Por invitación de la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, connotados especialistas en distintas ramas del Derecho y de la salud profundizarán en la protección que el Estado debe otorgar a las personas menores de edad. Este martes 12 de noviembre, a partir de las 15:30 horas, se celebrará el 1er Simposio La infancia es primero, en la explanada del Palacio Legislativo, abierto al público en general.

Ante medios de comunicación, la legisladora agradeció y reconoció la suma de esfuerzos de distintas instituciones y asociaciones civiles, así como la importante colaboración de juristas experimentados, funcionarios de los tres niveles de gobierno y académicos, con el propósito de generar un diálogo entre la sociedad civil organizada y autoridades de alto nivel.

Acompañada por la abogada litigante Ximena Azuara y por Miguel Ángel Platas Mejía y Alfredo Salomón Salazar, fundadores de la organización 1000 Pelotas para ti, refirió que, como lo señalan los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a que todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Este primer simposio es una iniciativa por la que se busca “fomentar el diálogo, el debate y el análisis y que sirva para dar plena vigencia al interés superior de la niñez, como principio jurídico garantista” a favor de las niñas, niños y adolescentes, “como sujetos de derechos, nunca más como objetos”, explicó la Diputada.

Dicho encuentro –dijo- representa una oportunidad de participación y consenso para que todos formen parte de una cultura de respeto y protección a los menores de la sociedad veracruzana. “Queremos construir sociedades más justas, igualitarias, prósperas e incluyentes”.

Ana Miriam Ferráez hizo extensiva la invitación a organizaciones, estudiantes, docentes, padres y madres de familia, a participar en este espacio en el que habrá “voces calificadas, expertos, conocedores y autoridades en la materia”, quienes compartirán sus ideas, experiencias y conocimientos.

En este simposio destaca la conferencia magistral “El interés superior de los niños y la inconstitucionalidad de leyes”, que impartirá el magistrado José Manuel de Alba de Alba, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.

Se tiene prevista también la participación de la presidenta de la fundación Lazos Protectores de la Familia, María Magdalena Cruces Galán, quien presentará “La importancia de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada y su relación con el interés superior del menor”, así como de la directora general de Servicios Psicológicos en América (PSIAME), Yazmín Fuentes Montpellier, con “Violencia psicoemocional en infantes en la modalidad de la Alienación Parental”.

La juez Sofía Llamas Góngora, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, hablará del “Interés Superior del Menor en la actividad jurisdiccional”, y el presidente de la fundación Nunca Jamás, Antonio Selem Hurtado de Mendoza, desarrollará “El interés superior del menor: corresponsabilidad de todos en los procesos jurídicos familiares en Veracruz”.

El tema “Interés superior del niño: su consideración primordial es una obligación de todos” estará a cargo del juez Fernando José Oropesa Romero, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del XIV Distrito Judicial con residencia en Córdoba, Veracruz.

Finalmente, Miguel Ángel Platas Mejía y Alfredo Salomón Salazar, fundadores de 1000 Pelotas para ti, ofrecerán, respectivamente, “Datos duros de la separación forzada de niños por divorcios contenciosos” y “La impotencia de perder a un hijo vivo en un tribunal familiar”.

Durante la última sesión del Seminario de actualización para asesores y asesoras legislativos en materia de Derechos Humanos, realizada en la sala “Jesús Reyes Heroles”, del Congreso del Estado, se abordó el tema de “Derecho a la verdad, derecho a la reparación por violaciones a los Derechos Humanos y Derecho de Acceso a la Justicia”, por la doctora Adriana Pozos y el maestro Arturo Márquez Murrieta, quienes abordaron el tema y sobre el que desarrollaron sus ponencias.

Por su parte, la doctora Adriana Pozos Barcelata, quien es jefa del Departamento de Análisis de Contexto, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, realizó durante su exposición, un recuento histórico de la génesis de la desaparición de personas, desde que se le llama así, hasta el contexto actual, con una visión del fenómeno a través de su internacionalización y su llegada a Latinoamérica.

