El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama,
afirmó que en las leyes secundarias de la Guardia Nacional se busca un
equilibrio para garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que el
uso desmedido de la fuerza, por parte del Estado, derive en represión.
Confirmó que el grupo de trabajo, conformado en el Senado de
la República para el análisis de la legislación secundaria de la Guardia
Nacional, recibió dos documentos técnicos de la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Se trata de tener los puntos de vista que permitan estar de
acuerdo con las convenciones que ha firmado México” en materia de derechos
humanos, expresó el senador entrevistado en un programa de radio.
Batres Guadarrama recordó que dos de las leyes secundarias
de la reforma constitucional tienen que ver con este tema: la Ley Nacional
sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
En el primer caso, agregó, “se trata de ubicar los límites
al uso de la fuerza para que no haya un uso desmedido por parte de los aparatos
del Estado”; que no se puedan dar ni se justifiquen situaciones de represión
como en 1968, y que existan condiciones para asegurar el respeto a los derechos
humanos.
Será una discusión interesante, asentó, porque al mismo
tiempo dichos instrumentos legislativos tienen que ver con la seguridad y la
protección de los ciudadanos, pero también tienen que guardar los equilibrios
en el uso de la fuerza.
Martí Batres detalló la agenda del periodo extraordinario de
sesiones, que inicia mañana, 8 de mayo, para que el Senado y la Cámara de
Diputados desahoguen, exclusivamente, la reforma educativa.
Los senadores también se ocuparán del proceso legislativo
para expedir la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del
Registro de Detenciones y la Ley de la Guardia Nacional, así como las reformas
a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, el Senado abordará la legislación reglamentaria en
materia de extinción de dominio, la reforma constitucional en materia de
paridad de género y la reforma sobre trabajadoras del hogar.
