La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, en nombre del Grupo Legislativo de Morena, presentó la Iniciativa de Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado, que tiene por objeto uniformar principios,criterios y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de los centros de atención en la entidad, conforme a las disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil.

Asimismo, establecer la participación de los sectores privado y social en materia de prestación de servicios de los centros de atención, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, y que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Los niños y las niñas, destacó Ferráez Centeno, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, que ello deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Agregó que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, y que el Estado deberá otorgar las facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Abundó que la aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, por conducto de sus dependencias y entidades competentes. Los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos actuarán, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social del Estado o de los ayuntamientos, que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, “además de cumplir con sus Leyes específicas y régimen interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley”.

Los derechos laborales, colectivos o individuales, consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacó la diputada, para las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos por sus Leyes reglamentarias en materia de seguridad social, “tienen preeminencia en esta Ley y serán respetados en la misma”.

Asimismo, dijo que las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se emitan por parte de los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ajustarse a la presente Ley.

Los prestadores de servicios de los Centros de Atención, en cualquiera de sus modalidades y tipos en el estado de Veracruz, que no sean del ámbito de competencia federal, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, a las demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

Para el caso de los centros de modalidad mixta, en los cuales exista participación federal, deberán sujetarse a lo establecido en los convenios celebrados entre la Federación y el Estado o bien, entre la Federación y el Municipio respectivo, concluyó.

Esta Iniciativa de Ley, fue turnada para su estudio y análisis, a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia.

La LXV Legislatura del Estado de Veracruz dio entrada a comisiones a la iniciativa, autoría de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), leída en tribuna en voz de la diputada Érika Ayala Ríos, coordinadora del Grupo Legislativo PRI-PVEM, la cual prevé incorporar el capítulo denominado “Lesiones Cometidas Contra la Mujer en Razón de Género”, y que tiene como propósito combatir la violencia de género en todas sus manifestaciones.

En la iniciativa, presentada durante la séptima sesión ordinaria, se contempla en el artículo 367 quater: al que infiera alteración en la salud o daño, producido por causa externa, que deje huella material en el cuerpo de una mujer en razón de su género, se le impondrán de diez a quince años de prisión.

Se considera que existen razones de género, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: la alteración o daño sea infamante o degradante; existan datos que establezcan que se ha cometido cualquier tipo de violencia relacionada con el hecho delictuoso, por parte del sujeto activo en contra de la víctima; o la víctima haya sido incomunicada.

Si entre el activo y la víctima existe o existió una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, se impondrán de quince a veinte años de prisión.

Asimismo, en el artículo 367 quinquies se establece que las penas, previstas anteriormente, se aumentarán en dos tercios, en los siguientes casos: cuando de la alteración o daño resulte una enfermedad incurable; o la inutilización permanente o la pérdida de cualquier órgano, extremidad o función orgánica; o cuando la alteración o daño ponga en peligro la vida de la mujer.

La diputada Ayala Ríos señaló que la LXV Legislatura, histórica en Veracruz por su integración paritaria de géneros, al margen de las naturales diferencias políticas e ideológicas, ha coincido en impulsar un trabajo parlamentario que promueva el respeto a los derechos humanos y que combata la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Indicó que la presente iniciativa, suscrita por los representantes de todas las fuerzas políticas de esta Soberanía, es dado que la suma de voluntades y esfuerzos permitirá sentar las bases jurídicas para una sociedad más justa y garante del ejercicio de las libertades fundamentales de las mujeres veracruzanas.

Asimismo, refirió que este proyecto, no sólo representa la posibilidad de establecer penas más severas a quienes agredan físicamente a las mujeres con motivo de su género, sino que además contribuye a visibilizar una de las expresiones más extremas de la violencia contra ellas, muchas veces resultado de la posición de subordinación de la víctima en relación con su agresor.

Por otra parte, recordó que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativas a que tan sólo en el primer semestre de 2019 se registraron 34 mil 463 casos de lesiones dolosas en contra de mujeres en el país, cantidad que representa un aumento del 11.7 por ciento respecto del mismo semestre del año anterior.

Destacando que en mayo del presente año se contabilizaron 7 mil 318 casos, la cifra mensual más alta desde 2016, anualidad en que se inició el registro oficial de ese tipo de delitos.

“No puede ser concebida en modo alguno como sociedad civilizada, una sociedad que no garantiza los derechos fundamentales de las mujeres; que perpetúa esquemas o roles de supuesta supremacía jerárquica de hombres sobre mujeres”, concluyó.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Acción Nacional Veracruz y MC-PRD, así como las diputadas Adriana Paola Linares Capitanachi y María Francisco Candelas Doce, y los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes.

Con el fin de dar a conocer la reforma al Código Civil para el Estado de Veracruz, el Congreso del Estado y la diputada Mónica Robles Barajas, organizaron el Encuentro por la igualdad y la no discriminación. Hacia un Código Civil más incluyente, en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo.

Se trata del primero de varios encuentros informativos de carácter regional con la sociedad civil; colectivos, redes y asociaciones civiles de mujeres y de grupos de diversidad sexual en el estado, así como a especialistas, juristas, barras de abogados y abogadas, estudiantes de leyes, docentes y público interesado, para dar seguimiento y cumplimiento de las temáticas prioritarias de la Agenda Legislativa en materia de Derechos Humanos.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas, sostuvo que la intención de la realización de este foro es construir un espacio ciudadano para extender conocimiento sobre esta Iniciativa que propone garantizar los Derechos Humanos, la Igualdad y la No discriminación en el Código Civil estatal que, lo convertirá en un marco jurídico más igualitario, justo, actualizado y útil a la sociedad veracruzana, que reclama respeto irrestricto a los Derechos Humanos de todas las personas, sin ninguna distinción, ni condición.

Durante la presentación de la Reforma Integral al Código Civil, en el que estuvieron presentes las y los diputados Elizabeth Cervantes de la Cruz, Adriana Paola Linares Capitanachi, Eric Domínguez Vázquez, Wenceslao González Martínez, León David Jiménez Reyes y la magistrada en retiro, Irma Dinorah Guevara Trujillo, Robles Barajas reveló que, la iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue producto de diversas reuniones con organismos de la sociedad civil, la Oficina de ONU Mujeres de Naciones Unidas y grupos de abogadas expertas en género y derechos humanos, por lo que, este encuentro “es una extraordinaria oportunidad de coincidir, en la garantía y respeto que reclama nuestra sociedad, desde nuevas legislaciones que se fortalecen más, con la participación ciudadana”.

En el contenido de las reformas al articulado destacan que se otorgará a las personas, a todas y todos los integrantes de la familia, la protección más amplia; la opción de cambia el orden de apellidos en el registro de hijas e hijos; y la redefinición del concepto de matrimonio, que ya ha sido aprobado en 18 estados de la República; eliminar los preceptos discriminatorio para las mujeres; reconocer el trabajo que se realiza en el hogar, como una aportación económica al patrimonio familia.

También, estas reformas proponen otorgar el reconocimiento de la relación de concubinato, en la que se encuentran miles de parejas, otorgando ciertos derechos similares a la figura del matrimonio, cuando la convivencia sea constante y permanente, por un periodo de dos años.

Asimismo, contemplan incorporar el llamado Divorcio Incausado que significa que, podrá solicitarse el divorcio por uno o ambos cónyuges, sin que sea necesario señalar alguna causa por la cual se solicita. Esta nueva figura jurídica garantiza la responsabilidad de padre y madre frente a las hijas e hijos, sus derechos a alimentos, convivencia, educación y otras necesidades y se asegura la Pensión Alimenticia y Compensatoria para aquél o aquella cónyuge que se haya dedicado a las labores del cuidado de la familia.

Promueven diversas modificaciones al artículo 254 Bis en materia de violencia de género y de violencia familiar, protección a las víctimas y reparación del daño causado. Así como en el artículo 255 se garantiza el interés superior de la infancia, al establecer que se presumen hijas e hijos de los cónyuges, las y los nacidos a partir de la celebración del matrimonio o dentro del concubinato.

Asistieron también Lilia Christfield Lugo en representación de la diputada Érika Ayala, así como Martha Mendoza Parissi, Mónica Mendoza Madrigal y la Sindica de Poza Rica, María del Carmen Carvallo Vicencio.

El Congreso del Estado recibió del gobernador Cuitláhuac García Jiménez una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la que se busca dar certidumbre a la distribución justa de los recursos que la entidad recibe cada año por concepto de participaciones federales.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno se dio por enterado de la propuesta, que propone actualizar dicha ley, que establece y regula el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y tiene por objeto regular los fondos para la distribución de las participaciones, aportaciones y otros ingresos federales que corresponden a los municipios del estado.

En sus capítulos I y II –se lee en la iniciativa-, se establece la forma de distribución de las participaciones federales y, desde 2004, anualmente ha sido reformado el artículo Tercero Transitorio para dar vigencia a los factores de dicho año, con la finalidad de mantener para cada municipio un porcentaje de participaciones federales igual o mayor al del ejercicio fiscal anterior, omitiendo el uso de las variables y fórmulas correspondientes a cada fondo, lo que conllevaría un incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

Para superar esta deficiencia, el titular del Ejecutivo propone que en la distribución de las participaciones federales se precisen y actualicen las variables, fuentes de información, los valores y el método de cálculo mediante los que se determinan los coeficientes para la distribución de las participaciones federales a los municipios.

En virtud de esto, se deberá utilizar la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como la información que sobre recaudación de ingresos federales, estatales y municipales proporcione la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y los municipios a la Legislatura.

El referido Artículo 7, señala que de las participaciones que le correspondan anualmente a la entidad de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, cuando menos el 20 por ciento corresponderá a los municipios que la integran.

Así también, que las participaciones federales que el estado reciba y deba hacer efectivas a los municipios, se repartirán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.

La propuesta del Gobernador añade que para la distribución conjunta de las participaciones federales correspondientes a todos los municipios, con excepción de las establecidas en el artículo 4o.-A de la misma ley, se tendrá como referencia el monto nominal recibido en el ejercicio fiscal 2019 (año base), y la aplicación de la fórmula de distribución de la misma ley se realizará de manera exclusiva al monto excedente de fondos participables que sea recibido durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

El coordinador del Grupo Legislativo Del Lado Correcto de la Historia, diputado Gonzalo Guízar Valladares, puso a consideración del Pleno una iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de autonomía presupuestal para los Organismos Autónomos de la entidad.

En su iniciativa, publicada en la Gaceta Legislativa número 73, el diputado aseguró que, después de un análisis a los presupuestos asignados en años anteriores, esta propuesta nace ante la necesidad de dotar a los Organismos Públicos Autónomos de las herramientas posibles, entre ellas su propio presupuesto, acorde a un porcentaje del Presupuesto General del Estado, el cual pudiera aumentar de acuerdo a las actividades del ente durante ese año.

En su exposición de motivos, argumentó que con esta iniciativa se tiene como objetivo permitir mayor eficacia financiera y planeación estratégica, toda vez que en años anteriores, el presupuesto otorgado a los organismos ha sido el mínimo pudiendo comprometer sus labores, lesionar y vulnerar su autonomía, dificultando su cumplimiento de las necesidades con la sociedad.

La propuesta del legislador considera lo siguiente:

El representante del distrito XXX de Coatzacoalcos, señaló que los Organismos Públicos Autónomos tienen un papel fundamental con tendencia a fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política en un Estado de Derecho, a través de la propia autonomía.

Agregó que en Veracruz, existen organismos con autonomía presupuestal como es el caso de la Fiscalía General del Estado y la Universidad Veracruzana, por lo que resulta necesaria la regulación, para que los organismos puedan alcanzar mayores objetivos, concluyó.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Hacienda del Estado.

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, integrante del Grupo Legislativo de Morena del Congreso del Estado, puso a consideración del Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, con lo que se busca dar certidumbre a los municipios en cuanto a la distribución de las participaciones federales y por lo que resulta necesario reformar a finales de año este ordenamiento.

En vista de la proximidad de la aprobación de los dictámenes con proyecto de Leyes de Ingresos de los 212 Municipios del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, -expone la propuesta, publicada en la Gaceta Legislatura número 73- es necesario que dicha Ley esté reformada antes de esa aprobación.

La iniciativa refiere que la Ley de Coordinación Fiscal regula la participación de las haciendas públicas estatal y municipales sobre los ingresos de la federación, a la vez que se establecen las bases que rigen los fondos a distribuirse, la aplicación de las denominadas aportaciones y la asignación de ingresos federales transferidos, así como las relaciones en la materia entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos se constituye por dichos recursos.

De acuerdo con esta Ley los recursos que integran los Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal, así como los provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deben distribuirse mediante la aplicación de porcentajes equivalentes del Índice Municipal de Pobreza y del Coeficiente de Participación Municipal, calculado el primero de éstos sobre las variables de población analfabeta mayor de quince años de edad, de población ocupada sin ingresos o con ingresos mínimos y de población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje y electricidad.

Asimismo, determinado el segundo en función de la capacidad recaudatoria del municipio durante los dos ejercicios fiscales que precedan al del año para el que se realiza el cálculo respectivo.

Detalló que la Ley de Coordinación Fiscal vigente se expidió en 1999 y se previó entonces que la aplicación inmediata de los porcentajes descritos provocaría una disminución sensible en los ingresos de la mayoría de los municipios veracruzanos, en razón de la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos respecto de distintas contribuciones, que resulta un elemento fundamental para la asignación de recursos, por lo que en los artículos transitorios de la misma se dispuso que esos porcentajes se utilizarían hasta el año 2010 y se establecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su aplicación gradual.

No obstante dicha previsión, en el ejercicio fiscal del 2000, que fue el primero en el que se aplicaron las fórmulas sustitutivas, un considerable número de municipios, sobre todo los que registraron mayores índices de marginación y dependencia de esos recursos, sufrió decremento en sus percepciones de participaciones federales, lo que obligó, desde el año 2001, a reformar cada año los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley mencionada, para mantener vigentes los factores de distribución de ejercicios anteriores.

Por esa razón que en junio de 2008 y con la finalidad de dar certidumbre a los municipios, en cuanto a la distribución de esos recursos, se derogó el artículo cuarto transitorio y se reformó el artículo 15 de la Ley mencionada, para trasladar a este precepto los referidos factores de distribución, que se contenían en la disposición transitoria derogada, por lo que ahora únicamente es necesario reformar el artículo tercero transitorio de dicho ordenamiento.

Así, para el ejercicio fiscal del año 2020 los fondos de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esa Ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2019, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo ordenamiento.

La recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diesel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, concluyó, se distribuirá a los municipios de la entidad en 70% con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las DemarcacionesTerritoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y en 30% con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), vigentes en 2019.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada, para su atención, a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

Al reiterar que la igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas, el diputado Enrique Cambranis Torres puso a consideración del Pleno la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz, con el fin de sustituir el término “concubinario” por el de “concubino”, al considerarlo más acorde con la realidad actual.

En su iniciativa, -publicada en la Gaceta Legislativa número 73- el integrante del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el término “concubinario” está definido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) como “Hombre que tiene una concubina”, mismo que, al denotar posesión, tiene una connotación negativa hacia la persona del género femenino.

De esta manera, subrayó que una de las principales razones de su propuesta es la discriminación en todas sus formas de expresión. “La discriminación puede definirse como la distinción o diferenciación que se hace en favor o en contra de una persona o cosa en comparación con otras”.

Expuso que se discrimina socialmente cuando se hacen distinciones entre personas por motivos de clase o categoría, sin considerar el mérito individual o la capacidad. Agregó que algunos ejemplos de categorías de discriminación social son la raza, el género, la edad, nacionalidad, religión, incapacidad, orientación sexual, altura y peso, entre otras.

Detalló que las mujeres realizan dos tercios de las horas laborales de todo el mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales; sin embargo, éstas perciben únicamente el 10 por ciento de los ingresos mundiales y poseen menos del uno por ciento de la propiedad mundial.

Refirió que, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, los textos internacionales adquirieron gran fuerza. En especial –expuso- el primer artículo de la Constitución que dicta “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.

La propuesta legislativa plantea modificar los artículos 254 ter, 33 párrafo primero, 313 fracción II, 1301 fracción V, 1306 fracción III, 1535 fracción I, 1568 fracción II y VI, y 1582, en todas estableciendo disposiciones que atañen a la concubina o al concubino.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Luego de presentar ante esta Soberanía, en observancia a lo que mandata el Artículo 49 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el informe escrito del estado que guarda la administración pública de la entidad, el pasado 15 de noviembre, y al término de las comparecencias de los titulares de las dependencias estatales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se presentó ante las y los integrantes de la LXV Legislatura.

Durante un acto celebrado en el Recinto Oficial de Sesiones, al lado del diputado Rubén Ríos Uribe, presidente del H. Congreso del Estado, de la diputada Brianda Kristel Hernández Topete y del diputado Jorge Moreno Salinas, vicepresidenta y secretario de la Mesa Directiva, respectivamente, expuso un resumen de los principales logros de su administración y respondió los planteamientos de las y los representantes de los diversos grupos legislativos.

El primer rubro fue el combate a la pobreza mediante el otorgamiento de medios para que quienes habitan en zonas de mayor pobreza inicien alguna actividad productiva que mejore sus ingresos, logren abastecerse y reactiven la economía local. Con este fin, este gobierno –dijo- focalizó las zonas de atención prioritaria para atender su población desde la Secretaría de Desarrollo Social.

Mencionó los programas Sembremos Bienestar Común, con el que en 144 municipios se realizaron 578 diagnósticos integrales y se constituyeron 587 unidades sociales de bienestar, y Mujeres Emprendedoras, que otorga 5 mil pesos a cada una para que pueda involucrarse en actividades productivas agropecuarias, artesanales, agroindustriales y de servicios. En esta primera etapa –señaló el Gobernador-, se entregaron 13 mil 414 apoyos a mujeres de 160 municipios, para beneficio de 53 mil 656 personas, con una inversión de 67 millones de pesos (mdp).

Así mismo, este gobierno impulsó siete mil 300 Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria, que corresponden al programa integrado por huertos agrícolas de ciclo corto y diez gallinas ponedoras. En esta ocasión, se logró beneficiar a 29 mil 200 personas de manera directa e indirecta en 150 municipios. Con este programa cada familia recibe 8 mil pesos.

En cuanto a la recuperación, reconstrucción y entrega de obras, el mandatario destacó que, en colaboración con dependencias federales, se logró levantar vetos y sanciones que impedían atraer fondos federales. Como ejemplo mencionó la labor de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) para lograr que Veracruz pudiera participar de los recursos y permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Gracias a ello –dijo el Ejecutivo- y con recursos fiscales propios rescatados del ejercicio anterior, en el primer trimestre este gobierno pudo concluir obras como el sistema múltiple de abastecimiento en varias localidades del municipio de Tantoyuca, beneficiando a dos mil 494 habitantes y el drenaje en la localidad Corozal, municipio de Tempoal, para dos mil 100 lugareños.

Así también, la construcción del emisor a presión, caseta, equipamiento y cárcamo de bombeo, municipio de Catemaco, para 15 mil 034 personas; la rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales en Díaz Mirón, municipio de Tuxpan, para 63 mil 794 habitantes, y la rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales de Platón Sánchez, para 10 mil 758 habitantes.

En el municipio de Veracruz –prosiguió- se realizó la limpieza y desazolve del colector pluvial, eje hidráulico y canal a cielo abierto, beneficiando a 100 mil habitantes; también la ampliación del colector pluvial Benito Juárez y la construcción de rejillas en la calle Emparan, beneficiando con ello a 29 mil 100 habitantes.

A estas obras añadió la reparación de 86 equipos sumergibles, de los cuales destacó los sistemas de agua de 23 municipios, para 223 mil 897 habitantes y la adquisición de 53 equipos de bombeo sumergible y vertical de alta eficiencia para los sistemas de 15 municipios, para 569 mil 756 personas.

Además, el mantenimiento a 12 pozos profundos en los municipios de Hueyapan de Ocampo, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Chacaltianguis, beneficiando a 68 mil 173 habitantes; la construcción de muros falsos en zonas de captación de agua en Álamo Temapache, Coatzintla, Martínez de la Torre, Naranjos y Poza Rica de Hidalgo, para recuperar la captación de los equipos de bombeo, en favor de 339 mil 404 ciudadanos.

En este mismo propósito, fueron sustituidos los equipos de bombeo en Alvarado, Cosoleacaque, Minatitlán, Nogales y Río Blanco para aumentar la eficiencia de los equipos, para el bienestar de 264 mil 729 habitantes.

Respecto al saneamiento de las finanzas públicas, dijo que era indispensable iniciar un proceso de austeridad, reducción del gasto superfluo, disciplina financiera y apostar por un buen manejo de la deuda a mediano y largo plazo.

Refirió que los 18 mdp de deuda que tenía Veracruz en 2000 se convirtieron en 45 mil mdp 19 años después. “Ahora tenemos que sortear los intereses que van desde 4 mil mdp hasta los 5 mil mdp anuales”.

Ante esto, señaló, la eficiencia en la ejecución del gasto operativo significó una disminución del 47 por ciento con respecto a lo devengado el año pasado, debido a la implementación de compras consolidadas. Asimismo, fueron implementadas la Oficina Virtual de Hacienda para teléfonos móviles y habilitadas 23 oficinas de Hacienda para el trámite de emplacamiento de automotores.

Cuitláhuac García definió a Veracruz como “un lugar propicio para los grandes proyectos de inversión” y como muestra recordó lo dado a conocer en Palacio Nacional al lado del Presidente de la República sobre una empresa del café y productos lácteos y la inversión realizada en una planta de agua mineral embotellada que inaugurará este fin de semana en el sur del estado.

En el impulso a la reorientación del gasto hacia las áreas de atención prioritaria para el primer año de gobierno, recordó que esta Soberanía autorizó, el año pasado, 550 mdp más a Seguridad Pública; 74 mdp a Desarrollo Económico; 73 mdp más a Turismo y 89 mdp para atención integral a víctimas.

En este último rubro, señaló que el incremento significó 1500 por ciento adicional que el año anterior, al campo se asignaron 259 mdp más y el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se elevó en 988 mdp. Estos recursos –aclaró el mandatario- se están ejerciendo para beneficiar a zonas rurales y municipios de vocaciones diversas, a fin de detonar actividades económicas que los fortalezcan.

Al recordar los retos que enfrentan las zonas rurales, dijo que este año se contrataron cuatro obras relativas a servicios de telecomunicaciones, con una inversión de 21.5 mdp para beneficiar a 552 mil 450 habitantes de 86 municipios.

En cuanto a la construcción y entrega de obra pública en el estado, este gobierno ha realizado 223 acciones, en las que se contemplan 163 obras, 53 estudios o proyectos y siete supervisiones externas. En este rubro, continuó el Gobernador, se destinó una inversión de mil 094.7 mdp y el impacto social se extiende a cuatro millones 400 mil personas.

También recordó que Veracruz alberga una gran biodiversidad, con 26 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 832 Áreas Privadas de Conservación (APC), que comprenden más de 110 mil hectáreas.

Por eso, en este año, el gobierno estatal destinó un millón 400 mil pesos a la conservación de la tortuga marina. El Ejecutivo reconoció a los empresarios que participaron en el programa de erradicación de los plásticos de un solo uso, con quienes, el 17 de septiembre de este año suscribió, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), los compromisos para iniciar dicha tarea.