El maestro Arturo Márquez Murrieta, se desempeña actualmente en la Oficina del C. Gobernador del Estado, y su participación en esta sesión del Seminario, que se realizó en torno al tema de las víctimas, a sus derechos como tales, y sobre el marco jurídico en apoyo a éstas.

El artista plástico Víctor Ruiz-Acosta presenta parte de su obra en el Palacio Legislativo. Sagrado & Salvaje es el nombre de la exposición inaugurada este miércoles en uno de los pasillos del recinto, donde estará abierta al público hasta este 12 de noviembre.

En 12 piezas en técnica mixta, impresión giclée y acuarelas, plasma experiencias personales y representa problemas a través de animales. Esperanza, Zongolica, Los niños y el mar, La dama, Conductores suicidas, El borde entre la vida y la muerte, Hallelujah y Domingo son algunos de los títulos.

Sagrado & Salvaje muestra algunos proyectos editoriales que Víctor Ruiz ha desarrollado en los que trata de representar cuestiones que para él son al mismo tiempo sagradas y salvajes y todas las experiencias de la vida de las personas que transcurren en esos dos ámbitos.

De acuerdo con el autor, un ejemplo es la obra titulada Problemas, que trata de significar a éstos como un elefante blanco. “Están siempre en un lugar y los vemos todo el tiempo y los llevamos cargando a todos lados, pero no hacemos nada por resolverlos”.

Consideró importante que el espectador cuente con obra plástica de todo tipo, no sólo de fotografía, sino también de ilustración, como parte de las técnicas de arte contemporáneo modernas y que, además, pueda encontrarles una utilidad y un valor agregado.

Víctor Ruiz-Acosta estudió Psicología y Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana, comenzó su carrera como artista profesional en 2014 y ha desarrollado arte para proyectos musicales, publicitarios, colectivos, libros y revistas.

En el inicio del segundo año de esta Legislatura, renovamos nuestro compromiso de trabajar para fortalecer el Estado de Derecho en Veracruz, en diálogo y coordinación con las distintas fuerzas políticas, expresó el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Luego de encabezar una reunión con la diputada Brianda Kristel Hernández Topete y el diputado Jorge Moreno Salinas, vicepresidenta y secretario del mismo órgano legislativo respectivamente, con quienes analizó diversos asuntos de la agenda local, destacó que existe la voluntad política para llevar adelante los grandes temas que más interesan a la población.

Reconoció que presidir el Congreso es un reto de suma importancia y gran responsabilidad, por lo que ha instado a sus homólogos “a unir fuerzas, siempre teniendo en mente a nuestro estado, sacarlo adelante con políticas que hagan crecer a Veracruz”.

Esto es posible, dijo, estrechando la relación del Legislativo con los poderes Ejecutivo, Judicial y con los organismos autónomos, manteniendo el diálogo, la apertura, el respeto a las instituciones, siempre cumpliendo y haciendo cumplir la Ley.

Posteriormente, Ríos Uribe recibió en su oficina al administrador del Hospital General Córdoba-Yanga, Juan José Pérez Ramírez, al representante del Registro Civil del municipio cordobés, Norman Jiménez Ramírez, y a ciudadanos de diferentes lugares del estado.

“Durante este año de labores, quienes nos visiten recibirán la atención que como veracruzanos se merecen. Las puertas del Congreso están siempre abiertas para todos”, aseguró.

Con el propósito de cumplir en tiempo y forma con lo establecido por el Congreso de la Unión en materia de armonización de la legislación en materia educativa, la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso de Veracruz, presidida por el diputado León David Jiménez Reyes, llevó a cabo una reunión con representantes de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), encabezados por el titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de esta dependencia, Gilberto de Jesús Corro.

Lo anterior, con la finalidad de coordinarse para una adecuada calendarización de las iniciativas que se pondrán a consideración del Pleno y –confió el legislador León David Jiménez- serán presentadas durante este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional y que abarca del 5 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020.

