El diputado Rodrigo García Escalante, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado, para crear el Consejo Estatal Contra las Adicciones, para la debida prevención del consumo de narcóticos y atención a las adicciones.

Las adicciones son en sí, destacó el legislador del PAN, la causa y efecto de un problema social que involucra factores como la seguridad, la pobreza, la falta de oportunidades y el rezago educativo. “En el seno de una comunidad, las adicciones vulneran el tejido social y al mismo tiempo son producto de esa misma descomposición”.

El Estado, continuó García Escalante, enfrenta retos en materia de salud pública que debe atender de forma oportuna e integral, para lograr que mayor número de veracruzanas y veracruzanos tengan acceso a servicios de salud de calidad, así como fomentar hábitos de vida saludables.

“Para quienes integramos el Grupo Legislativo del PAN la prevención, tratamiento, rehabilitación social y control en materia de adicciones debe ser prioritario, el gobierno en sus tres niveles debe asegurar el acceso a los servicios de salud para todos los mexicanos, reconociendo la necesidad urgente de la prevención de las adicciones no solo para el mejoramiento de la salud”, expuso.

También, destacó el representante del Distrito I, Pánuco, como una alternativa para solucionar distintas problemáticas como: la violencia familiar y social, evitar accidentes, evitar enfermedades de transmisión sexual, evitar la comisión de delitos etcétera, teniendo como objetivo principal la rehabilitación y reinserción integral en las diferentes áreas del individuo.

Es por ello que con la presente iniciativa, destacó, se está proponiendo la creación del Consejo Estatal Contra las Adicciones, cuyo objeto será el de “promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 156 y 159 de la Ley de Salud del Estado”.

Que dicho Consejo, finalizó, esté integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo, un representante del Congreso del Estado y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. Asimismo se establece la atribución para que el Secretario de Salud pueda invitar, cuando lo estime conveniente, a los Presidentes municipales del Estado a asistir a las sesiones del Consejo.

Esta Iniciativa de Proyecto de Decreto fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, para su estudio y dictamen.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, cuyo propósito es garantizar la representación indígena en la conformación del Congreso del Estado y para ello establecer como requisito la Auto Adscripción Calificada, a fin de evitar falsos representantes.

De esta manera, la legisladora plantea incorporar en el artículo 21 constitucional que “En la integración del Congreso, deberá existir representación indígena, cuyas bases de participación estarán reguladas en la ley”.

Como resultado de lo anterior, propone modificar el artículo 22 a fin de señalar que por cada diputado propietario se elegirá a un suplente, para lo cual en ambos casos se requiere, “tratándose de candidaturas indígenas, Auto Adscripción Calificada”.

En su iniciativa, turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, la diputada refiere que para hacer efectiva la acción afirmativa, en cuanto a que las personas postuladas por los partidos sean representativas de la comunidad indígena, no bastará con que se presente la sola manifestación de auto adscripción, sino que, al momento del registro, será necesario que los partidos políticos acrediten si existe o no una vinculación de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, así como de preservar el cumplimiento de la medida, “esto es, estamos en presencia de una auto adscripción calificada, que debe ser comprobada con los medios de prueba idóneos para ello”, abundó.

Al participar durante la novena sesión ordinaria, del primer periodo, del segundo año de labores, Alarcón Gutiérrez puntualizó que el interés que se busca es el dotar a los pueblos originarios de Veracruz de mayores medios y así tengan verdaderos representantes en el Congreso estatal.

“Defendiendo desde aquí sus tradiciones, costumbres, pudiendo también, proponer las reformas o acciones necesarias para la preservación de nuestras raíces; opinar en temas trascendentales para Veracruz y, en general, todas las responsabilidades y derechos de diputadas y diputados”, agregó.

Consideró que todos los partidos políticos deben respetar el derecho que corresponde a los pueblos originarios, “para que así no quieran sorprender a las autoridades electorales con falsos representantes, solo por cumplir el requisito, o por obedecer a intereses externos, o por cometer fraude al principio de auto adscripción”.

Expuso que, una vez aprobada esta modificación constitucional, tendría que presentarse las propuestas de legislación secundaria, la cual incluiría los requisitos para el registro de representantes de pueblos originarios. “También las sanciones para aquellas personas, o partidos políticos, que cometan fraude, o pretendan cometerlo, y dejar fuera a quienes, de verdad, tengan todo el derecho de participar”, concluyó.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, presentó ante el Pleno la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas fracciones al artículo 8 de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, a fin de dotarlo de atribuciones que fortalezcan su incidencia en los sectores público, social y privado en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la entidad veracruzana.

En su intervención, durante la novena sesión ordinaria, la legisladora Nora Jessica Lagunes Jáuregui dijo que esta reforma es para que el diagnóstico integral de la situación de las mujeres –que realiza el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM)- sea actualizado y para instaurar la capacitación a las Unidades de Género de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, agregando a los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos.

“Si bien la capacitación a estas unidades se contempla en un decreto del titular del Poder Ejecutivo, es muy importante que quede expresado en la Ley, para que el papel del IVM sea vinculante con todos los poderes públicos, esta tarea ya la realiza el Instituto, aquí se formaliza en la ley”, añadió.

Explicó que se adicionan atribuciones que por la misma naturaleza del IVM debe realizar para poder incidir en las políticas públicas y vigilar que las metas e indicadores se hagan efectivas en los programas presupuestarios.

Expuso que el IVM opera cada año con programas federales que le dotan de recursos para ejecutar acciones en favor de la igualdad de género y una vida libre de violencia; “hoy recibe recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud, por ello es importante que se visibilice el trabajo que realiza con estos programas en todo el estado y que debe hacerlo bajo las reglas de operación correspondientes”.

Por otra parte, indicó que su propuesta legislativa va enfocada en la profesionalización del personal del IVM, para aprovechar su conocimiento y experiencia en la materia y así garantizar que su permanencia no esté en función de los cambios de gobierno, “la perspectiva de género es una materia especializada, por ello se propone que el IVM implemente un servicio civil de carrera”.

Calificó como fundamental la vinculación con todas las autoridades que tienen que ver con el acceso de las mujeres a su derecho humano a la justicia, con sus derechos como víctimas de delitos y de violación a sus derechos humanos, ello a fin que el IVM incida en esos ámbitos y coadyuve con la perspectiva de género.

Asimismo, expuso que la asesoría y apoyo del IVM a los ayuntamientos y a los Institutos Municipales de las Mujeres es de gran importancia para que los derechos de las mujeres se hagan efectivos, “pues es el espacio de gobierno más cercano a ellas, porque hay que reconocer que las instancias municipales de las mujeres se encuentran en proceso de consolidación y es necesario este acompañamiento para que puedan ejercer sus atribuciones que la Ley Orgánica del Municipio Libre les confiere”, añadió.

En la justificación de la iniciativa la diputada refiere que es de suma importancia fortalecer las oficinas regionales del IVM, “estas deben contar con personal especializado de acuerdo a las necesidades de las mujeres de la región donde se establezcan, por ejemplo, en las zonas indígenas la atención debe ser con enfoque intercultural, las que se encuentran en zonas urbanas, considerar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en las ciudades”.

La iniciativa trata –puntualizó la diputada- de ampliar las atribuciones del IVM, precisamente para responder al momento histórico que vive el país en materia de derechos humanos de las mujeres, que requiere de fortalecer a la institución rectora de la igualdad en el estado, especialmente en la vinculación con las instituciones de procuración de justicia y con las de atención a víctimas.

Además del acompañamiento a los ayuntamientos, del seguimiento a indicadores de género en los programas presupuestarios y de la profesionalización del personal del Instituto, concluyó.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisión Permanente para la Igualdad de Género. Se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y los Mixtos de Movimiento Ciudadano-PRD, de Acción Nacional Veracruz (ANV), Del Lado Correcto de la Historia y PRI-PVEM.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) pidió al
gobierno del Estado de México reconsiderar el aumento del 20 por ciento al
costo del transporte público, que entró en vigor el 1 de enero, pues afecta la
economía de más de 6 millones de usuarios.

Mediante un comunicado, la legisladora detalló que dicho
incremento también se aplicó a los servicios que prestan el Mexibús y
Mexicable.

Calificó como una “burla” autorizarlo, ya que los asaltos
con violencia en el transporte público se han incrementado 700 por ciento, las
unidades son obsoletas y los conductores carecen de la mínima preparación.

Precisó que, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de 2015 a 2018, los robos se incrementaron en los municipios de
Nezahualcóytol, La Paz y Chimalhuacán; “lo que evidencia que en la zona oriente
de la entidad, los delincuentes actuaron con total impunidad”.

“Significa que ni las autoridades estatales ni municipales,
tampoco los concesionarios, hicieron algo por evitar que el flagelo de la
delincuencia afectara la integridad física y el patrimonio de los usuarios,
quienes ahora sufren un nuevo golpe con este aumento del 20 por ciento al
pasaje”, abundó.

Consideró necesario diseñar e implementar una estrategia de
seguridad para garantizar la vida de los pasajeros. Asimismo, solicitó a la
administración de la entidad no retirar el subsidio al transporte público del
50 por ciento, a estudiantes y personas de la tercera edad.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó en sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual quedan prohibidas las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos que fijan las leyes.

