A la fecha solo están vigentes tres solicitudes de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, confirmó el Secretario General del Congreso, Domingo Bahena Corbalá.
El funcionario de la Cámara, explicó que se han presentado seis solicitudes, pero tres de ellas no fueron ratificadas, por lo que se desecharon.
Contrario a lo declarado por el Presidente, Juan Manuel Pozos Castro, quien aseguró que había siete solicitudes de juicio, el funcionario confirmó que solo están vigentes las tres que ya fueron turnadas a la Comisión de Gobernación, y la de Justicia y Puntos Constitucionales.
El abogado Jorge Reyes Peralta presentó dos solicitudes, y en el primer caso se desistió, sin embargo, está vigente a la que se le dio entrada el pasado 26 de noviembre, en la que acusa tortura, en contra de su cliente Gilberto N. ex director de Servicios Periciales.
La otra que se desechó fue la que presentó el abogado de Arturo Bermúdez Zurita, que no fue ratificada, a pesar de que el funcionario recobró su libertad el pasado 05 de diciembre, y su petición se llevó al Congreso el 03 de diciembre. Rodolfo de la Guardia acudió a presentar la queja por el delito de fraude procesal.
Además, presentó solicitud de juicio político Carlota Zamudio, ex delegada de la Policía Ministerial de la región Córdoba-Orizaba, quien permanece internada en el penal de Pacho Viejo desde el pasado 5 de abril.
“Se han presentado hasta el viernes seis denuncias de Juicio Político, sin embargo, solo en tres se dio la ratificación, el resto se desecharon. Las que ya se turnaron son las que efectivamente van a concluir el procedimiento”.
De todas las peticiones solo se mantienen vigente la de Francisco Zarate Aviña, ex colaborador del Fiscal General Luis Ángel Bravo, quien denunció desaparición forzada de parte de elementos ministeriales, para obligarlo a dar con el paradero del ex titular de la FGE.
Así como la de Jorge Reyes Peralta, que presentó a nombre de Gilberto N, ex director de la Policía Ministerial del Estado, quien se quejó se actos de tortura, al afirmar que todo el tiempo le ponen música al interior de su celda.
Y la que presentó la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), que acusó violación de los derechos humanos, y violaciones graves a la autonomía de la Fiscalía General.