Durante la reunión, en la que participó la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, vocal de la misma Comisión, los representantes de la SEV y los diputados refrendaron el compromiso de seguir trabajando para alcanzar los acuerdos necesarios y ajustar la legislación local en materia educativa a las actuales necesidades de las y los maestros.

Estos trabajos son resultado de la cancelación por parte del Congreso de la Unión de la anterior Reforma Educativa y la aprobación de reformas y adiciones a los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, el pasado 14 de mayo, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó, con 34 votos, la Minuta proyecto de decreto –remitida por el Senado de la República- en la que se establece que corresponde al Estado la rectoría de la educación y que la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Refiere que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.

Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente.

Participaron en la reunión, además del diputado León David Jiménez, la diputada Adriana Esther Martínez y personal de la SEV, colaboradores de las y los diputados y asesores del Grupo Legislativo de Morena.

El diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, atendió a agentes municipales, encabezados por la regidora quinta del Ayuntamiento de Altotonga, María Elena Baltazar Pablo y la legisladora del Distrito IX, de Perote, Ivonne Trujillo Ortiz, quienes expusieron lo que –a su consideración- representa diversas irregularidades al interior de la administración municipal de Altotonga.

Las y los ciudadanos expresaron que no son tomados en cuenta en la planificación de obras que son de gran importancia para el municipio y prevén que haya un presunto daño patrimonial.

Al respecto, el legislador Ríos Uribe señaló que en Veracruz no se tolerarán acciones fuera de la Ley cometidas por ninguna autoridad. “Hoy vivimos nuevos tiempos, donde la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el crecimiento”, les dijo.

De igual manera, informó que, conforme al procedimiento legislativo, esta denuncia continuará su curso. Será turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia y se dará cuenta a la Secretaría de Fiscalización de esta Soberanía para lo conducente. Además –agregó- se hará un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que, a su vez, exhorte a la autoridad municipal de Altotonga, a fin de que favorezca una mayor apertura ciudadana.

Indicó que este Congreso es respetuoso de la autonomía municipal, “pero también vamos a garantizar que la aplicación de los recursos públicos se dé en cumplimiento a los mandatos legales, donde la ciudadanía debe ser tomada en cuenta en la formulación de los programas anuales de obra pública y de los servicios”.

“El diálogo es la mejor herramienta para superar diferencias. Necesitamos que nuestros municipios concilien intereses y que, en común acuerdo con la sociedad, diseñen el desarrollo urbano y social de sus demarcaciones”, concluyó.

Como un gran logro de las mujeres veracruzanas, calificó la diputada Mónica Robles Barajas la aprobación del dictamen que determina que la violencia política en razón de género sea causal para declarar nula una elección. “Para Veracruz éste es un momento histórico para nuestra vida democrática”, expresó desde la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones.

Este martes 5 de noviembre, con 36 votos a favor, el Congreso del Estado avaló el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género, por el que se adiciona una fracción VIII y un párrafo IV y se reforma el párrafo segundo del artículo 396 del Código Electoral del Estado.

Mónica Robles es coautora de la iniciativa de decreto suscrita por 23 diputadas integrantes de diversos grupos legislativos y a la que se adhirieron los integrantes de las bancadas de Morena y Del Lado Correcto de la Historia, el pasado 18 de julio, cuando la misma legisladora la dio a conocer en sesión ordinaria.

A propósito de la aprobación del dictamen, la Presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales dijo que este paso representa la consolidación de todo un proceso que inició con la colaboración de la sociedad civil organizada, el Instituto Nacional Electoral, la academia y el Poder Legislativo.

“Hablar de violencia política contra las mujeres es hacer referencia a conductas que tienen la intención de menoscabar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de participar en los asuntos políticos y que, en ocasiones, como lo hemos atestiguado desafortunadamente en Veracruz, pueden llevarles a la muerte”, puntualizó.

