La coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), diputada Erika Ayala Ríos, presentó ante el Pleno la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 134 del Código Financiero para el Estado que prevé exceptuar el pago del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, los derechos por servicios prestados por los institutos tecnológicos superiores, universidades tecnológicas y universidades politécnicas del Estado.

La legisladora indicó que el actual Ejecutivo estatal expidió un decreto, publicado el 13 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado, mediante el cual se eximen del Impuesto Adicional, los pagos por concepto de derechos que se generen por servicios prestados por institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas, que suman 25 planteles distribuidos en todo el territorio estatal.

Señaló que el referido decreto es similar al emitido por el anterior gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de marzo de 2017.

Refirió que el objeto del citado Impuesto Adicional es la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos. Que son sujetos del mismo quienes realicen los pagos por esas contribuciones; que la base es el importe de los pagos realizados y que se causará y pagará a razón del 15 por ciento sobre dicha base.

Destacó que entre los servicios más comunes prestados por las instituciones tecnológicas se encuentran los relativos a los trámites de expedición de certificados; de fichas de cumplimiento de requisitos para presentar exámenes de admisión o globales y de cédulas de inscripción a licenciatura o de reinscripción.

Así como duplicados de constancias de calificaciones o boletas; de reposición de credenciales; de constancias de servicio social; y de expedición y registro de títulos profesionales.

La diputada Ayala Ríos explicó al igual que en el número de servicios prestados, las tarifas para el pago de derechos no son homogéneas en los diversos planteles, siendo la más alta la del trámite de expedición de cédula para curso de titulación. Ejemplificó que en el tecnológico de Acayucan es de 238 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale a más de 20 mil pesos.

Con relación a lo anterior consideró conveniente la medida decretada de eximir del pago del Impuesto Adicional, ya que en el ejemplo mencionado, de no existir ese beneficio la persona que tramite la expedición de esa cédula tendría que erogar también alrededor de 3 mil pesos por concepto del impuesto de referencia.

Para evitar conflictos interpretativos acerca de la procedencia o improcedencia de lo plasmado en los decretos citados, el Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM considera que esto debe estar previsto directamente en la ley, con lo que se dará mayor certeza jurídica al beneficio que dicha exención, “sin estar sujeto a concesiones que quieran realizar o no los gobernantes en turno o a temporalidades específicas”, abundó

Con la medida que se plantea –subrayó- se contribuiría a fortalecer la economía de las familias veracruzanas que, en muchas ocasiones, con grandes esfuerzos procuran que sus hijas e hijos accedan a la educación superior para tener mayores oportunidades de desarrollo y un mejor nivel de vida.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Educación.

El diputado José Manuel Pozos Castro presentó ante el Pleno el Informe de labores de la Diputación Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

En su mensaje, pronunciado durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, hizo un reconocimiento a las y los diputados de esta Legislatura, a los coordinadores de los diferentes Grupos Legislativos, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Cuitláhuac García Jiménez y Edel Humberto Álvarez Peña, respectivamente, a los representantes populares del orden federal y a los senadores de la República.

La Diputación Permanente, elegida por el Pleno de esta Soberanía el pasado 31 de julio, estuvo integrada por los diputados José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala Ríos, vicepresidenta; Alexis Sánchez García, secretario; Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Juan Manuel de Unánue Abascal, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, Judith Pineda Andrade, Rubén Ríos Uribe y José Magdaleno Rosales Torres, en calidad de vocales.

Durante dicho periodo, que comprendió del 1 de agosto al 4 de noviembre de este año, el total de correspondencia recibida fue de 492 asuntos de diversa índole, provenientes de diferentes autoridades, instituciones y ciudadanos, turnándose según su competencia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a las comisiones permanentes y otras que se trataron por obvia resolución.

Asimismo, se llevaron a cabo 10 sesiones, se convocó a cuatro sesiones extraordinarias y se efectuaron dos sesiones solemnes con motivo de la entrega de la Medalla “Heberto Castillo Martínez 2019” y por el CVI aniversario del sacrificio del senador Belisario Domínguez Palencia.

