La diputada Margarita Corro Mendoza propuso, mediante una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la formulación y ejecución de acciones relativas a la venta y el uso de productos sólidos urbanos plásticos de un solo uso.

Durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, del primer año de ejercicio constitucional, la presidenta de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático presentó dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 1, 3, 6, 7, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la referida ley.

Bajo el concepto de productos plásticos de un solo uso, la propuesta enumera: bolsas, vasos, popotes, recipientes de comida, cubiertos, aplicadores de todo tipo, globos, embalajes y todo objeto cuyo uso es momentáneo y que tarda cientos o miles de años en degradarse contaminando al planeta.

Define también los plásticos de un solo uso como los objetos fabricados de diferentes polímeros, artefactos o utensilios cuyo uso es temporalmente muy corto y cuya degradación en el medio ambiente es muy larga (de décadas a cientos de años) y contaminante.

Precisa, además, que los residuos sólidos urbanos son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques, así como los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la referida ley como residuos de otra índole.

La adición al Capítulo V, titulado Manejo y Disposición de Residuos Sólidos No Peligrosos y Plásticos de Un Solo Uso, indica en el artículo 174 que “para el manejo y disposición final de residuos sólidos no peligrosos y de plásticos de un solo uso, los municipios podrán coordinarse o asociarse en la creación de un organismo operador, sentando ellos mismos los lineamientos para su funcionamiento y administración que conlleven a la mejor prestación de sus servicios públicos, bajo la figura jurídica que estimen pertinente”.

El artículo 178 permitirá al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos celebrar acuerdos de coordinación y asesoría con las instituciones correspondientes para: la implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso.

Así como la identificación de alternativas de minimización, reutilización, reciclaje y disposición final de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras. Además la instalación y operación de centros de acopio de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso domésticos orgánicos o inorgánicos, para su clasificación, reúso, tratamiento y reciclaje.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena añadió que, de acuerdo con el segundo transitorio, los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar sus reglamentos en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para dar cumplimiento al Decreto.

Y el tercero transitorio dispone que este Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo y la Federación, considere un plazo perentorio para que en 2021 esté prohibida la comercialización y el uso de residuos sólidos plásticos de un solo uso.

Finalmente, precisó que esta ley tiene por objeto la conservación, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, así como la prevención, la reducción en la generación, comercialización y uso de residuos sólidos plásticos de un solo uso y la procuración del desarrollo sustentable.

Esta iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Congreso del Estado, el activista y defensor de los derechos humanos, José Alejandro Solalinde Guerra, presentó el libro Paradigmas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio: Los Dilemas de su Implementación, realizado en coautoría con Teresita Reyes Alpirez, Magda Zayas Muñoz, Adriana Morales García, José Alfredo Gómez Reyes y Ángel Rosas Solano.

Ante la presencia del diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, del magistrado Raúl Pimentel Murrieta, así como de estudiantes de la carrera de Derecho de diversas instituciones educativas y público en general, cada uno de los coautores hizo una breve reseña de los temas abordados en su artículo, coincidiendo en la necesidad de mejorar la operación de este sistema, instaurado a partir de 2008.

Con el propósito de homologar disposiciones de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad para el Estado con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en relación con incluir los trastornos de talla como un elemento por el que no debe hacerse distinciones para gozar de los derechos establecidos en el orden jurídico, el diputado Jorge Moreno Salinas, presentó una iniciativa de decreto ante la Diputación Permanente.

El integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) informó que el 12 de julio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo primero de la citada Ley General, mediante el cual se agregaron los trastornos de talla a las condiciones o características que no deben motivar distinciones para que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano.

Refirió que la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, que tiene por objeto promover, proteger y asegurar -en condiciones de igualdad- el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, no ha sido reformada en ese mismo sentido.