Este tipo de violencia –abundó- constituye una forma cobarde de truncar, mediante prácticas discriminatorias absolutamente reprobables y condenables, las legítimas aspiraciones de servir a la sociedad a través de un cargo de elección popular.

“Como en toda expresión de violencia, era ya inaplazable actuar en torno a la búsqueda, diseño y ejecución de soluciones para frenar y erradicar la violencia política en razón de género, porque ni multas ni riesgo de prisión ni llamados a la razón con la Ley en la mano han detenido la violencia política de género ni en Veracruz ni en el país”.

Robles Barajas dijo también que no había mejor camino para lograr tal objetivo que el de proponer el establecimiento de la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

“No puede haber democracia exitosa si no es igualitaria, incluyente, efectivamente representativa, legal, legítima y respetuosa de las voces y anhelos de las mayorías y las minorías, que deben ser consideradas y atendidas en sus reclamos y propuestas”, concluyó.

En entrevista, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete del Grupo Legislativo MC-PRD, se manifestó contenta y emocionada por la oportunidad de ser parte de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura para este segundo año de ejercicio constitucional, toda vez que las mujeres son tomadas en cuenta para este tipo de cargos.

Destacó que junto con los compañeros diputados que integrarán con ella la Mesa Directiva, tiene la certeza que podrán hacer un gran equipo de trabajo, logrando consenso y diálogo, viendo siempre en beneficio de los compañeros diputados pero sobre todo de las y los veracruzanos.

En cuanto a sus expectativas para este segundo periodo, la legisladora señaló que su enfoque principal es trabajar en armonía procurando el constante diálogo y consenso con cada uno de los grupos legislativos.

Hernández Topete, puntualizó sentirse muy comprometida con las mujeres ya que desde la Vicepresidencia de la Mesa Directiva se encuentra en un espacio representándolas; anunció que en lo personal estará presente de los temas importantes y que son de interés para este sector.

Aseguró que es un gran reto ser contemplada para este cargo lo que la impulsa a seguir trabajando y preparándose para que las veracruzanas puedan sentirse muy orgullosas de estar representadas en este espacio.

Finalmente, dijo que el estar trabajando en la Mesa Directiva es como estar trabajando en cualquier Comisión, y aunque ahora no las podrá tener, seguirá estando cercana a la gente pues las puertas de su oficina siempre estarán abiertas para quien lo necesite.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC), secretaria de la
Comisión de Gobernación y Población, aseguró que el incremento de recursos en
programas sociales no ha disminuido la pobreza, y no debe invertirse en aquellos
que no dan resultados.

Durante el foro “Índice de desempeño de programas públicos
federales”, la legisladora, quien lo organizó, sostuvo que se requiere una
revisión para que los recursos de los programas que no han funcionado sean
utilizados en otros temas.

“Los indicadores señalan que la mayoría de programas no
aprobaron la evaluación, son opacos y la opacidad puede llevar a la corrupción,
por lo que en este presupuesto se le puede dar la vuelta a esto”.

Tagle Martínez dijo que aún hay programas presupuestados
para el siguiente ejercicio que reprobaron las evaluaciones o son opacos, por
lo que la Cámara de Diputados debe retomar la facultad de darle seguimiento al
gasto a lo largo del año.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo señaló que se pueden
hacer mil observaciones, “pero si no se hacen en el lugar adecuado es hablar al
aire”. Preguntó si existe vinculación entre los programas opacos y aquellos que
no sirven. “¿Qué se debe hacer para que en donde están los grupos más
vulnerables del país no sigan existiendo estas fugas?”

Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, aseguró que en
el PEF 2020 se ven más programas importantes que sólo se rigen por lineamientos
frágiles, que no establecen población objetivos, metas a alcanzar ni
estrategias de atención. “En el 2020 nos vamos a enfrentar a un empobrecimiento
de los sistemas de seguimiento y evaluación del gasto en general,
particularmente de la política social”.