La Diputación Permanente recibió 28 iniciativas de decreto que reforman y adicionan diversas leyes y ordenamientos, de las cuales, el Ejecutivo estatal presentó un proyecto, relativo a modificar el Código de Derechos y la Ley del Ejercicio Profesional de la entidad, con la finalidad de que los títulos profesionales y grados académicos se emitan de forma electrónica, tal como se dispone a nivel federal.

Por otra parte, fueron presentadas 25 iniciativas por las diputadas y diputados. La Jucopo presentó dos iniciativas para reformar la Constitución Política en materia de paridad de género y para ajustar las fechas de inicio y conclusión de los periodos de sesiones de esta Soberanía y las de inicio y conclusión de funciones de las autoridades estatal y municipales.

En lo que se refiere a iniciativas, el Grupo Legislativo de Morena presentó 10, con el propósito de modificar disposiciones de carácter civil, de igualdad sustantiva y paridad de género, de naturaleza penal, de reconocimiento a la Universidad Veracruzana (UV), de adecuación de Unidades de Medida y Actualización (UMA), de protección al medio ambiente y de procuración de justicia con enfoque de género.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se conocieron cinco propuestas para reformar ordenamientos relacionados con el Turismo, las prácticas parlamentarias adoptadas en este Congreso, así como la coordinación institucional entre poderes.

Las y los diputados del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México presentaron cuatro proyectos de reformas en materia de disposiciones fiscales, de intervención de esta Soberanía en trámites de agentes y subagentes municipales, así como en materia de salud y derechos humanos.

El disuelto grupo legislativo mixto Del Lado Correcto de la Historia, en voz de la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, y la que Regula las Construcciones Públicas y Privadas.

Asimismo, el grupo legislativo mixto movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución Democrática dio a conocer una iniciativa del diputado Alexis Sánchez García, cuya finalidad es actualizar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable de Veracruz.

A título personal, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui planteó una reforma a la normativa interior del Congreso para regular los procedimientos de prórrogas y excitativas que se formulen para dictaminar las iniciativas que sean presentadas.

Por su parte, las y los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas propusieron modificaciones a los Códigos Hacendarios General y particulares, con el objeto de exentar del pago de derechos por servicios de inhumaciones y referendo de fosas, a las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada. Propuesta dictaminada y aprobada durante la Quinta Sesión Extraordinaria.

En lo que respecta a diferentes sujetos legitimados para iniciar proyectos de reforma, se recibieron las propuestas del Ayuntamiento de Cosoleacaque, en materia de contribuciones municipales y UMAs, así como del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para realizar notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional.

Por otra parte, diputados de diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso presentaron un total de 10 anteproyectos de punto de acuerdo, mismos que fueron turnados a la Junta de Coordinación Política para los efectos procedentes. De dicho órgano, surgieron cuatro proyectos de punto de acuerdo, entre los que destacan haber llamado a comparecer a los integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, así como la separación temporal, como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, del Fiscal General del Estado.

De igual manera, se formularon siete pronunciamientos relativos a asuntos de interés general de los que debía conocer esta Soberanía.

Además, las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, Gobernación, Hacienda del Estado, Hacienda Municipal, Organización y Procesos Electorales, Para la Igualdad de Género, y de Trabajo y Previsión Social emitieron 67 dictámenes, mediante los cuales se resolvieron diferentes asuntos.

Finalmente, en el mismo periodo, la Diputación Permanente emitió cuatro convocatorias para la celebración de periodos de sesiones extraordinarias del Pleno de esta Soberanía, en los que se trataron los asuntos como la elección de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la designación del Encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el nombramiento de magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado, la aprobación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, la no aprobación de las Cuentas Públicas y los Informes General y Particulares de los Entes Fiscalizables del ejercicio 2018, así como la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura.

