Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el Estado de Veracruz.

En la Iniciativa, se propone la reforma del artículo 73 fracción VII del Código, con la finalidad de precisar que los sujetos obligados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos deben dictaminarse, no así el Impuesto sobre Hospedaje, lo cual brindará, se señala, certidumbre jurídica a los contribuyentes que son sujetos de dichos impuestos.

Con la reforma propuesta del artículo 104 fracción III del Código se faculta a las autoridades fiscales estatales para emitir las Reglas de Carácter General a las que deberá sujetarse la elaboración del dictamen que presenten los contadores públicos autorizados y que “es esencial para otorgar certeza jurídica a sujetos obligados de dicho impuesto”.

Respecto a los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, que hacen referencia a los servicios catastrales que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cuando en realidad -se señala- la dependencia que los proporciona es la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob), por lo que, esta reforma es una precisión para los administrados con la finalidad de brindarles mayor certeza jurídica respecto de los trámites que deban realizar en materia de catastro.

De conformidad con el artículo 14 del Código Financiero, los aprovechamientos son: los ingresos que percibe el Estado en sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones federales, de las aportaciones e ingresos federales coordinados, así como los que obtienen los organismos de la administración pública paraestatal del Estado.

Se propone, en la Iniciativa, la reforma al artículo 153 apartado B, segundo y último párrafo para establecer que los ingresos que se recauden por la venta de certificados holográficos se destinarán al Fondo Ambiental Veracruzano en el porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, además en el último párrafo se precisa el nombre del Fondo Forestal Estatal que se encuentra establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

También se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 194 del Código para disponer que las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos estatales, deberán reintegrar a la Sefiplan, dentro de los 10 días hábiles siguientes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, los recursos públicos estatales que no hayan sido devengados.

Lo anterior, porque los recursos entregados se vinculan con los resultados esperados, por lo cual al asignar los recursos, los entes públicos no pueden dejar de cumplirlas, pero tampoco pueden rebasar las asignaciones aprobadas en sus respectivos presupuestos, ni utilizarlos para otros fines, salvo que cuenten con autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Propone también, la reforma del artículo 193 tercer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos precitado, porque éste fue reformado el 19 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en el número extraordinario 504, para cambiar la referencia a salarios mínimos por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en su tercer párrafo decía equivalente al salario mínimo general vigente elevado al año.

En la reforma precitada se omitió la frase «elevada al año», consecuentemente este párrafo resulta contradictorio con el contenido del mismo, por lo que para su debida aplicación se considera necesario redactarlo en los términos originalmente aprobado para señalar que el monto máximo por gastos de ejecución será el de la UMA elevada al año.

Se destaca que tiene la finalidad de otorgar certidumbre jurídica a los administrados respecto de los límites de actuación de los servidores públicos; precisar facultades de autoridades fiscales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y favorecer la administración de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

La LXV Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el Artículo 153 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de elevar las multas a quienes conduzcan un vehículo en estado de ebriedad, derivado de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).

El dictamen de reforma a los incisos a) y b) de la fracción III de dicho artículo fue puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, y aprobado con 50 votos, durante la Décima Tercera Sesión Ordinaria, última del primer período ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Se mantiene en el ordenamiento que el acto por medio del cual se impongan multas deberá estar fundado y motivado y se aplicará en Unidades de Medidas y Actualización (UMA) y que deberán graduarse en leves, graves, muy graves y especiales.

Las catalogadas como muy graves, es decir, cuando además de poner en peligro la vida o la integridad física, se ocasionen daños a más de una persona o se afecte la vía pública o la infraestructura urbana, mantiene la sanción de 31 a 40 UMAs; sin embargo, por dicha actualización, quien conduzca en estado de ebriedad se hará acreedor a una multa de 80 a 115 UMAs.

