En medio de una ríspida discusión, el Pleno del Senado de la
República aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Austeridad
Republicana, así como los artículos no reservados, con el fin de hacer
eficiente el gasto público y eliminar privilegios.
La discusión, que empezó a las 02:00 h de este martes,
cuando se entregó a la Mesa Directiva el dictamen que fue aprobado con una
votación muy cerrada, e incluso por parte de la Comisión de Estudios
Legislativos, segunda, registró un empate, se terminó a las 3:56 h.
Después de que se registraron un total de 103 votos, 74 a
favor y 29 abstenciones, del PRI y del PAN, principalmente, se procedió a la
discusión en lo particular y la presentación de 44 reservas, para lo cual se
registraron 15 oradores.
Lo que se avaló fue la Ley Federal de Austeridad Republicana
y diversas reformas y disposiciones de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, que de no aceptarse reservas o adiciones pasará al Ejecutivo, de lo
contrario, si el dictamen queda en sus términos, se regresa a la Cámara de
Diputados.
Desde los posicionamientos, los partidos de oposición PAN,
PRD y PRI plantearon las inconsistencias del dictamen que se presentó, y se
habló de que para aplicar una política de austeridad se necesita un bisturí, no
un machete que haga recortes sin basarse en estudios.
La senadora del PRI, Vanessa Rubio Márquez, plantea que al
haberse aprobado con tanta rapidez un dictamen en sus términos, después de que
no se tomaron en cuenta días y horas de trabajo, donde ya se había logrado un
consenso de más de 70 por ciento, se tendrá que lidiar con los errores de la
prisa, ya que este legislación podrá ser motivo de presentación de diversas
controversias constitucionales.
Varios senadores advirtieron que, por ejemplo, al proponer
la prohibición de que los servidores públicos no podrán ocupar empleos en la
iniciativa privada por cinco años para no exponer información, les limitan su
derecho constitucional al trabajo.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García
Sepúlveda, destacó que el dictamen se contrapone a la jurisprudencia emitida
por la Corte, como es el empleo de palabras en inglés.
Además se contradice el dictamen de libre empleo, preceptos
de inviolabilidad de división de poderes, porque invade atribuciones y puede
ser impugnada ante la Corte.
La senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez, señaló que esta
ley no toma en cuenta las normas de transparencia, pues observa que los
recursos que se obtengan de la política de austeridad se podrán utilizar de
forma discrecional para impulsar programas sociales por parte del Ejecutivo
federal, lo que calificó de “entregar un cheque en blanco”.
El priista Carlos Ramírez Marín y el coordinador de
Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, coincidieron en que la discusión es
ilegal, pues de acuerdo con el reglamento, dicha discusión no debería de
haberse aceptado, pues el dictamen no tenía una votación absoluta, sino que
incluso se registró un empate.
Antes, el senador de Morena Alejandro Armenta Mier,
presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expuso los alcances de
esta legislación que prohíbe la compra o venta de vehículos de lujo para el
transporte y traslado de los servidores públicos.
Así como las adquisiciones y arrendamientos de equipos y
sistemas de cómputo se realizarán previa justificación; se prohíben
contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con
recursos del Estado.
Se establece que los vehículos aéreos propiedad del Poder
Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina,
fuerza aérea, de protección civil, así como al traslado de enfermos.
La Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y
Crédito Público elaborarán y remitirán los lineamientos para regular las
medidas mencionadas.
Con relación al comportamiento austero y probo de los
servidores públicos, se establece que se sujetarán a la remuneración adecuada y
proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los
presupuestos de egresos.
Por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos,
comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado
fuera de lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF).
Por ningún motivo se autorizarán pensiones al titular del
Poder Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Lo aprobado por la Cámara Alta ahora pasará a la Cámara de
Diputados para su posterior discusión y aprobación.
