La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos de tres
periodistas mexicanos, ocurridos en el transcurso de una semana.
Se trata de Rogelio Barragán Pérez, de Morelos; Edgar
Alberto Nava López, de Guerrero; y Jorge Celestino Ruiz Vázquez, de Veracruz.
Con ellos, se contabilizan 10 asesinatos de informadores en 2019.
«Con los asesinatos de los señores Barragán, Nava y
Ruiz, ya son al menos 10 los periodistas asesinados durante 2019. En 2018, la
ONU-DH registró el asesinato de al menos 12 periodistas y la desaparición de
otro. A estos asesinatos se suman otros ataques contra medios de
comunicación», dijo el organismo internacional.
La ONU-DH hizo un llamado a que estos asesinatos y
agresiones sean «debida y exhaustivamente investigados a la brevedad»
y que los responsables sean presentados ante la justicia.
Se demandó agotar todas las líneas de investigación,
incluida la actividad periodística, y tomar en cuenta las amenazas y ataques
previos que se habían producido, e incluso denunciado, en algunos de los casos.
«La situación de periodistas y defensores de derechos
humanos en México continúa siendo muy preocupante», afirmó Jan Jarab,
representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
«Poner fin a (la impunidad) será la mejor medida de
prevención de agresiones y de protección de quienes se dedican al ejercicio de
la actividad periodística», agregó.
Rogelio Barragán Pérez, cuyo cuerpo sin vida fue localizado
en el municipio de Zacatepec, Morelos, el 30 de julio, colaboraba con el medio
«Guerrero al Instante».
Edgar Alberto Nava López, asesinado el 2 de agosto en
Zihuatanejo, Guerrero, dirigía el medio digital «La Verdad de
Zihuatanejo», además de desempeñarse como funcionario del gobierno
municipal. Nava, así como otros periodistas de la zona, habrían recibido
amenazas previamente por su labor periodística.
Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado el 2 de agosto en
Actopan, Veracruz, colaboraba con el periódico «El Gráfico», de
Xalapa. Ruiz había denunciado con anterioridad ataques y amenazas en su contra
ante la fiscalía estatal y contaba con medidas de protección otorgadas por las
autoridades estatales.