Destaca en el Dictamen que, en relación con la mortalidad, el alcohol sigue siendo la sustancia adictiva de mayor consumo, siendo la primera causa de muertes violentas en la población juvenil. En 2012, de cada 100 conductores jóvenes involucrados en accidentes de tránsito, 12 estaban bajo los efectos del alcohol.

Además, México ocupa el séptimo lugar en el mundo en la lista de países que presentan mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la segunda posición en América Latina, según la tasa de fallecidos por cada 100 mil habitantes. Anualmente, el país registra más de 24 mil muertes generadas por lesiones en el tránsito, por lo que es la primera causa de muerte en la población de 5 a 34 años de edad.

Quedó asentado en el dictamen que la Comisión dictaminadora coincide con la propuesta del iniciante, ya que “resulta necesario acrecentar las multas a aquellos conductores que bajo la influencia del alcohol operan vehículos automotores, con la finalidad de crear esa conciencia en las y los veracruzanos”.

El segundo transitorio indica que el Ejecutivo estatal deberá emitir, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto, las disposiciones reglamentarias que correspondan.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propone que las y los legisladores, federales y locales, no sean reelectos para el periodo inmediato posterior, y después de ese periodo, puedan ser electos sólo para un periodo más.

El legislador del distrito XIX de Córdoba, dijo que la reforma también aplicaría para las y los Presidentes Municipales, regidores y síndicos, no siendo violatoria de los derechos políticos, toda vez que no tendrán prohibido presentarse para cualquier otro cargo de elección popular.

“Poner límites a un derecho, no es negarlo y la Constitución no puede ser inconstitucional, por lo que el derecho a votar y ser votado en las elecciones se mantiene intacto”, abundó.

El legislador señaló que la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el resultado de la apreciación de la ciudadanía respecto al principio de no reelección, siendo una de las instituciones más arraigadas en la cultura política popular del Siglo XX.

“Tener el valor de apoyar una iniciativa implica coherencia con la autoproclamada adherencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al pensamiento de Francisco I. Madero. Coherencia para quienes son oposición, que han cuestionado el apego de la Cuarta Transformación con los principios no reeleccionistas”, finalizó.

La iniciativa con Proyecto de Decreto fue enviada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales para su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Érika Ayala Ríos, del Grupo Legislativo PRI-PVEM, presentó una iniciativa de decreto que reforma los artículos 190, 190 bis y 190 ter del Código Penal para el Estado de Veracruz, la cual propone un aumento a las penas de prisión en los delitos de acoso y hostigamiento sexual.

Asimismo, plantea incluir como una agravante de las sanciones privativas de libertad, los delitos que se cometan en contra de personas que no tengan capacidad para comprender el significado de los mismos, a fin de garantizar su mayor protección, reforzar la prevención y propiciar la inhibición de los delitos mediante sanciones más severas, en ruta de la erradicación.

En su exposición de motivos, la legisladora abundó que para el delito de acoso sexual, en su modalidad genérica, se propone incrementar la pena de uno a cuatro años de prisión y para cuando existan agravantes de dos a ocho años.

Del mismo modo, continuó Ayala Ríos, para el caso de hostigamiento sexual la pena en su modalidad genérica, el incremento estaría a razón de dos a cinco años de prisión, en tanto que para el delito agravado sea de tres a ocho años, con lo que se elevaría en un año, la pena mínima que actualmente tiene.

Asimismo puntualizó que, tanto en acoso como en hostigamiento sexual, la única condición que hace posible incrementar las sanciones privativas de libertad es cuando los delitos son agravados y no genéricos, es decir, que la víctima sea menor de 18 años o que la víctima no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

Por lo anterior, añadió, “dado el interés de salvaguardar los derechos humanos de las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho de que se actualizan las conductas típicas de acoso sexual y hostigamiento sexual, estimamos necesario incorporar esa circunstancia como agravante de la pena en ambos delitos”, persiguiéndose de oficio y no por querella.