Thania Paola de la Garza Navarrete, directora general
adjunta de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), comentó que las mujeres indígenas del ámbito rural
son las que tienen las brechas más grandes de desigualdad. “Si las comparamos
con hombres urbanos no indígenas la diferencia es de 50 puntos porcentuales”.

Por ello, es necesario de orientar más recursos a estos
grupos, distribuidos mediante políticas y programas que decida el gobierno.

Antes de discutir la parte programática del PEF, deben
señalarse las prioridades a atenderse y los objetivos que quieren lograrse. “El
problema de México es más la desigualdad”, sostuvo.

Dijo que la evaluación y generación de evidencia es una
apuesta segura para mejorar la política pública a mediano y largo plazos. “Cada
día los ejecutores de programas retoman esa información para mejorar”.

Alfredo Elizondo Rosales, coordinador general de GESOC AC,
que analiza la calidad del diseño de programas sociales, su capacidad para
cumplir con las metas y la cobertura de población beneficiaria, explicó que la
calificación promedio de los 117 programas considerados en el Índice de
Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) —sin contar cinco que se
encuentran en la clasificación de “Caja negra” y que por su opacidad impiden
calcular su desempeño— fue de 64.27, y 44 reprobaron en su calificación final.

Al presentar el INDEP 2019, señaló que se encontraron 12
programas en un nivel de desempeño óptimo, que obtuvieron una calificación de
89.74 por ciento; entre ellos está el Sistema Nacional de Investigadores,
Seguro Popular, Becas de Posgrados y Apoyos a la Calidad.

Los programas con Nivel de Desempeño Alto Potencial fueron
10 y alcanzaron una calificación de 79.44, entre ellos está el programa Pensión
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Prevención y Control de
Enfermedades. Propuso incrementar su presupuesto, pues cada peso será una
inversión justificada.

Los nueve programas con Nivel de Desempeño Mejorable, entre
los que se encuentra el programa para el Desarrollo del Personal Docente, el de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el de Formación y
Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, obtuvieron una calificación de
83.92. Planteó que antes de incrementar recursos, el Congreso piense en una
agenda que eleve su calidad y fortalecer la capacidad de gestión.

Los 43 programas con Nivel de Desempeño Escaso, entre ellos
IMSS-Bienestar, Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y el de Derechos Indígenas, obtuvieron una calificación de 53.27.
Refirió que no se justifica un incremento presupuestal, sino hacer una revisión
integral para mejorar su calidad de diseño y fortalecer su avance de metas.

De los programas evaluados, 43 reflejaron dispersión
programática y presupuestal, como el de Apoyo a la Vivienda, apoyo a Pequeños
Productores y el Nacional de Inglés, alcanzaron una calificación promedio de
60.52. “Son ejemplo de la dispersión de esfuerzos del gobierno para responder a
los problemas sociales relevantes, por lo que se recomienda una revisión
integral de la política social para identificar los que recibirán más
presupuesto y aumentar su cobertura.

Expresó que 81.98 por ciento de los programas sociales del
gobierno federal, que representan 55.76 por ciento del total del presupuesto
asignado a programas sociales de 2019, no permiten estimar su desempeño debido
a su opacidad, o bien, no tienen posibilidad de resolver el problema público
que abordarán, por la dispersión programática y presupuestal o condiciones de
opacidad que tienen.

Elizondo Rosales refirió que el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2020 se inserta en un contexto fiscal limitado por la desaceleración
en el crecimiento económico y por los bajos precios de los hidrocarburos,
factores que restringen la capacidad para aumentar el presupuesto público y
reorientarlo a la ampliación de la administración.

Pidió que la Cámara de Diputados dote de mayor racionalidad
las asignaciones presupuestales de los programas, orientarlas a las carencias
sociales más apremiantes y fortalecer su transparencia y rendición de cuentas.

Propuso endurecer medidas de transparencia y rendición de
cuentas en el Decreto de Presupuesto 2020, a los cinco programas
presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su
desempeño, y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria
conjunta para el año 2020 de 1 mil 416 millones de pesos (mdp), 3.95 por ciento
más que en 2019.

