El gobierno de Guatemala autorizó a México a presentar nuevas imputaciones contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, lo que abrió la puerta a una nueva acción penal por presuntos desvíos de recursos federales cometidos durante su administración, entre diciembre de 2010 y octubre de 2016.
Tras recibir el aval, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una nueva carpeta de investigación ante un juez, derivada de denuncias presentadas desde 2016. Las acusaciones señalan el desvío de fondos destinados a la compra de insumos para el sector salud y a la realización de obras públicas. La audiencia inicial estaba programada para la semana pasada, pero la defensa del exmandatario no compareció al informar que Duarte dio positivo a covid-19.
De acuerdo con fuentes federales, la solicitud a Guatemala para ampliar los cargos fue tramitada desde hace varios meses, debido a que las reglas internacionales de extradición impiden juzgar a una persona por delitos distintos a los acordados, a menos que el país que la entrega otorgue permiso.
Duarte fue declarado prófugo en octubre de 2016, después de desaparecer a pocos días de concluir su mandato. El 15 de abril de 2017 fue detenido en un hotel de Panajachel, Guatemala, en cumplimiento de una orden internacional de aprehensión. La justicia guatemalteca autorizó su extradición el 17 de julio de ese mismo año, y desde entonces permanece recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
En paralelo, la defensa del exgobernador intentó recientemente que los últimos cuatro meses de su sentencia fueran cumplidos en libertad vigilada. Sin embargo, la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, desechó la petición al considerar que Duarte todavía enfrenta un proceso por desaparición forzada y no ha cumplido con el programa de actividades culturales, educativas y recreativas requerido dentro del penal.
