fuerzas políticas.

“Yo creo que el mejor café de Veracruz es el de los Tuxtlas, pero habrá quien piense que el mejor sea de Huatusco, de Misantla, Huayacocotla, Córdoba o Coatepec, pero en lo que sí nos ponemos de acuerdo las y los diputados es en escuchar a los protagonistas de la industria del café”, detalló.

Por lo anterior, el diputado Gómez Cazarín subrayó que habrá de legislarse en coherencia con los desafíos, necesidades y propuestas de los productores de café, “pero esto se logrará escuchando a los especialistas, sus inquietudes y problemáticas que viven todos los días. El segundo estado productor de café en el país merece que construyamos un marco legal que respalde a este sector”.

Manifestó que la industria cafetalera es y ha sido un orgullo de Veracruz por dos siglos, por lo que está en manos de todos impulsarla y protegerla para que las próximas generaciones sigan sintiéndose orgullosos de su café y viviendo de su industria.

Posteriormente se desarrollaron, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, las ponencias La cafeticultura veracruzana en un nuevo escenario agroalimentario, a cargo del doctor Esteban Escamilla Prado; Iniciativa de Ley para el desarrollo sustentable del café, impartida por el diputado federal Juan Enrique Farrera Esponda y Proyecto de reforma integral de la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano, por la doctora Estela Cessa Flores.

Asistieron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez; la diputada federal Zaira Ochoa Valdivia; el agrónomo e investigador especialista en cafeticultura integral sustentable, doctor Esteban Escamilla Prado, así como funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipales, investigadores y público en general.

“Es momento de construir en la frontera una puerta con doble chapa, una que le permita a México seguir cumpliendo su compromiso de contener el flujo ilegal de personas y estupefacientes, y otra donde los Estados Unidos despliegue su capacidad operativa y tecnológica para frenar el flujo de armas. La frontera no puede ser una puerta que cierre sólo de un lado”, afirmó el diputado federal Héctor Yunes Landa durante su participación en la LIV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.

El combate a la inseguridad y la delincuencia organizada exige frenar el tráfico de armas en la frontera con Estados Unidos. “Sólo tendremos éxito si se garantizan esfuerzos compartidos por encima de las responsabilidades individuales”, dijo el legislador veracruzano ante los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Yunes Landa asistió a este encuentro parlamentario como vicepresidente del Grupo de Amistad con EU y secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Explicó que si bien la decisión del gobierno mexicano de desplegar casi una tercera parte de los elementos de la Guardia Nacional al cuidado de nuestras fronteras “ha dado buenos resultados a la política migratoria de los Estados Unidos, ha disminuido de manera muy importante la capacidad del Estado mexicano en tareas de seguridad y combate a la delincuencia.”

Actualmente, informó, 21 mil elementos de los 72 mil que son el total del personal operativo de la Guardia Nacional están concentrados en tareas de vigilancia de nuestras fronteras.

En su intervención, dijo que se requiere de una visión más amplia de la seguridad, en donde el desarrollo tenga un carácter prioritario como solución a la violencia. “La pobreza empodera al crimen; el bienestar empodera a la democracia”.

Dijo que un paso importante en la lucha contra estos grupos delincuenciales se logrará cuando ambos países consoliden una estrategia integral que incluya un verdadero control del tráfico de armas. Actualmente, señaló, la Browning M2 calibre .50 -una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos-, la Barret calibre 50 así como los AR15, AK47, bazucas, morteros, granadas y lanzacohetes, todas ellas de origen estadunidense, son ya parte del arsenal básico de la mayoría de los grupos del crimen organizado.

Por otra parte, lamentó que en los casos de criminales que han sido detenidos y extraditados por el gobierno de México, los procesos judiciales se han desarrollado desde una narrativa “que desprestigia más a nuestro país que a las organizaciones criminales. El mismo juicio de Joaquín Guzmán es la prueba más reciente de ello.”

Finalmente, hizo un llamado a sus homólogos estadunidenses para hacer de la circunstancia geográfica un punto de encuentro entre los parlamentarios y no de discordia entre ambos países.

San Diego, CA, Estados Unidos, 27 de octubre de 2019.- El diputado federal veracruzano Héctor Yunes Landa se reunió con el congresista Henry Cuéllar, jefe de la delegación norteamericana, en el marco de la LIV Interparlamentaria México-USA celebrada en San Diego, California, que concluyó este domingo.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa que propone diversas medidas para otorgar protección a las personas menores de edad, en caso de que sus progenitores se separen mediante el proceso de divorcio.

En su intervención durante la octava sesión ordinaria del segundo receso de la LXV Legislatura, el diputado, vocal de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto del artículo 157 del Código Civil y un último párrafo al artículo 329 del Código Penal, ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En la adición al Código Civil, se establece que “la sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el Juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos”.

Detalla que “la protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos previstos por el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles”.

Diversas sanciones por desobediencia y otros delitos

En la adición al Código Penal, el diputado Rubén Ríos plantea la imposición de entre seis meses y un año de prisión y una multa de hasta 20 días de salario a quien rehúse prestar un servicio de interés público y que la ley lo obligue o desobedezca un mandato legítimo de autoridad.

Asimismo, la aplicación de entre seis meses y dos años de prisión y multa hasta de 40 días de salario a quien impida que la autoridad ejerza sus funciones o resista el cumplimiento de una orden cuya ejecución se lleve a cabo en forma legal. De emplearse violencia física o moral –advierte-, la sanción se agravará hasta en un año.

Considera también que “comete de igual forma el delito de desobediencia y resistencia de particulares y se aplicará la sanción mencionada, a quien tenga o detente la guarda y custodia de hecho o por derecho, de un menor de edad, que se niegue a presentarlo sin causa justificada ante el juez que lo ordene, en las audiencias que se requiera su presencia”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó ante la Diputación Permanente una iniciativa que reforma la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, cuya finalidad es que las comisiones legislativas dictaminen, a favor o en contra, las propuestas y de no hacerlo exista la determinación del Pleno, previa votación, para que se proceda al desechamiento correspondiente de las mismas.

En su intervención, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que las comisiones de este Congreso tienen la encomienda de analizar el contexto de la iniciativa presentada, su vialidad jurídica, social y económica; el impacto que tendría en los destinatarios, las acciones que habrán de llevar a cabo las autoridades para concretarla, las consecuencias que acarrearía en su implementación, entre otros muchos factores que se ponderan al momento de dictaminar.

De esta manera, la diputada Lagunes Jáuregui propone reformar el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que si presentada una iniciativa, de ley o decreto y transcurrido un año, contado a partir de que fue turnada a la comisión respectiva, no es discutida en el Pleno del Congreso -siempre que no conste excitativa presentada para la elaboración del dictamen- se podrá considerar desechada.

Asimismo, de solicitarse prórroga para la dictaminación referida y en caso de concederse, se fijará un plazo para la presentación del dictamen respectivo.

Transcurrido el lapso referido o negada la prórroga solicitada, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso informará al Pleno para que se determine el desechamiento de la iniciativa.

También se prevé incorporar en el citado artículo que tras ser desechada alguna iniciativa de ley o decreto, no podrá ser propuesta de nuevo en el mismo periodo de sesiones. Pero esto no impedirá que alguno de sus artículos forme parte de otra. Esta disposición no regirá tratándose de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

La iniciativa contempla adicionar un último párrafo al artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo para señalar que: presentada la excitativa correspondiente o por la solicitud de una prórroga para la dictaminación referida y en caso de concederse la misma por el Pleno, se fijará un plazo para la presentación del dictamen respectivo.

De no presentarse el mismo, el presidente exhortará de nueva cuenta a la comisión o comisiones correspondientes para motivar su omisión, en el caso de persistir la negativa de dictaminación o cumplirse el plazo establecido en el artículo 51 de la Ley, informará al Pleno para que se determine sobre el desechamiento de la iniciativa.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Margarita Corro Mendoza propuso, mediante una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la formulación y ejecución de acciones relativas a la venta y el uso de productos sólidos urbanos plásticos de un solo uso.

Durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, del primer año de ejercicio constitucional, la presidenta de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático presentó dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 1, 3, 6, 7, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la referida ley.

Bajo el concepto de productos plásticos de un solo uso, la propuesta enumera: bolsas, vasos, popotes, recipientes de comida, cubiertos, aplicadores de todo tipo, globos, embalajes y todo objeto cuyo uso es momentáneo y que tarda cientos o miles de años en degradarse contaminando al planeta.

Define también los plásticos de un solo uso como los objetos fabricados de diferentes polímeros, artefactos o utensilios cuyo uso es temporalmente muy corto y cuya degradación en el medio ambiente es muy larga (de décadas a cientos de años) y contaminante.

Precisa, además, que los residuos sólidos urbanos son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques, así como los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la referida ley como residuos de otra índole.

La adición al Capítulo V, titulado Manejo y Disposición de Residuos Sólidos No Peligrosos y Plásticos de Un Solo Uso, indica en el artículo 174 que “para el manejo y disposición final de residuos sólidos no peligrosos y de plásticos de un solo uso, los municipios podrán coordinarse o asociarse en la creación de un organismo operador, sentando ellos mismos los lineamientos para su funcionamiento y administración que conlleven a la mejor prestación de sus servicios públicos, bajo la figura jurídica que estimen pertinente”.

El artículo 178 permitirá al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos celebrar acuerdos de coordinación y asesoría con las instituciones correspondientes para: la implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso.

Así como la identificación de alternativas de minimización, reutilización, reciclaje y disposición final de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras. Además la instalación y operación de centros de acopio de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso domésticos orgánicos o inorgánicos, para su clasificación, reúso, tratamiento y reciclaje.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena añadió que, de acuerdo con el segundo transitorio, los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar sus reglamentos en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para dar cumplimiento al Decreto.

Y el tercero transitorio dispone que este Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo y la Federación, considere un plazo perentorio para que en 2021 esté prohibida la comercialización y el uso de residuos sólidos plásticos de un solo uso.

Finalmente, precisó que esta ley tiene por objeto la conservación, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, así como la prevención, la reducción en la generación, comercialización y uso de residuos sólidos plásticos de un solo uso y la procuración del desarrollo sustentable.

Esta iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Congreso del Estado, el activista y defensor de los derechos humanos, José Alejandro Solalinde Guerra, presentó el libro Paradigmas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio: Los Dilemas de su Implementación, realizado en coautoría con Teresita Reyes Alpirez, Magda Zayas Muñoz, Adriana Morales García, José Alfredo Gómez Reyes y Ángel Rosas Solano.

Ante la presencia del diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, del magistrado Raúl Pimentel Murrieta, así como de estudiantes de la carrera de Derecho de diversas instituciones educativas y público en general, cada uno de los coautores hizo una breve reseña de los temas abordados en su artículo, coincidiendo en la necesidad de mejorar la operación de este sistema, instaurado a partir de 2008.

Con el propósito de homologar disposiciones de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad para el Estado con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en relación con incluir los trastornos de talla como un elemento por el que no debe hacerse distinciones para gozar de los derechos establecidos en el orden jurídico, el diputado Jorge Moreno Salinas, presentó una iniciativa de decreto ante la Diputación Permanente.

El integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) informó que el 12 de julio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo primero de la citada Ley General, mediante el cual se agregaron los trastornos de talla a las condiciones o características que no deben motivar distinciones para que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano.

Refirió que la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, que tiene por objeto promover, proteger y asegurar -en condiciones de igualdad- el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, no ha sido reformada en ese mismo sentido.

Por lo anterior, el legislador priista propone en su iniciativa reformar los artículos 2, fracción XI, y 4, primer párrafo, de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad, a fin de contribuir a crear una cultura de respeto e inclusión plena de las personas con trastornos de talla en los sectores social, laboral, cultural, educativo y deportivo, entre otros.

Dijo que todo esto se origina a partir del principio constitucional de no discriminación y que las personas con esa condición deban ser, no sólo visualizadas, sino también atendidas para facilitar su vida digna en la sociedad.

“Las personas con talla baja padecen limitantes físicas que les generan exclusiones, marginación y hasta rechazo, que como sociedad civilizada no podemos permitir, como tampoco que su condición les impida una vida plena en igualdad de condiciones que el resto de la población”, detalló.

En el mismo sentido el también secretario de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura recordó que en abril pasado presentó la iniciativa, misma que fue aprobada por unanimidad del Pleno el pasado 6 de junio, mediante la cual se declaró que cada 25 de octubre es el Día Estatal de las Personas de Talla Baja.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó, durante la octava sesión ordinaria, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz en materia de identidad de género autopercibida.

Esta propuesta tiene como finalidad permitir a quienes ostentan una identidad de género autopercibida, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el acta primigenia, obtener sus documentos identitarios a través de un procedimiento administrativo, ajustando la norma a los principios constitucionales federal y local.

En su exposición de motivos, la legisladora aseguró que esta problemática provoca un escenario de potenciales violaciones graves a derechos humanos que, por la interdependencia e indivisibilidad, merman la dignidad, integridad, libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida, al no contar con documentos identitarios que reflejen su real identidad.

La Diputada del distrito V de Poza Rica, añadió que parte de las reformas y adiciones propuestas contempla que las copias expedidas de estas actas no deberán contener referencia de la anotación realizada en el apéndice en el acta original correspondiente.

Asimismo, destacó que los efectos de la nueva acta de nacimiento de identidad de género autopercibida, son oponibles a terceros desde su levantamiento y que no constituye extinción o desconocimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades contraídas con anterioridad al proceso administrativo, los cuales permanecerán inmodificables.

Del mismo modo, que la solicitud de la nueva acta deberá estar basada en el consentimiento libre e informado, confidencial, expedito, tendiente a la falta de fundamento y sin la exigencia de intervenciones quirúrgicas, hormonales o que atente contra la dignidad.

Los requisitos para llevar a cabo este trámite administrativo son: ser de nacionalidad mexicana, tener acta de nacimiento registrada en Veracruz, presentar ante el Registro Civil estatal la solicitud debidamente requisitada en la que se especifiquen el nombre completo y los datos del acta primigenia y el nombre solicitado sin apellidos y, de ser el caso, el género auto percibido.

Además de presentar copia certificada del acta primigenia para efecto de realizar la reserva correspondiente.

Finalmente la legisladora aseguró que tanto la Constitución Federal como la Local, impone a todas las autoridades promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las que personas.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

–Propone la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres por Razón de Género-

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presentó también una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz en materia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la cual propone que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con fiscales especializadas que atiendan de manera exclusiva los delitos de género, feminicidio y violencia familiar, cuando las víctimas sean niñas o mujeres.

En su intervención la legisladora precisó que en la investigación de estos delitos se requiere de un grado de especialización mayor que comprenda y analice el contexto de la discriminación contra las mujeres por razón de su género, de ahí la necesidad de esta reforma.

Agregó que esta propuesta pretende el fortalecimiento del personal a cargo de estos casos, calidad de la investigación penal, recaudo y protección efectiva de la prueba y la participación efectiva de las víctimas y sus representantes, apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, garantizando el derecho al acceso a la justicia.

Precisó que actualmente estos delitos son investigados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. Sin embargo, -señaló- estas fiscalías tienen que atender diversos delitos que por su propia naturaleza deberían ser atendidos por fiscales con una mayor especialización formal y material, debido a los factores jurídicos, sociales y culturales que intervienen.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen.