Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), identificado como integrante de la Secretaría de Marina (Semar), declaró que operadores de una presunta red de huachicol fiscal intentaron obtener el apoyo del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, para facilitar la liberación de un buque cargado con combustible de procedencia ilegal, bajo el argumento de que se trataba de un asunto relacionado con Andrés «Andy» López Beltrán.
De acuerdo con una publicación del diario El País, el testimonio forma parte de las investigaciones que realiza la FGR sobre una red dedicada al contrabando y comercialización ilegal de combustibles en México. Latinosy latinoamericanos
Presunto plan para liberar buque en Guaymas
Según la declaración del testigo, los operadores de la organización planteaban contactar al entonces titular de la Secretaría de Marina para permitir la operación del buque Torn Agnes en la aduana de Guaymas, Sonora, durante marzo de 2025.
El informante también aseguró que dentro de la operación se contemplaba el reparto de un presunto soborno por 2.5 millones de pesos entre mandos civiles y militares, con el objetivo de facilitar el ingreso y movilización del combustible.
Investigación por huachicol fiscal
La información difundida por El País señala que este testimonio se suma a otros elementos integrados en la carpeta de investigación de la FGR, los cuales, de acuerdo con el medio, apuntan a un supuesto conocimiento de Rafael Ojeda Durán sobre las operaciones relacionadas con el contrabando de hidrocarburos.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado públicamente sobre una imputación formal contra el exsecretario de Marina ni contra Andrés «Andy» López Beltrán derivada de este testimonio.
Continúan las investigaciones
El caso forma parte de las indagatorias federales sobre el llamado huachicol fiscal, un esquema mediante el cual combustible es importado o comercializado de manera ilegal mediante evasión de impuestos, documentación falsa o simulación de mercancías, generando pérdidas millonarias para el erario.
Las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar la posible responsabilidad de funcionarios, empresarios y operadores vinculados con estas redes de contrabando de combustibles.