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 12
programas que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo, y para los que el
Ejecutivo propone una asignación conjunta en 2020, de 124 mil 456 mdp.

Priorizar en los incrementos a los 10 programas que poseen
un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una
asignación presupuestaria conjunta para 2020 de 250 mil 097 mdp. No aumentar
recursos a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de
mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.

Con 46 votos, el Pleno Legislativo avaló el dictamen presentado por las Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y De Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, por el que se busca garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres en el desempeño de trabajos iguales dentro de la Administración Pública Estatal y Municipal, en los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y ámbitos social y privado.

Dicho dictamen derivó de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada el 18 de julio del año en curso por la diputada María Candelas Francisco Doce, a nombre del Grupo Legislativo de Morena, y a la cual se adhieren los diputados Juan Manuel de Unánue Abascal, María Josefina Gamboa Torales, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade.

De acuerdo con el dictamen, se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 35 y la fracción V del artículo 38 y se adicionan las fracciones IX y X al artículo 35, todos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así, en el Capítulo Tercero titulado De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Económico y Laboral, se determina que “las autoridades y organismos públicos deberán diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza para lograr la igualdad, establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que apliquen políticas y prácticas en la materia”.

Así también, garantizar el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres por trabajos iguales, desempeñados en puestos, jornadas y condiciones de eficiencia idénticas, dentro de la administración pública estatal y municipal, poderes Legislativo y Judicial, en los organismos autónomos y en los ámbitos social y privado. Junto con esto, establecer el principio de paridad de género en la conformación de la planta laboral de la administración pública estatal y municipal.

En lo que respecta al Capítulo Sexto, De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Civil, el Artículo 39 mandata que “para lograr la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito civil, las autoridades garantizarán la promoción de la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el cuidado de niñas, niños, personas enfermas, personas de la tercera edad y en el trabajo doméstico”.

Nulidad de elección por violencia política en razón de género

La violencia política en razón de género ya es causal para declarar nula una elección de Gobernador, de diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

Con 36 votos a favor, el Congreso del Estado avaló el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género.

El dictamen deriva de la iniciativa de decreto presentada por diputadas integrantes de diversos Grupos Legislativos, y a la que se adhirieron los integrantes de las bancadas de Morena y Mixto Del Lado Correcto de la Historia, el 18 de julio del año en curso, para adicionar una fracción VIII y un párrafo cuarto y reformar el párrafo segundo, todos del artículo 396 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Mónica Robles Barajas, indicó que “no puede haber democracia exitosa si no es igualitaria, incluyente, efectivamente representativa, legal, legítima y respetuosa de las voces y anhelos de las mayorías y las minorías, que deben ser consideradas y atendidas en sus reclamos y propuestas”.

La democracia que nos conduce al progreso, al bienestar, al crecimiento y al robustecimiento del Estado de Derecho –manifestó la Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales- debe comentarse en la inclusión y participación de las mujeres, quienes, en plenitud de su ciudadanía, tiene que ejercer sus derechos humanos sin pretextos ni condiciones.

“Hablar de violencia política contra las mujeres es hacer referencia a conductas que tienen la intención de menoscabar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de participar en los asuntos políticos y que pueden llevarles a la muerte”, agregó.

Este tipo de violencia –definió- constituye una forma cobarde de truncar, mediante prácticas discriminatorias absolutamente reprobables y condenables, las legítimas aspiraciones de servir a la sociedad a través de un cargo de elección popular.

Al determinarse la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, se facilitará la persecución y aplicación de sanciones por parte de la autoridad que corresponda.

Al actualizarse dicha causal, el respectivo expediente se remitirá a la Fiscalía General del Estado para los fines legales que correspondan. La declaratoria de nulidad invalida todos los actos electorales incluidos los resultados. “Tiene que ser la mejor herramienta para contribuir a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género”.