El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso, mediante una iniciativa, distintas reformas y adiciones al Código Electoral local, a fin de armonizarlo con la legislación federal en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género.
En nombre del Grupo Legislativo del PRI, su coordinadora, la diputada Anilú Ingram Vallines, expuso las motivaciones que originaron esta iniciativa, la cual, dijo, contiene aportaciones muy específicas que se traducen en una reforma integral, completa y con gran alcance.
En primer lugar, esta iniciativa propone garantizar el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a participar en los comicios en condiciones de paridad de género, así como la obligación del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Asimismo, que se establezca una conceptualización de la violencia política contra las mujeres en razón de género similar a la establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que, a su vez, se armoniza con la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Así también, la actualización de los supuestos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, armonizándolos también con la reforma de la Ley General.
Además, que se considere entre los requisitos de elegibilidad para ser candidatas o candidatos a puestos de elección popular que no se encuentren condenadas o condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género o cuando exista en su contra una sanción derivada de sentencia firme determinada por una autoridad jurisdiccional electoral competente por violencia política contra las mujeres por razón de género.
Se busca, igualmente, evitar que las mujeres sean postuladas en distritos electorales en los que el partido que las postule hubiera obtenido bajos porcentajes de votación, y que se incorpore el principio de paridad de género tanto vertical como horizontal en las elecciones de ayuntamientos.
Plantea también la obligación de los partidos políticos de garantizar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, tanto en candidaturas como en sus espacios de toma de decisiones; además, que esta participación esté libre de violencia política en razón de género y establecer las sanciones necesarias, cuando sea el caso.
En este mismo ánimo, el organismo electoral llevaría a cabo programas de educación cívica, paridad de género y derechos humanos de las mujeres, así como campañas de educación en estos temas.
El mismo organismo tendría entre sus facultades instalar la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, que tendría entre sus funciones propiciar la participación igualitaria de mujeres y hombres y eliminar prácticas discriminatorias que vulneren derechos políticos y electorales.
De acuerdo con sus proponentes, estas reformas y adiciones en materia electoral buscan armonizar el Código Electoral local con la reforma federal que se realizó a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Esta reforma, indicó la legisladora Anilú Ingram, es el instrumento idóneo para hacer justicia electoral a la situación de violencia que han vivido muchas mujeres en el ámbito político y que impide el acceso a condiciones de igualdad y también es un paso más para garantizar el respeto a los derechos humanos.
“Hoy tenemos en el poder de nuestro voto lograr un Veracruz igualitario, seguro y libre para las mujeres que hemos elegido y que se elegirán para servir a la ciudadanía veracruzana en próximos procesos”. Esta reforma “es un peldaño más para contar con un Veracruz donde las mujeres y los hombres con vocación de servicio sean considerados en igualdad de circunstancias sin importar su género”, concluyó.
A esta iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, turnada a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales, se adhirieron las diputadas Ruth Callejas Roldán, Citlali Medellín Careaga, Itzel Yescas Valdivia, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Verónica Pulido Herrera y Maribel Ramírez Topete, así como los diputados Jaime Enrique de la Garza Martínez y Othón Hernández Candanedo.
En nombre del Grupo Legislativo del PRI, su coordinadora, la diputada Anilú Ingram Vallines, expuso las motivaciones que originaron esta iniciativa, la cual, dijo, contiene aportaciones muy específicas que se traducen en una reforma integral, completa y con gran alcance.
En primer lugar, esta iniciativa propone garantizar el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a participar en los comicios en condiciones de paridad de género, así como la obligación del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Asimismo, que se establezca una conceptualización de la violencia política contra las mujeres en razón de género similar a la establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que, a su vez, se armoniza con la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Así también, la actualización de los supuestos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, armonizándolos también con la reforma de la Ley General.
Además, que se considere entre los requisitos de elegibilidad para ser candidatas o candidatos a puestos de elección popular que no se encuentren condenadas o condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género o cuando exista en su contra una sanción derivada de sentencia firme determinada por una autoridad jurisdiccional electoral competente por violencia política contra las mujeres por razón de género.
Se busca, igualmente, evitar que las mujeres sean postuladas en distritos electorales en los que el partido que las postule hubiera obtenido bajos porcentajes de votación, y que se incorpore el principio de paridad de género tanto vertical como horizontal en las elecciones de ayuntamientos.
Plantea también la obligación de los partidos políticos de garantizar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, tanto en candidaturas como en sus espacios de toma de decisiones; además, que esta participación esté libre de violencia política en razón de género y establecer las sanciones necesarias, cuando sea el caso.
En este mismo ánimo, el organismo electoral llevaría a cabo programas de educación cívica, paridad de género y derechos humanos de las mujeres, así como campañas de educación en estos temas.
El mismo organismo tendría entre sus facultades instalar la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, que tendría entre sus funciones propiciar la participación igualitaria de mujeres y hombres y eliminar prácticas discriminatorias que vulneren derechos políticos y electorales.
De acuerdo con sus proponentes, estas reformas y adiciones en materia electoral buscan armonizar el Código Electoral local con la reforma federal que se realizó a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Esta reforma, indicó la legisladora Anilú Ingram, es el instrumento idóneo para hacer justicia electoral a la situación de violencia que han vivido muchas mujeres en el ámbito político y que impide el acceso a condiciones de igualdad y también es un paso más para garantizar el respeto a los derechos humanos.
“Hoy tenemos en el poder de nuestro voto lograr un Veracruz igualitario, seguro y libre para las mujeres que hemos elegido y que se elegirán para servir a la ciudadanía veracruzana en próximos procesos”. Esta reforma “es un peldaño más para contar con un Veracruz donde las mujeres y los hombres con vocación de servicio sean considerados en igualdad de circunstancias sin importar su género”, concluyó.
A esta iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, turnada a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales, se adhirieron las diputadas Ruth Callejas Roldán, Citlali Medellín Careaga, Itzel Yescas Valdivia, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Verónica Pulido Herrera y Maribel Ramírez Topete, así como los diputados Jaime Enrique de la Garza Martínez y Othón Hernández Candanedo.