La LXV Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 25 de julio por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, que reforma la fracción III del artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado que establece un perfil profesional y una adecuada capacitación como requisito necesario para poder prestar el servicio de asistencia médica, psicológica y jurídica a las denunciantes de violencia.

De esta manera, en el capítulo De la Atención a las Víctimas, queda establecido que las autoridades estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a la víctima consistente en atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita; por profesionales especializados y con la capacitación probada que asegure el trato digno, profesional y de respeto en todos los casos.

Además tendrá que ser en el idioma que hable la víctima y si ésta fuere indígena deberá ser asistida por un intérprete que hable exactamente su misma lengua.

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, refiere que la profesionalización y certificación en el tema de violencia contra las mujeres, permitirá que los prestadores de servicios y el o los funcionarios públicos tengan un enfoque diferenciado y especializado que fortalezca el conocimiento.

A su vez permitirá una mayor ramificación de las acciones aplicadas a la problemática concerniente, minimizando así la victimización secundaria, añade.

Este dictamen, presentado durante los trabajos de la primera sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXV Legislatura, registró 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Reconocerá Veracruz a los pueblos y comunidades afromexicanas-

En la sesión, el Pleno aprobó el dictamen de decreto que reforma el párrafo séptimo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con lo que se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su denominación, como parte de la composición pluricultural de Veracruz.

Asimismo, tendrán en lo conducente los derechos señalados en el presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión.

Este dictamen, aprobado con 46 votos, es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 30 de mayo el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo Legislativo de Morena.

Cabe destacar que al tratarse de una reforma constitucional y tras ser aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, esta reforma será enviada a los ayuntamientos de la entidad y de ser avalado por al menos 107, la LXV Legislatura hará la declaratoria respectiva y sería enviada al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La creación de un Consejo Ciudadano Municipal del Agua en cada uno de los 212 municipios del estado y la aplicación de tarifas fijas y de cuotas preferenciales por consumo para sectores sociales vulnerables, propuso la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, mediante una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Secretaria de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Vocal de la Comisión de Hacienda Municipal planteó reformar los artículos 4, 15, 33, 36, 99, 100, 101, 102 y 104, realizar adiciones a los artículos 36, 41 y 104 y derogar la fracción III del artículo 38 de la referida Ley.

De acuerdo con la propuesta de Ivonne Trujillo, integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano – PRD, el mencionado Consejo estará conformado por el Presidente Municipal, el Director del Organismo Operador Municipal, el Regidor que tenga a su cargo la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales y el titular del Órgano de Control Interno, en función de Comisario.

Además de cinco representantes de las distintas organizaciones ciudadanas y de usuarios, tres representantes de instituciones académicas y colegios de profesionales, tres representantes de organizaciones de comerciantes, prestadores de servicio o turismo y tres representantes de organizaciones del sector empresarial e industrial.

Destaca el establecimiento de una cuota fija por medidor de agua acorde con las necesidades de cada uno de los municipios, así como tarifas, cuotas fijas y tarifas preferenciales con obligatoriedad a personas de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, jubilados, pensionados, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.

El Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador podrá acordar, otorgar subsidios o tarifas preferenciales por cuanto al pago de los servicios a particulares de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, previo estudio socioeconómico que deberá realizar el organismo operador o concesionario, así como a dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privada.

A su vez, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) propondrá a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas que se causen con motivo de la prestación de los servicios, así como de los subsidios que se otorgarán, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Organismos Operadores Municipales podrán proponer a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas, efectuar su cobro en los términos de esta ley y, en su caso, de la legislación fiscal aplicable, y realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los servicios públicos.

La legisladora detalló que el Consejo tendrá la atribución de aprobar y establecer anualmente las cuotas fijas y las tarifas conforme a lo establecido en esta Ley. Con los concesionarios, aprobará las cuotas fijas y tarifas para el cobro de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo.

Las tarifas fijas –aclaró Ivonne Trujillo- deberán ser suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas, la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, la amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los pasivos y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura.

