Bajo ninguna circunstancia debe permitirse la violencia obstétrica durante la práctica médica; no sólo se trata de actos que ponen en riesgo la salud de las pacientes sino que violenta sus derechos humanos y su dignidad, afirmó la diputada local Andrea Yunes, Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local.
Explicó que el espectro de la violencia obstétrica es muy amplio pues lo mismo se genera en los servicios de salud públicos o privados que durante las diferentes etapas del embarazo, parto y posparto. Se trata una combinación de la violencia de género contra las mujeres y de la violencia institucional, por lo que es aún más grave, dijo.
“Esta violencia puede expresarse en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en un trato inhumano, denigrante o intimidatorio por parte del personal de salud, negando a las mujeres la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos, como sucede en amplias zonas rurales de Veracruz e incluso en los centros urbanos”, agregó.
En los últimos 5 años, 1 de cada 3 mujeres de 15 a 49 años que tuvo un parto en México sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron (ENDIREH, 2016). Según datos de Fundar, entre 2015 y 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 50 recomendaciones a las instituciones de salud por violencia obstétrica.
Andrea Yunes dijo que es necesario un marco jurídico que establezca sanciones más severas a quien realice actos que causen daño físico o psicológico a la mujer y que vulneren sus derechos reproductivos. “Hay prácticas que son verdaderamente inaceptables ante las posibilidades que hoy ofrece la medicina y los servicios de salud”.
“No se trata sólo de castigar esta práctica. Eso no resolverá el problema de fondo. Necesitamos generar cambios estructurales en los servicios de salud –públicos y privados- para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a una atención médica obstétrica de calidad”, reiteró.
