La pugna entre grupos criminales, el aumento en la demanda de drogas en Estados Unidos y la “incapacidad” del gobierno para hacer frente a los delincuentes han llevado a Baja California Sur a convertirse en el tercer estado más violento del país, acumulando más homicidios, solo por debajo de Colima y Guerrero.
Con una tasa de 50.5 homicidios dolosos, el nivel de violencia en el estado ya supera al de Sinaloa, Chihuahua y Baja California.
En cuatro años, en Baja California Sur se registró un aumento del 426.96% de homicidios, pasando de 89 en 2013 a 469 en el periodo de enero a octubre de 2017.
En total, en este periodo de tiempo, se cometieron 1,116 asesinatos, la mayoría de ellos dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, en Baja California Sur el 60.3% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy el estado, seguido del narcotráfico y la corrupción.
El aumento en el número de homicidios, y de la violencia de los mismos, explicó Armando Rodríguez, especialista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), se debe a que el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación “han tratado de establecer una nueva ruta de trasiego de drogas, utilizando principalmente el Pacífico y el Mar de Cortés”.
Y es que los grupos criminales han adoptado las prácticas de tortura y exposición de cuerpos como sello cuando llegan a nuevos territorios, y buscan controlar a los grupos de narcomenudistas locales, que distribuyen drogas en Los Cabos, zona turística “exclusiva”, donde los visitantes, principalmente provenientes de Estados Unidos y Canadá, son los principales consumidores, señaló.
En ese contexto ocurrió el asesinato del Ombudsman del estado, Silvestre de la Toca Camacho, quien el pasado 20 de noviembre fue atacado a balazos mientras viajaba con su familia en una camioneta, o el hallazgo de una fosa clandestina en la zona turística de Los Cabos en junio de este año.
De acuerdo con el especialista, el control del Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación sobre los narcomenudistas es una estrategia de los grupos criminales para tener poder sobre la principal actividad comercial, sin necesidad de extender sus estructuras formales, sometiendo a un grupo rival.
Sin embargo, comentó Rodríguez, con el asentamiento paulatino de miembros de alguno de estos grupos criminales, es probable que la violencia aumente.
Repunte de violencia “se veía venir” y autoridades no actuaron
Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, “lo que está sucediendo en Baja California Sur es algo que se veía venir”.
El crecimiento de los delitos que han tenido un aumento sustancial no es una cosa que empezó este año, de hecho, nosotros hace dos años ya lo advertíamos, por lo que buscamos a la autoridad de ese entonces, y no hubo quien nos contestara”, explicó.
Ambos especialistas coinciden en que, independientemente de las causas puntuales que han llevado al incremento en la incidencia delictiva, la comisión de homicidios y extorsiones ha sido posible debido a la falta de acciones eficaces por parte del gobierno local, que de 2011 a 2015 estuvo a cargo del panista Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y actualmente se encuentra bajo la administración de Carlos Mendoza Davis, gobernador del mismo partido.
En el caso de las extorsiones, estas pasaron de 123 en 2013 a 200 de enero a octubre de 2017, lo que representa un aumento del 62%.
“En la medida en que tú tienes un lugar tan simbólico e importante en términos de turismo y derrama económica como Los Cabos, es evidente que antes o después vas a tener penetración importante de criminalidad organizada, sobre todo si lo que tenemos y encontramos localmente es incapacidad de las autoridades por contener la violencia”, señaló Francisco Rivas.
Sin embargo, para Armando Rodríguez, “lo más lamentable es que la delincuencia común ha encontrado cada vez más ventanas de actuación”, lo que podría aumentar ante la cercanía de procesos electorales, pues “para que los grupos criminales trasnacionales operen tienen que tener, sí o sí, alianzas, colusiones o mecanismos de corrupción con autoridades locales”.
Impunidad
En Baja California Sur, la ENVIPE estima que sólo se denunciaron el 18.6% de delitos cometidos en 2016, de los cuales el Ministerio Público inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación sólo en el 70.9% de los casos.
Esto significa que sólo se investiga el 13.2% de los delitos cometidos en el estado.
Asimismo, la ENVIPE señala que en el 49% de los casos en los que se iniciaron Averiguaciones Previas o Carpetas no pasó nada o no continuó la investigación.
Las principales razones por las que los ciudadanos no denuncian es porque lo consideran una pérdida de tiempo (25%), y por desconfianza a las autoridades (21.8%).
“El sexenio está por terminar, y me parece que las acciones emprendidas por el gobierno de Peña no solamente son negativas, sino incluso regresivas, sobre todo por la reorganización de grupos criminales que siguen siendo muy poderosos, violentos, lo que refleja una estrategia sin sentido”, concluyó.
Desde agosto de 2017, Baja California Sur fue incluido en la lista de los estados con alerta de viaje para ciudadanos de Estados Unidos.
En el documento emitido por el gobierno norteamericano, se alerta a los turistas debido al incremento de homicidios cometidos en la entidad, ya que las “batallas territoriales entre grupos delictivos han resultado en violencia en áreas frecuentadas por ciudadanos estadounidenses. Los incidentes de disparos, en los que personas inocentes han resultado heridos, ocurrieron durante el día”.