Señaló que esta iniciativa tiene su origen a partir de las constantes denuncias, principalmente de niñas, mujeres y adolescentes que son víctimas de acoso y hostigamiento sexual, siendo este sector el más vulnerable, existiendo un constante ejercicio abusivo de poder por parte del agresor.

Por lo anterior, indicó, hay una enorme preocupación por parte de las y los legisladores para generar marcos legales más igualitarios y justos garantizando la prevención, sanción y erradicación de las violencias de género que representan la trasgresión a la dignidad de las mujeres, adolescentes y niñas en una incuestionable violación a sus derechos humanos.

“Estamos conscientes de que el incremento de penas no lleva implícita la erradicación de conductas lesivas a los bienes jurídicos tutelados en la ley penal, pero igualmente estamos convencidos de que cualquier esfuerzo que se haga por prevenir, promover, hacer respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, puede contribuir a desalentar, inhibir y disminuir la comisión de esas conductas”, finalizó.

A la presente iniciativa se le adhirieron los Grupos Legislativos Mixto de Acción Nacional Veracruz (ANV), Partido Acción Nacional, Del Lado Correcto de la Historia, Morena, MC-PRD y -a título personal- la diputada Andrea Yunes Yunes. Fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

Este 29 de enero, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura recibió, de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos, el Informe de Resultados de la nueva valoración a las Cuentas Públicas 2018, en cumplimiento del resolutivo segundo del Decreto 295, aprobado por esta Soberanía el 31 de octubre de 2019.

Correspondió al diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la referida Comisión, recibir este Informe y, a su vez, señaló que la LXV Legislatura, por primera vez en la historia, decidió rechazar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2018, “debido a las inconsistencias encontradas”, agregó.

El legislador agradeció a la Auditora General cumplir el decreto y entregar, en el plazo de los 90 días, esta nueva valoración. “A partir de este momento, la Comisión de Vigilancia dictaminará y someterá al Pleno del Congreso, para su discusión y aprobación, el resultado final de las Cuentas Públicas 2018”.

Asimismo, externó su reconocimiento a las diputadas y diputados de los distintos grupos legislativos su compromiso e interés en la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Por ende, informó que, a partir de este día, dicha información es totalmente pública y, para cumplir con los principios de máxima publicidad y transparencia, deberá estar disponible en el portal de internet del Orfis para consulta de la sociedad veracruzana.

Tras realizar un recuento de las acciones efectuadas en esta nueva valoración, la auditoria Delia González dijo que en México y especialmente en Veracruz ha iniciado una transformación, a fin de que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, sea una realidad, “donde la ley se aplique sin distingo alguno, terminando con la impunidad que tanto daño ha generado al país”.

Subrayó que la nueva valoración a la Cuenta Pública 2018 tuvo su origen en la determinación del Congreso del Estado de no aprobarla, al considerar que no existían elementos suficientes que dieran certeza, teniendo como consecuencia que se rechazaran los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo que se había presentado el 25 de septiembre de 2019.

También refirió que este hecho implicó una planeación inmediata y eficiente para llevar a cabo la ejecución de los trabajos encomendados, toda vez que el plazo improrrogable otorgado para efectuar esta importante labor fue un reto. “Se recurrió al propio capital humano del ente fiscalizador, servidores públicos a los que quiero agradecer y reconocer el gran esfuerzo y profesionalismo con el que se condujeron aportando su experiencia y dedicación”.

Manifestó que esperarán la determinación del Pleno de la LXV Legislatura para continuar el proceso establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “lo que nuevamente representará un importante compromiso pues el proceso será concurrente con la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, pero el mismo se afrontará con la confianza de que el Orfis cumplirá en términos de ley”.

A este acto asistieron las diputadas y diputados Mónica Robles Barajas, secretaria de la Comisión de Vigilancia, así como Deisy Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Érika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Alexis Sánchez García, Rodrigo García Escalante y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, como vocales.

