La encargada de la Fiscalía General del Estado, Veronica
Hernández Giadáns, dijo que encontró diversas anomalías al tomar el cargo y que
sus antecesores se confundieron“la naturaleza autónoma de la fiscalía con el
libre ejercicio de complicidades”.
Al comparecer ante legisladores locales dijo que en materia
administrativa se detectó un gasto excesivo en rentas de edificios para
oficinas por un total anual de 33.6 millones de pesos; un total de 3.8 millones
de pesos sin comprobar de fondo revolvente.
Pasivo por más de 251 millones de pesos, a favor de diversas
instancias como son: SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública,
retención y contribución a pagar.Excesiva dotación de combustible a altos
mandos hasta por 125 mil pesos mensuales.
Cantidad de personal de ayudantía asignada a altos mandos,
en casos hasta con 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias.
Sueldos excesivos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales. Personal que
no cubre el perfil de puestos autorizados; personal que cobraba sin presentarse
a laborar en áreas administrativas.
“En todos los casos, se dio vista y se puso del conocimiento
a las instancias competentes para que inicien y den trámite, a los
procedimientos y denuncias a que haya lugar”.
Hernández Giaddans también dijo que se encontró la falta de
controles internos de auditorías en recursos humanos, financieros y materiales;
proveedores y contratistas favorecidos sin pasar por el proceso de licitación y
asignaciones directas. Deficiencia en obra pública del 2018, esto es, obra de
mala calidad por más de 316 millones de pesos, por lo que, en coordinación con el
Orfis se realizan visitas a las obras para la determinación de las
observaciones correspondientes.
Servicios periciales
En materia de los servicios periciales, se encontró con los
servicios médicos forenses en condiciones deplorables ya que ningún semefo
contaba con los requisitos mínimos para ser certificado.
La encargada de despacho, dijo que se encontró un desorden
en el área encargada de la práctica pericial, pues se contabilizaban un total
de 952 cuerpos no identificados, número que se incrementó a 1,044 al cierre del
año, derivada de la depuración y reestructuración en el departamento de
identificación humana.
Agregó que como resultado, en el periodo de septiembre a
diciembre se identificaron 39 cuerpos, 9 de ellos mediante la aplicación del
cuestionario am (ante-morten), sin hacer uso de pruebas de ADN.
Exámenes de confianza
En materia de evaluación y control de confianza, los
reportes indicaron: un total de 87 servidores públicos que no aprobaron el
proceso de evaluación y control de confianza yse fortalecieron los protocolos
del centro de evaluación y control de confianza. Al 31 de diciembre de 2019, se
excedió la meta programada y se tienen pendientes de evaluar solo a 6
servidores públicos.
