El
diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó, ante el Pleno del
Congreso de Veracruz, una iniciativa de reforma a la Constitución Política del
Estado para señalar que ya no sea necesaria la autorización del Ejecutivo, a un
determinado funcionario de la administración pública estatal, a fin que
comparezcan ante las y los diputados.
En
la quinta sesión ordinaria, el legislador expuso su propuesta que prevé
reformar los artículos 33 y 51 de la Carta Magna a fin de señalar como
atribución del Poder Legislativo el revisar y fiscalizar las cuentas y demás
documentos que presenten o se soliciten a las dependencias y entidades de la
administración pública, y a los organismos autónomos del Estado.
Así
como recibir la comparecencia de los titulares de estos con motivo del informe
anual de actividades, sobre la situación que guarda su gestión, conforme al
formato que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo
Reglamento.
La
iniciativa plantea que los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública, comparecerán ante el Congreso, a convocatoria expresa
de éste, únicamente informando de ello al gobernador del Estado, para dar
cuenta del estado que guardan las dependencias y entidades a su cargo, así como
cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus
respectivos ramos o actividades.
El
diputado Sergio Rodríguez subrayó que la rendición de cuentas no se restringe a
un acto protocolario anual, que no ofrece los resultados que esperan los
gobernados ni los legisladores que se encargan de recibir dicha información,
para su respectivo análisis y seguimiento en función de sus atribuciones de
control.
Agregó
que las funciones de fiscalización y control no pueden ejercerse plena y
confiablemente sin la información pertinente sobre el actuar de los otros
poderes.
Expuso
que es fundamental que la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, a
través de su titular y los responsables de sus diferentes dependencias y
entidades, ante el Poder Legislativo, sea transparente, oportuna y veraz, sin
que existan trabas burocráticas al interior del Gobierno
del Estado, que permita cumplir al Poder Legislativo sus funciones.
La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su estudio y dictamen.