Cabe señalar que, al recibir esta nueva valoración y con fundamento en el resolutivo segundo del Decreto 295, la Comisión de Vigilancia tiene 15 días hábiles para elaborar el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de reforma a la fracción VII del artículo 22 y la fracción XI del artículo 77 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, con lo que queda establecida la prohibición de instalar, en la vía pública, boyas, topes, piedras, o cualquier objeto, sin permiso de la autoridad competente, así como colocar publicidad o fijar objetos para apartar áreas de estacionamiento o invadir la arteria vial o banqueta ubicada afuera de lotes, viviendas, comercios u oficinas.

Este dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el 31 de julio de 2019 por el diputado Ricardo Arturo Serna Barajas, registró 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Asimismo, se establece en la ley que los conductores tendrán la obligación de no obstruir la circulación de otros vehículos y de las personas, así como abstenerse de invadir las áreas de rodamiento o las zonas reservadas para el paso peatonal o las entradas y salidas de cocheras.

La Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, instancia dictaminadora, señala en el dictamen su coincidencia con el autor de la propuesta, ya que se busca que los peatones y automovilistas puedan convivir y para ello es necesario normas que armonicen los derechos y libertades comunes de todos.

Refiere que el problema se presenta cuando los propietarios de vehículos invaden las áreas exclusivas de peatones u obstruyen las salidas de cocheras de las viviendas o comercios y, a su vez, las personas invaden las áreas destinadas para el libre tránsito vehicular o el espacio permitido para el estacionamiento público.

Siendo común –expone- el apartado de lugares para estacionamiento con diversos objetos o también, se opta por la colocación de anuncios afuera de comercios o incluso se colocan rocas u objetos fijos a las afueras de viviendas sin el permiso de la autoridad correspondiente.

La diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, con lo que se pretende armonizar esta legislación a lo dispuesto en la General, a fin de generar un enfoque de atención primaria con énfasis en prevención y diagnóstico temprano del cáncer pediátrico.

Al participar, durante la décima segunda sesión ordinaria, la legisladora recordó que en abril de 2019, las y los diputados de su grupo parlamentario en el Congreso de la Unión presentaron la iniciativa que expide la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, misma que fue aprobada por unanimidad en diciembre de ese año.

De este modo, se prevé adecuar la legislación estatal a la federal, expuso la diputada, quien agregó que este decreto parte de reconocer instituciones que actualmente ya están en funciones, otorgando a su vez nuevas facultades a las autoridades del estado para que, de manera coordinada con el gobierno federal, se establezcan los mecanismos eficientes para lograr la correcta identificación y atención del cáncer infantil.

En su iniciativa, la diputada del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) propone la creación de una Red Estatal de Apoyo contra el Cáncer Infantil, con el objetivo de que en cada centro de atención de primer nivel se cuente con un módulo especializado capacitado para referenciar, a los menores beneficiarios de esta ley, a la unidad médica acreditada más cercana.

Lo anterior, siempre que se tenga sospecha de cáncer infantil, así como para brindar información sobre las organizaciones de la sociedad civil a que puede acudir en su localidad para encontrar grupos de apoyo y una mayor información sobre la enfermedad.

A su vez, plantea la creación del Registro Estatal para el Cáncer Infantil, con el propósito de llevar en tiempo real el registro sobre el diagnóstico, seguimiento y evolución del tratamiento del paciente, con la información que permita una atención de calidad y la realización de estudios científicos.

De igual forma, se considera la creación de un Fondo Estatal destinado a financiar a los beneficiarios que no cuenten con los recursos para trasladarse a la unidad médica acreditada, con el fin de confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento.

La diputada Yunes Yunes, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia en el Congreso del Estado, puntualizó que este Fondo serviría también para financiar, total o parcialmente, programas y proyectos que se encuentre exclusivamente relacionados con la investigación, estudio, evaluación, promoción, desarrollo de iniciativas para la prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer.

