La comunidad universitaria pide a la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara que disminuya las compensaciones para ella y funcionarios universitarios que su compensación mensual al salario sea el rango mínimo que establece el tabulador oficial y que se hagan públicos los documentos oficiales que detallen la situación financiera de la UV.
De acuerdo a el área de transparencia universitaria, el tabulador marca en 2016 una compensación mensual de 125 mil pesos para la rectora, con dicha percepción al año de pura compensación serían un millón y medio de pesos, más el salario base y demás prestaciones.
Lo mismo ocurre con los secretarios universitarios que al mes tienen una percepción de 80 mil pesos, lo que equivale anualmente a 960 mil pesos, los vicerectores perciben 55 mil pesos de compensación mensual que equivale a 660 mil pesos al año.
Ante estos montos, el Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana emprendió una petición a través de Change.org. Para que los funcionarios universitarios bajen al mínimo sus compensaciones, esto es, si para el cargo de rector el tabulador estipula como máximo 127 mil 981 con 50 centavos y como mínimo 76 mil 788 con 90 centavos mensuales, que su compensación sea la mínima cantidad.
De igual manera, en la petición que hacen solicitan que se hagan públicos los documentos oficiales que detallen la situación financiera de la UV. En particular los documentos que acrediten que los trabajadores de la UV no tenemos ningún adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el impuesto sobre la renta. Y por supuesto piden conocer cuál es su plan de acción para que el gobierno del estado pague lo que debe a la universidad.
También piden que cese de inmediato la represión académica en todas las facultades, institutos, regiones, sedes UVI y dependencias de la universidad; que informe con documentos el estado que guardan las «investigaciones» sobre la golpiza a los 8 estudiantes de la UV del 5/06/15, y reclamamos que su administración cite a la Fiscalía para que informe el estado de las investigaciones ante el Consejo Universitario General.
Que en un plazo no mayor a tres meses se tomen las decisiones necesarias para aligerar la pesada carga burocrática que debemos enfrentar los y las académicos, señalan entre otras exigencias.
