El diputado Ulises Murguía Soto, de Morena, propuso que a
nivel federal se regule a los casinos y se diseñe una política pública en esa
materia, con el objetivo de combatir el juego ilegal y eliminar las prácticas
deshonestas con autoridades locales.
Los casinos son generadores de divisas y receptores de
derrama turística importante, por lo que su funcionamiento debe ser regulado
por Hacienda y Gobernación para evitar que haya juego ilegal y prácticas
deshonestas con las autoridades locales, como es la venta de permisos
municipales y excesivas cargas tributarias, expuso.
Frente a la realidad que vive el sector de los casinos en el
país, planteó que los permisos otorgados mediante la Dirección General de
Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación sean por cada 500 mil
habitantes y que en entidades donde haya menos población sólo se permita un
nuevo establecimiento.
Además sugirió destinar una partida presupuestaria con base
en los recursos recaudados por concepto de impuestos y aprovechamientos a los
juegos y sorteos, para prevenir, diagnosticar y dar tratamiento a las personas
que sufren ludopatía.
Murguía Soto señaló que el sector de los casinos en México
es una fuente abundante de generación de empleos formales y en la actualidad
hay cerca de 50 mil empleos directos y más de 150 mil indirectos.
Se estima que esta industria aporta a las finanzas públicas
una derrama por concepto de impuestos y aprovechamientos federales superior a
los cuatro mil 700 millones de pesos por año, mientras en Estados Unidos deja
38 mil millones, lo que pone de relieve el potencial de crecimiento que hay en
México
Por otra parte, el legislador señaló que datos oficiales de
la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del
Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México reportó que, hasta el segundo
trimestre de 2019, existían 36 permisionarios y se autorizaron más de 754 salas
nuevas.
De ellas 374 están abiertas en 28 de las 32 entidades,
concentrándose la mayoría en Baja California, Sonora y la Ciudad de México.
Consideró que ese sector es un factor de desarrollo
económico importante porque fomenta la oferta turística para el público
nacional e internacional, por ejemplo en 2017 se reportó un total de tres
millones de visitantes a casinos en México.
Murguía Soto concluyó que la carga fiscal ha sido motivo de
observaciones y reclamos por parte del sector de los juegos, pues hoy en día
pagan 30 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),
además del dos por ciento de aprovechamiento que se paga a la Secretaría de
Gobernación y que canaliza a la Secretaría de Hacienda por los derechos que
genera el permiso.
Aunado a ello, varios estados y municipios han creado nuevos
impuestos para centros de apuestas que la mayor parte son desmesurados y
propician la evasión parcial por parte del permisionario.
«Gran parte del problema de las cargas tributarias
locales se debe a la escasa legislación federal en materia de juegos y sorteos,
y la que existe está obsoleta y anacrónica». añadió.
