La LXV Legislatura de Veracruz recibió la iniciativa, enviada por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, por la cual solicita a esta Soberanía la autorización para contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 41 mil 769 millones 280 mil 619 pesos, con el objeto de llevar a cabo la reestructura o el refinanciamiento total o parcial de la deuda pública del Estado con la o las instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.
De acuerdo a la iniciativa de decreto, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado durante la décima cuarta sesión ordinaria, se tiene previsto alcanzar una estructura de deuda más flexible y eficiente; reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos y establecer un servicio de la deuda mejor equilibrado que libere flujos de efectivo que permitan fortalecer las inversiones prioritarias del Estado.
Así como mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos en beneficio y atención de las necesidades más sentidas de la población; fortalecer las finanzas estatales, a través de una administración honesta, transparente y eficiente de los recursos públicos y una gestión de la deuda pública alineada con los principios de disciplina y responsabilidad hacendaria establecidos en la legislación vigente.
Asimismo, se propone que las autorizaciones referidas en la Iniciativa sean otorgadas previo análisis, efectuado por el Congreso del Estado, en relación a: capacidad de pago del Estado; el destino que se otorgará a los recursos que se obtengan de nuevos financiamientos u operaciones que se contraten y el otorgamiento de garantías o establecimiento de fuente de pago del o los financiamientos u operaciones que se formalicen.
En la exposición de motivos se establece que tras una revisión exhaustiva de la estructura de la deuda pública se ha llegado al conocimiento de que, dada la situación actual del mercado, es viable mejorar las condiciones crediticias, en términos de costo, equilibrio del servicio de la deuda y un uso más racional de las fuentes de pago del Estado, mediante el refinanciamiento o la reestructura de la Deuda Vigente de Largo Plazo.