Indicó que se impondría la obligación a las autoridades para que, desde el momento en que se tenga la presunción de cáncer, se autoricen todos los estudios correspondientes hasta confirmar su diagnóstico, y la de remitir en un plazo de máximo 24 horas a la unidad médica acreditada, cuando el diagnóstico no sea posible de realizarse en el primer centro de contacto con el beneficiario.

La iniciativa, que plantea adicionar el capítulo VI Bis al artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos del PAN, Acción Nacional Veracruz (ANV), PRI-PVEM, Movimiento Ciudadano-PRD y Morena.

Con el objeto de garantizar la vinculación de futuras generaciones en la participación social y democrática del estado, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Veracruz, la cual tiene como propósito establecer que al menos el 30 por ciento de los candidatos a diputados y ediles cuenten con un máximo de 30 años de edad.

Al intervenir durante la décima segunda sesión ordinaria, la diputada del Grupo Legislativo de los partidos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática (MC-PRD), subrayó que, sin importar género, edad, religión o postura política, cada persona que habita en territorio veracruzano importa y debe ser tomada en cuenta. “Pero si hablamos de construir un país que les dé oportunidades a los jóvenes, es necesario que en los gobiernos estatal y municipal y en el Congreso del Estado, tengan una representación”, abundó.

La legisladora afirmó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017, el 28.6 por ciento de los electores en México, alrededor de 25.4 millones, son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Sin embargo –destacó- existen pocos instrumentos que brindan información objetiva sobre los niveles de participación social, política y económica de estos jóvenes.

Detalló que si bien algunos partidos políticos cuentan con grupos o frentes juveniles, el lugar que ocupan en éstos son de estructura de apoyo, “los jóvenes fungen como asesores, coordinadores de campaña, como atractivo para los jóvenes votantes; mas no como candidatos y si los llegan a registrar como candidatos, su postulación ha sido muy mínima de acuerdo con la representación que hoy día tienen”.

Expuso que el panorama que vive actualmente México con respecto a la política es de apatía y desencanto, no solo por parte de los jóvenes sino por una gran parte de la sociedad.

Asimismo, indicó que la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, arrojó que casi el 90 por ciento de los jóvenes encuestados reportaron estar poco o nada interesados por la política.

De acuerdo a la iniciativa de la diputada Trujillo Ortiz se plantea señalar que las listas de representación proporcional para diputados y ediles, se integren, por lo menos, con el treinta por ciento con candidaturas de menores de treinta años de edad cumplidos al día de la elección, respetando la alternancia de género.

Los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus candidatos dentro del plazo establecido para su registro, debiendo observar las reglas, el principio de paridad entre los géneros y la cuota de jóvenes establecidos, añade.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad.

Se adhirieron a la iniciativa los integrantes de los Grupos Legislativos de Movimiento Ciudadano-PRD, PRI-PVEM y Del Lado Correcto de la Historia.

El diputado Eric Domínguez Vázquez y las legisladoras Mónica Robles Barajas y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), Delia González Cobos, correspondiente al ejercicio 2019.

En la última de las comparecencias del periodo señalado, presentadas por los órganos autónomos del Estado para dar cumplimiento a lo establecido en los artículo 40 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, la titular del Orfis dio a conocer las actividades realizadas por éste, de acuerdo con los artículos 67, fracción III de la Constitución Política Local y 88 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

El informe fue presentado y pormenorizado por la Auditora en cuatro temas principales. El primero incluyó aspectos relacionados con la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2018, destacando en este rubro lo relativo a la planeación, programación y ejecución de mil 467auditorías y 180 revisiones a un total de 328 entes fiscalizables.

Estas acciones se ejecutaron en 741 auditorías financieras-presupuestales, 627 auditorías técnicas a la obra pública, 75 auditorías de deuda pública y obligaciones, 16 solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación, cuatro auditorías de legalidad y cuatro auditorías sobre el desempeño, así como 155 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones de municipios y 25 evaluaciones de participación ciudadana.

