El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime
Téllez Marié intentó ampararse ante la determinación del Congreso local de
ampliar el periodo de revisión de la Cuenta Pública del año 2018. La solicitud
fue desechada.
Según el expediente 1074/2019, el Yunista señala como acto
reclamado el decreto número 295 emitido por la Sexagésima Quinta Legislatura
del Congreso del Estado de Veracruz, en el que no se aprueba la cuenta pública
de los entes fiscales y se ordena al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, que en un plazo no mayor a noventa días efectúe una nueva valoración en
coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, de las aclaraciones y
documentación justificatoria y comprobatoria presentada por el aquí quejoso y
emita los correspondientes informes, así como sus consecuencias jurídicas y
ejecución.
Para el juzgador, la medida administrativa no implica una
ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata los
derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado
internacional del que México sea parte, sino que se trata de una transgresión a
las leyes del procedimiento.
En ese sentido, se argumentó que la medida tiene efectos
meramente procesales, con lo cual no se deja sin defensa a la quejosa, ya que
únicamente se ordena que la autoridad fiscalizadora proceda a realizar una
nueva investigación y valoración de la documentación correspondiente, a efecto
de que tomar una determinación apegada a derecho, sin que se prejuzgue sobre el
resultado de dicha indagatoria, ni se haga efectiva alguna medida de apremio al
aquí quejoso.
Si, con motivo de la nueva investigación, el Órgano de
Fiscalización del Estado, ordena abrir un procedimiento de responsabilidad
contra el impetrante del amparo, se tendrá que notificar el mismo y dictar una
resolución, misma que, no necesariamente debe ser desfavorable a los intereses
del impetrante de garantías.
Por tanto, en su caso, las violaciones que pudieran haberse
cometido al ordenar una nueva investigación o eventualmente, al abrir un
procedimiento de responsabilidad, pueden quedar subsanadas con posterioridad,
si la determinación a la que lleguen el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado y la Legislatura responsable, resultara favorable a los intereses del
impetrante de garantías, por lo que se desechó la demanda de amparo.
Cabe mencionar que como parte de la revisión de la Cuenta
Pública 2018, la Secretaría de Seguridad Pública fue observada por el manejo de
más de mil millones de pesos que se invirtieron en el Sistema de
Videovigilancia que es inoperante.
