La diputada Mónica
Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de
Veracruz, presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que exhorta al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), a que realice una revisión
de la situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres, de los
212 municipios de la entidad, en cuanto a la infraestructura y bienes
materiales, presupuesto asignado, personal que labora en ellos, así como grado
de colaboración con el ayuntamiento.
En su exposición de
motivos, la legisladora destacó que si bien a través de las Comisiones para la
Igualdad de Género y de Vigilancia se han puesto en marcha acciones para
fortalecer a los Institutos Municipales de las Mujeres, es oportuno que desde
el ORFIS se lleve a cabo esta acción, lo que hará posible determinar las
medidas pertinentes para mejorar su funcionamiento y gestión, abonando al
cumplimiento de los objetivos del rubro de igualdad de género y de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres, de la Agenda 2030.
Afirmó, que los
municipios también tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los
derechos humanos, además del principio de igualdad entre mujeres y hombres,
contribuyendo con su trabajo y políticas locales, a superar las desigualdades
entre los sexos, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar la violencia
contra las mujeres.
Aseguró que la
creación de los Institutos Municipales de las Mujeres en 2008, ha logrado
articular las políticas públicas para la igualdad de género y la no violencia
contra las mujeres en los municipios, además de haber establecido obligaciones
a las autoridades locales a través de la Ley Orgánica del Municipio Libre que
da cumplimiento a los compromisos de las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, destacó
la preocupación del Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por los recursos
humanos, técnicos y financieros asignados a los mecanismos para el adelanto de
las mujeres en todos los órdenes de gobierno; la falta de una coordinación
sistemática e institucionalizada, en los planos federal, estatal y municipal;
así como por la ausencia de los mismos para el seguimiento y evaluación general de los efectos de la
incorporación de la perspectiva de género, en las políticas públicas de los
tres órdenes de gobierno.
Finalmente, la
legisladora enfatizó que el ejercicio pleno de los derechos humanos será
posible a través de las políticas, programas, medidas y acciones concretas, “no
basta con que los derechos estén contenidos en el marco jurídico, por lo que es
necesario remover los obstáculos que impiden el ejercicio de estos, además de
la provisión de aquellos recursos materiales, humanos, presupuestarios, que
permitan su implementación”.
El anteproyecto fue
turnado a la Junta de Coordinación Política.
