El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa ha solicitado su liberación anticipada del Reclusorio Norte. La petición, confirmada por fuentes penitenciarias al periodista Zedryk Raziel de EL PAÍS, será resuelta en una audiencia el próximo 12 de noviembre.
Duarte, sentenciado en 2017 a nueve años de prisión por el desvío de 1,670 millones de pesos del erario veracruzano, busca obtener el beneficio de la preliberación tras haber cumplido más del 70 % de su condena y no tener procesos pendientes.
Su abogado, Pablo Campuzano, asegura que su cliente “cumple con todos los requisitos legales” y que “cada día privado de la libertad es un día lejos de su familia”.
Aunque la jueza del caso suspendió la audiencia del lunes, esta se reanudará el 12 de noviembre, cuando se determine si el exmandatario podrá salir antes de lo previsto —su excarcelación oficial estaba programada para abril de 2026.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la solicitud de Duarte. El abogado Campuzano precisó que la defensa está preparada para litigar si la FGR busca nuevos cargos con autorización de Guatemala, país desde el que fue extraditado en 2017.
“El único escenario que podría frustrar la liberación es que Guatemala autorice procesarlo por delitos distintos a los de su extradición. Si eso ocurre, lo pelearemos en tribunales”, explicó el defensor.
De acuerdo con fuentes penitenciarias citadas por EL PAÍS, Duarte ya se despidió de sus compañeros de reclusión la noche del sábado, convencido de su próxima salida. En el Dormitorio 2 del Reclusorio Norte, donde se encuentran otros presos por corrupción y crimen organizado, se realizó una “mariscada” con refrescos y bebidas alcohólicas.
Entre los internos que convivieron con Duarte están Christian Von Roehrich, exalcalde acusado de participar en el llamado “Cártel Inmobiliario”; René Gavira, extesorero de Segalmex, y José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según las fuentes, Duarte incluso comenzó a repartir sus pertenencias entre sus compañeros “como si se tratara de una herencia”, convencido de que su salida es inminente.
Duarte formó parte de una generación de políticos jóvenes del PRI que prometían modernizar la administración pública. Sin embargo, su gestión (2010-2016) terminó marcada por escándalos de corrupción, desvío de recursos y represión.
El exgobernador fue expulsado de su partido en 2016 y huyó a Guatemala tras solicitar licencia al cargo. Meses después fue capturado y extraditado a México.
En prisión, enfrentó un nuevo proceso por desaparición forzada, pero fue absuelto en noviembre de 2024, lo que le permitió tramitar su solicitud de libertad anticipada.
El caso Duarte fue documentado en varios reportajes que revelaron una red de empresas fantasma y testaferros usada para desviar recursos públicos. La organización civil Tojil denunció en su momento que la Fiscalía modificó la acusación de delincuencia organizada a asociación delictuosa, reduciendo así la pena máxima aplicable.
El exmandatario fue finalmente condenado a nueve años de cárcel y al pago de una multa de 58,000 pesos, sanción considerada menor ante la magnitud del daño financiero causado
La resolución judicial que definirá su libertad se conocerá en los próximos días.
Mientras tanto, Duarte —quien sigue purgando su sentencia en el Reclusorio Norte— confía en recuperar su libertad antes de cumplir la totalidad de su condena.