Además, corresponderá al Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador establecer las reglas para el otorgamiento de las tarifas preferenciales y de los subsidios, la forma de acreditación y la condición de que por ningún motivo se extenderá el beneficio del subsidio a más de un inmueble por persona.

Finamente, el Sistema Veracruzano del Agua vigilará la correcta aplicación de las metodologías y dictaminará lo conducente, pudiendo hacer observaciones a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Agua Potable y Saneamiento y De Gobernación para el trámite correspondiente.

El diputado Jorge Moreno Salinas, del grupo legislativo PRI-Verde Ecologista, dijo estar muy agradecido con sus compañeras y compañeros diputados, por haber sido electo para ocupar la secretaría de la Mesa Directiva en el segundo año de labores, el cual dará inicio el 5 de noviembre de 2019.

El legislador, afirmó que ha sido un honor pertenecer a la Mesa Directiva durante el primer año de ejercicio constitucional y sobre todo tener la oportunidad de volver a ser parte para este segundo año, agregó que usará toda su experiencia para que se puedan lograr mayores acuerdos y obtener mejores resultados en esta LXV Legislatura.

Subrayó, que durante este primer año se logró dar trámite a algunos temas que habían quedado rezagados como el nombramiento de los magistrados y cambios en organismos autónomos, además destacó el nombramiento de la ciudadana Delia González Cobos como la primera mujer Auditora General del Orfis.

El legislador Jorge Moreno, calificó este primer año como productivo, sin embargo -reconoció- quedaron algunos temas pendientes que deberán abordarse en este segundo año de ejercicio.

“En este segundo año, con la experiencia del anterior esperemos se logre un mayor trabajo en las bancadas, que puedan salir adelante los dictámenes pendientes por parte de las comisiones, que se puedan dar los acuerdos necesarios que el estado necesita, para que salgan los temas que la ciudadanía reclama y espera pronta respuesta”, dijo.

Finalmente, aseguró que Veracruz es un estado que requiere de su poder legislativo para que realice sus funciones dando resultados tangibles y comprobables para la sociedad, por lo que espera que este segundo año sea más productivo.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena, rendirá protesta ante Pleno como Presidente de la Mesa Directiva el día de mañana al iniciar el segundo año del ejercicio constitucional.

En entrevista, el diputado Ríos Uribe aseguró que su compromiso es con las y los veracruzanos que depositaron su confianza en él, por lo que “trabajara en armonía por el bien y la gobernabilidad del Estado, y de forma diplomática con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para avanzar en la agenda legislativa de Veracruz”.

Asimismo agradeció a sus compañeros de bancada y así como integrantes de otros Grupos Legislativos que respaldaron su postulación, al mismo tiempo que se comprometió a actuar desde la Mesa Directiva por el interés supremo de la entidad, resguardando ante todo el bienestar de la población.

El legislador por el Distrito XIX, de Córdoba, trabajará en la Mesa Directiva con la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, en la vicepresidencia, y Jorge Moreno Salinas, en la secretaría; quien refrendó el compromiso de atender el trabajo legislativo de todas las fracciones partidistas.

Finalmente, Ríos Uribe reconoció el papel realizado por el diputado local José Manuel Pozos Castro durante el primer año del ejercicio constitucional, calificándolo de un gran demócrata, “al maestro se le admira y resta, hoy asumimos el reto de presidir la Mesa Directiva por el segundo año legislativo, en su momento, habremos de respetar a las mayorías cuando tengamos que renovar la directiva del Congreso”, agregó.

El diputado José Manuel Pozos Castro afirmó que a Veracruz se le puede servir desde una curul o una posición, cualquiera que sea, siempre y cuando exista el compromiso y deseo de servirle.

Lo anterior al anunciar, durante los trabajos de la Décima Sesión Ordinaria, su desistimiento de participar en el proceso para la conformación de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que comprenderá del 5 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.

“Me voy contento y convencido de que en esta transformación se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y cariño a Veracruz”, expresó el legislador, y agregó: “Es momento de brindar oportunidades a otras personas”.

