Durante los trabajos de la quinta sesión ordinaria
de la Diputación Permanente, se dio entrada a la Minuta con Proyecto de Decreto
por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia
Nacional, turnada a esta LXV Legislatura del Estado por las Cámaras del
Congreso de la Unión para los efectos del Artículo 135 constitucional.
En la misma se destaca, entre otras disposiciones,
que la Federación contará con una institución policial de carácter civil
denominada Guardia Nacional, y la ley determinará la estructura orgánica y la
dirección de la misma, que estará adscrita a la Secretaría del ramo de
Seguridad Pública, y que formulará la estrategia nacional de seguridad pública,
los respectivos programas, políticas y acciones.
Así mismo que, la formación y el desempeño de los
integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se
regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la
disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando
superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.
De igual forma, que la Guardia Nacional se
constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la
Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la
República; quien dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos,
y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la
instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por
representantes de las Secretarías del ramo de Seguridad, de la Defensa Nacional
y de Marina.
Reiterando que las instituciones de seguridad
pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado
y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Minuta fue turnada, para su estudio y análisis, a
la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de
Veracruz.
