Este dictamen registró 35 votos a favor y 12 en contra.
El Informe, aprobado por el Pleno, subraya que en 58 municipios no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí se determinaron inconsistencias de carácter administrativo.
En tanto, en 153 Municipios se advierten mil 28 observaciones y 2 Entidades Paramunicipales otras 6, por un monto de un mil 102 millones 373 mil 460 y 20 millones 742 mil 526 pesos, respectivamente, que adquieren el carácter de irregularidades de forma resarcitoria en la actuación de los servidores o ex servidores públicos, que pudieran ser representativas de un presunto daño a la hacienda municipal, y dar lugar a la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones a quienes manejaron los recursos públicos respectivos.
Señala que del análisis realizado al Informe Individual de la Secretaría de Educación, se determinó que el Órgano de Fiscalización Superior efectúe una Auditoria Financiera de carácter específico a la citada Secretaría, respecto de los ingresos gastos identificados como propios que no forman parte de la información financiera sujeta a revisión en el ejercicio 2017, que permita determinar las características del origen de los recursos y la viabilidad del destino del gasto.
Del análisis realizado a la auditoria en materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera realizada al Poder Ejecutivo, se advirtió que la revisión se ajustó a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, no obstante que, en ese año se dio un proceso de reestructuración de la deuda pública del Gobierno del Estado por el orden de 37 mil 999 millones 634 mil 086 pesos, concluyendo el proceso de cancelación, gastos y pagos que originó esta operación financiera, se volvió un efecto bianual ya que una parte de los financiamientos reestructurados quedaron formalizados y registrados en el ejercicio 2017 y otra parte en el ejercicio 2018.
Las Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados y los Fideicomisos en los que se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 338 millones 274 mil 311 pesos, además de inconsistencias de carácter administrativo, que dieron lugar a observaciones y recomendaciones son: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y la Secretaría de Protección Civil, así como los Institutos Tecnológicos de Juan Rodríguez Clara, Las Choapas, Pánuco, Perote, Tantoyuca y Huatusco.
De igual manera las Universidades Popular Autónoma de Veracruz, la Tecnológica del Centro y la del Sureste de Veracruz, respectivamente; la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y los Servicios de Salud de Veracruz.
Fue aprobada la Cuenta Pública 2017 del Poder Legislativo y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, debido a que no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos por presunto daño patrimonial, ni inconsistencias de carácter administrativo.
En su intervención el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, presidente de la Comisión de Vigilancia, indicó que se llevó a cabo una función revisora para garantizar a los veracruzanos la aplicación real de los recursos públicos y en caso contrario, la aplicación de la ley para solventar cualquier irregularidad.
Agregó que la revisión del uso de los recursos públicos es transparente y se optimizaron los recursos para una función eficiente.
