La enmienda aprobada establece que, a partir del 13 de noviembre de 2026, los productos derivados del cáñamo que contengan cannabinoides sintéticos o no naturales, más de 0,3 % de THC total (incluyendo THCA), o más de 0,4 mg de THC por envase, quedarán fuera de la legalidad federal.
En 2018, durante el primer mandato de Trump, el Congreso federal legalizó en todo el país la venta y producción del cáñamo, una de las variantes de la planta de cannabis, que contiene cantidades bajas de THC.
Desde entonces, se abrieron centenares de negocios en todo el país especializados en la venta de artículos de THC y es común ver desde gomitas hasta cigarrillos electrónicos (vapes) y bebidas de esta sustancia en gasolineras y licoreras.
La medida también concede a la Administración de Alimentos y Medicamientos (FDA) un plazo de 90 días para publicar una lista de cannabinoides naturales y sintéticos afectados, así como una definición clara de “envase”.
La reacción del sector fue inmediata. La asociación U.S. Hemp Roundtable (USHR) calificó el texto de «golpe profundo» advirtiendo que la norma podría «eliminar más del 95 % de todos los productos de cáñamo» que hoy se comercializan.
Por su parte, la National Cannabis Industry Association (NCIA) declaró que la inclusión de esta medida «subraya el enfoque fragmentado e insostenible que el Gobierno federal está adoptando con el cannabis» y abogó por una reforma integral que trate al cáñamo y la marihuana como «una sola planta».
En los análisis del sector se subraya que, aunque la disposición deja un año para su entrada en vigor, esa «ventana» podría servir tanto para adaptarse como para debatir un marco regulatorio alternativo.
No obstante, varios de los operadores del mercado advierten que la medida representa un «retroceso» para la innovación, los agricultores de cáñamo y las marcas que habían apostado por bebidas, comestibles y otros derivados de THC ligero del cáñamo.
Algunos destacan que la norma no afecta el cultivo de cáñamo industrial para fibra, semilla o productos no intoxicantes, pero transformará radicalmente el paisaje para los productos de consumo que hasta ahora operaban en una zona gris de la normativa federal.
Más de 300.000 empleos vinculados a la economía del cáñamo están en riesgo, según la empresa Whitney Economics, una firma de investigación sobre cáñamo y cannabis, desde agricultores y extractores hasta fabricantes, empresas de logística y minoristas.
EFE