Por lo anterior, el legislador priista propone en su iniciativa reformar los artículos 2, fracción XI, y 4, primer párrafo, de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad, a fin de contribuir a crear una cultura de respeto e inclusión plena de las personas con trastornos de talla en los sectores social, laboral, cultural, educativo y deportivo, entre otros.

Dijo que todo esto se origina a partir del principio constitucional de no discriminación y que las personas con esa condición deban ser, no sólo visualizadas, sino también atendidas para facilitar su vida digna en la sociedad.

“Las personas con talla baja padecen limitantes físicas que les generan exclusiones, marginación y hasta rechazo, que como sociedad civilizada no podemos permitir, como tampoco que su condición les impida una vida plena en igualdad de condiciones que el resto de la población”, detalló.

En el mismo sentido el también secretario de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura recordó que en abril pasado presentó la iniciativa, misma que fue aprobada por unanimidad del Pleno el pasado 6 de junio, mediante la cual se declaró que cada 25 de octubre es el Día Estatal de las Personas de Talla Baja.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó, durante la octava sesión ordinaria, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz en materia de identidad de género autopercibida.

Esta propuesta tiene como finalidad permitir a quienes ostentan una identidad de género autopercibida, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el acta primigenia, obtener sus documentos identitarios a través de un procedimiento administrativo, ajustando la norma a los principios constitucionales federal y local.

En su exposición de motivos, la legisladora aseguró que esta problemática provoca un escenario de potenciales violaciones graves a derechos humanos que, por la interdependencia e indivisibilidad, merman la dignidad, integridad, libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida, al no contar con documentos identitarios que reflejen su real identidad.

La Diputada del distrito V de Poza Rica, añadió que parte de las reformas y adiciones propuestas contempla que las copias expedidas de estas actas no deberán contener referencia de la anotación realizada en el apéndice en el acta original correspondiente.

Asimismo, destacó que los efectos de la nueva acta de nacimiento de identidad de género autopercibida, son oponibles a terceros desde su levantamiento y que no constituye extinción o desconocimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades contraídas con anterioridad al proceso administrativo, los cuales permanecerán inmodificables.

Del mismo modo, que la solicitud de la nueva acta deberá estar basada en el consentimiento libre e informado, confidencial, expedito, tendiente a la falta de fundamento y sin la exigencia de intervenciones quirúrgicas, hormonales o que atente contra la dignidad.

Los requisitos para llevar a cabo este trámite administrativo son: ser de nacionalidad mexicana, tener acta de nacimiento registrada en Veracruz, presentar ante el Registro Civil estatal la solicitud debidamente requisitada en la que se especifiquen el nombre completo y los datos del acta primigenia y el nombre solicitado sin apellidos y, de ser el caso, el género auto percibido.

Además de presentar copia certificada del acta primigenia para efecto de realizar la reserva correspondiente.

Finalmente la legisladora aseguró que tanto la Constitución Federal como la Local, impone a todas las autoridades promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las que personas.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

–Propone la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres por Razón de Género-

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presentó también una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz en materia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la cual propone que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con fiscales especializadas que atiendan de manera exclusiva los delitos de género, feminicidio y violencia familiar, cuando las víctimas sean niñas o mujeres.

En su intervención la legisladora precisó que en la investigación de estos delitos se requiere de un grado de especialización mayor que comprenda y analice el contexto de la discriminación contra las mujeres por razón de su género, de ahí la necesidad de esta reforma.

Agregó que esta propuesta pretende el fortalecimiento del personal a cargo de estos casos, calidad de la investigación penal, recaudo y protección efectiva de la prueba y la participación efectiva de las víctimas y sus representantes, apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, garantizando el derecho al acceso a la justicia.

Precisó que actualmente estos delitos son investigados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. Sin embargo, -señaló- estas fiscalías tienen que atender diversos delitos que por su propia naturaleza deberían ser atendidos por fiscales con una mayor especialización formal y material, debido a los factores jurídicos, sociales y culturales que intervienen.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen.

