El diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina, acusó a la secretaria de Salud de Veracruz de violar totalmente la Ley de Adquisiciones del Estado, y señaló que invita a empresas amigas para cumplir con favores políticos.
Lo anterior luego de que se diera a conocer que la
dependencia estatal otorgó adjudicaciones directas por montos superiores a los
500 millones de pesos cuando la ley sólo los permite cuando el monto es menos a
100 millones de pesos.
“La irregularidad o el acto indebido, es la violación total
a la Ley de Adquisiciones del Estado de Veracruz, lo que ha venido siendo una
constante, como sucedió con las patrullas, con las ambulancias, donde se
adjudica de manera directa a empresas amigas para cumplir favores políticos a
empresarios que ni siquiera son veracruzanos”.
Rementería Molina, quien integra la Comisión de Vigilancia
en el Congreso local, dijo que esta situación “es un tema muy alarmante en
Veracruz, ha venido siendo una constante”.
“El 31 de diciembre del 2018, a solamente un mes de haber
tomado protesta el hoy gobernador del estado, Cuitláhuac García, anuncia a sus
67 directores de los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud del
Estado de Veracruz, que una nueva empresa sería la que diera el servicio
especializado en bancos de sangre”, añadió.
En entrevista telefónica señaló que la “empresa, Impromed,
viene a suplir una empresa que había ganado en el año 2018 una licitación
pública nacional por haber presentado la mejor propuesta técnica y financiera”.
Abundó que Impromed, junto con otra empresa, ganaron
contratos mediante adjudicación directa por más de 500 millones de pesos.
Recordó que en Veracruz la Ley de Adquisiciones permite las adjudicaciones
directas solamente en montos menores a los 101 mil pesos, y acusó que el modus
operandi de la Secretaria de Salud consiste en invitar a “las empresas a
participar, empresas amigas de ellos mismos. Estas empresas presentan entre
ellas montos exuberantes, muy altos, lo que le permite a la secretaría declarar
desiertas estas licitaciones”.
El legislador de Acción Nacional añadió que, una vez
desierta la licitación, “acuden a hacer una licitación directa a estas dos
empresas, que por cierto, comparten socio y domicilio fiscal en una colonia en
Guadalajara, Jalisco”.
Según declaró, hay un dato que llama la atención, y es que
“quien constituye una de estas dos empresas es en 1989, la hoy Secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en su momento era notaria”.
Ante esta situación, Bingen Rementería dijo que desde la
Comisión de Vigilancia pueden hacer “muy poco”, pues está conformada por cinco
legisladores de oposición y por 10 del partido en el poder.
“No hemos podido ni siquiera llamar a una simple
comparecencia de un secretaria de despacho, se ha intentado llamar a comparecer
al secretario de Salud, al secretario de Seguridad Pública por distintos temas
que aquejan a los veracruzanos, y no se ha podido lograr con mayoría simple en
el pleno”, apuntó.
Finalmente, señaló que pedirán de nueva cuenta solicitar al
Orfis “la intervención, la auditoría en tiempo real, como lo hicimos con el
tema de las patrullas, pero que lamentablemente por mayoría de los diputados de
Morena, fue desechado”.
