La LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa de
Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, enviada por el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez y cuyo objeto es establecer las normas a
las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto
en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes
presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los
presupuestos de egresos respectivos.
La iniciativa, presentada durante la apertura del
segundo periodo ordinario de sesiones, señala que las campañas de comunicación
social evitarán difundir contenidos tengan por finalidad destacar, de manera
personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor
público, con excepción de lo previsto en el artículo 14 de esta Ley.
Además de incluir mensajes discriminatorios,
sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales;
incitar a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico e
inducir a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o
imágenes utilizadas por cualquier organización política o social.
Asimismo, indica que las campañas de comunicación
social deberán considerar el uso de la Lengua de Señas Mexicana por medio de un
intérprete o subtitulaje, así como de textos o tecnologías que permitan el
acceso a los contenidos de comunicación social en televisión o video a las
personas con discapacidad auditiva.
Para la difusión de campañas de comunicación social
y de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, los entes
públicos deberán sujetarse a las disposiciones del presupuesto de egresos del
Estado o a sus presupuestos de egresos respectivos, así como a su programa
anual de comunicación social.
Se prevé que durante el tiempo que comprendan las
campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,
deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los
medios de comunicación.
Exceptuando las campañas de información de las
autoridades electorales; las relativas a servicios educativos y de salud; las
necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y cualquier otra
que autoricen los órganos electorales competentes, de manera específica durante
los procesos electorales.
Los entes públicos deben elaborar una estrategia
anual de comunicación social, para efecto de la difusión de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales, mismo que deberá contener misión y
visión oficiales; objetivos institucionales; metas o estrategias transversales
relacionadas con los objetivos señalados; programas sectoriales o especiales,
así como temas específicos derivados de los objetivos estratégicos o
transversales que abordarán en las campañas del programa anual de comunicación
social.
Por otra parte se contempla la creación del “Padrón
Estatal de Medios de Comunicación”. La información contenida en este padrón
será pública y accesible a distancia. El empadronamiento en ningún caso, por
ese solo hecho, implicará la obligación de contratación por parte de los entes
públicos.
De igual manera deberán poner a disposición del
público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de Internet, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información sobre los montos destinados a gastos relativos a
campañas de comunicación social desglosada por tipo de medio, proveedores,
número de contrato y concepto o campaña, de conformidad con la legislación
aplicable.
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada
a la Comisión Permanente de Gobernación.