Como parte de las actividades del seminario de actualización para asesoras y asesores legislativos en materia de derechos humanos, que coordina la doctora Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH), del Congreso del Estado, se realizó la presentación del tema: Derecho a la Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública, a cargo del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, miembro del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, de la Universidad de Xalapa (UX).

El doctor Vázquez Azuara señaló que este tema es de la más alta relevancia frente al andamiaje que se está forjando sobre derechos humanos, toda vez que obliga a todas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, a poder esgrimir ordenamientos jurídicos, disposiciones normativas, que respondan a la cada vez más creciente exigencia de la sociedad.

Dijo que en concreto, desde una visión legislativa, se ponderen cuáles derechos humanos, giran en torno a esta estructura de acceso a la información y protección de datos, y sobre todo, cuáles son las recomendaciones que se pueden generar, para que desde el Congreso, se consoliden normas locales que se armonicen adecuadamente a los espectros nacionales, internacionales.

Sobre todo –abundó- para que las disposiciones contenidas en dichas normas no violen derechos humanos que bajo el principio de interdependencia de los mismos, son también de la más amplia relevancia.

-Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas-

Por otra parte, el doctor Martín Cadena Barajas, quien actualmente funge como catedrático de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana (UV) y de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en el Colegio de Veracruz (Colver), habló sobre Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas, en el que subrayó que es un tema que ha tenido su interés debido a su experiencia laboral y por su relación con áreas de tecnologías de la información.

Además –agregó- porque las comunicaciones privadas están dentro del celular, en los correos electrónicos, en el correo impreso y están protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, el párrafo doceavo de dicho ordenamiento legal, nos dice que “las comunicaciones privadas son inviolables”.

Manifestó que la ley sanciona cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto, cuando sean aportadas, en forma voluntaria, por alguno de los particulares que participen en ellas.

Por lo anterior hizo un llamado a la responsabilidad con que se deben manejar las comunicaciones privadas y con los contenidos de los correos institucionales.

Durante el desarrollo de ambas ponencias, los asesores y asesoras legislativos participaron activamente presentando sus dudas y comentarios, en un enriquecedor diálogo e intercambio de ideas con los ponentes, de esta onceava fecha del Seminario.

La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno se pronunció por una política de protección civil centrada en la prevención y por leyes que permitan una coordinación cada vez más eficaz entre el Gobierno y sus dependencias, para que las acciones del sector público estatal en esta materia sean transversales.

Al encabezar el foro Importancia de la Gestión Integral de Riesgo y sus Actualizaciones, celebrado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, la presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil, aseveró que la meta es “contribuir a reducir el impacto de los fenómenos en nuestra vulnerada, socialmente, población veracruzana”.

Acompañada en el presidum por el presidente del H. Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro; por las diputadas Florencia Martínez Rivera, titular de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, y Cristina Alarcón Gutiérrez, y del coordinador estatal de la Junta de Mejoras, Juan Francisco Marín Viveros, dio la bienvenida a las y los representantes de las Unidades Municipales de Protección Civil del Estado.

Al lado también de la secretaria de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, agradeció la respuesta al exhorto que hizo, el pasado 18 de julio, a los 212 municipios para que, por conducto de sus Unidades Municipales de Protección Civil, concluyan con la elaboración y actualización de los Atlas Municipales de Riesgo, los mapas comunitarios de riesgo, los programas municipales en materia de protección civil y los planes de acción para casos de emergencia y desastre.

Adelantó que buscará ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) capacitación permanente para profesionalizar las unidades internas de Protección Civil en el estándar de competencia para la elaboración de programas especiales en la materia de acuerdo con la gestión integral de riesgos de desastres.

Finalmente, al reiterar su apoyo y compromiso con todos los municipios del Estado, aseguró que desde la Comisión Permanente que encabeza seguirá trabajando de manera estrecha con los ayuntamientos, no sólo en la remediación, sino principalmente en la prevención.