Ante los integrantes de la Diputación Permanente, reiteró su agradecimiento a todos las y los diputados, de manera especial a los coordinadores de los grupos legislativos, y reconoció el trabajo político y liderazgo del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Legislativo de Morena, diputado Juan Javier Gómez y Cazarín.

A unas horas del inicio del segundo año de esta Legislatura, comentó que se trata de una decisión pensada y tomada con antelación, desde la seguridad de que quienes integren la Mesa Directiva a partir de este 5 de noviembre realizarán un excelente trabajo.

“Hemos sido uno de los congresos más reconocidos en el ámbito nacional. Mi relación con el Congreso de la Unión y el Senado nos ha permitido que Veracruz transite en el cumplimiento de su agenda legislativa, sobre todo con su agenda política”.

El diputado Pozos Castro informó que, de acuerdo con lo previsto en la Ley, este 5 de noviembre, entregará el informe de actividades desarrolladas por la Diputación Permanente y agradeció a los medios informativos y de comunicación la cobertura de dichos trabajos.

Los diputados Rubén Ríos Uribe y Jorge Moreno Salinas, así como la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete, fueron elegidos por el Pleno de la LXV Legislatura del Estado como presidente, secretario y vicepresidenta, respectivamente, de la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que abarcará del 5 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.

Lo anterior, al ser aprobado con 23 votos el proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), durante los trabajos de la sesión extraordinaria, celebrada este 4 de noviembre, en apego a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

De esta manera, el Grupo Legislativo de Morena mantiene la presidencia de la Mesa Directiva; en tanto Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática (MC-PRD), asume la vicepresidencia y el de los partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), queda en la secretaría.

El proyecto de Punto de Acuerdo de la Jucopo también registró 9 votos en contra, 3 abstenciones y una cédula en blanco.

En la sesión fueron justificadas las inasistencias de las diputadas Montserrat Ortega Ruiz, María Graciela Hernández Iñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, así como la de los legisladores Rodrigo García Escalante, Enrique Cambranis Torres, Juan Manuel de Unánue Abascal y Juan Carlos Molina Palacios.

Este 5 de noviembre a partir de las 11:00 horas la LXV Legislatura del Estado, en el Recinto Oficial de Sesiones, celebrará la primera sesión ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en la que se tiene previsto el Informe de labores del diputado José Manuel Pozos Castro sobre las acciones realizadas al frente de la Diputación Permanente, durante el segundo receso, que abarcó del 1 de agosto al 4 de noviembre de 2019.

Con el respaldo de los Grupos Legislativos de Morena y de Movimiento Ciudadano-PRD, con 31 votos a favor y por primera vez en la historia, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz determinó no aprobar la Cuenta Pública 2018 y, por ende, rechazó los informes individuales y el Informe General Ejecutivo, presentados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), el pasado 25 de septiembre.

Lo anterior, con fundamento en los preceptos señalados en la Constitución Política del Estado de Veracruz, de la Ley Orgánica para el Poder Legislativo, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y al considerar que no existen elementos para aprobar la Cuenta Pública 2018.

Asimismo, la LXV Legislatura avaló instruir al Orfis que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del procedimiento de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Incluyendo la documentación entregada en sede legislativa y emita los correspondientes informes individuales e Informe General Ejecutivo que deberá remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes se elabore el dictamen correspondiente y, en su caso, aprobación del Pleno.

Este dictamen, que registró además 12 votos en contra (11 del Grupo Legislativo del PAN y del diputado Gonzalo Guízar Valladares) y una abstención del diputado Erik Iván Aguilar López, señala en las consideraciones que de las reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Vigilancia se observaron numerosas discrepancias entre las aclaraciones y Ia documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones y los montos solventados en las correspondientes revisiones.

De esta manera –refiere el documento- no ha sido posible evaluar efectivamente los resultados de Ia gestión financiera de dichos entes fiscalizables, comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto ni verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Razón por la que se enfatiza la necesidad de una nueva revisión exhaustiva por parte del Orfis a la Cuenta Pública 2018, apegada a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad establecidos por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, añade.

-Debate-

En la etapa de posicionamientos y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Eric Domínguez Vázquez manifestó que, una vez realizado el análisis de todos los entes fiscalizables y ante diversas inconsistencias y poca confiabilidad de los resultados presentados por la anterior administración del Orfis, los diputados de Morena que integran la Comisión Permanente de Vigilancia acordaron no aprobar en su totalidad la Cuenta Pública 2018.

Lo anterior, señaló el Presidente de la Comisión de Vigilancia, con la finalidad de que esta Soberanía instruya una nueva valoración de toda la documentación aportada por los 328 entes fiscalizables en la etapa de solventación del pliego de observaciones.

Tras anunciar el voto a favor del dictamen, indicó que esto tiene el firme objetivo de transparentar y dar certeza a todo el pueblo de Veracruz sobre el uso y destino que se le dio a los recursos públicos durante el año 2018. “En el Grupo Legislativo de Morena, estamos seguros de que en coordinación con la nueva titular del Orfis, podremos llevar a cabo una nueva revisión de las cuentas públicas con mayor confiabilidad y transparencia”, abundó.

Por el Grupo Legislativo del PAN, el diputado Rodrigo García Escalante dijo que “el proceso de fiscalización conlleva una serie de etapas que los entes fiscalizables deben respetar, sometiéndose a diferentes auditorias y debiendo solventar las observaciones y recomendaciones que el Orfis realiza, todo con la finalidad de permitir la transparencia en la rendición de cuentas de los recursos públicos”.

Participaron en el debate en lo general los diputados del PAN, Bingen Rementería Molina, Rodrigo García Escalante y María Josefina Gamboa Torales, y por Morena, Mónica Robles Barajas, Rubén Ríos Uribe y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

Durante su novena sesión, la Diputación Permanente de la LXV legislatura dio entrada a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos y de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que, en el marco de sus atribuciones legales, envió y puso a consideración de este Poder el magistrado presidente de ese Tribunal, Pedro José María García Montañez.

Esta iniciativa tiene como finalidad la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional en los Juicios Contenciosos Administrativos, así como del Juicio en Línea, en atención a la dispersión geográfica de la población en el estado.

Así como la centralización de la justicia administrativa en la ciudad capital, el volumen de promociones a las que debe recaer un pronunciamiento por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y el universo de acuerdos cuya comunicación debe realizarse a las partes interesadas conforme a la normatividad aplicable.

Una correcta y eficiente impartición de justicia en estas condiciones -destaca la reforma- requiere el uso regulado de las tecnologías de la información, a través de mecanismos que garanticen el acceso a la justicia a aquellas personas que radican en municipios y poblaciones alejados de la ciudad de Xalapa.

Esto permitirá que la justicia en sede administrativa esté al alcance de más personas en la entidad veracruzana, mediante acciones que consideren la reducción en los costos por traslados físicos o envíos por correo –tradicional o escrito- a las oficinas del Tribunal, refiere.

De acuerdo con la iniciativa, resulta fundamental actualizar las disposiciones que permitan la utilización de las tecnologías de la información en los juicios que son competencia de ese Tribunal, como es la Internet, y la realización de notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional; modalidad que considera conveniente, tomando en consideración que éste funciona de forma adecuada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que la experiencia y el funcionamiento en el ámbito federal son susceptibles de utilizarse como referente para el caso de Veracruz.

La impartición de justicia en la entidad debe transitar hacia la actualización progresiva de los procedimientos, a fin de permitir la posibilidad de que los justiciables opten por el uso de las tecnologías de la información a su alcance, de forma adecuada, segura y confiable, debidamente instrumentada, en observancia de los principios de objetividad, profesionalismo, certeza jurídica, transparencia, austeridad y excelencia en el servicio, expone el documento.

Esta iniciativa de decreto fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.