El
Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz de la diputada
María de Jesús Martínez Díaz, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado, con la finalidad de otorgar
atribuciones a la Contraloría General del Estado (CGE) y a los Órganos Internos
de Control (OIC) para la supervisión del Padrón de proveedores de cada ente
público.
Asimismo,
con esta reforma podría otorgarle a cada OIC la atribución para proceder a la
cancelación del registro de algún proveedor, pues el objetivo de esta
iniciativa es resolver el conflicto de intereses en el que pudiera encontrarse
el servidor público al integrar el padrón de proveedores, y quien a su vez es
el encargado de la unidad de realizar las compras o contrataciones.
Además,
continuó la legisladora, se prevé que los proponentes de bienes o servicios que
vayan a participar en algún procedimiento, proporcionen, no sólo el Domicilio
Fiscal tal y como ya lo establece la Ley, sino que además de ello, el domicilio
exacto de sus oficinas centrales, matrices, sucursales, establecimientos, bodegas,
talleres o cualquier otra instalación inmobiliaria vinculada con la empresa o
negocio, lo anterior, a fin de estar en condiciones de corroborar la veracidad
de la información.
“La
intención es que se incorpore a dicha Ley, Inspecciones Domiciliarias, mismas
que estarán a cargo del Órgano Interno de Control del Ente Público y deberán
constar por escrito, asentando la ubicación georeferenciada de los domicilios
verificados, junto con un registro gráfico y fotográfico de estas”, puntualizó
Martínez Díaz.
Además,
en consecuencia, continuó la diputada, se propone señalar que la Contraloría
General u Órgano Interno de Control, tendrían la responsabilidad de verificar
la existencia física de las empresas, contribuyendo a trabajar en una reforma a
los Artículos 49, 56 y 59 para armonizar el texto vigente con dicha propuesta,
no sólo incorporando nuevos requisitos a proveedores y candados en la Ley, sino
perfeccionando la norma a través del
incremento de las sanciones, ya establecidas en la misma.
En lo
que se refiere a las responsabilidades se propone incorporar la obligación a los
servidores públicos, de informar sobre las infracciones al Órgano Interno de
Control o Contraloría General, además de adicionar una Fracción para señalar
que dicha falta será también considerada una infracción a la Ley, el hecho de
que el proveedor llegara a impedir, evitar o dificulte la verificación o
inspección domiciliaria correspondiente.
Además,
afirmó la también presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se propone
incrementar el monto de la multa que actualmente establece la Ley de hasta mil
UMAS, para ir de las 300 a las mil 500 UMA´s.
“En
Acción Nacional, estamos convencidos que el combate a la corrupción debe darse
de forma pragmática y real, además de impulsar cambios al derecho vigente que
beneficien a quienes integran de forma real el sector empresarial, comercial y
de servicios, a aquellos que buscan salir adelante generando empleos e
inversión”, dijo la legisladora.
Finalmente,
aseguró que se debe favorecer a la iniciativa privada que le apuesta al
desarrollo económico del Estado, que ve en los órganos de Gobierno un cliente
potencial, a quien puede ofrecerle, bajo las mejores condiciones del mercado,
bienes y/o servicios; participando de forma libre y competitiva en
procedimientos reales contra sus iguales y no contra Empresas Fantasmas.
La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes de Unidas de Hacienda del
Estado y Vigilancia.
