Permitir el ingreso de la minería a Veracruz es acabar con la biodiversidad y provocar la terminación de las formas de vida campesina para expulsarla de sus pueblos y comunidades, advirtieron organizaciones civiles y ambientales.
En la declaratoria del foro Derechos humanos, patrimonio biocultural y minería en Veracruz, advirtieron que el gobierno ha concesionado más de 243 mil hectáreas que corresponden al 3. 36 % de la superficie de Veracruz a estos proyectos.
Organizaciones exigieron al gobierno estatal y al Congreso del estado declarar a Veracruz libre de minería tóxica, y que se decreten territorios serranos como zonas de áreas naturales protegidas.
En voz de Beatriz Torres de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), señaló que la llega de estos proyectos está produciendo daños irreversibles al ecosistema, se castiga a la tierra, a la naturaleza, a los pueblos y las personas para satisfacer la voracidad de las empresas corporativas que destruyen las formas de vida.
“En 2012 y 2017 las mineras Caballo Blanco y la Paila han pretendido iniciar la explotación minera que destruiría la zona costeña de chiconquiaco. Afortunadamente hemos logrado detener estos proyectos con argumentos científicos, ambientales, y culturales, las mineras deben retirarse definitivamente de Veracruz, pues sus operaciones dañarían a la naturaleza”.
Sin embargo reconoció que falta mucho para frenar la minería tóxica pues hay concesiones por más de 100 años, por lo que exigieron una vez más al gobierno estatal y el congreso local una postura fuerte para decretar a Veracruz un estado libre de minería.
