Todos los Poderes Judiciales locales del país están
reprobados en justicia abierta, es decir, en transparencia, rendición de
cuentas y participación ciudadana en la impartición de justicia, señala el
informe “(In) Justicia abierta, ranking de opacidad judicial en México”,
presentado por “Equis justicia para las mujeres” en coordinación con la
Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
El texto destaca que en 18 entidades federativas, el Poder
Judicial local no reconoce ni registra el número de sentencias emitidas;
únicamente el Poder Judicial de Durango publica todas las sentencias que emite;
y que ningún Poder Judicial local del país cumple con su obligación de implementar
políticas de transparencia pro-activa.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de dicha
comisión, dijo que es alarmante que los Poderes Judiciales, en ninguna entidad
federativa, alcancen 50 por ciento de puntuación general en materia de
transparencia sobre las sentencias emitidas, y que de manera generalizada
nieguen su carácter de interés público.
Particularmente, se refirió al caso de Jalisco, estado que
representa, y señaló que ocupa el lugar 23 del ranking, con sólo 12.5 puntos de
cumplimiento de 100. No cuenta con información sobre el número de sentencias
emitidas, y no considera ninguna como de interés público. Por lo tanto, no
publica ninguna. “Es reprobable el nulo compromiso con la transparencia, el
acceso a la información y la participación ciudadana del Poder Judicial de Jalisco”,
comentó.
Informó que próximamente presentará una iniciativa que
plantea reformar el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, para que todas las sentencias sean públicas, ya que
actualmente los Poderes Judiciales sólo publican las que consideran de interés
público, disposición que calificó como ambigua.
Es un obstáculo al principio de progresividad del derecho a
la información y a la máxima publicidad, ya que deja a criterio de los Poderes
Judiciales locales determinar qué es de interés público y qué no, señaló.
Finalmente, calificó como importante que las sentencias sean
públicas para evaluar y monitorear los procesos judiciales. Señaló que la
reforma que anunció, serviría para detectar y combatir prácticas injustas,
discriminatorias, sesgos y conflicto de interés en las decisiones judiciales.
Por su parte, Ana Pacova, directora ejecutiva de Equis,
señaló que trabajan en conjunto con el senador Castañeda en la elaboración de
la iniciativa para establecer que todas las sentencias son de interés público
y, por lo tanto, tienen que hacerse públicas.
Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, dijo que el juzgado de primera instancia
es el que pacifica los conflictos del 93 por ciento de la población. Sin
embargo es la más abandonada y rezagada.
Refirió que mientras la situación continúe así, tendremos
una sociedad convulsionada, conflictiva y violenta porque es un cuello de
botella. Subrayó que los juzgados locales nunca han estado en la agenda pública
ni se ha hecho algo por la construcción de esas instituciones.
Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que el informe
revela una resistencia generalizada e institucionalizada de la Judicatura
estatal para abrirse a la ciudadanía.
Abundó en que la falta de transparencia y rendición de
cuentas ha abonado al descrédito institucional y subrayó que no basta con una
política de transparencia y rendición de cuentas. Hace falta una de justicia
abierta que garantice transparencia pro-activa, participación ciudadana y
colaboración interinstitucional.
Joel Salas, comisionado del Inai, comentó que la opacidad es
producto, probablemente, de la falta de capacidades internas que existen al
interior del Poder Judicial. “La opacidad obedece a esta posible estrategia,
para que la ciudadanía no pueda evaluar, vigilar y controlar la labor del Poder
Judicial”.