Derivado de lo anterior, añadió la funcionaria, se emitieron los correspondientes pliegos de observaciones y, en su momento, se entregaron a la Comisión de Vigilancia del Congreso local el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales.

Respecto al seguimiento de las cuentas públicas del ejercicio 2017, el Orfis notificó a los órganos internos de control de 340 entes fiscalizables las tres mil 140 observaciones de carácter administrativo y dos mil 019 recomendaciones derivadas de éstas, para que continuaran con la investigación respectiva y promovieran las acciones que procedieran.

En cuanto a las observaciones de presunto daño patrimonial correspondientes a la Cuenta Pública 2017, se instruyeron 129 procedimientos de investigación para la determinación de responsabilidades administrativas.

En el segundo tema, relativo al Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables, mencionó las herramientas tecnológicas desarrolladas con el objeto de facilitar a los entes fiscalizables municipales, el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Destacó el Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (Sigmaver), que actualmente utilizan 204 ayuntamientos, 15 entidades paramunicipales y seis organismos, el Sistema de Información Municipal de Veracruz (Simver), el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (Comver), la plataforma virtual del Sefisver, el portal Modelo de Transparencia; la aplicación de Mapas de Cumplimiento y el ORFISMóvil.

A éstas añadió diversos documentos para fortalecer la gestión de los entes fiscalizables, como el Manual para la Gestión Pública Municipal 2019, los Calendarios de Obligaciones Municipales 2019 y 2020, el Programa de Calidad en la Atención Ciudadana y la Guía Comver, que es una herramienta para la transparencia y rendición de cuentas.

En el tercer apartado, detalló los trabajos realizados por el Orfis como integrante del Sistema Nacional de Fiscalización, del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental AC (Asofis) y del Grupo Regional Centro Golfo, así como la participación en foros, congresos, asambleas, coloquios, seminarios y reuniones de trabajo.

Además, 12 jornadas de capacitación impartidas a cinco mil 676 servidores públicos estatales y municipales, con la participación de presidentes municipales, síndicos, regidores y ciudadanos que integran los diversos Consejos y Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y de Contraloría Social; a esto sumó las actividades realizadas con estudiantes y docentes.

En el cuarto segmento, González Cobos presentó los aspectos relativos al estado que guarda la gestión interna del órgano. Entre las acciones realizadas al respecto, enumeró 38 audiencias con presidentes municipales, cuatro con síndicos, 12 con regidores, una con secretarios de ayuntamiento, 30 audiencias individuales y dos reuniones plenarias con contralores municipales, 10 con tesoreros municipales, 23 con servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal, 30 con miembros del Poder Legislativo federal y estatal, cinco con organismos autónomos del estado de Veracruz, cuatro con órganos jurisdiccionales, 16 con despachos y 64 con particulares.

Mencionó también la firma de convenios: de Coordinación y Colaboración en Materia de Revisión y Fiscalización Superior, Investigación, Notificación, Asesoría e Intercambio de Información de la Coordinación Regional Centro Golfo, de la Asofis y la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de Colaboración con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), y de Coordinación y Colaboración con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el Marco del VIII Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior, celebrado en Campeche.

Junto con esto, la realización de tres reuniones con los Colegios de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, con los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos y las acciones para el fortalecimiento de la relación entre la ASF y el Orfis.

Delia González informó de las reuniones que ha tenido con personal de la Contraloría General del Estado y de la Secretaría de Fiscalización del Congreso, a fin de coordinar acciones en el proceso de fiscalización superior y optimizar el desarrollo de las atribuciones respectivas.

Asimismo, comentó que, en diciembre pasado, encabezó una reunión de trabajo a la que fueron convocados exclusivamente presidentes municipales, con la intención de informarles las principales obligaciones derivadas de la normatividad que los rige, a la que asistieron 134 ediles.

