Aunque el Poder Legislativo desatendió las recomendaciones del grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para la reforma al Código Penal en cuanto a la no penalización del aborto y la ampliación del plazo y causales para acceder a la interrupción legal del embarazo, este no fue el único poder del Estado que incumplió con su labor para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
En el análisis del Grupo de trabajo de la Conavim, se establecieron las acciones que se debían tomar para evitar la emisión de la segunda alerta de género por agravio comparado, y que no cumplió el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Fiscalía General del Estado.
El informe detalla que el Poder Ejecutivo debía coadyuvar con el Poder Legislativo para hacer efectivas las propuestas de reforma al Código Penal, lo cual incluía la elaboración y presentación de la iniciativa de reforma del Código Penal, lo que hasta ahora el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha hecho.
Debía coordinar los trabajos y colaborar para que en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud se implementara la Ley General de Víctimas y la NOM 046 para la adecuada atención a víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a la ILE por violación.
AVC/Perla Sandoval
