La diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó, durante la tercera sesión ordinaria, una iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para la Accesibilidad en el Estado de Veracruz que tiene como objetivo atender la problemática que registran las personas con discapacidad en cuanto el acceso a todos los ámbitos de participación social, sin ningún tipo de barreras ni limitantes.
La legisladora del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla destacó que la accesibilidad es un derecho fundamental, de ahí la necesidad de una Ley para que las personas con discapacidad en Veracruz puedan participar integralmente en la vida social, accediendo a todos los espacios, públicos y privados.
De igual modo, dijo que la accesibilidad se debe entender como un derecho en sí mismo y además como un principio que obliga al Estado mexicano a tomarlo en cuenta al momento de establecer sus normas y políticas públicas.
Aseguró que la presente Ley se emite en estricto apego y respeto a los derechos humanos y a la observancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la cual promoverá, protegerá y garantizará, el disfrute pleno de las personas con discapacidad para cubrir una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad y la libertad de movimiento, la igualdad y la no discriminación en Veracruz.
Esta ley, integrada por 31 artículos y distribuida en VI capítulos, señaló la legisladora, nace de la necesidad de crear una normativa especializada en los ámbitos de la accesibilidad, por lo que la Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado deberá contar con un área administrativa especializada en los ámbitos de la accesibilidad, para brindar apoyo y orientación a las autoridades establecidas para dar cumplimiento de la misma, así como dar seguimiento al trabajo que realizan en la materia.
Agregó, que debe entenderse como discapacidad la interacción entre las limitaciones funcionales de una persona y las barreras existentes en el entorno que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. En consecuencia, entre más se avance hacia entornos urbanos y rurales accesibles, menor sería el grado de afectación de la población con discapacidad.
“Cuantos más obstáculos hay, más se acentúa la discapacidad de una persona, por lo que es una obligación del Estado, lograr una integración total de las personas con discapacidad, en un ambiente de igualdad y respeto de sus derechos humanos”, puntualizó la diputada.
Asimismo, aseguró que con esta normatividad la población en general se verá beneficiada en cuanto a accesibilidad en la infraestructura, transporte, tecnologías de la información y comunicaciones, tomando en cuenta que no sólo las personas con discapacidad, sino también las personas mayores, o con enfermedades crónico-degenerativas, se enfrentan a esta problemática.
Finalmente, la diputada subrayó que con esta iniciativa se da un paso muy importante para cambiar la percepción de la discapacidad, pues es necesario reconocer que todas las personas tienen la oportunidad de vivir con plenitud y sin obstáculos, incrementando la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas con discapacidad para combatir la desigualdad en la entidad.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.
