La ONU instó al Estado mexicano a asegurar que el
feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales en los estados del
país, y le urgió a adoptar «medidas urgentes» para prevenir,
investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios y
desapariciones de mujeres.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) publicó sus conclusiones sobre la situación en México después de
que este país se sometiera por novena vez al escrutinio de sus expertos el
pasado seis de julio.
La vicepresidenta del CEDAW, Magalys Arocha, señaló en rueda
de prensa que el diálogo con la delegación mexicana multisectorial ha sido
«muy activo y constructivo» en medio de unas «muy complicadas
condiciones» en el país en lo que se refiere a la situación de las
mujeres, que es «mala».
El Comité reconoce los esfuerzos de México para
«superar el clima general de violencia y promover los derechos de las
mujeres».
No obstante, lamenta que los «persistentes altos
niveles de inseguridad, violencia y del crimen organizado, así como los retos
asociados con estrategias públicas de seguridad, afecten negativamente al
disfrute de los derechos de las mujeres y niñas», entre ellas las
indígenas y las afromexicanas.
Según dijo Arocha, el Comité quiere que se haga a partir de
este examen a México un seguimiento de los esfuerzos del país especialmente en
el campo de la violencia basada en el género.
En este sentido pide a México que «adopte medidas
urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y desapariciones
forzosas de mujeres, lo que incluye hacer frente a la raíz del problema como
son la violencia, la violencia armada, el crimen organizado, el narcotráfico,
estereotipos discriminatorios y la marginalización» de la mujer.
Igualmente piden los expertos de la ONU al Estado mexicano
que vele por que «se investiguen, procesen y sancionen adecuadamente a los
autores» de actos de violencia contra la mujer, lo que incluye a los
actores estatales además de los no estatales.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF) de 2014 a 2017 hubo mil 413 mujeres asesinados en el Estado
de México, de las que sólo 236 fueron investigados como feminicidio.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, solo en 2017 se registraron 29 mil 168
homicidios dolosos, de los cuales 671 fueron feminicidios.
Arocha también subrayó la importancia de que México asegure
que el feminicidio esté criminalizado en todos los códigos penales estatales,
acorde a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del país, y que estandarice los protocolos de investigación policial para
feminicidios en todo el Estado.
Asimismo considera importante el CEDAW que México
simplifique y armonice los procedimientos a nivel de los estados para activar
el mecanismo «Alerta Amber» y del Protocolo Alba, que ayuda a
localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos o que se
encuentren en riesgo de sufrir daño grave.
“Para el Comité es esencial que se acelere la búsqueda de
mujeres y niñas desaparecidas y se adopten medidas y protocolos especiales para
mitigar el riesgo asociado con las desapariciones, tales como el feminicidio y
el tráfico de mujeres y niñas con el propósito de la explotación sexual y el
trabajo forzado”, expresó.
Igualmente pide a México que armonice y amplíe la aplicación
y la coordinación a nivel federal, estatal y municipal de la Alerta de
Violencia de Género contra las mujeres, y que asegure la participación en el
mecanismo de ONG, la academia y de defensores de los derechos humanos.