En presencia también de integrantes de su gabinete, indicó que, además de las políticas ambientalistas, “en el campo debemos impulsar la productividad mediante estrategias que reactiven el cultivo de los principales alimentos de los mexicanos”. Bajo este lineamiento –precisó-, este año, los cultivos de maíz, frijol y arroz recibieron los insumos para la producción primaria, con una inversión de 7.1 mdp para un total de 7 mil 934 hectáreas y el beneficio de más de tres mil personas.

También subrayó las acciones en materia de apoyo al campo, donde este gobierno implementó el Fortalecimiento del Cultivo de Palma de Coco con planta certificada y dos viveros para su reproducción, con una inversión de 10 mdp para el establecimiento de 828 hectáreas. Adicionalmente, se crearon 41 mil 500 jornales en los municipios de Gutiérrez Zamora, Nautla, Papantla, San Rafael, Tecolutla, Vega de Alatorre y Tihuatlán.

El Gobernador concluyó su mensaje de apertura asegurando que este ejercicio de rendición de cuentas al que acudió “da la esperanza de que llegaremos a la meta final, porque hemos emprendido el camino del cambio verdadero y vamos bien”. Posteriormente, escuchó los planteamientos de las y los diputados representantes de los seis grupos legislativos y respondió sus cuestionamientos.

La disciplina y el orden son compromiso de este gobierno y responsabilidad de cada servidor público, manifestó la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, al comparecer ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la LXV Legislatura, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva y el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidenta y secretario, respectivamente.

Comenzó subrayando que su compromiso es mejorar los procesos que se desarrollan en todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Durante este año, se mantuvo como línea prioritaria la capacitación oportuna del personal de las distintas áreas del gobierno, incluyendo principalmente las unidades administrativas de los entes públicos y los Órganos Internos de Control (OIC).

Durante su presentación celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, destacó la realización del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. Con esta base, se promovió la realización de 150 capacitaciones a las que asistieron tres mil 134 servidores públicos del Poder Ejecutivo, 53 por ciento mujeres y 47 por ciento hombres.

El temario abordado en dichas jornadas fue: Ética para los servidores públicos, Cultura de la legalidad, Elaboración y actualización de manuales administrativos, Introducción a la administración pública, Sistema Estatal Anticorrupción, Bitácora electrónica de seguimiento a la obra pública, Trabajo en equipo y otros como apoyos a la profesionalización de servidores públicos.

Hizo referencia también a las evaluaciones aplicadas a los OIC, donde el resultado obtenido fue un cumplimiento del 70 por ciento a los Programas Generales de Trabajo 2019.

En un hecho inédito en la administración pública estatal, comentó la funcionaria, la CGE llevó a cabo una evaluación primaria a despachos externos y prestadores de servicios profesionales que realizaron auditorías a los entes fiscalizables para el ejercicio 2018

Asimismo, informó la verificación y seguimiento dado a la Declaración de Situación Patrimonial y de Interés que las y los servidores públicos están obligadas a presentar. En esto, se han recibido y procesado un total de 22 mil 351 declaraciones, de las cuales se generaron 11 mil 306 de inicio, dos mil 445 de conclusión y ocho mil 600 de modificación de situación patrimonial. Junto con esto, se concretaron 43 evoluciones patrimoniales y 135 análisis del Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Situación Patrimonial y de Intereses de servidores y exservidores públicos.

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer y consolidar el control interno y el Sistema Estatal de Fiscalización, la CGE publicó en agosto de 2019 las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Precisó que, durante el ejercicio 2018, sólo se llevaron a cabo dos auditorías internas; 48 al Poder Ejecutivo, distribuidas en: 19 auditorías integrales, 27 específicas y dos de obra pública. Se determinó 143 observaciones generales y 178 relevantes, de las que se han solventado 63 generales y 65 relevantes, es decir, 45.5 por ciento y 35.4 por ciento respectivamente.

En cumplimiento al Acuerdo de coordinación, celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado de Veracruz, para la coordinación especial en el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se dio seguimiento a 918 incidencias derivadas de la inspección por parte de la Secretaría de la Función Pública al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet); 260 corresponden a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 22 a organismos autónomos y 636 a municipios.

Santoyo Domínguez detalló que, en el ámbito de transparencia, se ha intervenido en 520 sesiones de órganos colegiados, de las cuales 438 fueron de carácter ordinarias y 82 extraordinarias. Asimismo, se han registrado 20 mil 471 operaciones, de acuerdo con su modalidad de contratación, constatando en todo momento la priorización de las empresas veracruzanas, las cuales representan el 92 por ciento del total de empresas asignadas.

En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2019, se realizaron 458 evaluaciones de tipo financiero y programático presupuestal, de las cuales resultaron 319 inconsistencias y 51 recomendaciones.

Por el mismo sentido, los OIC presentaron los informes de hallazgos en la aplicación del recurso público, reportando un total de 177 inconsistencias.

Para el ejercicio 2019 –prosiguió la funcionaria-, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) programó realizar 29 auditorías a la Cuenta Pública 2018, de las cuales, considerando la 2ª Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, realizada el pasado 31 de octubre, 19 auditorías han concluido y 10 están en proceso.

En colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), agregó, se programaron 16 auditorías a fondos y programas federalizados, determinando ejecutar ocho auditorías conjuntas y ocho directas.

Respecto de los Comités de Contraloría Ciudadana (CCC) y Comités de Contraloría Social (CCS), se logró integrar 786 CCC, con la participación de seis mil 023 ciudadanos, contabilizándose a la fecha mil 234 comités vigentes y un total de nueve mil 391 ciudadanos que participan activamente, así como 489 CCS, integrados por mil 603 ciudadanos beneficiados.

A fin de evitar la duplicidad de funciones para contribuir a la contención del gasto corriente, comentó la funcionaria, la CGE continúa trabajando en la revisión de estructuras orgánicas, la creación innecesaria de plazas y la asignación arbitraria de sueldos. En esto, se dictaminaron 60 estructuras orgánicas, 37 dependencias y entidades, 21 institutos tecnológicos y dos universidades tecnológicas.

Mercedes Santoyo concluyó su exposición, explicando lo referente a procedimientos administrativos iniciados en contra de exservidores públicos de la Administración Pública 2011-2016.

Aquí refirió que la Dirección Jurídica de la CGE cuenta con antecedentes litigiosos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Tejav), donde esa autoridad emitió en septiembre del año en curso un acuerdo que indica que han causado estado sentencias en contra de dos exfuncionarios y, por tanto, queda firme para todos los efectos legales la inhabilitación para desempeñar empleos o cargos o comisiones por cinco y tres años respectivamente.

Tras concluir la negociación entre la autoridad administrativa de la LXV Legislatura y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, expresó que la buena voluntad entre ambas partes dio como resultado la firma de un acuerdo por el que se mejoran las condiciones de las y los trabajadores de este Poder Legislativo.

Lo anterior –subrayó el legislador- es reflejo del adecuado manejo de las finanzas en esta administración, en la que se aplicaron principios de austeridad, honestidad y transparencia.

Dijo que son nuevos tiempos en los que, a diferencia del pasado en el que había derroche y gastos excesivos, se cuida exhaustivamente el recurso, toda vez que son recursos del pueblo veracruzano, mismo que exige a sus representantes actuar con honestidad y transparencia en la aplicación del erario.

El diputado Gómez Cazarín recordó que desde la instalación de la mesa de negociación, el pasado 29 de mayo, se acordó la revisión pormenorizada de las condiciones laborales y se estableció el compromiso de mejorarlas, con pleno apego a la situación económica y en un marco de respeto y cordialidad, “hicimos un gran esfuerzo y hoy podemos decir que cumplimos con el trabajador y sus familias”.

Por último destacó la labor de la unidad administrativa, encabezada por el Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, por llevar “a buen rumbo” esta negociación con el Comité Sindical, a cargo de José de Jesús Rodríguez Hernández.