La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió
una recomendación a los gobiernos de Sinaloa, Veracruz y Colima por las
deficientes condiciones en que se encuentran las mujeres privadas de su
libertad en centros penitenciarios mixtos en esas entidades.
El organismo, atento a las necesidades de las mujeres
privadas de la libertad y preocupado por la atención de desigualdad que reciben
en esos centros penitenciarios mixtos, en relación con las presentadas en los
centros femeniles, sugirió crear infraestructura y equipamiento para que se
garanticen condiciones de estancia digna y segura para ellas, sus hijas e
hijos.
En un comunicado, indicó que las prisiones mixtas visitadas
de esos estados no reúnen las adecuadas condiciones de habitabilidad, ya que su
infraestructura, organización y funcionamiento giran alrededor de las
necesidades de los varones.
Las reclusas en estos centros penitenciarios carecen de
alimentación especializada para las personas menores de edad que viven con
ellas, tienen deficiencias en infraestructura, les faltan talleres, aulas,
áreas médicas, comedores, cocinas, áreas deportivas, ludotecas y espacios de
visita conyugal adecuados, además de que casi es nula actividad cultural y
recreativa.
También se evidenció la falta de atención especializada,
como el servicio obstétrico, ginecológico y pediátrico, por lo que, advirtió el
organismo, “es imperativo se instrumenten políticas públicas en la materia y
medidas para garantizarles estancia digna en los centros penitenciarios”.
De acuerdo con el más reciente Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria, los centros penitenciarios femeniles alcanzaron una
calificación promedio de 7.57 a nivel nacional, mientras que los mixtos
alcanzaron 5.98; con 6.61 en Colima, 5.87 en Veracruz y 5.62 en Sinaloa;todo
ello en escala del 0 al 10.
Con lo anterior, insistió la comisión, se observó que la
situación actual propicia la transgresión de los derechos a la alimentación,
seguridad, actividades laborales y educativas, entre otros, en razón de las
precarias condiciones en los espacios destinados para ellas y sus hijos que ahí
viven, donde imperan la falta de servicios, de protección a la salud y personal
en todas las áreas.
Por lo anterior, recomendó a los gobiernos de los tres
estados acciones para que cuenten con por lo menos un establecimiento
específico para mujeres privadas de la libertad o, en su caso, asignar recursos
presupuestales, materiales y humanos que permitan la organización y
funcionamiento independiente de los centros visitados, desde su titular, que
deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica,
administrativa, seguridad y custodia.
Agregó que deben emprender acciones para que se garantice el
derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad en esos
dichos estados, en especial en labores productivas, privilegiando el trabajo
remunerado y su capacitación en actividades útiles para cuando obtengan su
libertad.