Al inaugurar los trabajos, la secretaria Guadalupe Osorno destacó que la legislación de Veracruz es pionera en la integración de la gestión integral de riesgo y proyectó que la entidad transite hacia un modelo donde la coordinación sea la principal herramienta de prevención y atención.

Durante la jornada, los participantes pudieron externar sus inquietudes e interactuar con los ponentes: el ingeniero Jesús Córdova Ortega expuso los temas Atlas de riesgo e Impacto del Cambio Climático en la gestión de riesgo y los recursos naturales; la ingeniera Sheila López Vásquez presentó Estrategia de Gestión Integral de Riesgo y Gestión de Recursos; el licenciado Francisco Javier Azcoitia Grajales habló sobre la aplicación móvil Alerta Ciudadana Veracruz, y el licenciado Erik Benito Pérez Mistega presentó Reformas en Gestión de Riesgos.

Derechos en el trabajo y seguridad social fueron los temas expuestos este miércoles, durante una jornada más del Seminario de actualización para asesoras y asesores legislativos en materia de derechos humanos, organizado e implementado por la titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, maestra Mónica Mendoza Madrigal.

En esta ocasión, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Guillermo Benjamín Díaz Martínez, realizó una presentación en la que abordó, por una parte, los derechos humanos, los derechos fundamentales, la dignidad humana y los derechos humanos laborales y por otra, los derechos humanos en el servicio público.

Con base en las legislaciones mexicana e internacional y en interacción con los participantes, desarrolló diez puntos: estabilidad en el empleo, seguridad social, libertad sindical y libre negociación, protección a las madres, prohibición de trabajo forzoso, no discriminación e igualdad de oportunidades, trabajo de menores, descanso y tiempo libre, salario digno y remunerador y acceso a la justicia.

Este seminario, que inició el pasado 17 de septiembre, dirigido a los colaboradores directos de las y los diputados locales, tiene entre sus propósitos proponer nuevas líneas y enriquecer los enfoques que son utilizados para su abordaje a través del trabajo de la LXV Legislatura.

Ayer martes 22 de octubre y como parte de las actividades programadas del Seminario de Actualización para Asesoras y Asesores Legislativos en materia de derechos humanos, que coordina la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal, tres especialistas abordaron temas relacionados con la Agenda 2030 y la Bioética.

Previo a la presentación del primer ponente, la doctora Mónica Mendoza agradeció la disposición de asesoras y asesores que a lo largo de estas semanas han acudido y participado en las sesiones del Seminario, el cual –confió- será de gran ayuda para las actividades diarias que se desarrollan en esta Soberanía.

Posteriormente el doctor Miguel Escalona Aguilar, coordinador universitario para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (UV), abordó el tema Agenda 2030, el derecho a un medio ambiente sano.

En tanto, la maestra María del Pilar Jiménez Romero, profesora e investigadora de la Universidad Cristóbal Colón, y el doctor Carlos Escorza Santos, del Comité de Bioética en Investigación y Comité Hospitalario de Bioética, hablaron sobre Derechos Humanos y la Bioética.

Este seminario, que inició el pasado 17 de septiembre, tiene como finalidad enriquecer el conocimiento de las asesoras y asesores legislativos en materia de derechos humanos.

Al dar la bienvenida a las y los asistentes al seminario Resultados de la Encuesta sobre Salud y las Experiencias de Vida de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de Xalapa, Veracruz 2018, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno señaló que, a través de la información recabada y dada a conocer este día, será posible advertir las acciones a tomar, de manera más efectiva, para beneficio de las personas adultas mayores.

Este espacio, agregó la legisladora, permitirá analizar y reflexionar sobre la realidad en que vive un sector tan importante en Veracruz y en todo México, como son las personas adultas mayores y cómo, desde el Congreso del Estado, se trabaja para reconocer los derechos de quienes, con su ejemplo y lecciones de vida, son el mejor legado que puede tener la actual generación.