La Minuta, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, fue aprobada por la LXV Legislatura, durante la octava sesión ordinaria, con 40 votos a favor y 4 abstenciones.

De esta manera, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.

La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales estima adecuado apoyar el sentido positivo de la propuesta remitida, toda vez que existe coincidencia conceptual y material con la minuta recibida, respecto a la importancia de proscribir la forma discrecional y periódica de condonar contribuciones a deudores fiscales en distorsión a la norma que le da origen.

Asimismo, refiere que el 20 de mayo pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario de la Federación el “Decreto por el que se deja sin efectos los Decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales”.

Establece que, al apoyar esta Minuta, “sin lugar a dudas se favorecerá la recaudación fiscal destinada a subsidiar los servicios y obras públicas, así como programas sociales que favorecen a todos los mexicanos por igual, en este caso veracruzanos en términos de las leyes de coordinación fiscal”.

El Congreso del Estado autorizó a los ayuntamientos de Acula, Apazapan, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, San Andrés Tuxtla, Soconusco, Tatatila, Tlacotalpan y Zentla suscribir cada uno convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de recaudación y fiscalización del impuesto predial y accesorios legales y en materia catastral, bajo condición suspensiva, con el Gobierno del Estado, por medio de las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de Gobierno (Segob).

Dicha autorización corresponde a lo señalado en los artículos 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, y 17 inciso c) y 18 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el período vigente de la administración pública municipal.

De acuerdo con el dictamen, la coordinación entre las partes en materia catastral tiene la finalidad de recabar información relativa a la superficie de terreno y volumen de construcción y su valor catastral y de construcción total, cuyos datos serán actualizados y procesados por el ayuntamiento para fines exclusivos relacionados con la recaudación del impuesto predial.

El propósito del convenio –se explicita en el dictamen- es realizar las acciones necesarias de recaudación del impuesto predial por parte de la Sefiplan, en nombre del respectivo municipio, y así, tanto el gobierno estatal como los municipios que suscriban el convenio gocen de los estímulos de un mayor incremento en las participaciones federales a entidades y municipios, previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

El convenio consiste en que la Sefiplan lleve a cabo, en nombre y representación del municipio, la recaudación del impuesto predial y sus accesorios legales, conforme a la normatividad aplicable, sin que esta colaboración y coordinación administrativa constituyan una sustitución de funciones del municipio por parte del Gobierno del Estado.

Dichas acciones significan una recaudación más amplia y eficaz del impuesto predial, la disminución gradual del rezago en el pago de esta imposición, mayor facilidad en el pago de la contribución a los contribuyentes al ampliar los lugares y establecimientos de pago y, gradualmente, el aumento del coeficiente de participaciones del Fondo de Fomento Municipal.

Dadas las características del convenio, el período máximo de duración de la colaboración y coordinación entre las partes deberá ser por el tiempo de ejercicio de la administración pública municipal, es decir, tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el 31 de diciembre de 2021.

Esta determinación del Congreso deberá citarse en el proyecto definitivo del convenio que signen las partes y comunicarse a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Acula, Apazapan, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, San Andrés Tuxtla, Soconusco, Tatatila, Tlacotalpan y Zentla, y a los titulares de las secretarías mencionadas, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

La diputada y los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, Rosalinda Galindo Silva, Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vásquez presidenta, secretario y vocal, respectivamente, presentaron ante el Pleno de la LXV Legislatura un Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la Fracción II del Artículo 121 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Derivado de la iniciativa que presentó la diputada Érika Ayala Ríos, en nombre del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista, el pasado 27 de agosto del presente año, y por la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Financiero estatal, que establece una nueva causación del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, así como establece la tasa que se aplica por el impuesto sobre los ingresos o premios obtenidos en rifas, sorteos, loterías, apuestas y concursos, o máquinas de juego, con un porcentaje del 6 por ciento, a quienes obtengan ingresos o premios derivados de las referidas actividades.

Al respecto, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública ha manifestado que la tasa del Impuesto sobre la Renta en territorio del estado de Veracruz será del 21 por ciento, porque interpreta que el impuesto por la obtención de premios es superior al máximo establecido en la Ley, de acuerdo con el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Sobre el mismo, el Gobierno del Estado de Veracruz ha manifestado que tal interpretación no se encuentra debidamente sustentada y que incluso era contraria al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha hecho la distinción entre sobretasa e impuesto adicional: de la primera ha dicho que ésta participa de los mismos elementos constitutivos de la contribución y solamente se aplica un doble porcentaje a la base imponible; respecto de los impuestos adicionales, ha señalado que el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario, como lo estableció en la jurisprudencia de texto.

Con la finalidad de evitar que la redacción legal pudiera incidir de manera negativa en los ingresos de quienes tienen actividades relacionadas con la Lotería Nacional, y aun cuando ésta y el Gobierno del Estado han venido interpretando, con criterios distintos, la aplicación conjunta de ambos gravámenes estatales; Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos y el Adicional para el Fomento a la Educación, considera oportuno,“para atender favorablemente a las familias dedicadas a esta venta de billetes de Lotería en el Estado de Veracruz”, reformar el artículo 121, fracción II del Código Financiero local, para precisar con toda claridad que en este supuesto no se cobrará el impuesto adicional para el fomento de la educación.

Así, para los sujetos señalados en la fracción II del artículo 119, quienes obtengan ingresos o premios derivados o relacionados con la realización o celebración rifas, sorteos, loterías, apuestas y concursos de cualquier índole, así como juegos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados, incluyendo las participaciones de bolsas formadas con el importe de las inscripciones o cuotas que se distribuyan en función del resultado de las propias actividades, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 6 por ciento a la base correspondiente; en este supuesto no se aplicará el Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación.

Este Dictamen con Proyecto de Decreto fue aprobado con 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la iniciativa, presentada el pasado 31 de julio por la diputada María Candelas Francisco Doce, por la cual se modifica el Código Civil de la entidad y que permitirá la corrección de errores menores en el asentamiento de actas del Registro Civil.

De esta manera, el artículo 760 refiere que, cuando la rectificación tienda a enmendar yerros o defectos mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales del acta asentada, o a precisar los apellidos que conforme a su registro de nacimiento correspondan a alguno de los cónyuges que hubieren comparecido al reconocimiento de un hijo autodenominándose en los términos del artículo 53 de este Código, el que tenga derecho a pedir su corrección podrá acudir ante el Oficial Encargado del Registro Civil que corresponda.

El citado Oficial, de acuerdo con los lineamientos que al respecto expida la Dirección General del Registro Civil y oyendo al Ministerio Público, acordará lo procedente. Si el acuerdo es negativo, el interesado deberá demandar la rectificación en juicio.

En el texto de dictamen, aprobado con 43 votos, sin abstenciones o votos en contra, la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, instancia dictaminadora, estima que debe subsistir el numeral 760 del Código Civil para el Estado por tener una redacción más acorde a la realidad, sobre la cual deberá incorporarse la novedosa propuesta por la Diputada iniciante; sin dejar de observar que en tal caso resulta necesario contar con la opinión de la institución del Ministerio Público.

Por lo anterior, se derogó el artículo 760 Bis del citado Código.

Durante la séptima sesión ordinaria del segundo año de trabajo legislativo, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 Ter a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, para dar garantía y asegurar el derecho de las mujeres, en el ejercicio de sus funciones, a una vida libre de violencia política, en todos los ámbitos de los órdenes de gobierno.

Con la adición de este artículo, agregó la diputada, quedará estipulado en la Ley, abstenerse de imponer estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten.

Además de evitar asignar responsabilidades que limiten su ejercicio de la función político-pública, restringir el uso de la palabra en sesiones y/o reuniones o su participación en comisiones y comités, así como la imposición de sanciones injustificadas que impidan o restrinjan el ejercicio de sus derechos políticos, asimismo la divulgación de información personal o privada para obtener la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan, o bien, presionar o inducir a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que es necesario implementar medidas de prevención y protección de mujeres políticas ya sea que se encuentren ocupando una precandidatura, candidatura o en el ejercicio de sus funciones, toda vez que en el proceso electoral de 2017-2018 se distinguió por ser uno de los más violentos en la historia política democrática del país, pues ciento seis mujeres candidatas y/o políticas en el país, en funciones de sus atribuciones, sufrieron ataques de violencia política en su contra, distinguiéndose el estado de Veracruz entre los 5 primeros con más incidencia.

La presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, aseguró que la violencia política en razón de género puede ser simbólica, económica, patrimonial, física, sexual o hasta el feminicidio político; y que puede ser perpetrada por conocidos, desconocidos, hombres o mujeres.

Destacó que puede ser dirigida a precandidatas, candidatas, candidatas electas e incluso políticas en ejercicio de su cargo; no limitándose al proceso electoral, sino antes, durante y después de ejercer un cargo, y que pueden inhibir las aspiraciones políticas de las mujeres, reflejando un desequilibrio que hace que contiendan, todavía, en condiciones de mayor desventaja.

Con este antecedente –agregó-, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, “por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley”, aseguró.

