En el periodo de gobierno de Miguel Ángel de Yunes Linares,
en Veracruz, presuntamente fueron adquiridos diversos equipos, programas y
sistemas de espionaje, en los que se pagó 365 millones de pesos para
adjudicación directa por excepción de ley.
El documento de resultados de las auditorías practicadas al
ejercicio fiscal 2018 por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), señala:
“Del análisis parcial de 2 partidas consignado en las
observaciones FP-016/2018/021 y FP016/2018/022 respecto de un monto
presupuestal que fue ejercido a partir del Dictamen de Procedencia de fecha 20
de junio de 2018 para la adjudicación directa por excepción de ley para la
adquisición de equipos especializados y capacitación por un importe global de
$365,519,178.00, resulta indispensable contar con la autorización de esta H.
Comisión Permanente de Vigilancia para dar continuidad al proceso de
Fiscalización haciéndolo exhaustivo al total del monto presupuestal ejercido”.
El informe señala que el costo de 365 millones de pesos
incluye programas de vigilancia en redes sociales con hasta 35 mil búsquedas,
reconocimientos de voz y facial, incluso, monitoreo para Redes Wi Fi.
Los documentos, disponibles en el portal del Orfis, señalan
que en las revisiones hechas a la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada
en ese gobierno por Jaime Téllez Marie, se habría adquirió el Sistema de
Inteligencia para la Identificación de Metadata de Objetivos; Sistema de
Monitoreo; Sistema de Análisis de Imágenes y Videos con Aprendizaje Profundo;
Sistema Forense de Identificación de Usuarios y Redes de Vínculos.
También un Sistema para Protección de las Tecnologías de la
Información; Sistema de Análisis de Video con Reconocimiento Facial; Sistemas
de Soporte Técnico en Monitoreo y Vigilancia; Sistema de Análisis de Voz en
Reacciones Emocionales; y un Sistema de Monitoreo de Redes Sociales.
El reporte del Orfis indica que las empresas que brindaron
los equipos, programas y sistemas, fueron Systemtech Sistemas Tecnológicos;
Blindarte S. de R.L. de C.V; Alta Prevención WT México; Sistemas Integrales
Computarizados; y Grupo Profesional Shalom.
El órgano fiscalizador advirtió que, en estos casos,
necesitaba contar con la autorización de la Comisión Permanente de Vigilancia
del Congreso del Estado para dar continuidad al proceso de Fiscalización
haciéndolo exhaustivo al total del monto presupuestal ejercido.
