Aun cuando se calcula que el saldo de la represión al
movimiento estudiantil de 1968 fue de al menos 78 muertos y 31 desaparecidos,
solo tres personas han realizado los trámites ante la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) y han sido reconocidas como víctimas por las
acciones del Estado mexicano realizadas hace 51 años.
En respuesta a una solicitud de información de El Universal,
la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV indicó que el
organismo cuenta con el registro de dos víctimas directas y una indirecta
relacionadas con los hechos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Ciudad de
México.
En el oficio 0063300073019, la comisión indicó que a estas
tres personas se les ha brindado representación jurídica, así como valoración
socioeconómica con el objetivo de gestionar su reparación integral ante el
Comité Interdisciplinario Evaluador.
«Se cuenta con el registro de dos víctimas directas y
una indirecta relacionadas con dicho acontecimiento [el movimiento estudiantil
de 1968].
«A dichas víctimas se les han brindado representación
jurídica y se les realizó una valoración socioeconómica, con la finalidad de
gestionar su reparación integral ante el Comité Interdisciplinario
Evaluador», indica el documento de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas.
Fuentes consultadas en el gobierno federal comentaron que el
que únicamente haya tres personas consideradas como víctimas responde a que
muchos de los participantes del movimiento estudiantil, el cual cumple más de
medio siglo, desconocen que pueden exigir ser incluidos en esa categoría y
acceder así a los beneficios.
Burocracia frena accesos
Una de las tres víctimas reconocidas por la CEAV es Rodolfo
Echeverría, quien sobrevivió a un interrogatorio realizado por Miguel Nassar
Haro días después del 2 de octubre de 1968. El hombre afirmó que hasta el
momento no ha recibido ningún apoyo por parte de este organismo.
«No he recibido ningún apoyo hasta ahora. La institución
sigue su dinámica burocrática igual», dijo.
En julio de 2018, Rodolfo Echeverría –quien pasó más de
tres años en la cárcel de Lecumberri acusado de más de 10 delitos, como
invitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena,
robo, despojo, acopio de armas, homicidio– comentó que exigía al Estado
mexicano aceptar su participación en los hechos del 2 de octubre de 1968, que
quedara establecido jurídicamente y que se le entregara una compensación
económica como reparación del daño.
«¿Cómo van a repararme tres años de cárcel?, ¿con una
disculpa? No. Son tres años en los que mi familia pasó por angustia y
problemas, tres años de encarcelamiento injusto.
«Si el Estado mexicano reconoce que cometió esas
faltas, tiene que reponer esto», aseguró.
En septiembre del año pasado, el entonces titular de la
CEAV, Jaime Rochín, reconoció que en el movimiento estudiantil de 1968 se
cometieron diversas violaciones a los derechos humanos, por lo que se determinó
una reparación colectiva específicamente de memoria, así como el reconocimiento
de todas las víctimas.
Además, Rochín precisó que de manera individual los
afectados podrán iniciar un proceso para la reparación de los daños.
«La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asume
esta responsabilidad, reconoce a las víctimas del movimiento estudiantil [de
1968] y trabajará por su dignidad», comentó en aquella ocasión.
