El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, constituya el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes.
El diputado, presidente de la Comisión de Población y Atención a Migrantes, presentó el Anteproyecto que incluye, dotar al Instituto de la estructura orgánica necesaria y recursos presupuestales suficientes a efecto de estar en condiciones de cumplir los fines establecidos en la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el estado de Veracruz.
Al exponer sus consideraciones, recordó que la Legislatura anterior, presentó la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus familias para el estado de Veracruz el 5 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado.
La citada ley, reconoce el derecho de las personas migrantes y sus familias para acceder a los servicios de salud provistos por los sectores públicos y privados, e incluso a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente, así como también a acceder a los servicios educativos provistos en la entidad por los sectores público y privado.
También considera la creación del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; sin embargo en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 no se consideró una previsión económica expresa, por lo que, el 17 de enero de este año, el diputado por el distrito XVI de Boca del Río, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que señalaba la urgencia de realizar los ajustes correspondientes; no obstante en los ajustes presupuestales del mes de abril, tampoco se consideró recurso alguno.
Como resultado de lo anterior –recordó-, el 13 de junio el Pleno de esta Soberanía aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortó a diversas autoridades estatales y a los Ayuntamientos del Estado a implementar acciones tendientes a proteger y garantizar los derechos humanos de la población migrante en su recorrido por el territorio veracruzano.
El Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su análisis y dictamen.