“Con la ampliación del concepto de violencia política en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, se estaría reconociendo el fenómeno que padecen las mujeres que accediendo a un cargo de elección popular o desempeñando un cargo público, sufren por su condición de ser mujer, lo que sin duda contribuirá a transitar a una verdadera paridad”, finalizó.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

Las diputadas y los diputados de la LXV Legislatura aprobaron el Dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en materia de paridad de género, con lo que la entidad se acerca al cumplimiento de la igualdad previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen, resultado del análisis de las iniciativas presentadas por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi e integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue aprobado con 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Las consideraciones de este documento señalan que la LXV Legislatura reitera su convicción por la paridad de género y se pronuncia a favor de lograr el consenso requerido para armonizar la Constitución estatal con la Constitución federal, garantizando así a las mujeres veracruzanas el derecho a la igualdad de oportunidades a través del reconocimiento de este principio.

De esta manera, se incorpora el principio de igualdad y la paridad de género en el artículo 5° para garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en la conformación de representantes del gobierno interno de las comunidades indígenas.

Se modifica el vocablo “varón” por el término “hombre” y se integra el principio de paridad de género para los cargos públicos previstos en el artículo 6°.

Se cambia el vocablo “ciudadano” por el de “ciudadanía” en los artículos 15 y 16 para especificar que es un derecho de toda la ciudadanía, sin discriminación por razones de sexo o género ser votado en condiciones de paridad, así como para compartir responsabilidades en todas las esferas de la vida pública y privada.

Se modifican los artículos 18, 19, 21 y 33, a fin de visualizar en el texto constitucional los cargos de gobernadora, diputadas y candidatas, con el objetivo de dotarle de un lenguaje incluyente, tal como lo ha hecho el legislador federal.

Así también, se incorpora en estos últimos tres artículos, el principio de paridad de género en los partidos políticos y en la representación estatal y municipal de los procesos electorales, así como en la elección de diputaciones.

En cuanto a las atribuciones del Ejecutivo estatal, en el artículo 49 se considera que los nombramientos de servidoras y servidores públicos se lleven a cabo aplicando la paridad de género.

En cuanto a los organismos autónomos previstos en el Artículo 67, se utiliza un lenguaje incluyente para nombrar a comisionadas y comisionados, así como incorporar el principio de paridad de género en la designación de las personas titulares o de los órganos colegiados que forman parte de dichos organismos.

Por cuanto hace al Municipio, en el artículo 68 se prevé que estará integrado por el número de ediles que determine el Congreso, de conformidad también con el principio al que hace referencia esta Iniciativa.

A través del artículo segundo transitorio, se establece que el Congreso del Estado deberá, en un plazo improrrogable de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, realizar las adecuaciones legislativas correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género establecido en la Constitución en los términos del decreto.

La observancia del principio de paridad de género será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral estatal o municipal siguiente a la entrada en vigor del referido decreto, según corresponda.

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación bajo el principio de paridad de género se realizará de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan en los términos del decreto, de conformidad con la Ley.

Previamente a la discusión del dictamen, el Pleno aprobó el Acuerdo de la Jucopo por el cual se declaró que esta reforma sería bajo un “procedimiento especial”, figura establecida en el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de reformas constitucionales parciales.

-Posicionamiento-

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Jessica Ramírez Cisneros dijo que hoy es un día trascendental que marcará un antes y un después en uno de los temas que, por muchas décadas, a una sola voz, pero enérgica, representaba la exigencia de las mujeres de ser partícipes, en condiciones igualitarias, de los asuntos inherentes a la vida pública de México y, desde luego, de Veracruz.

Subrayó que, al aprobarse esta reforma constitucional, el principio de paridad de género deberá ser observado en la designación de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, al igual que para las personas titulares o de los órganos colegiados que forman parte de los organismos autónomos, así como en lo referente a los ayuntamientos, donde con toda precisión se establece que se integrará por una presidenta o presidente, una síndica o síndico y los demás ediles que determine el Congreso, de conformidad con el multicitado principio.

“Que quede claro: el principio de paridad de género no se trata de una dádiva ni de ninguna complacencia hacia las mujeres, es más bien un auténtico triunfo a su esfuerzo y empeño que les abre las puertas para consolidar un liderazgo mostrado por años, pero que siempre permanecía en disputa con la desigualdad e indiferencia que enfrentaban cada que buscaban aportar su capacidad, experiencia y amor a través de un cargo público”, precisó.

Tras ser aprobado por el Pleno y toda vez que fue bajo el procedimiento especial, el Presidente de la Mesa Directiva instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación en la Gaceta Oficial del Estado.