Al señalar que la transparencia es la mejor aliada de la democracia, indicó que un objetivo del Orfis es involucrar a la sociedad para participar activamente en la evaluación del ejercicio y correcto uso de los recursos públicos. Para este propósito, desde diciembre de 2019, en la línea Díselo a la Auditora, la población pueden presentar quejas y denuncias al teléfono 800-00-ORFIS (67347).

La Auditora General del Orfis concluyó manifestando que dentro de las medidas que se están en implementación se encuentran la optimización de recursos y la aplicación de una política de austeridad a través de la racionalización y mejor aplicación del gasto, focalizándolo en la atención de las actividades sustantivas de la institución, proceso que irá acompañado de una reestructura organizacional acorde con los tiempos actuales.

“En Veracruz las reformas legales no se imponen, se acuerdan con el pueblo al que servimos obedeciéndolo”, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, al asistir al séptimo de los Encuentros por la Igualdad y No Discriminación-Hacia un Código Civil más incluyente.

Durante el inicio de los trabajos realizados en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el legislador agradeció la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; de la diputada federal Dorheny García Cayetano; del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, diputado Rubén Ríos Uribe; del presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, de los ponentes y de representantes de diversos sectores sociales y distintos ámbitos.

Dijo que se trata de “un ejercicio de reconocimiento a lo que la sociedad nos tiene que decir, es atender a las expresiones de todas y todos, con respeto y tolerancia, con inclusión a las diversidades étnicas, con garantía a las libertades religiosas y más tratándose de un tema tan sensible como el Código Civil, un ordenamiento que regula temas tan delicados para el ser humano como la familia, los Derechos de las mujeres y el bienestar de las niñas y los niños, un Código que es heredero de una tradición jurídica milenaria.

“Si lo hacemos así, es más fácil avanzar por el difícil camino que nos lleva a las leyes justas, orientados por los expertos en la materia, acompañados por el Gobierno de México, por las Naciones Unidas y, desde luego, por los protagonistas del quehacer social. Que este intercambio sea por el bien de Veracruz, un estado de leyes justas”, concluyó.

La organizadora de estos foros y proponente de la iniciativa de reforma al Código Penal, diputada Mónica Robles Barajas, agradeció al subsecretario Encinas “la presencia, el respaldo, la congruencia y la convicción de tantos años, como un personaje que es parte de la historia política de nuestro país y que será parte de la historia del cambio que estamos haciendo en el estado de Veracruz”.

A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que esta iniciativa abonará al ejercicio de los derechos, que cumple no solamente con los estándares internacionales en la materia, sino que, reconoce la realidad de una sociedad que se ha venido transformando en los últimos años, abriendo espacio al ejercicio pleno de las libertades y los derechos”.

Dijo que “si bien son atendibles las preocupaciones de sectores que, a lo largo de muchos años, se han expresado en contra del derecho de las personas que desean libremente ejercer su libertad no solamente para contraer matrimonio, sino para el libre desarrollo de su personalidad, para ejercer libremente su sexualidad y sus convicciones personales éticas, lo más importante es que el Código abre un espacio de reflexión para consolidar los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones”.

En su intervención, la diputada federal Dorheny García Cayetano, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión, manifestó el respaldo a la iniciativa que –consideró- responde a necesidades reales de personas que de hecho viven y han vivido sin el reconocimiento de sus derechos, por ello dijo celebrar la realización de estos foros para llegar a acuerdos que sirvan al avance en materia de derechos de la sociedad veracruzana.

Estuvieron presentes las diputadas Deisy Juan Antonio, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo Silva, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Cristina Alarcón Gutiérrez, Margarita Corro Mendoza, Jessica Ramírez Cisneros y Vicky Virginia Tadeo Ríos, así como los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, León David Jiménez Reyes, Raymundo Andrade Rivera, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Magdaleno Rosales Torres y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, y el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá.

Al término de las ponencias, las y los asistentes contaron con un espacio para intercambiar impresiones y dialogar con las y los integrantes del presídium, quienes ampliaron la información y respondieron cada una de sus comentarios, preguntas e inquietudes.