Dijo que con acciones dedicadas a las personas adultas mayores podrá avanzarse para que en su vida personal encuentren los mayores satisfactores que la vida deba darles.

Posteriormente, correspondió a la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, investigadora del Instituto Nacional de Geriatría, dependiente de la Secretaría de Salud federal, presentar los resultados derivados de esta primera encuesta. Información que, destacó, permite conocer la situación socio-económica, de salud y el maltrato de que son objeto las personas adultas mayores en esta ciudad capital.

Con estos datos –subrayó- se busca contribuir al desarrollo de investigación, para la generación de conocimiento sobre el tema, que permita sentar las bases para la creación de políticas públicas, enfocadas en la atención de las necesidades de las personas adultas mayores, así como dar sustento a la necesidad de contar con un marco legal específico para prevenir y atender muchos de los problemas que enfrenta este sector de la población.

Asimismo, continuó Giraldo Rodríguez, con los datos obtenidos de esta encuesta, se pueden apoyar para la toma de decisiones, como, por ejemplo, proponer la creación de una agencia especializada en la atención de adultos mayores víctimas de violencia, como ya se ha hecho en la Ciudad de México.

Por convocatoria de la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, asistieron a este seminario el médico Jonathan Verbinski Maldonado, en representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez; la jefa del área del Adulto Mayor, en el DIF Municipal Xalapa, María Verónica Rodríguez Estrada; la presidenta de la Asociación Vida Digna, Marva Garcimarrero Ochoa; público en general, estudiantes de las carreras de Medicina y Enfermería de diversas instituciones educativas.

Un reconocimiento al trabajo implementado por los integrantes de la Sexagésima Cuarta (LXIV) Legislatura del Congreso de la Unión hizo el presidente del H. Congreso del Estado de Veracruz, diputado José Manuel Pozos Castro, al participar en el Primer Informe Legislativo de las y los diputados federales del Grupo Legislativo de Morena.

Durante el acto -celebrado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo-, el diputado Pozos Castro dio la bienvenida al grupo de legisladores encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, a quienes distinguió por su compromiso en favor de la población.

Los resultados en materia legislativa –dijo- están a la vista. Aseguró que sus homólogos federales “se han esforzado por elevar la calidad de vida de nuestra gente” y manifestó que hay plena coincidencia en la LXV Legislatura, donde “avalamos su trabajo honesto, responsable y eficiente”.

Expresó, en el mismo sentido, que entre las y los diputados federales y locales hay coordinación, unidad, intercambio permanente, coordinación y respaldo recíproco.

“Reconocemos su profesionalismo, cariño y afecto por la entidad. La vocación por el servicio de nuestros representantes en San Lázaro se ha traducido en más inversión, más empleo y más bienestar para la ciudadanía”.

Posteriormente, escuchó el breve informe que, por separado, realizaron en materia de combate a la corrupción y al robo de combustible, la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la expedición de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la creación de la Guardia Nacional y el fomento a la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hicieron uso de la palabra las y los legisladores federales: Tania Cruz, Jaime Pérez Bernabé, Julio Carranza, Edith García, Carmen Medel, Carmen Mora, Claudia Tello, Dulce Villegas, Dorheny García, Juan Martínez, Eleuterio Arrieta, Lizeth Guerra, Manuel Gómez, Marco Medina, María Espinoza, Paola Tenorio, Raquel Bonilla, Ricardo Exsome, Rodrigo Calderón, Rosalba Valencia, Valentín Reyes y Zaira Ochoa.

Por el Grupo Legislativo de Morena en el Congreso local, asistieron las y los diputados: Rosalinda Galindo Silva, Adriana Paola Linares Capitanachi, Ana Miriam Ferráez Centeno, Jessica Ramírez Cisneros, Raymundo Andrade Rivera, José Andrés Castellanos Velázquez, Rubén Ríos Uribe, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Magdaleno Rosales Torres.

Asistieron también el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, y el subsecretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, ambos del Gobierno del Estado, así como el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá.