En la sesión ordinaria de este jueves se dio entrada a un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el que da cuenta del Informe Especial sobre el Contexto de Violencia que enfrentan las personas que ejercen el periodismo y los medios de comunicación en el estado de Veracruz.
Según el informe Veracruz es la entidad federativa en la que se han registrado la mayor cantidad de homicidios en nuestro país, con 23 homicidios de los 153 registrados en todo el territorio.
La CNDH detalla que el incremento de las agresiones en ese Estado también puede advertirse en la emisión de medidas cautelares por parte de este Organismo Nacional que registró en el 2018 un incremento de 200% respecto de las solicitudes de medidas cautelares realizadas en el 2015.
A nivel nacional, al 15 de noviembre de 2019 se registraron 12 homicidios de periodistas, cifra superior a los verificados en 2018.
La situación antes descrita da cuenta de un contexto de violencia muy grave en contra de las personas que ejercen el periodismo y los medios donde laboran, que no puede desligarse del incremento de la violencia contra otros sectores de la población y de la presencia del crimen organizado, pero que resulta necesario analizarla conjuntamente con las prácticas normativas e institucionales.
Ante ese escenario, se emitieron propuestas para el mandatario estatal, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local y los presidentes municipales.
En lo que corresponde al Congreso local se especifica que tanto el titular del Ejecutivo Estatal, como las y los legisladores deben abstenerse de presentar iniciativas o proponer reformas legislativas que tengan por objeto criminalizar la libertad de expresión en aquella entidad.
“Por el contrario, deben asumir como un compromiso público la promoción de normas y políticas públicas que favorezcan la libertad de expresión y el trabajo de las personas de las y los periodistas. Cualquier agresión a las personas que ejercen el periodismo y los medios de comunicación debe condenarse e investigarse de manera pronta y diligente”, especifica.
El documento fue turnado a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Atención y Protección de Periodistas para su atención procedente.
